Sentencia N.º 00113
- Sentencia
- N.º 00113
- Fecha
- 29/01/2009
- Sala
- Político Administrativa
- Expediente
- 2000-0860
- Ponente
- Levis Ignacio Zerpa
- Procedimiento
- Demanda
- Enlace fuente oficial
- Ver en sitio web oficial del TSJ
MAGISTRADO PONENTE: LEVIS IGNACIO ZERPA
Exp. N° 2000-0860
Mediante decisión N° 01733 publicada en fecha 31 de octubre de 2007, la Sala ordenó abrir una articulación probatoria de ocho (8) días de despacho contados a partir del día siguiente a aquél en que constase en autos la práctica de la última de las notificaciones de las partes, a objeto de que la sociedad mercantil INVERSIONES SABENPE, C.A., y el INSTITUTO MUNICIPAL DE ASEO URBANO Y DOMICILIARIO DEL MUNICIPIO IRIBARREN DEL ESTADO LARA (IMAUBAR) alegasen y probasen lo que estimaran conducente en relación con el pago opuesto en la etapa de ejecución de la sentencia, ello de conformidad con lo previsto en el artículo 607 del Código de Procedimiento Civil, por remisión del artículo 533 eiusdem.
En fecha 17 de julio de 2008, compareció el abogado Julio Alejandro Pérez Graterol, inscrito en el INPREABOGADO bajo el N° 78.826, actuando en su condición de apoderado judicial del Instituto Municipal de Aseo Urbano y Domiciliario del Municipio Iribarren del Estado Lara (IMAUBAR) y mediante escrito expuso:
Encontrado el presente proceso judicial en estado de ejecución de la sentencia, la parte demandada opuso el pago de las cantidades objeto de la ejecución, ante lo cual esta honorable instancia apertura una articulación probatoria con el objeto de verificar el éxito del pago, el momento del mismo y su extensión.
La parte demandante reconoce que se le entregaron bonos de la deuda pública por un monto de ochenta y seis millones de bolívares (Bs. 86.000.000), por lo que el hecho alegado por IMAUBAR, que la República Bolivariana de Venezuela entregó a la SABENPE bonos de la deuda pública por monto de ochenta y seis millones de bolívares (Bs. 86.000.000), como pago de la deuda que mantenía con ésta IMAUBAR, se encuentra aceptado y por ende excluido de la actividad probatoria, relevado de cualquier carga probatoria ( ). (sic).
Por escrito presentado el 07 de agosto de 2008, la representación judicial de de Inversiones Sabenpe, C.A., señaló lo siguiente:
.. En primer lugar, no es como lo señala IMAUBAR, que el supuesto pago que hizo por la deuda que tenía con Sabenpe fue de ochenta y seis millones de bolívares (Bs. 86.000.000, actualmente Bs.F. 86.000), sino que en realidad el pago acreditado a Sabenpe fue de setenta y cinco millones seiscientos ochenta mil bolívares (Bs. 75.680.000) (actualmente Bs.F. 75.680,00).
En este sentido, tal y como lo señala IMAUBAR, dicho pago se realizó a través de bonos de la deuda pública. Sin embargo, sobre el valor nominal de dichos bonos resulta aplicable un descuento del 12%. En efecto, tal como se evidencia del anexo A del presente escrito (el cual ya se encontraba en el expediente), en fecha 14 de diciembre de 2004 se verificó una transacción financiera mediante la cual el Ministerio de Finanzas realizó un pago a Sabenpe (en la cuenta N° 010-591177-0 en el Banco Industrial de Venezuela), mediante una serie de bonos de la deuda pública cuyo valor nominal ascendía a la cantidad de cuatro billones trescientos cuarenta y un millones trescientos cuarenta y un mil cuatrocientos cincuenta y cuatro con 93/100 (Bs. 4.341.341.454,93) (actualmente Bs.F. 4.341.341,4) por concepto de pago de varias deudas que distintos Municipios mantenían con Sabenpe. Sobre esta cantidad, sólo era imputable a la deuda que IMAUBAR mantenía con nuestra representada, un monto de ochenta y seis millones de bolívares (Bs. 86.000.000,00) (actualmente Bs.F. 86.000,00) ( ). Ahora bien, los montos citados corresponden únicamente al valor nominal de los bonos de la deuda pública mediante los cuales el Ministerio de Finanzas pretendió pagar a Sabenpe las deudas de los referidos Municipios. Sin embargo, tales bonos no fueron pagados en un 100%, pues el Banco Industrial de Venezuela aplicó un descuento de 12% con lo cual sólo fue acreditado a la cuenta de Sabenpe el 88% del valor nominal de los bonos ( ) de los cuales sólo son imputables al pago de la deuda que IMAUBAR mantenía con Sabenpe, un total de setenta y cinco millones seiscientos ochenta mil bolívares (Bs. 75.680.000,00) (actualmente Bs.F. 75.680,00)
Para decidir, la Sala observa:
I
ANTECEDENTES DEL CASO
Por decisión N° 00696 de fecha 29 de junio de 2004 y sus posteriores aclaratorias de fecha 07 de octubre de 2004 y 19 de enero de 2006, esta Sala Político-Administrativa declaró parcialmente con lugar la demanda por cumplimiento de contrato incoada por la sociedad mercantil Inversiones Sabenpe, C.A., contra el Instituto Municipal de Aseo Urbano y Domiciliario del Municipio Iribarren del Estado Lara (IMAUBAR). En consecuencia, se declaró lo siguiente:
( ) 1.- Se CONDENA al Instituto Municipal de Aseo Urbano y domiciliario del Municipio Iribarren del Estado Lara, al pago de la cantidad de CINCUENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA MIL QUINIENTOS SETENTA BOLÍVARES CON OCHENTA Y UN CÉNTIMOS (Bs. 55.390.570,81) por concepto de pago de diferencia de las facturas Nros. 36, 47, 59, 77, 90, 91, 92, 101, 102, 128 y 129, al precio unitario de QUINCE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS BOLÍVARES SIN CÉNTIMOS (Bs. 15.946,00), por tonelada de basura vertida.
2.- Se declara PROCEDENTE el pago de los intereses moratorios sobre la cantidad señalada, los cuales serán calculados por el Banco Central de Venezuela a partir del 22 de junio de 1999 y hasta la fecha de publicación del presente fallo, conforme a la tasa equivalente al promedio ponderado de las tasas pasivas que pagan por intereses los seis principales bancos comerciales del país sobre las operaciones por crédito a plazo de 90 días calendario. En tal sentido, se ORDENA oficiar al Banco Central de Venezuela a fin de que proceda a la determinación de los intereses moratorios cuyo pago se ha acordado.
3.- Se declara IMPROCEDENTE la solicitud de indexación judicial de las cantidades debidas.
Además, vista la falta de comparecencia tanto por parte del Síndico Procurador Municipal como del representante judicial del Instituto demandado, lo cual en criterio de esta Sala comporta una actuación injustificada contraria a derecho, en perjuicio de los intereses del ente público demandado y, por tanto, capaz de generar responsabilidad individual por el ejercicio de la función pública, envíese copia certificada de la presente decisión a la ciudadana Procuradora General de la República, al Fiscal General de la República, así como al Alcalde del Municipio Iribarren del Estado Lara y a la Cámara Municipal, a los fines de proveer lo que estimen conducente, de conformidad con las atribuciones que se les confieren en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela ( ).
En fecha 18 de julio de 2006, la Sala mediante sentencia N° 01782 ordenó la ejecución voluntaria de la decisión anteriormente referida, declarando, con base en la información suministrada por la Consultoría Jurídica Adjunta para Asuntos Administrativos del Banco Central de Venezuela, que el monto total sobre el cual quedó definitivamente establecida la condenatoria era la cantidad de ciento cinco millones ciento trece mil cuatrocientos ochenta y seis bolívares con once céntimos (Bs.105.113.486,11). En dicha decisión, la Sala fijó un lapso de diez (10) días de despacho siguientes a la notificación del Instituto Municipal de Aseo Urbano y Domiciliario del Municipio Iribarren del Estado Lara (IMAUBAR) para que éste diese cumplimiento voluntario a la condena establecida en la sentencia.
En fecha 02 de noviembre de 2006, el Alguacil de la Sala consignó recibo de la notificación que realizara al Presidente del Instituto Municipal de Aseo Urbano y Domiciliario del Municipio Iribarren del Estado Lara (IMAUBAR) y al Síndico Procurador Municipal del Municipio Irribarren del Estado Lara.
Mediante escrito del 24 de abril de 2007, la representación judicial de la sociedad mercantil Inversiones Sabenpe, C.A., solicitó que de conformidad con el artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal se decretara la ejecución forzosa de la sentencia N° 00696 de fecha 29 de junio de 2004, dictada por esta Sala y se efectuara un nuevo ajuste de la cantidad adeudada.
La Sala por decisión N° 00843, publicada el 31 de mayo de 2007, declaró improcedente la solicitud de ajuste por indexación de los montos adeudados a la sociedad mercantil Inversiones Sabenpe, C.A., y decretó la ejecución forzosa de la sentencia N° 00696 de fecha 29 de junio de 2004 dictada por esta Sala.
Por escrito presentado en fecha 18 de septiembre de 2007, el abogado Julio Alejandro Pérez Graterol, actuando en su carácter de apoderado judicial del Instituto Municipal de Aseo Urbano y Domiciliario del Municipio Iribarren del Estado Lara (IMAUBAR), señaló que su representada procedió a cumplir con la cancelación de las cantidades solicitadas por la demandante con posterioridad a la interposición de la demanda, específicamente la República de Venezuela presupuestó y canceló a INVERSIONES SABENPE C.A., la cantidad de OCHENTA Y SEIS MILLONES DE BOLÍVARES (Bs. 86.000.000,00), la cual quedó acreditada en las cuentas de INVERSIONES SABENPE C.A, para el 14-12-2001, ello según se evidencia de la misiva N° 0057 de fecha 16-01-2003 emanada del Director General de Desarrollo Regional del Ministerio de Interior y Justicia y dirigida al Alcalde del Municipio Iribarren.
Luego, por decisión N° 01733, publicada en fecha 31 de octubre de 2007, la Sala estimó necesario abrir una articulación probatoria por ocho (8) días de despacho, sin término de la distancia, a efectos de que las partes alegasen y probasen lo que estimasen conducente en relación con el pago opuesto, con fundamento en lo siguiente:
Ahora bien, observa la Sala que en la sentencia objeto de ejecución se condenó a IMAUBAR a pagar la suma de cincuenta y cinco millones trescientos noventa mil quinientos setenta bolívares con ochenta y un céntimos (Bs. 55.390.570,81), mientras que según los alegatos antes explanados, el 14 de diciembre de 2001, IMAUBAR supuestamente pagó a Inversiones Sabenpe C.A., la cantidad de ochenta y seis millones de bolívares (Bs. 86.000.000), de lo cual se deriva que la parte condenada alegó un pago de la condena contenida en la aludida sentencia.
Por tanto, visto que en el presente caso la parte demandada opone un supuesto pago, debe atenderse a lo establecido en el artículo 533 del Código de Procedimiento Civil, contenido en el Capítulo II del Título IV (De la Ejecución de la Sentencia), de su Libro Segundo, el cual dispone lo siguiente: omissis
II
MOTIVACIONES PARA DECIDIR
Corresponde a la Sala pronunciarse sobre la articulación probatoria abierta de conformidad con lo establecido en el artículo 533 del Código de Procedimiento Civil, previas las siguientes consideraciones:
El objeto de la presente decisión es resolver la articulación probatoria abierta para que las partes alegasen y probasen lo que estimaren conducente con relación al pago opuesto por la representación judicial del Instituto Municipal de Aseo Urbano y Domiciliario del Municipio Iribarren del Estado Lara (IMAUBAR), por tanto, no se analizarán otros hechos alegados por las partes que pretenden la modificación de lo debatido en juicio, pues existe en este caso una sentencia definitivamente firme que ha adquirido autoridad de cosa juzgada.
Establecido lo anterior, se observa:
La Sala por decisión N° 00696 de fecha 29 de junio de 2004 y sus posteriores aclaratorias de fechas 07 de octubre de 2004 y 19 de enero de 2006, declaró parcialmente con lugar la demanda por cumplimiento de contrato ejercida por la sociedad mercantil Inversiones Sabenpe C.A., contra el Instituto Municipal de Aseo Urbano y Domiciliario del Municipio Iribarren del Estado Lara (IMAUBAR).
El monto total en el cual quedó establecida la condenatoria, resultante de la sumatoria de la cantidad a pagar más los intereses devengados, es la cantidad de ciento cinco millones ciento trece mil cuatrocientos ochenta y seis bolívares con once céntimos (Bs. 105.113.486,11), ahora expresados en la cantidad de ciento cinco mil ciento trece bolívares con cuarenta y nueve céntimos (Bs. 105.113,49).
Ahora bien, en la fase ejecutoria el apoderado judicial del Instituto demandado alegó que la República Bolivariana de Venezuela canceló a la sociedad mercantil Inversiones Sabenpe, C. A. con bonos de la deuda pública, la cantidad de ochenta y seis millones de bolívares (Bs. 86.000.000,00), señalando que su representada para el momento del pago, esto es, el 14 de diciembre de 2001, habría pagado en exceso el monto del capital adeudado, el cual fue estimado en cincuenta y cinco millones trescientos noventa mil quinientos setenta bolívares con ochenta y un céntimos (Bs. 55.390.570,81).
Por su parte, la representante judicial de la sociedad mercantil Inversiones Sabenpe, C.A., señaló que el supuesto pago que hizo el demandado por la deuda que tenía con su representada no fue de ochenta y seis millones de bolívares (Bs. 86.000.000,00), sino que en realidad el pago acreditado fue de setenta y cinco millones seiscientos ochenta mil bolívares (Bs. 75.680.000), indicando que el pago parcial se realizó a través de bonos de la deuda pública los cuales tenían un descuento del doce por ciento (12%).
Planteada de tal manera la controversia, se advierte que el artículo 532 del Código de Procedimiento Civil, dispone:
Artículo 532. Salvo lo dispuesto en el artículo 525, la ejecución, una vez comenzada, continuará de derecho sin interrupción, excepto los casos siguientes:
1° Cuando el ejecutado alegue haberse consumado la prescripción de la ejecutoria y así se evidencie de las actas del proceso. Si el ejecutante alegare haber interrumpido la prescripción, se abrirá una articulación probatoria de ocho días para promover y evacuar las pruebas y el Juez decidirá al noveno día. De esta decisión se oirá apelación libremente si el Juez ordenare la suspensión de la ejecución y en el solo efecto devolutivo si dispusiere la continuación.
2º Cuando el ejecutado alegue haber cumplido íntegramente la sentencia mediante el pago de la obligación y consigne en el mismo acto de la oposición documento auténtico que lo demuestre. En este caso, el Juez examinará cuidadosamente el documento y si de él aparece evidente el pago, suspenderá la ejecución, en caso contrario dispondrá su continuación. De la decisión del juez se oirá apelación libremente si el Juez ordenare la suspensión de la ejecución y en el solo efecto devolutivo si dispusiere su continuación.
La impugnación del documento y el consiguiente juicio de tacha, no será causa de suspensión de la ejecución.
La norma antes citada, contiene las excepciones al principio de continuidad de la ejecución, a saber: el alegato de prescripción de la ejecutoria y la excepción de pago íntegro de la obligación, lo cual fue alegado en el caso bajo examen, exigiéndose en tal supuesto, la presentación de un documento auténtico que demuestre el pago realizado.
De la revisión de los documentos aportados por las partes en la articulación probatoria abierta al efecto, se advierte que no existe un documento auténtico que demuestre la realización del pago, sin embargo, ambas partes afirmaron que en fecha 14 de diciembre de 2001, se verificó una operación financiera por la cual el Ministerio de Finanzas realizó un pago a la sociedad mercantil Inversiones Sabenpe C.A., en la cuenta N° 010-591177-0 del Banco Industrial de Venezuela, mediante una serie de bonos de la deuda pública cuyo valor nominal ascendía a la cantidad de cuatro mil trescientos cuarenta y un millones trescientos cuarenta y un mil cuatrocientos cincuenta y cuatro bolívares con noventa y tres céntimos (Bs. 4.341.341.454,93), actualmente expresados en la cantidad de cuatro millones trescientos cuarenta y un mil trescientos cuarenta y un bolívares con cuarenta y cinco céntimos (Bs. 4.341.341,45), por concepto de pago de varias deudas que distintos Municipios mantenían con Inversiones Sabenpe C.A.
Que sobre la referida cantidad, sólo era imputable a la deuda que el Instituto Municipal de Aseo Urbano y Domiciliario del Municipio Iribarren del Estado Lara (IMAUBAR), mantenía con la sociedad mercantil Inversiones Sabenpe C.A., el monto de ochenta y seis millones de bolívares (Bs. 86.000.000,00), ahora expresados en la cantidad de ochenta y seis mil bolívares (Bs. 86.000,00).
De conformidad con lo expuesto, considera la Sala que efectivamente el Instituto demandado sí pago a la sociedad mercantil demandante la cantidad de ochenta y seis millones de bolívares (Bs. 86.000.000,00), ahora expresados en la cantidad de ochenta y seis mil bolívares (Bs. 86.000,00). Así se declara.
Establecido lo anterior, se advierte que en la sentencia dictada por esta Sala en fecha 29 de junio de 2004, se condenó al Instituto Municipal de Aseo Urbano y Domiciliario del Municipio Iribarren del Estado Lara (IMAUBAR), al pago de la cantidad de cincuenta y cinco millones trescientos noventa mil quinientos setenta bolívares con ochenta y un céntimos (Bs. 55.390.570,81), por concepto de pago de diferencia de las facturas números 36, 47, 59, 77, 90, 91, 92, 101, 102, 128 y 129; por tanto, visto que aparece evidente el pago de ochenta y seis millones de bolívares (Bs. 86.000.000,00), ahora expresados en la cantidad de ochenta y seis mil bolívares (Bs. 86.000,00), realizado por el Instituto demandado, resulta en el presente caso procedente acordar la suspensión de la ejecución de la sentencia, ello de conformidad con lo establecido en el artículo 532, ordinal 2° del Código de Procedimiento Civil. Así se declara.
Sin embargo, no puede dejar de advertirse que en el referido fallo también se declaró procedente el pago de los intereses moratorios sobre la cantidad señalada, los cuales fueron calculados por el Banco Central de Venezuela a partir del 22 de junio de 1999 y hasta la fecha de publicación del fallo, esto es, el 29 de junio de 2004, ordenándose oficiar al Banco Central de Venezuela a fin de que procediese a la determinación de los referidos intereses.
Así las cosas, considera necesario la Sala ordenar al Banco Central de Venezuela la realización de una nueva experticia complementaria del fallo, con el objeto de calcular los intereses moratorios causados sobre la cantidad de cincuenta y cinco millones trescientos noventa mil quinientos setenta bolívares con ochenta y un céntimos (Bs. 55.390.570,81), desde el 22 de junio de 1999 hasta la fecha del pago, esto es, el 14 de diciembre de 2001, calculados conforme a la tasa equivalente al promedio ponderado de las tasas pasivas que pagaban por intereses los seis principales bancos comerciales del país sobre las operaciones de crédito a plazo de noventa (90) días calendarios.
Una vez recibidos los resultados de la experticia complementaria del fallo que se ordenó realizar, la Sala proveerá lo conducente en el presente caso.
III
DECISIÓN
En virtud de lo anteriormente expuesto, este Tribunal Supremo de Justicia en Sala Político-Administrativa, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, ordena:
1.- SUSPENDER la ejecución de la sentencia, de conformidad con lo establecido en el artículo 532, ordinal 2°, del Código de Procedimiento Civil.
2.- REALIZAR UNA NUEVA EXPERTICIA COMPLEMENTARIA DEL FALLO, con el objeto de calcular los intereses moratorios causados sobre la cantidad de cincuenta y cinco millones trescientos noventa mil quinientos setenta bolívares con ochenta y un céntimos (Bs. 55.390.570,81), desde el 22 de junio de 1999 hasta la fecha del pago alegado, esto es, el 14 de diciembre de 2001, calculados conforme a la tasa equivalente al promedio ponderado de las tasas pasivas que pagaban por intereses los seis principales bancos comerciales del país sobre las operaciones de crédito a plazo de noventa (90) días calendarios.
Publíquese, regístrese y comuníquese. Cúmplase con lo ordenado.
Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los veintiocho (28) días del mes de enero del año dos mil nueve (2009). Años 198º de la Independencia y 149º de la Federación.
La Presidenta
EVELYN MARRERO ORTÍZ
La Vicepresidenta
YOLANDA JAIMES GUERRERO
Los Magistrados,
LEVIS IGNACIO ZERPA
Ponente
HADEL MOSTAFÁ PAOLINI
EMIRO GARCÍA ROSAS
La Secretaria,
SOFÍA YAMILE GUZMÁN
En veintinueve (29) de enero del año dos mil nueve, se publicó y registró la anterior sentencia bajo el Nº 00113.
La Secretaria,
SOFÍA YAMILE GUZMÁN
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