Venley

Sentencia N.º 00062

Sentencia
N.º 00062
Fecha
02/02/2012
Sala
Político Administrativa
Expediente
2011-0779
Ponente
Trina Omaira Zurita
Procedimiento
Recurso de Nulidad

Magistrada Ponente: TRINA OMAIRA ZURITA

Exp. Nº 2011-0779

AA40-X-2011-000071

 

Mediante Oficio N° 001062 del 11 de agosto de 2011, el Juzgado de Sustanciación remitió a esta Sala Político-Administrativa el cuaderno separado contentivo de la solicitud de amparo cautelar y de forma subsidiaria medida cautelar de suspensión de efectos realizada conjuntamente con el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto por los abogados Rubén E. Betancourt Infante y Marianella González Larreal, inscritos en el INPREABOGADO bajo los Nros. 20.058 y 22.861, respectivamente, actuando con el carácter de apoderados judiciales del ciudadano RAFAEL ENRIQUE GONZÁLEZ LARREAL, titular de la cédula de identidad N° 6.746.972, representación que se acredita según instrumento poder autenticado por ante la Notaría Pública Décima Primera de Maracaibo, anotado bajo el N° 48, tomo 78, de fecha 18 de julio de 2011 del Libro de Autenticaciones que lleva dicha Notaría; contra la Resolución N° 01-00-000009 de fecha 12 de enero de 2011, dictada por el CONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA, que declaró sin lugar el recurso de reconsideración ejercido contra la Resolución N° 01-00-000245 de fecha 25 de agosto de 2010, que le impuso al recurrente la sanción de inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por un período de tres (03) años.

 

La referida remisión se efectuó atendiendo a lo establecido en el artículo 105 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, a los fines de que se emita un pronunciamiento sobre las solicitudes cautelares efectuadas por la parte actora.

En fecha 5 de octubre de 2011, se dio cuenta en Sala y se designó ponente a la Magistrada Trina Omaira Zurita, para que dicte la decisión correspondiente.

En fecha 13 de octubre de 2011, los abogados Linda Carolina Aguirre Andrade, Elí Ernesto Torres Castro y Ricardo Isaac Márquez Sánchez inscritos en el INPREABOGADO bajo los Nros. 56.641, 124.423 y 144.262, respectivamente, actuando en representación de la Contraloría General de la República, según se desprende de la Resolución N° 01-00-000136 del 23 de junio de 2011, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.702, de esa misma fecha, consignaron escrito de “oposición” con respecto a las solicitudes cautelares realizadas por el recurrente.

El 6 de diciembre de 2011, los apoderados judiciales de la parte actora  consignaron escrito, en el que reiteraron las solicitudes cautelares efectuadas en el recurso contencioso administrativo de nulidad.

Vista la incorporación de la ciudadana Mónica Misticchio Tortorella, en fecha 16 de enero de 2012 como Magistrada Suplente, la Sala quedó integrada de la manera siguiente: Presidenta, Magistrada Evelyn Marrero Ortíz; Vicepresidenta, Magistrada Yolanda Jaimes Guerrero, el Magistrado Emiro García Rosas y las Magistradas Trina Omaira Zurita y Mónica Misticchio Tortorella. Asimismo, se ratificó Ponente a la Magistrada Trina Omaira Zurita.

 

Realizado el estudio del expediente, pasa esta Sala a decidir conforme a las siguientes consideraciones:

I

DEL ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO

 

El recurso contencioso administrativo de nulidad ha sido interpuesto contra la Resolución N° 01-00-000009 de fecha 12 de enero de 2011, dictada por el Contralor General de la República, que declaró sin lugar el recurso de reconsideración ejercido contra la Resolución N° 01-00-000245 de fecha 25 de agosto de 2010, que le impuso al recurrente la sanción de inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por un período de tres (03) años, con base en los siguientes argumentos:

“El Director (E) de la Oficina de Auditoría Interna del Ministerio de Energía y Petróleo, ciudadano Oscar Rodríguez, mediante Decisión de fecha 30 de noviembre de 2006, declaró la responsabilidad administrativa del ciudadano Rafael Enrique González Larreal, en su condición de Abogado I, adscrito a la Inspección Técnica de Hidrocarburos, con sede en Maracaibo, Estado Zulia por el hecho siguiente:

‘…Por haber realizado la expedición de autorizaciones para la distribución, expendio y traslado de combustible, durante el período de enero a julio de 2003, sin tener la competencia del procedimiento legalmente establecido para tal expedición, por lo que incurrió en la violación al Principio de Legalidad, por tal razón efectuó la expedición ilegal de autorizaciones para ejercer actividades vinculadas a los productos derivados de hidrocarburos…’.

Conducta esta subsumida en el supuesto generador de responsabilidad administrativa, previsto en el numeral 6, del artículo 91 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal.

Como consecuencia de la declaratoria de responsabilidad administrativa, este Organismo de Control Fiscal consideró de conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 103 de la citada Ley, la circunstancia agravante prevista en el literal b y la circunstancia atenuante prevista en el numeral 1, ambas establecidas en el artículo 66 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General, vigente, referidas a la condición de funcionario público (para el momento de la ocurrencia de los hechos irregulares) del declarado responsable y, el no haber incurrido en falta que ameritara la imposición de multas, durante los tres (3) años anteriores a aquél en que se cometió la infracción, por lo tanto verificando la concurrencia de las circunstancias expresadas, se determinó la multa en su término medio entre los límites estipulados en el encabezamiento del artículo 94 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, equivalente a 550 Unidades Tributarias, imponiéndole por la cantidad de Diez Millones Seiscientos Setenta Mil con Cero Céntimos (Bs. 10.670.000,00), en atención a la Unidad Tributaria vigente para el año 2003, establecida en la cantidad de Diez y Nueve Mil Cuatrocientos Bolívares con Cero Céntimos (Bs. 19.400,00).

Contra el referido acto, el ciudadano Rafael Enrique González Larreal, no interpuso recurso de reconsideración, quedando en consecuencia firme en vía administrativa, tal como se desprende del Auto de fecha 12 de enero de 2007, emanado de la misma autoridad.

Seguidamente, y a los fines del ejercicio de la competencia que el artículo 105 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal (…) este Despacho, mediante Resolución N° 01-00-000245 de fecha 25 de agosto de 2010, resolvió imponer, al ciudadano Rafael Enrique González Larreal, la sanción de inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por un período de tres (03) años, contado a partir de la fecha de notificación de la referida Resolución.

(omissis)

Ahora bien, de la revisión efectuada al contenido del recurso ejercido por el impugnante se observa que, en esencia contiene un conjunto de alegaciones que por una parte, están dirigidas a destacar aspectos de la decisión que declaró la responsabilidad administrativa, con la finalidad de que este Órgano Contralor, revise las mismas y proceda a reconsiderar la sanción objeto de impugnación del presente recurso, y por la otra, hace ciertos señalamientos dirigidos a la sanción de inhabilitación aplicada.

(omissis)

En ese sentido, pretender que un acto que adquirió firmeza administrativa y que, por tanto, causó estado sea sometido a una nueva revisión, en vía administrativa es jurídicamente inaceptable, pues implicaría crear una nueva instancia recursiva no prevista legalmente. En efecto, en el auto de fecha 12 de enero de 2007, quedó evidenciado que el ciudadano Rafael Enrique González Larreal, no ejerció el recurso de reconsideración contra la decisión que declaró su responsabilidad administrativa, declarándola Definitivamente Firme en sede administrativa, por tanto produjo plenos efectos dada la vigencia de los principios de ejecutividad y ejecutoriedad de los actos administrativos, lo cual sólo le daría lugar al prenombrado ciudadano, a acudir ante la jurisdicción contencioso administrativa, para impugnar la declaratoria de responsabilidad administrativa. De ahí, que resulte improcedente el análisis de los argumentos expuestos, destinados a desvirtuar el fundamento de la responsabilidad administrativa que le fue atribuida.

(omissis)

Insiste el recurrente que con su proceder no hubo daño al patrimonio público, importa destacar que tal circunstancia fue tomada en consideración a los fines de imponer la sanción de inhabilitación, pues la misma está por debajo del término medio, es decir, el citado artículo 105, establece hasta un máximo de 15 años; sin embargo, quien suscribe, en atención a la entidad del ilícito cometido o gravedad de la irregularidad, sólo le impuso la sanción de inhabilitación para el ejercicio de las funciones públicas por un período de tres (3) años, siendo por demás evidente que la referida sanción no es desproporcionada, se encuentra ajustada a derecho, en consecuencia se desestima el argumento expuesto por el recurrente. Así se declara.

Alega el recurrente que las sanciones accesorias previstas en el artículo 105 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, no deben aplicarse en forma automática, sino en atención a la gravedad de los hechos irregulares.

Es de señalar que el Contralor General de la República antes de imponer las sanciones que le competen en razón del artículo ut supra citado, realiza toda una valoración de los hechos irregulares cometidos y determinados en la decisión de responsabilidad administrativa declarada, y una vez efectuado exhaustivamente esta valoración, decide si opera o no la aplicación de las sanciones y cuál de ellas impone.

En el caso que nos ocupa, tras un trabajo técnico intelectual, está autoridad perfiló su decisión tomando en cuenta, por una parte, el grado de responsabilidad del recurrente en su condición de Abogado I y, por la otra, los hechos imputados, imponiendo así la sanción de inhabilitación que nos ocupa, por considerarla la más justa y pertinente; desprendiéndose en consecuencia, que sí hubo racionalidad y proporcionalidad, en la aplicación de la misma. De manera que, contrario a lo denunciado, el Organismo Contralor no aplicó tal sanción en forma automática. Así se declara.

DECISIÓN

Por las razones precedentemente expuestas, se declara Sin Lugar el recurso de reconsideración interpuesto”.

 

II

FUNDAMENTOS DEL rECURSO DE NULIDAD

Los representantes judiciales de ciudadano Rafael Enrique González Larreal interpusieron recurso contencioso administrativo de nulidad conjuntamente con solicitud de amparo cautelar y de forma subsidiaria medida cautelar de suspensión de efectos, con base en los alegatos resumidos a continuación:

Que su mandante ejerció el cargo de Abogado I, adscrito a la Inspectoría Técnica Regional de Hidrocarburos de Maracaibo del Estado Zulia, dependiente del Ministerio de Energía y Minas -hoy Ministerio del Poder Popular para la Energía y Petróleo- ingresando según autorización otorgada mediante punto de cuenta de fecha 06-09-99 y FP-020-N° 00189 del 16 de septiembre de 1999, siendo su número de nómina 00694.

Que su representado “fue designado por el Ingeniero DANILO GARCÍA VILLALOBOS Director Regional de la Dirección de Inspección Técnica de Maracaibo del Estado Zulia del Ministerio de Energía y Minas (…) según Memorando N° 182-C de fecha 03 de febrero de 2000, para que se encargara del Departamento de Mercado Interno (…) adscrito a la Dirección Regional de Maracaibo Estado Zulia”.

Que la Contraloría General de la República “no analizó y menos aun consideró que esa dependencia del Ministerio de Energía y Minas (…) existía una práctica administrativa para hacer las ejecutorias que consistían en el otorgamiento de autorizaciones, motivado a que en la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República de 1995, no había una prohibición legal alguna para estos supuestos, por carecer en la misma procedimientos especiales algunos para otorgarla y viabilizar la gestión administrativa. Esa práctica administrativa en el ejercicio de la función pública se venía utilizando para agilizar los procesos de suministro de combustible (…) no era contrabando ni acto alguno en perjuicio del patrimonio de la nación ni de los particulares”.

Que “hay que contextualizar, en tiempo, modo y lugar los supuestos de hechos de responsabilidad administrativa que sucedieron en el mes de enero a julio de 2003, ya que esos hechos ocurrieron como consecuencia del PARO PETROLERO EN VENEZUELA, y la colectividad y los usuarios de los servicios de combustibles (Gasolina, Gas, Diesel, Kerosene) en sus largas colas en las estaciones surtidoras (…) prácticamente se estaba en un estado de excepción de hecho no declarado que ameritaba que el funcionario diligenciara la expedición de salida de combustibles con mayor celeridad y dentro de sus competencias”.

Que la Dirección General de la Oficina de Auditoría Interna del Ministerio de Energía y Petróleo, en fecha 25 de septiembre de 2006, dictó el auto de apertura del procedimiento administrativo para la determinación de responsabilidades contra el ciudadano Rafael Enrique González Larreal, por la presunta expedición de autorizaciones para la distribución, expendió y traslado de combustible, sin que se haya constatado su competencia para ello.

Que como resultado de la averiguación administrativa antes aludida, en fecha 30 de noviembre de 2006, el ciudadano Oscar Rodríguez actuando con el carácter de Director de la Oficina de Auditoría Interna del Ministerio de Energía y Petróleo, declaró la responsabilidad administrativa del ciudadano Rafael Enrique González Larreal, en su condición de Abogado I, adscrito a la Inspección Técnica de Hidrocarburos, con sede en Maracaibo, Estado Zulia, de acuerdo a lo previsto en el artículo 91, numeral 6 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, por haber efectuado “la expedición ilegal de autorizaciones para ejercer actividades vinculadas a los productos derivados de hidrocarburos”

Que mediante Resolución N° 01-00-000245 de fecha 25 de agosto de 2010, la Contraloría General de la República resolvió imponerle al recurrente la sanción de inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por un período de tres (03) años.

Que en fecha 9 de noviembre de 2010, el recurrente ejerció el recurso de reconsideración contra la identificada Resolución.

Que a través de la Resolución N° 01-00-000009 de fecha 12 de enero de 2011, dictada por el Contralor General de la República, se declaró sin lugar el recurso de reconsideración interpuesto contra la Resolución N° 01-00-000245 de fecha 25 de agosto de 2010.

Que los funcionarios Danilo García Villalobos, Evilacio Lugo Martínez y Cielo Faiz otorgaron las mismas autorizaciones y no se les abrió ningún tipo de procedimiento de responsabilidad administrativa, por lo que a su representado se le violentó el principio de igualdad establecido en el artículo 21 numeral 2 de la Constitución.

Que la Contraloría General de la República ignoró el orden público legal y constitucional, al iniciar una investigación administrativa de manera extemporánea, contraviniendo así los artículos 114 y 115 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República.

Que las “pruebas obtenidas por el ciudadano OSCAR RODRIGUEZ, adscrito a la Dirección General de la Oficina de Auditoría Interna del Ministerio de Energía y Petróleo, fueron obtenidas de manera abrupta y de forma ad libitum, y con ellas sancionaron administrativamente a nuestro representado, en contraposición con el Orden Constitucional. Además de ser extemporánea e ilícita, ilegítima, ilegal e inconstitucional por violentar el artículo 114 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y los artículos 49 25, numeral 1 de la Constitución”.

Que el Oficio N° 08-01-100 de fecha 21 de enero de 2011, mediante el cual se le notificó el acto impugnado no reúne los requisitos exigidos en el artículo 18 numeral 7 de la Ley Orgánica de Procedimiento Administrativos, puesto que no señala de manera expresa en el texto de la notificación, el marco legal de la competencia que se atribuyó el funcionario Alexander Pérez Abreu, para suscribir dicho acto.

Que la “misma Auditoría Interna del Ministerio de Energía y Minas, quien es integrante del Sistema Nacional del Control Fiscal, determinó clara e inteligiblemente, que no hubo daños al patrimonio público ni a terceros. A pesar de que se debió apoyar en su búsqueda de la certeza jurídica, para la determinación de la cuantía de los daños, no estuvo apegada e inobservó el artículo 58 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos”.

Que la “Contraloría General de la República (…) de una manera ab libitum aplicó el artículo 105 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, sin tener un criterio objetivo de la cuantía de la multa del hecho generador de la responsabilidad administrativa, a pesar de tener a su disposición todos los instrumentos legales y jurídicos, definidos en un Estado de Derecho (…) es decir, ni llegó a ponderar los Principios de Proporcionalidad y no determinó la gravedad de la falta”.

Que las actuaciones firmadas por el ciudadano Rafael Enrique González Larreal “no causaron daños al patrimonio de la República, por cuanto en la estación Bajo Grande del Municipio San Francisco del Estado Zulia, ellos –Petróleos de Venezuela Sociedad Anónima (PDVSA) facturaban y cobraban esos despachos cargándose a las cuentas de la Estadal Petrolera, que aun no teniendo vínculo entre esa actividad de facturación y cobranza, le imponen una multa sin estar incurso, sin existir hecho o supuesto de hecho relacionados entre la actuación y su conducta, insistiendo que no se ha cometido hecho irregular cuestionable”.

Finalmente, solicitaron se dicte medida cautelar de amparo “sobre su derecho a la defensa, su derecho a ejercer funciones públicas y la Garantía Constitucional del Debido Proceso, contemplado en el artículo 5 de la Ley Orgánica Sobre Derechos y Garantías Constitucionales, y en consecuencia se ordene al Contralor (a) General de la República, habilitándolo (Sic) para ejercer cualquier cargo dentro de la administración pública hasta tanto se decida el fondo de la presente Acción de Nulidad”.

Subsidiariamente solicitaron la medida cautelar de suspensión de efectos “toda vez que de lo expuesto en el presente escrito, así como de los recaudos que la acompañan se desprende la presunción del buen derecho que ostenta y le asiste a [su] mandante (…) No obstante por lo que pueda tardar el procedimiento de la acción de fondo, y el carácter breve y sumario que en teoría tiene el presente procedimiento, ello pudiese traducirse en un gravamen de naturaleza irreparable en la espera de la definitiva, ya que dada la situación de hecho y de derecho antes descrita y narrada la mismo pone en riesgo los derechos de [su] mandante, así como el cabal y pacífico ejercicio de estos; configurando tal circunstancia, y el segundo de los requisitos exigidos el periculum in mora”. (Sic).

III

OPOSICIÓN A LAS MEDIDAS CAUTELARES

 

En fecha 13 de octubre de 2011, la representación de la Contraloría General de la República consignó escrito de “oposición” con respecto a las solicitudes cautelares realizadas por el recurrente, en los siguientes términos:

Que de lo expuesto por la parte actora para fundamentar la solicitud de medida cautelar de  amparo, en modo alguno se desprende en qué forma el acto administrativo emanado de su representada vulnera los derechos constitucionales enunciados, por lo que no se evidenció el requisito del buen derecho.

Que con relación al fundamento del gravamen irreparable que le podría causar el tiempo que pudiese tomar el dictar la decisión definitiva, deben resaltar que los actos administrativos gozan de presunción de legalidad, y en consecuencia son ejecutables y ejecutorios, “en razón de lo cual, mal podría pretender la parte actora que, debido al posible retardo en que pudiera incurrir este máximo Juzgador (derivado de la cantidad de causas que en él se tramitan), se proceda a acordar un amparo cautelar contra el acto administrativo que nos atañe, ya que ello traería como consecuencia aplicar ese criterio al resto de los casos que conoce este Tribunal en los que se haya solicitado un amparo contra un acto administrativo, convirtiendo lo que está previsto como una excepción en una regla y desvirtuando con ello el objeto de una medida de esa naturaleza”.

Que en relación con la solicitud de suspensión de efectos, debe resaltarse que con la argumentación genérica esbozada por la parte actora para fundamentar la medida, no se demuestran los hechos concretos capaces de crear la convicción de la efectiva existencia del buen derecho.

Que en el “supuesto negado de que esta Sala considere que tal argumentación no es genérica e imprecisa, es evidente que con la misma, lo que pretende el apoderado del recurrente es que se valoren los mismos fundamentos de la acción principal, lo cual, de acuerdo a la jurisprudencia reiterada y pacífica de ese Máximo Tribunal –indicada precedentemente-, resulta jurídicamente inadmisible”.

Que cualquier decisión que tomase esta Sala se traduciría en una valoración del mérito del asunto.

Que reproduce la parte actora los alegatos relativos al prericulum in mora formulados en la petición de amparo cautelar.

En consecuencia, solicitaron que las peticiones cautelares fuesen declaradas improcedentes.

IV

DEL PROCEDIMIENTO APLICABLE PARA EL TRÁMITE DEL AMPARO CAUTELAR

Antes de de proveer sobre la medida de amparo constitucional, se advierte que en fecha 16 de junio de 2010, entró en vigencia la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.447 de la misma fecha, reimpresa por error material en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.451 en fecha 22 de junio de 2010, instrumento normativo que establece en los artículos 103, 104 y 105, lo siguiente:

“Artículo 103: Este procedimiento regirá la tramitación de las medidas cautelares, incluyendo las solicitudes de amparo cautelar, salvo lo previsto en el artículo 69 relativo al procedimiento breve.

Artículo 104: A petición de las partes, en cualquier estado y grado del procedimiento, el tribunal podrá acordar las medidas cautelares que estime pertinentes para resguardar la apariencia del buen derecho invocado y garantizar las resultas del juicio, ponderando los intereses públicos generales y colectivos concretizados y ciertas gravedades en juego, siempre que dichas medidas no prejuzguen sobre la decisión definitiva.

El tribunal contará con los más amplios poderes cautelares para proteger a la Administración Pública, a los ciudadanos o ciudadanas, a los intereses públicos y para garantizar la tutela judicial efectiva y el restablecimiento de las situaciones jurídicas infringidas mientras dure el proceso.

En causas de contenido patrimonial, el tribunal podrá exigir garantías suficientes al solicitante.

Artículo 105: Recibida la solicitud de medida cautelar, se abrirá cuaderno separado para el pronunciamiento dentro de los cinco días de despacho siguientes.

En los tribunales colegiados el juzgado de sustanciación remitirá inmediatamente el cuaderno separado. Recibido el cuaderno se designará ponente, de ser el caso, y se decidirá sobre la medida dentro de los cinco días de despacho siguientes.

Al trámite de las medidas cautelares se dará prioridad”. (Negrillas de la Sala).

 

Como puede apreciarse de la última norma citada, recibida la solicitud de la medida cautelar, se abrirá cuaderno separado para la emisión del pronunciamiento respectivo y, en el caso de Tribunales colegiados, el Juzgado de Sustanciación remitirá el cuaderno separado al Órgano Jurisdiccional, el cual, una vez que lo haya recibido, debe designar ponente y, dentro de los cinco días de despacho siguientes, decidirá la medida cautelar de que se trate.

Ahora bien, observa la Sala, como máxima instancia de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, que el trámite contemplado en el aludido artículo 105 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa es aplicable siempre y cuando resulte compatible con la naturaleza de la medida cautelar solicitada.

En tal sentido, ha señalado esta Sala que “frente a la solicitud cautelar de un amparo constitucional en un Tribunal colegiado dicho procedimiento no resulta el más idóneo, en aras de garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva, consagrado en el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, tomando en consideración las exigencias de brevedad y no formalidad, contempladas en el artículo 27 eiusdem, para el restablecimiento, de forma inmediata, de la situación jurídica infringida”. (Vid. Sentencia N° 1060 del 3 de agosto de 2011).

Siendo ello así, considera esta Sala que el procedimiento más eficaz para la tramitación del amparo cautelar, por ajustarse a la exigencia de tutela judicial efectiva es el establecido por este Órgano Jurisdiccional mediante Sentencia N° 00402 de fecha 15 de marzo de 2001 y publicada el 20 de ese mes y año, Caso: Marvin Enrique Sierra Velasco, la cual ha sido ratificada de manera reiterada por esta Sala, conforme a la cual:

“resulta de obligada revisión el trámite que se le ha venido otorgando a la acción de amparo ejercida de forma conjunta, pues si bien con ella se persigue la protección de derechos fundamentales, ocurre que el procedimiento seguido al efecto se muestra incompatible con la intención del constituyente, el cual se encuentra orientado a la idea de lograr el restablecimiento de derechos de rango constitucional en la forma más expedita posible.

(…omissis…)

En tal sentido,  nada obsta a que en virtud del poder cautelar que tiene el juez contencioso-administrativo, le sea posible decretar una medida precautelativa a propósito de la violación de derechos y garantías constitucionales, vista la celeridad e inmediatez necesarias para atacar la transgresión de un derecho de naturaleza constitucional.

(…omissis…)

Se justifica, entonces, que una vez admitida la causa principal por la Sala, se emita al mismo tiempo un pronunciamiento sobre la medida cautelar de amparo solicitada, con prescindencia de cualquier otro aspecto, cumpliéndose  así con el propósito constitucional antes acotado.

(…omissis…)

Por otra parte, considera esta Sala que la tramitación así seguida no reviste en modo alguno, violación del derecho a la defensa de la parte contra quien obra la medida, pues ésta podrá hacer la correspondiente oposición, una vez ejecutada la misma (…) procediendo entonces este Máximo Tribunal, previo el examen de los alegatos y pruebas correspondientes, a la revocación o confirmación de la medida acordada como consecuencia de la solicitud de amparo cautelar.

(…omissis…)

En conclusión, propuesta la solicitud de amparo constitucional conjuntamente con una acción contencioso-administrativa de nulidad, pasará la Sala, una vez revisada la admisibilidad de la acción principal, a resolver de inmediato sobre la medida cautelar requerida; debiendo abrirse cuaderno separado en el caso de acordarse la misma, para la tramitación de la oposición respectiva, el cual se remitirá junto con la pieza principal, contentiva del recurso de nulidad, al Juzgado de Sustanciación, a fin de que se continúe la tramitación correspondiente. Así se decide.” (Destacado de la Sala)

 

De manera que, a juicio de esta Sala, recibida la solicitud de amparo constitucional, conjuntamente con un recurso contencioso administrativo de nulidad, la Sala revisará la admisibilidad de la acción principal con prescindencia de la caducidad del recurso, cuyo examen, de resultar procedente el amparo, corresponderá al Juzgado de Sustanciación. Igualmente, de existir oposición a esa medida cautelar, se aplicará lo previsto en el artículo 106 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, norma que remite a lo dispuesto en el Código de Procedimiento Civil. Así se decide.

En el caso de autos, visto que la presente causa fue admitida por el Juzgado de Sustanciación, esta Sala Político-Administrativa procederá a emitir pronunciamiento sobre la solicitud de amparo cautelar, en caso de que fuere declarada improcedente, verificará la presencia de la causal de inadmisibilidad del recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto y, en el supuesto de que no se verificare su existencia, se pasará de seguida a revisar los requisitos de procedencia de la solicitud de suspensión de efectos efectuada por la parte actora. Así se establece.

V

DEL AMPARO CAUTELAR

Corresponde a esta Sala pronunciarse sobre la solicitud cautelar de amparo interpuesta por los apoderados judiciales del recurrente y a tal efecto observa que, el Juzgado de Sustanciación en fecha 4 de agosto de 2011, se pronunció sobre la admisión del presente recurso contencioso administrativo de nulidad, por lo que se pasa a revisar los requisitos de procedencia de dicha petición.

En tal sentido, debe analizarse el fumus boni iuris, con el objeto de concretar la presunción grave de violación o amenazas de violación del derecho o derechos constitucionales alegados por la parte quejosa, para lo cual es necesario no un simple alegato de perjuicio, sino la argumentación y la acreditación de hechos concretos de los cuales nazca la convicción de violación a los derechos constitucionales del accionante.

En cuanto al periculum in mora, se reitera que en estos casos es determinable por la sola verificación del extremo anterior, pues la circunstancia de que exista una presunción grave de  violación de un derecho de orden constitucional o su limitación fuera de los parámetros permitidos en el Texto Fundamental, conduce a la convicción de que por la naturaleza de los intereses debatidos debe preservarse in límine su ejercicio pleno, ante el riesgo inminente de causar un perjuicio irreparable en la definitiva a la parte que alega la violación. (Ver sentencia de esta Sala N° 01050 de fecha 3 de agosto de 2011).

Ahora bien, la parte actora adujo que el Contralor General de la República le vulneró el derecho a la defensa, al debido proceso, así como el “derecho a ejercer funciones públicas”, al dictar la Resolución N° 01-00-000009 de fecha 12 de enero de 2011, mediante la cual declaró sin lugar el recurso de reconsideración ejercido contra la Resolución N° 01-00-000245 de fecha 25 de agosto de 2010, que le impuso al recurrente la sanción de inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por un período de tres (03) años.

Este Órgano Jurisdiccional advierte que si bien en el Capítulo relativo a la acción amparo la parte accionante se limitó a enunciar los derechos constitucionales que a su decir le fueron vulnerados, puede la Sala deducir el fundamento de los mismos de la argumentación del recurso de nulidad y en tal sentido observa:

1.- De la denuncia de vulneración del derecho a la defensa

En relación con la violación al derecho a la defensa alegó el apoderado judicial del actor que a pesar de haber sido dictado el acto recurrido por el Contralor General de la República, la notificación del mismo no se encontraba suscrita por éste, sino por un funcionario de menor jerarquía, tal es el caso, por el Director de Determinación de Responsabilidades, sin señalarse de manera expresa en el texto de la notificación el marco de competencias con que actuaba. 

Al respecto, advierte la Sala que de lo anterior no pareciera evidenciarse violación alguna del derecho a la defensa del ciudadano Rafael Enrique González Larreal, puesto que de sus propios alegatos se desprende que el Director de Determinación de Responsabilidades lo que le estaba era notificando el acto suscrito por el Contralor General de la República, habiéndose cumplido así el fin de ponerlo en conocimiento del mismo a los fines de ejercer los recursos pertinentes. Así se establece.

2.- De la denuncia de transgresión del derecho al debido proceso

De otra parte, el recurrente alegó la violación del derecho al debido proceso, por lo que cabe señalar que el Contralor General de la República, en el acto administrativo impugnado por el cual impuso al recurrente la sanción de inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por el período de tres (3) años, actuó, en principio, conforme a la potestad que le fue otorgada por el artículo 105 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, el cual lo faculta, para que de manera exclusiva y excluyente, de acuerdo a la entidad o gravedad del asunto y “sin que medie ningún otro procedimiento” imponga las sanciones que según la gravedad de la falta corresponda a aquellas personas que, como el actor, les fue declarada su responsabilidad administrativa en virtud de un procedimiento administrativo, conforme lo señala expresamente el accionante en su recurso contencioso administrativo de nulidad.

En este orden de ideas, cabe además destacar que la sanción impuesta se encuentra prevista en el artículo 105 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, como una sanción accesoria a la declaratoria de responsabilidad administrativa, la cual en el presente caso se encuentra firme, pues no se desprende de los autos que se haya interpuesto recurso alguno contra el acto que declaró sin lugar el recurso de reconsideración ejercido. De allí que, deba concluir esta Sala que no existe presunción de violación de los derechos constitucionales denunciados como conculcados. Así se declara.

A su vez, debe resaltarse que en todo caso será en la decisión que atañe a la legalidad del acto impugnado que la Sala se pronunciará acerca de la proporcionalidad de la sanción impuesta. Así se establece.

3.- De la denuncia de violación del “derecho a ejercer funciones públicas”

La parte actora adujo que el órgano recurrido le vulneró  su “derecho a ejercer funciones públicas”, al dictar el acto administrativo impugnado. Al respecto debe indicarse que el artículo 62 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, establece lo que a continuación se transcribe:

“Artículo 62. Todos los ciudadanos y ciudadanas tienen el derecho de participar libremente en los asuntos públicos, directamente o por medio de sus representantes elegidos o elegidas. La participación del pueblo en la formación, ejecución y control de la gestión pública es el medio necesario para lograr el protagonismo que garantice su completo desarrollo, tanto individual como colectivo. Es obligación del Estado y deber de la sociedad facilitar la generación de las condiciones más favorables para su práctica”.

Ahora bien, observa este Alto Tribunal prima facie que la inhabilitación por un lapso de tres (03) años para el ejercicio de funciones públicas no puede ser considerada per se y de forma automática como una vulneración del referido derecho constitucional, por cuanto dicha sanción es la consecuencia jurídica de una declaratoria de responsabilidad administrativa firme en sede administrativa, la cual debe ser aplicada por el Máximo Órgano Contralor en función de la gravedad de las irregularidades en las que incurran con su actuación los funcionarios públicos, por lo que debe desecharse la violación denunciada por la parte actora. Así se declara.

4.- De la denuncia de vulneración del derecho a la igualdad

Este Órgano Jurisdiccional advierte que en el escrito recursivo la parte actora alegó que los funcionarios Danilo García Villalobos, Evilacio Lugo Martínez y Cielo Faiz incurrieron en la misma conducta sancionada por la Administración y, sin embargo, no fueron objeto del procedimiento de determinación responsabilidad administrativa, lo cual en palabras del accionante constituye una vulneración del derecho a la igualdad.

Al respecto, debe la Sala observar, en primer lugar, que el artículo 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece que “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros”, mientras que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, dispone en su artículo 21 que “todas las personas son iguales ante la ley”.

Esto es lo que en doctrina especializada se conoce como igualdad formal, entendida fundamentalmente como inmunidad frente a tratamientos discriminatorios del legislador, quien por disposición constitucional se ve privado de competencia normativa para discriminar; a  diferencia de la igualdad material que consiste en la pretensión de obtener una cierta cantidad de prestaciones en alimento, sanidad, condiciones de vida, educación, información, capacitación, entre otros, para el desenvolvimiento de la propia autonomía en similares condiciones. Todo ello se traduce doctrinalmente en el axioma “trato igual a los iguales” (donde la igualdad de trato viene por equiparación), y “desigualdad de trato a los desiguales”, donde la igualdad viene dada como diferenciación.

En relación a este principio, la Sala Constitucional de este Máximo Tribunal ha venido sosteniendo:

“ … Ahora bien, el referido artículo establece que todas las personas son iguales ante la ley, lo que explica que no se permitan discriminaciones fundadas en la raza, el sexo, el credo, la condición social o aquellas que, en general, tengan por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad, de los derechos y libertades de toda persona.

Esta Sala ha sostenido con anterioridad que el principio de igualdad implica un trato igual para quienes se encuentren en situación de igualdad -igualdad como equiparación-, y un trato desigual para quienes se encuentren en situación de desigualdad -igualdad como diferenciación- (vid. sentencia n° 898/2002, del 13 de mayo). En este último supuesto, para lograr justificar el divergente tratamiento que se pretenda aplicar, el establecimiento de las diferencias debe ser llevado a cabo con base en motivos objetivos, razonables y congruentes.

De lo anterior se desprende que no resulta correcto conferirle un tratamiento desigual a supuestos fácticos que ostenten un contenido semejante y que posean un marco jurídico equiparable, pero debe aclararse que igualdad no constituye sinónimo de identidad, por lo que también sería violatorio del principio de igualdad darle un tratamiento igualitario a supuestos que sean distintos (vid. GUI MORI, Tomás. JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL ÍNTEGRA 1981-2001. Tomo I. Editorial Bosch. Barcelona, 2002, p. 332). Lo que podría resumirse en dos conclusiones: ‘No asimilar a los distintos, y no establecer diferencias entre los iguales’.

De igual forma, esta Sala ha reconocido en varios fallos, que el respeto al principio o derecho subjetivo a la igualdad y a la no discriminación es una obligación de los entes incardinados en todas las ramas que conforman el Poder Público, de tratar de igual forma a quienes se encuentren en análogas o similares situaciones de hecho y que todos los ciudadanos gocen del derecho a ser tratados por la ley de forma igualitaria. (vid. sentencias 536/2000, del 8 de junio; 1.197/2000, del 17 de octubre; y 1.648/2005, del 13 de julio).

Tomando en consideración esta última afirmación, debe señalarse que dos de las modalidades más básicas de este principio son, en primer lugar, el principio de igualdad ante la ley strictu sensu, también denominado principio de igualdad en la ley o igualdad normativa, el cual constituye una interdicción a todas aquellas discriminaciones que tengan su origen directo en las normas jurídicas, de lo cual se colige que dicho postulado se encuentra dirigido a los autores de las normas, es decir, al órgano legislativo; y en segundo término, el principio de igualdad en la aplicación de la ley o igualdad judicial, el cual constituye la piedra de tranca a toda discriminación que se pretenda materializar en la aplicación de las normas jurídicas por parte de los tribunales de la República, siendo que este segundo principio se encuentra destinado a los órganos encargados de la aplicación de la Ley (vid. GUI MORI. Ob. Cit., p. 331).

A mayor abundamiento, y con especial referencia al principio de igualdad normativa, resulta necesario señalar que el mismo constituye un mecanismo de defensa en manos del ciudadano frente a las posibles discriminaciones que pudiera sufrir por obra del Poder Legislativo, e implica la prohibición de que en los principales actos de esta rama del poder público -a saber, en las leyes- se establezcan discriminaciones. Siendo así, el órgano legislativo se encuentra en la obligación de respetar el principio de igualdad, toda vez que su incumplimiento es susceptible de conllevar a la movilización del aparataje de la justicia constitucional, a los fines de que sea emitido un pronunciamiento que apunte a catalogar como inconstitucional la ley correspondiente (…)”. (Sentencia Nº 266 del 17 de febrero de 2006).

 

De allí que, para que se verifique la violación del derecho a la igualdad por un acto de la Administración, se impone determinar que el órgano administrativo autor del acto haya decidido de manera distinta u opuesta, sin aparente justificación, situaciones análogas y que se ubiquen en un marco jurídico equiparable, correspondiendo a la parte que considere que en su esfera subjetiva este derecho le ha sido violado, demostrar la infundada divergencia, toda vez que sólo puede advertirse un trato discriminatorio en aquellos casos en los cuales se compruebe que ante circunstancias similares y en igualdad de condiciones -igualdad material- se manifestó un tratamiento desigual; debiendo precisarse que, una diferenciación de trato basada en criterios razonables y objetivos, no constituye discriminación, pero la misma debe ser lícita, objetiva y proporcional.

Siguiendo esta línea argumentativa, debe esta Sala declarar la improcedencia del alegato relativo a la vulneración del derecho a la igualdad, habida cuenta que mal puede reputarse como violatoria del mismo, una conducta que es sancionada por el ordenamiento jurídico, mas aún cuando el establecimiento de la misma le corresponde a la Administración, específicamente, a la Dirección de Determinación de Responsabilidad de la Contraloría General de la República previo la realización del procedimiento administrativo legalmente establecido para ello.

De modo que, en el caso de autos la parte actora no se encuentra en una posición protegida por el ordenamiento jurídico que permita considerar vulnerado su derecho a la igualdad. Así se declara.

En este orden de ideas, este Órgano Jurisdiccional considera que, en el caso de autos, no se configura el requisito de procedencia denominado fumus boni iuris, por lo que resulta forzoso para esta Sala, sin prejuzgar sobre el fondo del asunto debatido, declarar improcedente la solicitud de amparo cautelar efectuada por el accionante contra el acto administrativo impugnado. Así se declara.

Declarada la improcedencia del amparo cautelar solicitado, corresponde emitir pronunciamiento acerca de la causal de inadmisibilidad relativa a la caducidad de la acción y, al respecto, se observa que cursa a los folios 41 y 42 el Oficio N° 08-01-100 de fecha 21 de enero de 2011, mediante el cual se le notificó al ciudadano Rafael Enrique González Larreal el acto impugnado y siendo que el presente recurso contencioso administrativo de nulidad fue interpuesto el 19 de julio de 2011, según nota de la Secretaria de esta Sala estampada al vuelto del folio 37 del expediente judicial principal, debe concluirse que su interposición se produjo dentro del lapso de seis meses, previsto en el artículo 108 de la Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal. Así se decide.

 

VI

DE LA SOLICITUD DE SUSPENSIÓN DE EFECTOS

En lo que se refiere a la medida de suspensión de efectos del acto administrativo impugnado, es necesario indicar que la medida de suspensión de efectos actualmente no está prevista en la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, ni en la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, lo cual no implica que no pueda ser acordada, siendo como es una de las medidas preventivas típicas del contencioso administrativo, por lo que la misma debe analizarse en atención a lo establecido en el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y el artículo 104 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. (Vid. Sentencia de esta Sala N° 01420 del 26 de octubre de 2011).

Así tenemos, que el artículo 104 de la referida Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa establece:

“Articulo 104. A petición de las partes, en cualquier estado y grado del procedimiento el tribunal podrá acordar las medidas cautelares que estime pertinentes para resguardar la apariencia del buen derecho invocado y garantizar las resultas del juicio, ponderando los intereses públicos generales y colectivos concretizados y ciertas gravedades en juego, siempre que dichas medidas no prejuzguen sobre la decisión definitiva.

El tribunal contará con los más amplios poderes cautelares para proteger a la Administración Pública, a los ciudadanos o ciudadanas, a los intereses públicos y para garantizar la tutela judicial efectiva y el restablecimiento de las situaciones jurídicas infringidas mientras dure el proceso.

En causas de contenido patrimonial, el tribunal podrá exigir garantías suficientes al solicitante”.

Del análisis de la norma anteriormente transcrita se desprende que para dilucidar la procedencia de las medidas cautelares solicitadas es imprescindible la demostración concurrente de los requisitos fumus boni iuris (presunción grave del buen derecho que alega el recurrente), y periculum in mora (necesidad de la medida para evitar perjuicios irreparables, de difícil reparación, o evitar el riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución del fallo), con la particularidad que éstos requisitos deben derivarse de la actuación del demandado y de la necesidad de suspender o evitar sus efectos para salvaguardar la situación jurídica infringida.

En este orden de ideas, tenemos que el fumus boni iuris se constituye como el fundamento de la protección cautelar, dado que en definitiva sólo a la parte que tiene la razón en juicio puede causársele perjuicios irreparables que deben ser evitados, bien sean éstos producidos por la contraparte o deriven de la tardanza del proceso; mientras que el periculum in mora es requerido como supuesto de procedencia de acuerdo al caso en concreto.

Atendiendo a tales razonamientos, la decisión del Juez debe fundamentarse no sobre simples alegatos de perjuicio, sino en la argumentación y acreditación mediante elementos probatorios fehacientes, de los hechos concretos que permitan crear en el Juzgador, al menos, una presunción grave de la existencia de un posible perjuicio material y procesal para la parte solicitante de la protección cautelar.

Adicionalmente, el Juez Contencioso Administrativo “tendrá que evaluar, tomando en cuenta las particularidades del caso, los intereses públicos generales y colectivos involucrados asi como cualquier otro aspecto del supuesto analizado que, por su sensibilidad o gravedad, demande el otorgamiento de la cautela pretendida (ponderación de intereses) (Vid. Sentencia de esta Sala signada con el N° 375, de fecha 30 de marzo de 2011)

Establecidos los anteriores lineamientos, pasa la Sala a verificar su cumplimiento en el caso concreto, y al respecto observa que el recurrente solicitó la medida cautelar de suspensión de efectos “toda vez que de lo expuesto en el presente escrito, así como de los recaudos que la acompañan se desprende la presunción del buen derecho que ostenta y le asiste”.

Ahora bien, cursa anexo al escrito del recurso contencioso administrativo de nulidad los siguientes instrumentos:

1.- Resolución N° 01-00-000009 de fecha 12 de enero de 2011, dictada por el Contralor General de la República, que declaró sin lugar el recurso de reconsideración ejercido contra la Resolución N° 01-00-000245 de fecha 25 de agosto de 2010, que le impuso al recurrente la sanción de inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por un período de tres (03) años.

2.- Oficio N° 08-01-100 de fecha 21 de enero de 2011, mediante el cual el Director de Determinación de Responsabilidades de la Contraloría General de la República le notifica al recurrente el acto administrativo impugnado.

3.- Comunicación de fecha 17 de septiembre de 2003 y Memorándum N° 182-E, s/f suscritos por el ciudadano Danilo García Villalobos en su carácter de Inspector Técnico Regional, en la que le informa a la Directora General de Personal del Ministerio de Energía y Minas que el abogado Rafael Enrique González Larreal sustituyó a la abogada Cielo Faíz, quién desempeñaba el cargo de Jefe de la Oficina de Mercado Interno de la Inspección Técnica de Hidrocarburo Maracaibo.

4.- Oficio N° CAI-00070 de fecha 8 de diciembre de 2006, a través del cual se le notifica a la parte actora el acto administrativo de fecha 30 de noviembre de ese mismo año, en el que determinó, previo el procedimiento legalmente establecido, la responsabilidad administrativa del ciudadano Rafael Enrique González Larreal por la expedición ilegal de autorizaciones para la distribución, expendio y traslado de combustible.

5.- Copia simple de autorizaciones para la distribución, expendio y traslado de combustible otorgadas por los ciudadanos Luis González Fernández (Director), Danilo Garcia Villalobos (Director Regional) y Evilagio Lugo Martínez (Director Regional Adjunto), Jesús Segura (Jefe de la Zona Costa Oriental del Lago) de la Dirección Inspección Técnica de Maracaibo adscrita al Ministerio de Energía y Minas.

6.- Copias simples de un “cuaderno de control de autorizaciones”.

En concordancia con lo antes expuesto, esta Sala aprecia prima facie de las actas cursantes en autos que: (i) el acto administrativo impugnado fue precedido del procedimiento administrativo para la determinación de responsabilidades administrativas que concluyó con el acto administrativo de fecha 30 de noviembre de 2006, emanado de la Dirección de la Oficina de Auditoría Interna del Ministerio de Energía y Petróleo; (ii) el órgano recurrido afirmó en la Resolución N° 01-00-000009 de fecha 12 de enero de 2011, hoy impugnada que el acto administrativo que determinó la responsabilidad administrativa del recurrente se encuentra firme, puesto que, contra este no fue ejercido recurso alguno; y (iii) el Contralor General de la República (tal como se señaló precedentemente) en el acto administrativo impugnado por el cual impuso al recurrente la sanción de inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por el período de tres (3) años, actuó, en principio, conforme a la potestad que le fue otorgada por el artículo 105 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, el cual lo faculta, para que de manera exclusiva y excluyente, de acuerdo a la entidad o gravedad del asunto imponga las sanciones que según la gravedad de la falta corresponda a aquellas personas que, como el actor, les fue declarada su responsabilidad administrativa en virtud de un procedimiento administrativo, conforme lo señala expresamente el accionante en su recurso contencioso administrativo de nulidad.

Así, del examen preliminar realizado por esta Sala se concluye que los alegatos esgrimidos por el recurrente para fundamentar el fumus boni iuris, así como los instrumentos consignados en autos no son suficientes para demostrar la presunción de buen derecho reclamado, siendo inoficioso el análisis y pronunciamiento respecto del otro supuesto de procedencia (periculum in mora), dado que su cumplimiento debe ser concurrente. Así se declara.

VII

DECISIÓN

 

Con fundamento en  los razonamientos anteriormente expuestos, esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara:

1.- IMPROCEDENTE la solicitud de amparo cautelar efectuada conjuntamente con el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto por los abogados Ruben E. Betancourt Infante y Marianella González Larreal actuando con el carácter de apoderados judiciales del ciudadano Rafael Enrique González Larreal contra la Resolución N° 01-00-000009 de fecha 12 de enero de 2011, dictada por el CONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA, que declaró sin lugar el recurso de reconsideración ejercido contra la Resolución N° 01-00-000245 de fecha 25 de agosto de 2010, que le impuso al recurrente la sanción de inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por un período de tres (03) años.

2.- IMPROCEDENTE la medida de suspensión de efectos del acto administrativo impugnado.

Publíquese, regístrese y notifíquese. Agréguese copia certificada de la presente decisión a la pieza principal.Cúmplase lo ordenado.

Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, al primer (01) día del mes de febrero del año dos mil doce (2012). Años 201º de la Independencia y 152º de la Federación.

            La Presidenta

EVELYN MARRERO ORTÍZ

                                                                                                                                                                                                        La Vicepresidenta

                                                                      YOLANDA JAIMES GUERRERO

 

Los Magistrados,

EMIRO GARCÍA ROSAS

 

                                                                                                                                                                                                  TRINA OMAIRA ZURITA

                                                                                                                                                                                                                  Ponente

MÓNICA G. MISTICCHIO TORTORELLA

 

 

La Secretaria,

SOFÍA YAMILE GUZMÁN

 

En dos (02) de febrero del año dos mil doce, se publicó y registró la anterior sentencia bajo el Nº 00062, la cual no está firmada por la Magistrada Mónica Misticchio Tortorella, por motivos justificados.

 

La Secretaria,

SOFÍA YAMILE GUZMÁN

Busca más sentencias en Venley

Búsqueda avanzada, colecciones personalizadas y consultas a Kelsen.

Buscar sentencias