Sentencia N.º 00031
Sentencia N.º 00031
- Sentencia
- N.º 00031
- Fecha
- 28/01/2004
- Sala
- Político Administrativa
- Expediente
- 2003-1006
- Ponente
- Hadel Mostafá Paolini
- Procedimiento
- Apelación
- Enlace fuente oficial
- Ver en sitio web oficial del TSJ
Magistrado Ponente HADEL MOSTAFÁ PAOLINI
Exp. N° 2003-1006
En fecha 30 de octubre de 2003, el abogado Rafael Vargas Falcón, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 84.875, actuando en su carácter de apoderado judicial del MUNICIPIO PUNCERES DEL ESTADO MONAGAS, y los abogados Nel David Espina y Juan Andrés Osorio, inscritos en el Inpreabogado bajo los Nros. 64.069 y 93.829, respectivamente, estos últimos actuando en su carácter de apoderados judiciales de la contribuyente REPSOL YPF VENEZUELA, S.A., inscrita en el Registro Mercantil Cuarto de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda en fecha 5 de diciembre de 1994, bajo el N° 25, Tomo 19-A-4to, solicitaron por ante esta Sala aclaratoria de la sentencia dictada el 29 de octubre de 2003, número 01683, por medio de la cual se declaró con lugar la apelación interpuesta por el apoderado del ente municipal, contra el auto dictado por el Tribunal Superior Sexto de lo Contencioso Tributario en fecha 9 de junio de 2003, por medio del cual se admitió el recurso contencioso tributario ejercido por los abogados Alaska Moscato Rivas, Nel David Espina Matute, Carlos Eduardo Urbaneja G. y Juan Andrés Osorio, actuando en su carácter de apoderados judiciales de la contribuyente antes identificada, contra el acto administrativo contenido en el Acta Fiscal emitido el 5 de septiembre de 2002, notificada el día 6 del mismo mes y año, dictada por el funcionario Víctor Borjas, adscrito a la Dirección de Administración y Hacienda del Municipio Punceres del Estado Monagas, por medio del cual se impone el pago de cuatro mil treinta millones ochocientos noventa y ocho mil seiscientos noventa y ocho bolívares con cincuenta y cinco céntimos (Bs. 4.030.898.698,55), por concepto de impuesto sobre patente de industria y comercio causado durante los períodos comprendidos entre enero de 2001 y junio de 2002; cincuenta y un mil ochocientos bolívares sin céntimos (Bs. 51.800,oo), correspondiente al término medio de la sanción establecida en el artículo 67 de la Ordenanza de Patente de Industria y Comercio del Municipio Punceres del Estado Monagas y cuarenta y cuatro mil cuatrocientos bolívares sin céntimos (Bs. 44.400,oo), correspondiente al término medio de la sanción establecida en el artículo 65 eiusdem.
En consecuencia, se revocó el auto apelado y se declaró inadmisible el recurso contencioso tributario interpuesto por la contribuyente. Por último, se condenó a la contribuyente al pago de costas procesales de conformidad con la norma prevista en el artículo 274 del Código de Procedimiento Civil por aplicación supletoria de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 332 del Código Orgánico Tributario.
El 4 de noviembre de 2003, se dio cuenta en Sala y se ordenó pasar el expediente al Magistrado ponente a los fines de conocer las solicitudes de aclaratoria planteadas.
El 5 de noviembre de 2003, los apoderados judiciales de la contribuyente, presentaron escrito por medio del cual solicitaron ...sea aplicado el menor porcentaje aplicable para el cálculo de las costas condenadas en sentencia Nº 01683, de fecha 29 de octubre de 2003, incursa en el expediente bajo nomenclatura 2003-1006.
El 12 de noviembre de 2003, la abogada Betty Andrade Rodríguez, inscrita en el Inpreabogado bajo el Nº 66.275, actuando en su carácter de apoderada judicial de la contribuyente Repsol YPF Venezuela, S.A., consignó documento poder que acredita su representación.
Realizado el estudio del expediente, pasa esta Sala a decidir, conforme a las siguientes consideraciones:
I
De la Sentencia cuya Aclaratoria se solicita
El dispositivo de la sentencia cuya aclaratoria se solicita, dictada con ocasión a la apelación interpuesta por el representante judicial del Municipio Punceres del Estado Monagas, contra el auto dictado por el Tribunal Superior Sexto de lo Contencioso Tributario en fecha 9 de junio de 2003, declaró lo siguiente:
1.- Con lugar la apelación interpuesta por el abogado Rafael Vargas Falcón, actuando en su carácter de apoderado judicial del MUNICIPIO PUNCERES DEL ESTADO MONAGAS, contra el auto dictado por el Tribunal Superior Sexto de lo Contencioso Tributario, en fecha 9 de junio de 2003, por medio del cual se admitió el recurso contencioso tributario ejercido por los abogados Alaska Moscato Rivas, Nel David Espina Matute, Carlos Eduardo Urbaneja G. y Juan Andrés Osorio, actuando en su carácter de apoderados judiciales de la contribuyente REPSOL YPF VENEZUELA, S.A., contra el acto administrativo contenido en el Acta Fiscal emitido el 5 de septiembre de 2002, notificada el día 6 del mismo mes y año, dictada por el funcionario Víctor Borjas, adscrito a la Dirección de Administración y Hacienda del Municipio Punceres del Estado Monagas por medio del cual se impone el pago de cuatro mil treinta millones ochocientos noventa y ocho mil seiscientos noventa y ocho bolívares con cincuenta y cinco céntimos (Bs. 4.030.898.698,55) por concepto de impuesto sobre patente de industria y comercio causado durante los períodos comprendidos entre enero de 2001 y junio de 2002; cincuenta y un mil ochocientos bolívares sin céntimos (Bs. 51.800,oo) correspondiente al término medio de la sanción establecida en el artículo 67 de la Ordenanza de Patente de Industria y Comercio del Municipio Punceres del Estado Monagas y cuarenta y cuatro mil cuatrocientos bolívares sin céntimos (Bs. 44.400,oo) correspondiente al término medio de la sanción establecida en el artículo 65 eiusdem. En consecuencia, se revoca el auto apelado y se declara inadmisible el recurso contencioso tributario interpuesto por la contribuyente.
2.- Se condena a la contribuyente al pago de costas procesales de conformidad con la norma prevista en el artículo 274 del Código de Procedimiento Civil por aplicación supletoria de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 332 del Código Orgánico Tributario.
II
De laS SolicitudES de Aclaratoria
El 30 de octubre de 2003, el apoderado judicial del Municipio Punceres del Estado Monagas, solicitó aclaratoria de la mencionada sentencia ...específicamente en el punto relativo a la Condenatoria en Costas, toda vez que aunque este honorable sentenciador expresamente condenó en costas a la parte perdidosa en la presente incidencia con base en lo dispuesto en el artículo 274 del Código de Procedimiento Civil (por aplicación supletoria de acuerdo con lo previsto en el artículo 332 del Código Orgánico Tributario), no determinó el monto de las mismas.
Por su parte, los apoderados judiciales de la contribuyente, solicitaron aclaratoria en fecha 30 de octubre de 2003, de las cuestiones siguientes:
1.- A partir de qué fecha comienza a correr el lapso de descargos contra el Acta Fiscal y su duración.
2.- A partir de qué fecha comienza a computarse el lapso para que la Administración del Municipio Punceres del Estado Monagas notifique a nuestra representada, la Resolución Culminatoria de Sumario Administrativo y de cuanto tiempo dispone para hacerlo.
3.- Si en el presente Sumario, al establecer que el Acta Fiscal impugnada es un acto de mero-trámite (sic) entonces la diferencia de impuestos y multas liquidadas a nuestra representada no deben ser consideradas definitivas y firmes y en consecuencia no opera el supuesto de hecho para que el alcalde ordene la suspensión de la licencia y el cierre temporal del establecimiento de conformidad con lo dispuesto en el ordinal 4º del artículo 69 de la Ordenanza del Municipio Punceres del Estado Monagas, y en que caso comienza a computarse el lapso de 15 días ahí establecido.
4.- Si en el presente caso, por tratarse el Acta Fiscal de un acto de mero-trámite (sic) acarrea que no hay efectos que suspender hasta que se notifique la Resolución Culminatoria de Sumario Administrativo, correspondiente.
5.- Si en el presente caso, en el supuesto de que el Alcalde emita y notifique la Resolución Culminatoria de Sumario Administrativo respectiva, se podrá intentar el Recurso Jerárquico contra su decisión, habida cuenta que sería el mismo funcionario que emitió dicho acto el que conocerá el Recurso Jerárquico.
III
MotivaciONES para decidir
Corresponde a esta Sala, pronunciarse acerca de las solicitudes de aclaratoria de la sentencia de fecha 29 de octubre de 2003, presentadas tanto por el apoderado judicial del Municipio Punceres del Estado Monagas, como por los apoderados judiciales de la contribuyente. A tal efecto, la norma prevista en el artículo 252 del Código de Procedimiento Civil establece la procedencia de la citada figura, dispositivo que es del tenor siguiente:
Artículo 252.- Después de pronunciada la sentencia definitiva o la interlocutoria sujeta a apelación, no podrá revocarla ni reformarla el Tribunal que la haya pronunciado.
Sin embargo, el tribunal podrá, a solicitud de parte, aclarar los puntos dudosos, salvar las omisiones y rectificar los errores de copia, de referencias o de cálculos numéricos, que aparecieren de manifiesto en la misma sentencia, o dictar ampliaciones, dentro de los tres días, después de dictada la sentencia, con tal que dichas aclaraciones y ampliaciones las solicite alguna de las partes en el día de la publicación o en el siguiente.
Sobre el alcance de la norma precedentemente transcrita, la jurisprudencia de esta Sala ha establecido que alude a la posibilidad jurídica de hacer correcciones a las sentencias por medios específicos, siendo tales medios de corrección: las aclaratorias, las salvaturas, las rectificaciones y las ampliaciones; teniendo cada uno de ellos finalidades distintas conforme a las deficiencias que pudieran presentar las sentencias (Decisión dictada en fecha 17 de febrero de 2000, número 00186. Caso: Jorge Chávez).
En tal sentido, cada uno de los medios de corrección de la sentencia presenta su propia especificidad procesal, a pesar de que con frecuencia se les trate uniformemente, creándose así confusiones que pueden impedir el cabal conocimiento y decisión de la solicitud.
Con base en lo anterior, se hace preciso insistir en que el mecanismo contemplado en la norma procesal antes citada, de manera alguna está dirigido a impugnar o contradecir los efectos de lo decidido en el fallo, ya que sólo se trata de un medio destinado a solventar los defectos o deficiencias que esta pudiera contener sobre puntos dudosos, omisiones, rectificaciones de errores de copia, de referencias o de cálculos numéricos que aparecieren de manifiesto en la sentencia, así como aquellas ampliaciones a que haya lugar.
Precisado lo anterior, pasa esta Sala a resolver las presentes solicitudes de aclaratoria en los siguientes términos:
En primer lugar, debe establecerse la temporalidad de dichas solicitudes, y al respecto se observa, con relación al lapso procesal del cual disponen las partes para solicitar las aclaratorias y ampliaciones del fallo, contemplado en el texto del artículo anteriormente transcrito, que esta Sala se ha pronunciado en otras oportunidades afirmando que los referidos lapsos deben preservar el derecho al debido proceso y a una justicia transparente, consagrados en la vigente Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y no constituir, por su extrema brevedad, un menoscabo al ejercicio de dichos derechos.
En efecto, mediante sentencia Nº 00124 del 13 de febrero de 2001, caso: Olimpia Tours and Travel C.A., se estableció:
...Examinada la norma bajo análisis se observa que en un sistema fundamentalmente escrito como el nuestro, y limitadas las presentes consideraciones a los procesos seguidos ante esta Sala, y a los supuestos contenidos en la norma considerada, la misma carece de racionalidad en virtud de que no encontramos elemento de tal naturaleza que justificando la extrema brevedad del lapso, no implique un menoscabo del contenido esencial a solicitar el derecho a una justicia transparente, en comparación con supuestos de gravedad similares como es el caso de la apelación y, siendo así esta Sala, en el presente caso, considera necesario aplicar con preferencia la vigencia de las normas constitucionales sobre el debido proceso relativas a la razonabilidad de los lapsos con relación a la norma del artículo 252 del Código de Procedimiento Civil y, en ejecución de lo dispuesto en el artículo 334 de la Constitución, dispone en forma conducente, con efectos ex nunc, que el lapso para oír la solicitud de aclaratoria formulada es igual al lapso de apelación del artículo 298 del Código de Procedimiento Civil, salvo que la ley establezca un lapso especial para la misma en los supuestos de los actos a que se refiere el artículo 252 eiusdem.
Ahora bien, en el presente caso la sentencia objeto de aclaratoria fue publicada en fecha 29 de octubre de 2003 y las partes se dieron por notificadas del contenido de la misma el 30 de octubre de 2003, oportunidad en la cual formularon las solicitudes respectivas, por lo que las mismas fueron interpuestas tempestivamente. Así se declara.
Dilucidado lo anterior, esta Sala pasa a revisar los planteamientos formulados por cada una de las partes y, a tal efecto, observa lo siguiente:
Corresponde en primer lugar, conocer acerca de la solicitud de aclaratoria presentada por el apoderado judicial del Municipio Punceres del Estado Monagas, referente a la falta de determinación del monto de las costas procesales a las cuales fue condenada la contribuyente.
A tal efecto, considera esta Sala, que si bien en el presente caso, el recurso contencioso tributario interpuesto por la contribuyente no fue desestimado por razones de fondo, sino que se declaró inadmisible en virtud de que el acto impugnado resultaba de trámite, tal declaratoria contenida en la sentencia Nº 01683 del 29 de octubre de 2003, trae como consecuencia la extinción de todas las fases procesales que pudieron llevarse a cabo en el expediente Nº 2044 de la nomenclatura del Tribunal Superior Sexto de lo Contencioso Tributario, lo cual conlleva el archivo del expediente.
Ante tales circunstancias, vista la culminación anticipada del procedimiento incoado por la interposición del recurso contencioso tributario, debido a la declaratoria de inadmisibilidad, considera esta Sala necesario proceder a calcular las costas impuestas en la referida sentencia Nº 01683.
En tal sentido, es criterio de esta Sala que el monto de las costas procesales a las cuales se condenó a la contribuyente, de conformidad con la norma prevista en el artículo 274 del Código de Procedimiento Civil, debe calcularse luego de la valoración efectuada a los argumentos de los apoderados del Fisco Municipal y de la contribuyente, en el cinco por ciento (5%) del monto del impuesto y de la multa arrojados en el Acta Fiscal dictada el 5 de septiembre de 2002, es decir, en la cantidad de doscientos un millones quinientos cuarenta y nueve mil setecientos cuarenta y cuatro bolívares con noventa y dos céntimos (Bs. 201.549.744,92).
En razón de lo anterior, se declara procedente la solicitud de aclaratoria efectuada por el apoderado judicial del Municipio Punceres del Estado Monagas y, en consecuencia, se impone a la contribuyente al pago del monto antes referido por concepto de costas procesales. Así se declara.
Decidido lo anterior, corresponde conocer la solicitud planteada por los apoderados judiciales de la contribuyente contenida en varios argumentos, los cuales se entran a conocer en el orden en que fueron presentados.
En cuanto al primer punto, referente a que se aclare a partir de que fecha comienza a correr el lapso de descargos contra el Acta Fiscal impugnada y su duración, esta Sala considera lo siguiente:
Del contenido del Acta Fiscal, se observa que el lapso para la presentación de los descargos es de quince (15) días contados a partir de la fecha de notificación del mismo.
A tal efecto, se observa que la contribuyente impugnó mediante la interposición del recurso contencioso tributario, el contenido del Acta Fiscal suscrito el 5 de septiembre de 2002, recurso el cual fuera declarado inadmisible por sentencia dictada por esta Sala el 29 de octubre de 2003, la cual constituye el objeto de la presente aclaratoria.
En tal sentido, considera esta Sala que el lapso de quince (15) días para la presentación de los descargos, vista la suspensión de la vía administrativa, debe computarse a partir de la fecha de notificación de la presente sentencia de aclaratoria, por formar parte integrante de la decisión cuya aclaratoria se solicita y debido a que efectivamente, esta Sala en los motivos del referido fallo señaló que aún le corresponde a la contribuyente presentar los alegatos y pruebas que considere pertinente, a los fines de desvirtuar las afirmaciones contenidas en el Acta Fiscal, todo ello, con el fin de garantizar el derecho a la defensa de las partes.
Por lo expuesto, resulta procedente la solicitud de aclaratoria respecto al presente planteamiento y se declara que el lapso de quince (15) días para la presentación de los descargos, dispuesto en el Acta Fiscal, comienza a partir de la fecha de notificación de la presente sentencia de aclaratoria. Así se decide.
En cuanto a las cuestiones restantes planteadas por los apoderados de la contribuyente referentes a que se señale: i) a partir de que fecha comienza a computarse el lapso para que la Administración del Municipio Punceres del Estado Monagas notifique a su representada, la Resolución Culminatoria de Sumario Administrativo y de cuanto tiempo dispone para hacerlo; ii) si en el presente Sumario, al establecer que el Acta Fiscal impugnada es un acto de mero trámite, entonces la diferencia de impuestos y multas liquidadas a su representada no deben ser consideradas definitivas y firmes, y en consecuencia, no opera el supuesto de hecho para que el Alcalde ordene la suspensión de la licencia y el cierre temporal del establecimiento, y en que caso comienza a computarse el lapso de 15 días ahí establecido; iii) si en el presente caso, por tratarse el Acta Fiscal de un acto de mero trámite, acarrea que no hay efectos que suspender hasta que se notifique la Resolución Culminatoria de Sumario Administrativo correspondiente; y iv) si en el presente caso, en el supuesto de que el Alcalde emita y notifique la Resolución Culminatoria de Sumario Administrativo respectiva, se podrá intentar el Recurso Jerárquico contra su decisión, habida cuenta que sería el mismo funcionario que emitió dicho acto el que conocerá el Recurso Jerárquico; esta Sala observa lo siguiente:
Del contenido de los puntos antes descritos, constata esta Sala que los mismos se encuentran estrechamente vinculados al procedimiento administrativo que debe verificarse posteriormente a la emisión del Acta Fiscal, con sujeción a la Ordenanza correspondiente.
A tal efecto, considera esta Sala impertinente que la contribuyente pretenda que esta Sala le resuelva las cuestiones antes referidas, ya que las mismas deben encontrarse expresamente señaladas en la Ordenanza aplicable a los fines de que sea garantizado su derecho a la defensa y al debido proceso en sede administrativa.
Aunado a lo anterior, resulta oportuno señalarle a los apoderados de la contribuyente, que la cuestión que correspondió conocer en la apelación incoada por ante esta Sala, era la relativa a la inadmisibilidad del recurso contencioso tributario interpuesto, por resultar irrecurrible el acto impugnado, por lo que no se considera pertinente ni adecuado a la situación descrita, el que esta Sala le indique las etapas procedimentales que deben presentarse en el curso del procedimiento administrativo, las cuales, se reitera, deben estar previstas en la Ordenanza aplicable.
En razón de lo expuesto, esta Sala considera improcedente la solicitud de aclaratoria planteada por los apoderados de la contribuyente, respecto a las cuestiones antes indicadas, por ser impertinentes y no tener la debida conexión con la materia conocida por esta Alzada en la sentencia cuya aclaratoria se solicita. Así se declara.
IV
Decisión
Por las razones anteriormente expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Político-Administrativa, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, decide en los siguientes términos:
1.- procedente la solicitud de aclaratoria de la sentencia dictada por esta Sala el 29 de octubre de 2003, número 01683, presentada por el abogado Rafael Vargas Falcón, actuando en su carácter de apoderado judicial del MUNICIPIO PUNCERES DEL ESTADO MONAGAS, en consecuencia, se calculan las costas impuestas a la contribuyente en el cinco por ciento (5%) del monto del impuesto y de la multa arrojados en el Acta Fiscal dictada el 5 de septiembre de 2002, es decir, en la cantidad de doscientos un millones quinientos cuarenta y nueve mil setecientos cuarenta y cuatro bolívares con noventa y dos céntimos (Bs. 201.549.744,92).
2.- PROCEDENTE la solicitud de aclaratoria planteada por los abogados Nel David Espina y Juan Andrés Osorio, actuando en su carácter de apoderados judiciales de la contribuyente REPSOL YPF VENEZUELA, S.A., respecto al primer planteamiento y, en consecuencia, se declara que el lapso de quince (15) días para la presentación de los descargos, dispuesto en el Acta Fiscal, comienza a partir de la fecha de notificación de la presente aclaratoria.
3.- IMPROCEDENTE dicha solicitud efectuada por la representación judicial de la contribuyente, respecto a las cuestiones restantes referentes a que se señale: i) a partir de que fecha comienza a computarse el lapso para que la Administración del Municipio Punceres del Estado Monagas notifique a su representada, la Resolución Culminatoria de Sumario Administrativo y de cuanto tiempo dispone para hacerlo; ii) si en el presente Sumario, al establecer que el Acta Fiscal impugnada es un acto de mero trámite, entonces la diferencia de impuestos y multas liquidadas a su representada no deben ser consideradas definitivas y firmes, y en consecuencia, no opera el supuesto de hecho para que el Alcalde ordene la suspensión de la licencia y el cierre temporal del establecimiento, y en que caso comienza a computarse el lapso de 15 días ahí establecido; iii) si en el presente caso, por tratarse el Acta Fiscal de un acto de mero trámite, acarrea que no hay efectos que suspender hasta que se notifique la Resolución Culminatoria de Sumario Administrativo correspondiente; y iv) si en el presente caso, en el supuesto de que el Alcalde emita y notifique la Resolución Culminatoria de Sumario Administrativo respectiva, se podrá intentar el Recurso Jerárquico contra su decisión, habida cuenta que sería el mismo funcionario que emitió dicho acto el que conocerá el Recurso Jerárquico.
Téngase la presente aclaratoria como parte integrante de la sentencia dictada por esta Sala el 29 de octubre de 2003, signada con el número 01683.
Publíquese, regístrese y comuníquese. Remítase el expediente al tribunal de origen. Cúmplase lo ordenado.
Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas a los veintisiete (27) días del mes de enero de dos mil cuatro (2004). Años: 193° de la Independencia y 144° de la Federación.
El Presidente,
LEVIS IGNACIO ZERPA
El Vicepresidente-Ponente,
HADEL MOSTAFÁ PAOLINI
La Magistrada,
YOLANDA JAIMES GUERRERO
La Secretaria,
ANAÍS MEJÍA CALZADILLA
Exp. N° 2003-1006
En veintiocho (28) de enero del año dos mil cuatro, se publicó y registró la anterior sentencia bajo el Nº 00031.
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