Sentencia N.º 00172
- Sentencia
- N.º 00172
- Fecha
- 15/03/2017
- Sala
- Político Administrativa
- Expediente
- 2014-1313
- Ponente
- María Carolina Ameliach Villarroel
- Procedimiento
- Recurso de Nulidad
- Enlace fuente oficial
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Magistrada Ponente: MARÍA CAROLINA AMELIACH VILLARROEL
Exp. Nro. 2014-1313
Mediante escrito presentado ante esta Sala en fecha 28 de octubre de 2014, los abogados Luis Hinestrosa Pocaterra, Ulises Sánchez Valenzuela y Enrique Mendoza Santos (INPREABOGADO Nros. 3.269, 26.312 y 47.326 respectivamente), actuando con el carácter de apoderados judiciales de la sociedad mercantil CALDERYS REFRACTARIOS VENEZOLANOS, S.A., inscrita según consta en autos en el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, en fecha 21 de agosto de 2000, bajo el Nro. 28, Tomo 39-A., interpusieron demanda contencioso administrativa de nulidad con solicitud de medida cautelar innominada, contra el acto administrativo contenido en la Resolución Nro. 8776 del 29 de mayo de 2014, emanada del MINISTRO DEL PODER POPULAR PARA EL PROCESO SOCIAL DE TRABAJO, mediante la cual se ordenó la ( ) ocupación inmediata de la entidad de trabajo [Calderys Refractarios Venezolanos, S.A.] ( ); ( ) el reinicio de las actividades productivas ( ); y la instalación de una Junta Administradora Especial con ( ) facultades y atribuciones necesarias para garantizar el funcionamiento o giro comercial de la entidad de trabajo ( ) y la preservación de los puestos de trabajo, pero siempre limitadas al cumplimiento de su objeto social ( ), con motivo del incumplimiento por parte de la aludida compañía, de la Providencia Nro. 2014-00012, emanada el 4 de abril de 2014 de la Inspectoría del Trabajo Alfredo Maneiro de Puerto Ordaz, Estado Bolívar, a través de la cual fue rechazado el cierre de la referida sociedad mercantil, participado el 13 de febrero de 2013 por razones económicas, y dictada una orden de reinicio de las actividades productivas (agregado de la Sala).
El 29 de octubre de 2014, se dio cuenta en Sala, y por auto de esa misma fecha se ordenó remitir el expediente al Juzgado de Sustanciación a los efectos de que se pronunciara sobre la admisión de la demanda.
Mediante diligencia presentada el 11 de noviembre de 2014, el abogado Luis Hinestrosa Pocaterra, sustituyó en el abogado Enrique Mendoza Santos, ambos previamente identificados, el poder conferido por la compañía recurrente.
El 13 de noviembre de 2014, el Juzgado de Sustanciación dictó decisión Nro. 414 mediante la cual: i) admitió la demanda de nulidad incoada; ii) ordenó la notificación de la ciudadana Fiscal General de la República, del ciudadano Ministro del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo y de la Procuraduría General de la República, de conformidad con lo previsto en el artículo 78 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa; (iii) consideró necesario notificar al Presidente de la Junta Administradora Especial de la Entidad de Trabajo, ya que fue la encargada de llevar a cabo el reinicio de las actividades productivas, así como de garantizar el funcionamiento y giro comercial de la empresa objeto de la ocupación; y al Sindicato Único de Trabajadores de Calderys Refractarios Venezolanos, en virtud de que formaron parte en la constitución de la prenombrada Junta; (iv) ordenó la publicación del cartel de emplazamiento a los terceros interesados; (v) ordenó comisionar al Juez Primero de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas del Municipio Caroní del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar a fin de que llevara a cabo las notificaciones conducentes; y (vi) acordó requerir el expediente administrativo relacionado con este juicio.
En fecha 29 de diciembre de 2014, se incorporaron a esta Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia las Magistradas María Carolina Ameliach Villarroel, Bárbara Gabriela César Siero y el Magistrado Inocencio Antonio Figueroa Arizaleta, designados y juramentados por la Asamblea Nacional el 28 del mismo mes y año.
Practicadas las notificaciones correspondientes, mediante diligencia de fecha 5 de febrero de 2015, la abogada Marianella Serra (INPREABOGADO Nro. 112.060), actuando con el carácter de sustituta del ciudadano Procurador General de la República (E), consignó el instrumento poder que acredita su representación.
El 16 de abril de 2015, la abogada Marianella Serra, ya identificada, consignó escrito mediante el cual solicitó que la presente demanda de nulidad interpuesta por la sociedad mercantil Calderys Refractarios Venezolanos, S.A. ( ) sea ACUMULADA a la Demanda de Nulidad, incoada por la empresa C.E. MINERALES DE VENEZUELA, S.A., contra la Resolución N° 8777, del 29 de mayo de 2014, emanada por el MINISTRO DEL PODER POPULAR PARA EL PROCESO SOCIAL DE TRABAJO; causas que cursan ante la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en los expedientes judiciales signados bajo los Nros. 2014-1313 y 2014-1285, respectivamente ( ).
El 21 de abril de 2015, visto el escrito presentado por la representación judicial de la República el 16 de abril de 2015, el Juzgado de Sustanciación acordó remitir el expediente a esta Sala, siendo recibido el 22 de ese mismo mes y año.
En fecha 28 de abril de 2015, se dio cuenta en Sala, y se designó Ponente a la Magistrada María Carolina Ameliach Villarroel a los fines de decidir la solicitud de acumulación al expediente Nro. 2014-1285.
El 5 de mayo de 2015, se dio por recibido en esta Sala el oficio Nro. CJ-186-2015 del 4 de mayo de 2015, adjunto al cual las Cortes de lo Contencioso Administrativo remitieron las resultas de la comisión librada por el Tribunal Primero de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas del Municipio Caroní del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, identificada con el Nro. 0356-15, las cuales por error fueron remitidas a las aludidas Cortes, cuando lo conducente era su envío a este Alto Tribunal.
Mediante oficio Nro. 646 del 27 de mayo de 2015, recibido en esta Sala el 2 de junio de 2015, la Jueza del Juzgado de Sustanciación, en cumplimiento de la decisión Nro. 165 del 14 de mayo de 2015, dictada por el aludido Juzgado en el expediente Nro. 2014-1285, acordó remitir copia certificada de la diligencia presentada el 22 de abril de 2015 (en ese expediente Nro. 2014-1285), por el abogado Enrique Mendoza Santos, ya identificado, actuando con el carácter de apoderado judicial de la empresa C.E. Minerales de Venezuela, S.A., a objeto de que fuese agregada a este expediente signado con el Nro. 2014-1313. En dicha diligencia, el mencionado abogado realizó una serie de consideraciones acerca del agotamiento de los efectos del acto administrativo impugnado, la ilegalidad del acto administrativo contenido en la Resolución Nro. 8777 (sic) del 29 de mayo de 2014 y solicitó que fuese requerida a la Junta Interventora de la empresa C.E, Minerales de Venezuela, S.A., un informe de gestión, para que, de esa forma, esta Sala pueda constatar la no reactivación de la empresa intervenida ( ). Asimismo, se opuso a la solicitud de acumulación realizada por la Procuraduría General de la República.
Por sentencia Nro. 527 publicada el 13 de mayo de 2015, esta Sala declaró improcedente la medida cautelar innominada solicitada por los apoderados judiciales de la sociedad mercantil Calderys Refractarios Venezolanos, S.A., contra el acto administrativo contenido en la Resolución Nro. 8776 del 29 de mayo de 2014, emanada del Ministro del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo.
Mediante diligencia presentada el 16 de junio de 2015, los apoderados judiciales de la sociedad mercantil Calderys Refractarios Venezolanos, S.A., solicitaron que se declare, como punto previo, que los efectos del acto administrativo impugnado se agotaron. Asimismo, pidieron que se inste al Ejecutivo Nacional para sincerar la razón de Política de Estado de la ocupación, para iniciar el procedimiento de nacionalización, o para levantar la medida de ocupación de la empresa y devolverla a [su] mandante; y que se ordene la evacuación de una prueba de inspección judicial para establecer la inoperancia de la empresa Calderys y levanta (sic) un inventario de bienes, luego de un año de su intervención (agregado de la Sala). De igual manera, adujeron que la acumulación solicitada por la representación de la República no es procedente.
Por diligencia consignada el 17 de septiembre de 2015, los apoderados judiciales de la sociedad mercantil Calderys Refractarios Venezolanos, S.A., ratificaron el pedimento realizado el día 16 de junio de 2015, señalado en el párrafo anterior. Adicionalmente, instaron a la Sala a que requiera Informes a la Junta Administradora Especial (JAE) sobre las gestiones realizadas por ella durante la ocupación, en aplicación del precedente jurisprudencial sentado en sentencia de esta Sala Político Administrativa n° 375 del 27 de marzo de 2008. Igualmente, pidieron pronunciamiento respecto a la acumulación de los juicios de nulidad incoados por las empresas Calderys Refractarios, S.A. y C.E. Minerales de Venezuela, S.A., que fuera solicitada por la Procuraduría General de la República.
Por sentencia Nro. 1374 publicada el 25 de noviembre de 2015, esta Sala declaró improcedente la solicitud de acumulación de las causas contenidas en los expedientes Nros. AA40-A-2014-001313 y AA40-A-2014-001285, formulada en fecha 16 de abril de 2015, por la abogada sustituta del Procurador General de la República (E).
El 3 de diciembre de 2015, se pasó el expediente al Juzgado de Sustanciación, siendo recibido el 8 de ese mismo mes y año.
En esa misma oportunidad (8 de diciembre de 2015), el mencionado Juzgado, vista la aludida decisión Nro. 1374, acordó notificar a la parte recurrente, al Presidente de la Junta Administradora Especial de la Entidad de Trabajo, al Sindicato Único de Trabajadores de Calderys Refractarios Venezolanos (SUTRACALDER) y a la Procuraduría General de la República, de conformidad con lo previsto en el artículo 86 de la entonces vigente Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República (2008), y vencidos los ocho (8) días de despacho a los que alude la señalada norma, se entendería abierto el lapso a que se refiere el artículo 252 del Código de Procedimiento Civil. Finalizado el mismo, sin que se hubiere hecho uso de los mecanismos previstos en este último artículo, se libraría el cartel de emplazamiento a los terceros interesados.
El 15 de diciembre de 2015, los apoderados judiciales de la parte demandante solicitaron ( ) la revocatoria del auto publicado el pasado 8 de diciembre de 2015 ( ), ( ) que sea requerido anticipadamente de la Junta Administradora Especial ( ) un Informe de su gestión al frente de la empresa ( ) y ( ) que sea acordada una Inspección Judicial Anticipada en la sede de la empresa ocupada ( ).
Por decisión Nro. 11 del 19 de enero de 2016, el Juzgado de Sustanciación indicó que no existía un motivo que justificara la revocatoria por contrario imperio del auto dictado el 8 de diciembre de 2015, tal como lo requirió la parte actora por diligencia del 15 de diciembre de 2015. Asimismo, precisó respecto al resto de los pedimentos realizados por la recurrente en la prenombrada diligencia que no es esta la fase del juicio correspondiente para formular tales peticiones, propias del ejercicio de la carga probatoria.
Por decisión Nro. 13 del 20 de enero de 2016, el prenombrado Juzgado ordenó comisionar nuevamente al Juzgado Primero de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas del Municipio Caroní del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, a fin de que practicara la notificación del auto de admisión de la presente causa al Presidente de la Junta Administradora Especial de la Entidad de Trabajo y al Sindicato Único de Trabajadores de Calderys Refractarios Venezolanos (SUTRACALDER), por cuanto la que se había realizado inicialmente no se llevó a cabo debidamente.
Mediante oficio Nro. 0571-16 del 15 de julio de 2016, recibido en el Juzgado de Sustanciación el 9 de agosto de 2016, el Tribunal Primero de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas del Municipio Caroní del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar remitió las resultas de la comisión conferida en el estado en que se encuentra.
A través de diligencia presentada el 28 de septiembre del 2016, la representación judicial de la parte demandante, vista la imposibilidad de lograr la notificación del Presidente de la Junta Administradora Especial de la Entidad de Trabajo y del Sindicato Único de Trabajadores de Calderys Refractarios Venezolanos (SUTRACALDER), pidió que sea librado un cartel de emplazamiento.
Por decisión Nro. 303 del 3 de noviembre de 2016, el Juzgado de Sustanciación ordenó la notificación del Presidente de la Junta Administradora Especial de la Entidad de Trabajo y del Sindicato Único de Trabajadores de Calderys Refractarios Venezolanos (SUTRACALDER), mediante el cartel establecido en el artículo 233 del Código de Procedimiento Civil, aplicable por remisión expresa del artículo 31 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.
El 15 de noviembre de 2016, la parte actora retiró dicho cartel, siendo consignada su publicación en autos de manera tempestiva.
En fecha 11 de enero de 2017, se acordó remitir las actuaciones a la Sala, a los fines de fijar la oportunidad para la celebración de la Audiencia de Juicio.
El 17 de enero de 2017, se dejó constancia que el 23 de diciembre de 2015 se incorporaron a esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia el Magistrado Marco Antonio Medina Salas y la Magistrada Eulalia Coromoto Guerrero Rivero, designados y juramentados por la Asamblea Nacional en esa misma fecha.
El 17 de enero de 2017, se dio cuenta en Sala, se designó Ponente a la Magistrada María Carolina Ameliach Villarroel y se fijó la Audiencia de Juicio para el día jueves 2 de febrero de 2017, a las nueve y cuarenta de la mañana (09:40 a.m.).
El 2 de febrero de 2017, se dejó constancia mediante acta que se llevó a cabo la Audiencia de Juicio, a la cual compareció la parte demandante, la representación de la República, así como la del Ministerio Público. Igualmente, los apoderados judiciales de la empresa recurrente consignaron escrito de consideraciones y pruebas y solicitaron se inste a una solución alternativa de controversias; la representación de la República presentó escrito de consideraciones y la del Ministerio Público pidió que se considere la instalación de una mesa de conciliación. Asimismo, se pasó el expediente a la Magistrada Ponente.
En fecha 24 de febrero de 2017, se eligió la Junta Directiva de este Máximo Tribunal de conformidad con lo establecido en el artículo 20 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, quedando integrada esta Sala Político-Administrativa de la forma siguiente: Presidenta, Magistrada María Carolina Ameliach Villarroel; Vicepresidente, Magistrado Marco Antonio Medina Salas; la Magistrada Bárbara Gabriela César Siero; el Magistrado Inocencio Antonio Figueroa Arizaleta y la Magistrada Eulalia Coromoto Guerrero Rivero.
Realizado el estudio de las actas procesales que integran el expediente, esta Sala pasa a decidir sobre la base de las siguientes consideraciones:
I
ANTECEDENTES
Mediante Providencia Nro. 2014-00012, de fecha 4 de abril de 2014, emanada de la Inspectoría del Trabajo Alfredo Maneiro de Puerto Ordaz, Estado Bolívar, se acordó el reinicio de las actividades productivas de la sociedad mercantil Calderys Refractarios Venezolanos S.A., la cual había solicitado su cierre por razones económicas. Igualmente, mediante ese mismo acto administrativo se ordenó a la referida empresa el pago de los salarios y demás beneficios y conceptos legales y contractuales dejados de percibir por todos los trabajadores de la compañía, hasta el efectivo restablecimiento de las actividades laborales.
Posteriormente, en fecha 22 de abril de 2014, la Supervisora del Trabajo y de la Seguridad Social e Industrial, ciudadana Luisa Vera de León (cédula de identidad Nro. 11.655.191), practicó inspección especial en la sede de la referida empresa, y en acta levantada en esa ocasión dejó constancia de que la representación patronal no había dado cumplimiento a lo ordenado en la Providencia Administrativa Nro. 2014-00012, de fecha 4 de abril de 2014, antes mencionada.
Luego, en fecha 19 de mayo de 2014, comparecieron ante la aludida Inspectoría del Trabajo los miembros de la Junta Directiva de la organización sindical denominada Sindicato Único de Trabajadores de Calderys Refractarios Venezolanos (SUTRACALDER), solicitando la protección de las fuentes de trabajo y la ocupación de la sociedad mercantil hoy demandante, así como el reinicio de las actividades productivas, puesto que la misma se encontraba cerrada; todo ello ( ) en protección del proceso social del trabajo, las trabajadoras y los trabajadores y [sus] familias ( ) (agregado de la Sala).
En virtud de lo anterior, mediante la Resolución Nro. 8776 del 29 de mayo de 2014, emanada del Ministro del Poder Popular para el Proceso Social del Trabajo, que constituye el acto administrativo cuya nulidad se demanda en el caso de autos, se resolvió lo siguiente:
( ) PRIMERO: La ocupación inmediata de la entidad de trabajo CALDERYS REFRACTARIOS VENEZOLANOS, S.A. ( ), y el reinicio de las actividades productivas, en protección del proceso social de trabajo, de los trabajadores, las trabajadoras y sus familias.
SEGUNDO: Se delega en la ciudadana Milagros Cárdenas Olivares, Inspectora del Trabajo Jefe de la Inspectoria Alfredo Maneiro ( ) para que convoque a la representación de la entidad de trabajo ( ), a sus trabajadores y trabajadoras y a la organización sindical ( ) en un plazo no mayor de diez (10) días hábiles, contados a partir de la presente Resolución, para la instalación de la Junta Administradora Especial, la cual tendrá una vigencia de seis meses, pudiendo prorrogarse si las circunstancias lo ameritan.
TERCERO: La Junta Administradora Especial deberá estar integrada por dos representantes de los trabajadores y trabajadoras ( ); y un o una representante de la entidad de trabajo ( ), advirtiéndose que en caso de que la representación de la entidad de trabajo decida no incorporarse a la Junta Administradora Especial, será sustituida por otro u otra representante de los trabajadores y trabajadoras.
CUARTO: La Junta Administradora Especial tendrá las facultades y atribuciones necesarias para garantizar el funcionamiento o giro comercial de la entidad de trabajo CALDERYS REFRACTARIOS VENEZOLANOS, S.A. y la preservación de los puestos de trabajo, pero siempre limitadas al cumplimiento de su objeto social.
QUINTO: La Junta Administradora Especial deberá presentar al inicio y a la culminación de su administración un estado de situación o balance general de la entidad de trabajo ( ), ante este Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo ( ).
En virtud de ello, mediante escrito presentado ante esta Sala en fecha 28 de octubre de 2014, los abogados Luis Hinestrosa Pocaterra, Ulises Sánchez Valenzuela y Enrique Mendoza Santos, previamente identificados, procediendo con el carácter de apoderados judiciales de la sociedad mercantil Calderys Refractarios Venezolanos, S.A., interpusieron la demanda de nulidad de autos con solicitud de medida cautelar innominada, contra el acto administrativo contenido en la Resolución Nro. 8776, del 29 de mayo de 2014, emanada del Ministro del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo, alegando lo siguiente:
Que [aunque] se ha invocado el artículo 149 de la Ley del Trabajo (sic), se puede observar que la Resolución 8776 del 29 de mayo de 2014 no se ajusta o adecua en particular a ninguno de los supuestos de hecho de esa norma jurídica, a saber: el cierre ilegal o fraudulento, o la acción de paro patronal (agregado de la Sala).
Indicaron que el acto administrativo dictado por la Inspectoría del Trabajo Alfredo Maneiro de Puerto Ordaz, Estado Bolívar, ( ) fue producido después de un trámite, donde las partes fueron escuchadas, pero su motivación es insuficiente porque las razones económicas del cierre de Calderys Refractarios Venezolanos, S.A., fueron silenciadas, y por el contrario, la orden de reinicio de las actividades productivas fue dada arbitrariamente, a pesar de que ninguno de los factores de producción y de mercado interno habían variado, y de que los esfuerzos realizados fueron inútiles, para recuperar la capacidad de adquisición de materia prima importada, por la falta de aprobación en CADIVI de los dólares necesarios, indispensables para la producción de la compañía, y para cobrar las acreencias pendientes con SIDOR, que no ha pagado la deuda pero sí ha importado directa y deslealmente el refractario, y por tanto, como un círculo vicioso, Calderys Refractarios Venezolanos no tiene materia prima para producir refractarios, ni tiene liquidez para adquirir el dólar necesario, para comprar la materia prima, ni para pagar los trabajadores (sic).
Señalaron que para importar la materia prima, su representada ( ) tiene que tramitar la adquisición de dólares a CADIVI, pero la disponibilidad de dólares ha disminuido desde el año 2009 ( ), lo que ha traído como consecuencia un descenso de la producción, ( ) al tiempo que, simultáneamente, las deudas con SIDOR, la compradora del 80% de la producción de Calderys, han aumentado hasta ocasionar una situación de iliquidez, lesionando la capacidad o libertad empresarial y perjudicando los (sic) trabajadores de la compañía.
Arguyeron que en ( ) atención a la dramática caída de la producción y del incremento de la deuda con SIDOR, Calderys Refractarios Venezolanos tuvo que parar la producción en el mes de febrero de 2013, y firmar convenios con los trabajadores y el principal Sindicato de Trabajadores que los representa, para garantizar el pago de los salarios y prestaciones sociales, y notificar a la Inspectoría del Trabajo de Puerto Ordaz, Alfredo Maneiro, de esta situación, de acuerdo con la normativa laboral.
Expresaron que informaron de estas circunstancias a la Corporación Venezolana de Guayana (CVG), al Ejecutivo Nacional, a través del entonces Ministerio del Poder Popular para las Industrias Básicas, así como a la Inspectoría del Trabajo Alfredo Maneiro de Puerto Ordaz, Estado Bolívar, entes ante los cuales consignaron las pruebas y estados financieros que demostraban las pérdidas económicas de la empresa y su situación operativa.
Denunciaron que la Resolución Nro. 8776 del 29 de mayo de 2014, emanada del Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social del Trabajo, impugnada en la presente demanda de nulidad, infringe el artículo 149 de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, ( ) por el vicio de errónea interpretación, no ajustada a la Constitución.
En este sentido, señalaron que ( ) la Ocupación de la entidad de trabajo no fue concebida ni puede ser entendida como una Sustitución del patrono, porque la persona jurídica no se extingue ni se transfiere con la Ocupación, como se dispone expresamente en el artículo 67 de la Ley del Trabajo (sic).
Indicaron que la Junta Administradora Especial, en el propósito de reiniciar las actividades productivas y de activar y recuperar la capacidad productiva, no puede ( ) sustituir en sus derechos a los accionistas ni en sus funciones a los órganos directivo-estatutarios de la compañía objeto de la ocupación ( ).
Sostuvieron que ( ) la Ocupación es solamente de los bienes útiles para la actividad productiva, mas no de la persona jurídica ni de la propiedad, que pueden ser objeto solamente de otras instituciones jurídicas, como la nacionalización o expropiación.
Explicaron que ( ) para reiniciar las actividades productivas de Calderys Refractarios Venezolanos, S.A., y activar y recuperar su capacidad productiva, no se requiere de la disposición y venta a terceros de los inventarios en materias primas, ni de los bienes muebles e inmuebles en general, ni de los fondos de dinero que se encuentran depositados, o de la contratación de pasivos o la adquisición de deudas, como la Junta Administradora Especial ha hecho o ha tratado de hacer, en cuyo caso, la entidad de trabajo no será reactivada ni recuperada sino liquidada o desmantelada, para lo cual, la potestad de Ocupación no ha sido concebida ni puede ser entendida.
Arguyeron que para que la ocupación se encontrara ajustada a derecho, esta debía constituir ( ) un régimen administrativo-económico especial, de fomento estatal sobre las variables negativas a la producción, de manera que sea facilitada la adquisición de dólares para comprar la materia prima, y se ordene a SIDOR la cancelación de la deuda y el cumplimiento de la Normativa vigente para la colocación de órdenes de compra de la producción a Calderys en términos comerciales, bajo la Gerencia profesional de la compañía y los trabajadores, con la asesoría técnica de la CVG y el [entonces] Ministerio del Poder Popular de Economía, Finanzas y Banca Pública, para que las operaciones puedan ser reactivadas efectivamente (agregado de la Sala).
Denunciaron que el acto administrativo impugnado, infringe ( ) los artículos 149 de la Ley del Trabajo (sic) y 60 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos ( ), por el vicio de falsa y falta [de] aplicación, respectivamente (agregado de la Sala).
En este orden de ideas, relataron que para el ejercicio de la potestad de ocupación prevista en el artículo 149 de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, debe ser declarado el cierre ilegal o fraudulento de la empresa, o en todo caso la acción de paro patronal, extremos legales que garantizan que la figura de la ocupación no sea ejercida en forma arbitraria, como ocurrió en este caso.
Así, afirmaron que las razones contenidas en el acto administrativo impugnado para declarar la ocupación de la empresa demandante, no se basaron en la comisión de los hechos censurables (cierre ilegal, fraudulento o paro patronal) exigidos en el artículo 149 eiusdem, al tiempo que se ejerció dicha acción de forma extemporánea, ya que había transcurrido más de un (1) año desde la fecha de la participación del cierre de Carlderys Refractarios Venezolanos, S.A., a la Inspectoría del Trabajo Alfredo Maneiro de Puerto Ordaz, Estado Bolívar, sin evidenciarse ninguna actividad procesal de parte de la Administración o de los trabajadores interesados, desconociendo el plazo máximo de seis (6) meses establecido en el artículo 60 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, lo que configuró el abuso o la desviación de poder en el presente caso.
Igualmente, denunciaron la infracción del artículo 48 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, ( ) por el vicio de falta de aplicación, en violación del debido proceso.
Indicaron que el Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social del Trabajo ( ) ha debido iniciar un proceso administrativo, como el previsto en el artículo 48 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, para el establecimiento de los presuntos hechos censurables ( ), en respeto al derecho a la defensa de Calderys Refractarios Venezolanos, S.A..
Señalaron que el acto administrativo impugnado fue dictado ( ) sin haber sustanciado un procedimiento administrativo autónomo, o bien por avocamiento, donde la compañía fuera notificada y pudiera ejercer el derecho a la defensa.
Apuntaron que también se incurrió en el vicio de falso supuesto de hecho, por haberse infringido el artículo 9 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.
Al respecto, indicaron que el acto cuya nulidad se demanda se fundamentó en el incumplimiento de la Providencia 2014-000012, de fecha 4 de abril de 2014, emanada de la Inspectoría del Trabajo Alfredo Maneiro de Puerto Ordaz, Estado Bolívar, en la cual se estableció que el Sindicato de Trabajadores de la empresa demandante denunció el cierre intempestivo de la entidad de trabajo; cuando lo cierto es que ( ) el grupo de trabajadores que habría solicitado la Ocupación es mínimo, y no representan al Sindicato mayoritario ni al resto de los trabajadores, como fuera impugnado en las Actas de Inspectoría ( ), en virtud de que muchos de ellos aceptaron los términos en que se negociaron los pagos de sus respectivas liquidaciones.
Manifestaron que también se violentó el artículo 53 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos por el vicio de silencio de pruebas, puesto que nada se dijo sobre las razones económicas que fueron presentadas para el cierre de la empresa, ni sobre las pruebas que fueron consignadas durante el procedimiento administrativo llevado ante la Inspectoría ut supra mencionada, para demostrar tal situación.
Denunciaron la violación ( ) del artículo 12 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, conjuntamente con la infracción de los artículos 30 encabezamiento de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, y 10 encabezamiento de la Ley Orgánica de la Administración Pública ( ), por vicio en la causa, en el ejercicio de una potestad discrecional, con daño patrimonial a Calderys Refractarios Venezolanos, S.A., que podrá ser cuantificado, individualizado e imputado posteriormente, por el funcionamiento anormal de la Administración.
Indicaron que los actos administrativos mencionados han infringido el artículo 12 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, por un vicio en la causa, esto es, en el ejercicio de una potestad eminentemente discrecional, porque la Inspectoría del Trabajo y Ministerio del Trabajo (sic) no podían rechazar el cierre económico de la empresa y ordenar el reinicio de las actividades productivas, si la compañía no dispone de los factores de producción que hagan a la planta viable y recuperable económicamente ( ).
Adujeron que, si no es posible reiniciar las actividades productivas, necesariamente se debe aceptar el cierre de la empresa, o hacer las correcciones económicas necesarias y modificar los factores económicos de producción ( ) que son dependientes del Estado, relacionados con la deuda millonaria de SIDOR con la compañía, la falta de acceso a los dólares de CADIVI ( ), y el cumplimiento por SIDOR de las normas de adquisición de producción venezolana, entre otros.
Explicaron que muy por el contrario a los fines que supone la figura de la ocupación, el acto administrativo impugnado puede ( ) ocasionar la liquidación, sustracción o el desmantelamiento de los bienes muebles e inmuebles de la propiedad de Calderys Refractarios Venezolanos, S.A., o incluso el endeudamiento de la compañía, perjudicando a la accionista de la compañía, sin beneficiar a los trabajadores o a la economía del país.
Finalmente, solicitaron que se declare con lugar el recurso de nulidad interpuesto contra el acto administrativo contenido en la Resolución Nro. 8776, del 29 de mayo de 2014, emanada del Ministro del Poder Popular para el Proceso Social del Trabajo.
II
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
Corresponde a esta Sala emitir pronunciamiento en relación a la solicitud realizada por los apoderados judiciales de la empresa Calderys Refractarios Venezolanos, S.A. en fecha 2 de febrero de 2017, oportunidad en que se llevó a cabo la Audiencia de Juicio, relativa a que se inste a una solución alternativa de controversias que ponga fin a la problemática suscitada en el presente caso.
De igual modo, es oportuno referir que también la representación del Ministerio Público, visto el requerimiento de la parte actora, pidió a esta Máxima Instancia en esa misma ocasión que considere la instalación de una mesa de conciliación.
Siendo así, este Alto Tribunal estima oportuno citar lo previsto en el artículo 258 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, según el cual:
Artículo 258. ( Omissis ).
La ley promoverá el arbitraje, la conciliación, la mediación y cualesquiera otros medios alternativos para la solución de conflictos.
De la señalada norma, se desprende que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela consagra el deber que tiene el legislador de promover el arbitraje, la conciliación, la mediación y cualesquiera otros medios para la solución de conflictos, como alternativa ante las típicas disputas o querellas en sede judicial, lo que refleja la constitucionalización de los medios alternativos para la resolución de conflictos.
Asimismo, dicho precepto encuentra desarrollo en el artículo 6 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, conforme al cual:
Artículo 6. Los tribunales de la Jurisdicción Contencioso Administrativa promoverán la utilización de medios alternativos de solución de conflictos en cualquier grado y estado del proceso, atendiendo a la especial naturaleza de las materias jurídicas sometidas a su conocimiento.
De tal forma, la promoción de los medios alternativos de solución de conflictos dentro del marco del ejercicio de la función jurisdiccional va en procura del derecho a la tutela judicial efectiva, consagrado en el artículo 26 de la misma Carta Magna.
Por tanto, los órganos de administración de justicia que conforman la Jurisdicción Contencioso Administrativa, incluyendo a esta Sala Político-Administrativa, deben reconocer la importancia de los medios alternativos de solución de conflictos para facilitar el acuerdo entre las partes de un proceso, que pueda generar mayores ámbitos de encuentro entre ellas e incrementar la fluidez en sus relaciones jurídicas, en aras de solventar las desavenencias que puedan tener sin depender de la intervención de los órganos jurisdiccionales para dirimir tales controversias e imponer la solución (Vid. entre otras, sentencia de esta Sala Nro. 104 del 4 de julio de 2013).
De allí que, esta Máxima Instancia, como rectora del proceso y promotora de los medios alternativos de solución de conflictos, en consonancia con los principios que le imponen observar el proceso y las decisiones que se dicten dentro del marco de los valores constitucionales, así como en la necesidad de mantener el equilibrio justo entre los intereses debatidos, y visto que es la propia parte actora quien propuso la celebración de un evento conciliatorio, ordena notificar a la Procuraduría General de la República, así como al Ministro del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo, a los fines de que manifiesten su interés y anuencia en participar en un Acto de Resolución Alternativa de Controversias en el proceso que se sigue ante esta Sala Político-Administrativa, para lo cual se otorga un lapso de diez (10) días de despacho contados a partir de que conste en autos su notificación. Así se establece.
Una vez conste en autos la última de las notificaciones ordenadas, y en caso de que exista una respuesta positiva por parte de la demandada, se fijará previa notificación la oportunidad para que tenga lugar el mencionado acto. Así se determina.
Iii
DECISIÓN
Por las razones anteriormente expuestas, esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, ORDENA notificar a la Procuraduría General de la República, así como al Ministro del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo, a los fines de que manifiesten en un lapso de diez (10) días de despacho contados a partir de que conste en autos su notificación su interés y anuencia en participar en un Acto de Resolución Alternativa de Controversias en el proceso que se sigue ante esta Sala Político-Administrativa, en el marco de la demanda contencioso administrativa interpuesta con solicitud de medida cautelar innominada por los abogados Luis Hinestrosa Pocaterra, Ulises Sánchez Valenzuela y Enrique Mendoza Santos, ya identificados, actuando con el carácter de apoderados judiciales de la sociedad mercantil Calderys Refractarios Venezolanos, S.A.
Publíquese, regístrese y comuníquese. Notifíquese a la Procuraduría General de la República. Cúmplase lo ordenado.
Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los catorce (14) días del mes de marzo del año dos mil diecisiete (2017). Años 206º de la Independencia y 158º de la Federación.
La Presidenta - Ponente MARÍA CAROLINA AMELIACH VILLARROEL |
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| El Vicepresidente MARCO ANTONIO MEDINA SALAS
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La Magistrada, BÁRBARA GABRIELA CÉSAR SIERO
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El Magistrado INOCENCIO FIGUEROA ARIZALETA |
La Magistrada EULALIA COROMOTO GUERRERO RIVERO
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| La Secretaria, GLORIA MARÍA BOUQUET FAYAD |
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En fecha quince (15) de marzo del año dos mil diecisiete, se publicó y registró la anterior sentencia bajo el Nº 00172. |
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La Secretaria, GLORIA MARÍA BOUQUET FAYAD |
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