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El Juzgado Vigésimo Noveno de Primera Instancia en lo Penal Bancario y de Salvaguarda del Patrimonio Público con Competencia Nacional con sede en Caracas, adjunto a oficio Nº 1956 de fecha 08 de noviembre de 1996, remitió a esta Sala el expediente contentivo de la causa instruida en relación a la participación accionaria del BANCO CONSTRUCCIÓN, C.A., y su GRUPO FINANCIERO con la sociedad mercantil A.F.P El Roble Fondo de Pensiones, domiciliada y constituida en la ciudad de Lima, Perú., a fin de que esta Sala conozca de la regulación de jurisdicción propuesta por orden del Juzgado Superior Décimo Tercero en lo Penal Bancario.
El 14 de noviembre de 1996 se dio cuenta en Sala y por auto de la misma fecha, se designó ponente a la Magistrada Hildegard Rondón de Sansó.
En fecha 15 de marzo de 2000 se reasignó la ponencia al Magistrado José Rafael Tinoco.
En virtud de la designación de los Magistrados Hadel Mostafá Paolini y Yolanda Jaimes Guerrero, y la ratificación del Magistrado Levis Ignacio Zerpa, por la Asamblea Nacional en sesión de fecha 20 de diciembre de 2000, publicada en la Gaceta Oficial N° 37.105 del día 22 del mismo mes y año, se reconstituyó la Sala Político Administrativa el 27 de diciembre de dicho año, y se reasignó la ponencia al Magistrado Hadel Mostafá Paolini, quien con tal carácter suscribe el presente fallo.
En fecha 21 de septiembre de 1995 se inició averiguación sumaria en el Juzgado Vigésimo Noveno de Primera Instancia en lo Penal Bancario con Competencia Nacional y de Salvaguarda del Patrimonio Público con sede en Caracas, en virtud de las denuncias interpuestas por los ciudadanos Luis Felipe Sánchez Vegas, en su carácter de Administrador de Inmobiliaria CADIMA C.A. y de FININVERSIONES; C.A, empresas relacionadas e intervenidas del Grupo Financiero Construcción, así como por los ciudadanos Juan Miguel Senior, Eduardo Ramírez Meza y Antonio Manzo Henríquez, actuando como miembros de la Junta Interventora del BANCO CONSTRUCCIÓN, C.A. y su GRUPO FINANCIERO.
Mediante decisión de fecha 26 de agosto de 1996, el juez a quo declaró TERMINADA LA AVERIGUACIÓN, por no revestir los hechos carácter penal y en tal sentido expuso:
...quedó demostrado que el ente financiero antes aludido, es accionista de la empresa en cuestión, por lo que se concluye que tal negociación consistió en una inversión realizada en una empresa establecida fuera del territorio Nacional, y por lo tanto las autoridades del Banco Construcción que intervinieron en la misma, contravinieron la disposición legal contenida en el artículo 179 de la hoy derogada Ley General de Bancos y Otros Institutos de Créditos, vigente para la fecha en que se llevó a cabo ésta, en la cual se prohibía expresamente a los Bancos Comerciales realizar Inversiones en Obligaciones y Acciones de Empresas Públicas y Privadas, cuyos valores no se encuentren incluidos en la lista que la Superintendencia de Bancos...al no encuadrar dicha conducta en ninguno de los ilícitos contemplados en la Ley arriba señalada...
Por auto de fecha 03 de septiembre de 1996, el juez a quo de conformidad con lo establecido en el ordinal 1º del artículo 206 del Código de Enjuiciamiento Criminal, remitió la decisión anterior en consulta al Juzgado Superior Décimo Tercero en lo Penal Bancario con Competencia Nacional.
Mediante decisión de fecha 30 de octubre de 1996, el Juzgado Superior Décimo Tercero en lo Penal Bancario con Competencia Nacional en su entender consideró que el juez a quo había considerado que carecía de jurisdicción para conocer del asunto, y en tal sentido expuso:
Como quiera que, el Juzgado A-quo en la referida decisión, al declarar que los hechos denunciados no revisten carácter penal, expresó que las irregularidades denunciadas ocurrieron o fueron ejecutadas fuera del territorio de la República, cuya competencia corresponde a otro órgano jurisdiccional distinto a ese Tribunal; es de concluir que, en el presente caso debe dilucidarse un asunto relativo a la falta de jurisdicción de los Tribunales de Venezolanos...se hace procedente en este caso concreto, la tramitación de la regulación de la jurisdicción, conforme a las previsiones de los Artículos 59 y 62 del Código de Procedimiento Civil, razón por la cual, este Despacho Judicial, se DECLARA INCOMPETENTE PARA CONOCER de la regulación de jurisdicción...ACUERDA LA REMISIÓN DEL PRESENTE EXPEDIENTE al referido Tribunal, a los fines de que proceda a dar cumplimiento a los trámites procedimentales establecidos en las referidas normativas jurídicas...
Para decidir la Sala observa:
ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN
Visto el planteamiento realizado por el Juzgado Superior Décimo Tercero en lo Penal Bancario con Competencia Nacional con sede en Caracas y después de haber analizado exhaustivamente la decisión dictada por el Juzgado Vigésimo Noveno de Primera Instancia en lo Penal Bancario con Competencia Nacional y de Salvaguarda del Patrimonio Público, considera esta Sala, que este último en ningún momento se refirió a la falta de jurisdicción de los Tribunales de la República, y que únicamente se refirió al punto relativo a jurisdicción de la siguiente forma:
en la cual se prohibía expresamente a los Bancos Comerciales realizar Inversiones en Obligaciones y Acciones de Empresas Públicas y Privadas, cuyos valores no se encuentren incluidos en la lista que la Superintendencia de Bancos, oída la opinión del Banco Central de Venezuela y de la Comisión Nacional de Valores formulare, pués (sic) al ser esta una empresa cuyo domicilio legal se halla en la Ciudad de Lima, Perú, queda excluida del ámbito legal de los Entes Públicos Venezolanos arriba señalados, deduciéndose que la conducta desplegada por los funcionarios actuantes en esta negociación constituye una anomalía de carácter administrativo, cuya competencia corresponde a otro órgano jurisdiccional distinto a este Tribunal...
De lo anteriormente transcrito se aprecia, que el tribunal a quo se refirió a la posible comisión de un ilícito administrativo, el cual podría acarrear responsabilidad administrativa al presunto agente, hecho este que no guarda relación alguna con la materia penal, la cual origina consecuencias totalmente distintas a la responsabilidad administrativa; con lo que, deduce esta Sala que el sentido dado por el Tribunal de Primera Instancia a la palabra jurisdicción es totalmente distinto al empleado por el Juzgado Superior. Así se declara.
III
DECISIÓN
Por las razones antes expuestas, esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia, en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara que NO TIENE MATERIA SOBRE LA CUAL DECIDIR en la presente causa.
Publíquese, regístrese y comuníquese. Remítase el expediente al Juzgado Superior de Transición correspondiente. Cúmplase lo ordenado.
Dada, firmada y sellada, en el Salón de Despacho de la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los veintidos (22) días del mes de enero de dos mil dos. (2002). Años 191º de la Independencia y 142º de la Federación.
El Presidente,
El Vicepresidente-Ponente,
Magistrada
La Secretaria,
HMP/jam.
En veintitres (23) de enero del año dos mil dos, se publicó y registró la anterior sentencia bajo el Nº 00069.