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SALA POLITICO ADMINISTRATIVA
MAGISTRADO PONENTE: LEVIS IGNACIO ZERPA
Adjunto a oficio Nº 1318 de fecha 9 de diciembre de 1998, el Juzgado Tercero de Parroquia de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, remitió a esta Sala el expediente contentivo del juicio que, por desocupación incoara la SOCIEDAD CIVIL INMOBILIARIA ROGY, anteriormente Inmobiliaria Rogy C.A., contra la ciudadana NORMA B. LA ROSA ORTIZ, a fin de que la Sala se pronuncie acerca de la regulación de jurisdicción interpuesta.
Por auto de fecha 14 de enero de 1999 se dio cuenta en Sala y se designó Ponente al Magistrado Humberto J. La Roche, a los fines de decidir la regulación de jurisdicción.
Por cuanto la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, publicada en Gaceta Oficial Nº 36.860 de fecha 30 de diciembre de 1999,
estableció un cambio en la estructura y denominación de este Máximo Tribunal y en virtud de que la Asamblea Nacional Constituyente, mediante Decreto de fecha 22-12-99, designó los Magistrados de este Tribunal Supremo de Justicia, quienes se juramentaron el 27 del mismo mes y año y por cuanto en Sesión de fecha 10 de enero del 2000, se constituyó la Sala Político-Administrativa, se ordenó la continuación de la presente causa en el estado en que se encontraba y se designó ponente al Magistrado Levis Ignacio Zerpa, quien con tal carácter suscribe el presente fallo
En fecha 26 de septiembre de 1997, los abogados Joel Bracho Franco, Marielba Ghersi Guinand y Carlos Eduardo Campos Aguilar, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Nos. 11.601, 11.922 y 52.176, respectivamente, actuando en su carácter de apoderados judiciales de la Sociedad Mercantil Inmobiliaria RGM C.A., inscrita en el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, el 27 de octubre de 1993, bajo el Nº 40 del Tomo 35-A Pro, transformada su naturaleza a la de Sociedad Civil Inmobiliaria Rogy, según documento protocolizado por ante la Oficina Subalterna de Registro del Segundo Circuito del Municipio Libertador del Distrito Federal, en fecha 31 de agosto de 1993, bajo el Nº 30, Tomo 43, Protocolo 1º, interpusieron demanda de desocupación, por presuntas faltas de pago de los cánones de arrendamiento, sobre el inmueble de su propiedad constituido por un apartamento, distinguido con el Nº 31 del Edificio Residencias Chacao, situado en la Calle Sucre de la Urbanización Chacao, Municipio Chacao, de esta ciudad, contra su arrendataria, ciudadana Norma B. La Rosa Ortiz, titular de la cédula de identidad Nº 3.663.359.
En la oportunidad de dar contestación a la demanda, el apoderado judicial de la demandada opuso, entre otras, la cuestión previa de falta de jurisdicción, contenida en el ordinal 1º del artículo 346 del Código de Procedimiento Civil, argumentando que:
la acción está mal incoada, por parte de la actora en contra de mi representado. En efecto aduce la actora, y adjunta un contrato, que según reza en el libelo es a tiempo indeterminado y pretende con este intentar el cobro de supuestas pensiones que se le adeudan. Pero la actora, a sabiendas que con dicho contrato a tiempo indeterminado, solo puede acudir ante la Oficina de Inquilinato del Ministerio de Desarrollo Urbano, para solicitar si tan fuere el caso, la desocupación por una de las causales que están determinadas en el Decreto Legislativo de Desalojo de Viviendas, ha preferido intentar por ante este Tribunal, el desalojo, alegando una supuesta falta de pago, para así poder incoar su acción. Ante esta descabellada demanda mi representada, a los fines de evitar una medida en su contra y a los efectos de defender
sus derechos, ha optado por consignar las sumas intimadas, para salvaguardar el debido proceso (Subrayado del original).
El Tribunal de la causa, en interlocutoria de fecha 24 de noviembre de 1998, declaró sin lugar la falta de jurisdicción del Juez, expresando que: la Falta de Jurisdicción del Juez respecto de la Administración Pública es la excepción para aquellos que consideren que una causa debe ventilarse ante un órgano Administrativo, y no ante los órganos jurisdiccionales; pero tal y como lo ha establecido la Corte Suprema de Justicia en numerosos fallos, tanto si el contrato de arrendamiento es a tiempo determinado o indeterminado siempre corresponderá la jurisdicción para ventilar el destino del contrato de arrendamiento a los órganos jurisdiccionales (
). En conclusión, este Tribunal considera tener plena jurisdicción para conocer el presente juicio
Mediante diligencia de fecha 1º de diciembre de 1998, el apoderado judicial de la demandada impugnó la anterior decisión y solicitó la regulación de jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el artículo 62 del Código de Procedimiento Civil.
Para decidir, la Sala observa:
Esta Sala ha establecido, en reiterada jurisprudencia, el criterio de que corresponde al Poder Judicial, a través de los Tribunales de Justicia, el conocimiento y decisión de las acciones por desocupación, resolución o cumplimiento de contrato, independientemente de su naturaleza y de que la consecuencia de la misma sea la entrega del bien inmueble objeto del contrato, por cuanto la atribución conferida en materia inquilinaria a la Dirección de Inquilinato, dependiente del Ministerio de Infraestructura o de las Alcaldías Municipales, actuando en materia inquilinaria, según sea el caso, está dirigida únicamente a tramitar las solicitudes de fijación de cánones de arrendamiento, de los inmuebles sujetos a regulación, de conformidad con el artículo 20 de la nueva Ley de Arrendamientos Inmobiliarios, vigente a partir del 1º de enero del año 2000.
Del análisis del libelo de la demanda resulta evidente que la acción ejercida es de desocupación de un inmueble, acción ésta de derecho común prevista en el artículo 1.167 del Código Civil, cuyo conocimiento y decisión única y exclusivamente corresponde a los órganos jurisdiccionales, según lo dispuesto en el artículo antes mencionado, en el artículo 1º del Código de Procedimiento Civil y en el artículo 33 de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios. Así se declara.
III
DECISIÓN
Por las razones antes expuestas, esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia, en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara que EL PODER JUDICIAL SÍ TIENE JURISDICCIÓN para conocer y decidir la acción intentada por la firma mercantil INMOBILIARIA RGM C.A. (ahora Sociedad Civil INMOBILIARIA ROGY) contra la ciudadana NORMA B. LA ROSA ORTIZ, antes identificados.
Queda así confirmada la decisión impugnada, emitida por el a quo en fecha 24 de noviembre de 1998.
A tenor de lo previsto en el artículo 76 eiusdem, se impone multa a la ciudadana Norma B. La Rosa Ortiz, titular de la cédula de identidad Nº 3.663.359, parte promovente de la regulación de jurisdicción manifiestamente infundada, por la cantidad de cinco mil bolívares (Bs. 5.000,oo), comisionándose para su ejecución al Tribunal de la causa.
Igualmente, la Sala considera que en el presente caso existen fundados indicios de que el abogado de la parte demandada ha incurrido en faltas a los deberes procesales de lealtad y probidad, al interponer tanto la falta de jurisdicción, como la regulación de jurisdicción, con manifiesta ausencia de fundamento jurídico, obstaculizando de manera ostensible y reiterada el desenvolvimiento normal del proceso, conductas previstas y sancionadas en los artículos 17 y 170 del Código de Procedimiento Civil, en consecuencia, se ordena expedir por Secretaría, copia certificada del presente fallo para ser remitido al Tribunal Disciplinario del Colegio de Abogados del Distrito Federal, a fin de que esta institución gremial provea lo que juzgue conducente, con relación a la responsabilidad ética y disciplinaria del abogado Alejandro Mata Benítez, Inpreabogado Nº 13.471, debiendo informar a esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia.
Publíquese, regístrese y comuníquese. Remítase el expediente al tribunal de origen. Cúmplase lo ordenado.
Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Político - Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los veinte y cuatro (24) días del mes de febrero del dos mil. Años 189º de la Independencia y 140º de la Federación.
El Presidente,
La Vicepresidente,
La Secretaria,
LIZ/hra.-