Sentencia N.º 00222
- Sentencia
- N.º 00222
- Fecha
- 24/02/2000
- Sala
- Político Administrativa
- Expediente
- 15564
- Ponente
- Levis Ignacio Zerpa
- Procedimiento
- Regulación de jurisdicción
- Enlace fuente oficial
- Ver en sitio web oficial del TSJ
SALA POLITICO ADMINISTRATIVA
MAGISTRADO PONENTE: LEVIS IGNACIO ZERPA
Adjunto a oficio Nº 0051-99 de fecha 4 de febrero de 1999, el Juzgado Décimo Tercero de Parroquia de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, remitió a esta Sala el expediente contentivo del juicio que, por resolución de contrato de arrendamiento, incoara la sociedad mercantil Administradora Danoral, C.A., contra el ciudadano Raúl García Ballesta, titular de la cédula de identidad número 3.667.332, a fin de que la Sala se pronuncie acerca de la regulación de jurisdicción interpuesta.
Por auto de fecha 11 de febrero de 1999, se dio cuenta en Sala y se designó Ponente al Magistrado Humberto J. La Roche, a los fines de decidir la regulación de jurisdicción.
Por cuanto la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, publicada en Gaceta Oficial Nº 36.860 de fecha 30 de diciembre de 1999, estableció un cambio en la estructura y denominación de este Máximo Tribunal y en virtud de que la Asamblea Nacional Constituyente, mediante Decreto de fecha 22-12-99, designó los Magistrados de este Tribunal Supremo de Justicia, quienes se juramentaron el 27 del mismo mes y año y por cuanto en Sesión de fecha 10 de enero del 2000, se constituyó la Sala Político Administrativa, se ordenó la continuación de la presente causa en el estado en que se encontraba y se designó ponente al Magistrado Levis Ignacio Zerpa, quien con tal carácter suscribe el presente fallo.
I
ANTECEDENTES
En fecha 2 de noviembre de 1998, la sociedad mercantil Administradora Danoral, C.A., demandó por resolución de contrato de arrendamiento, por la supuesta falta de pago de los cánones de arrendamiento, a través de su apoderado judicial, abogado Hugo J. Domínguez Landa, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 13.236, a su arrendatario, ciudadano Raúl García Ballesta, titular de la cédula de identidad número 3.667.332.
En la oportunidad de dar contestación a la demanda, los apoderados judiciales del demandado opusieron, entre otras, la cuestión previa de falta de jurisdicción, contenida en el ordinal 1º del artículo 346 del Código de Procedimiento Civil, argumentando que:
el contrato se renovó a tiempo indeterminado. Los artículos 1.600 y 1.614 del Código Civil son claros al respecto, estipulado que los efectos del este nuevo contrato, se regulan por las disposiciones relativas a los contratos a tiempo indeterminado, siendo aplicable en el presente caso el procedimiento previsto en el Artículo 1º del Decreto Legislativo sobre Desalojo de Viviendas
.
El Tribunal de la causa, en interlocutoria de fecha 1º de diciembre de 1998, declaró sin lugar la falta de jurisdicción alegando que se trataba de una acción de resolución de contrato cuyo conocimiento corresponde a los órganos del Poder Judicial.
En fecha 15 de enero de 1999, el apoderado judicial del demandado presentó escrito impugnando la anterior decisión, mediante el recurso de regulación de jurisdicción.
Para decidir, la Sala observa:
II
ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN
Esta Sala ha establecido, en reiterada jurisprudencia, el criterio de que corresponde al Poder Judicial, a través de los Tribunales de Justicia, el conocimiento y decisión de las acciones por resolución o cumplimiento de contrato, independientemente de su naturaleza y de que la consecuencia de la misma sea la entrega del bien inmueble objeto del contrato, por cuanto la atribución conferida en materia inquilinaria a la Dirección de Inquilinato, dependiente del Ministerio de Infraestructura o de las Alcaldías Municipales, actuando en materia inquilinaria, según sea el caso, está dirigida únicamente a tramitar las solicitudes de fijación de cánones de arrendamiento, de los inmuebles sujetos a regulación, de conformidad con el artículo 20 de la nueva Ley de Arrendamientos Inmobiliarios, vigente a partir del 1º de enero del año 2000.
Del análisis del libelo de la demanda resulta evidente que la acción ejercida es de resolución de un contrato de arrendamiento, acción ésta de derecho común prevista en el artículo 1.167 del Código Civil, cuyo conocimiento y decisión única y exclusivamente corresponde a los órganos jurisdiccionales, según lo dispuesto en el artículo antes mencionado, en el artículo 1º del Código de Procedimiento Civil y en el artículo 33 de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios. Así se declara.
III
DECISIÓN
Por las razones antes expuestas, esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley declara que el Poder Judicial SI TIENE JURISDICCION para conocer y decidir la acción intentada por la sociedad mercantil Administradora Danoral, C.A. contra Raúl García Ballesta.
Queda así confirmada la decisión impugnada emitida por el a quo en fecha 1º de diciembre de 1998.
A tenor de lo previsto en el artículo 76 eiusdem, se impone multa al ciudadano Raúl García Ballesta, titular de la cédula de identidad número 3.667.332, parte promovente de la regulación de jurisdicción manifiestamente infundada, por la cantidad de cinco mil bolívares (Bs. 5.000,oo), comisionándose para su ejecución al Tribunal de la causa.
Igualmente, la Sala considera que en el presente caso existen fundados indicios que los abogados de la parte demandada han incurrido en faltas a los deberes procesales de lealtad y probidad, al interponer tanto la falta de jurisdicción, como la regulación de jurisdicción, con manifiesta ausencia de fundamento jurídico, obstaculizando de manera ostensible y reiterada el desenvolvimiento normal del proceso, conductas previstas y sancionadas en los artículos 17 y 170 del Código de Procedimiento Civil, en consecuencia, se ordena expedir por Secretaría, copia certificada del presente fallo para ser remitido al Tribunal Disciplinario del Colegio de Abogados del Distrito Federal, a fin de que esta institución gremial provea lo que juzgue conducente, con relación a la responsabilidad ética y disciplinaria de los abogados Luisa Elena Garriga de García, Luis Raúl Fonseca Hernández y Arturo Martínez Jiménez, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los números 71.585, 71.586 y 27.412, debiendo informar a esta Sala Político - Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia.
Publíquese, regístrese y comuníquese. Remítase el expediente al tribunal de origen. Cúmplase lo ordenado.
Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Político - Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas a los veinte y cuatro (24) días del mes de febrero del dos mil. Años 189º de la Independencia y 140º de la Federación.
El Presidente,
CARLOS ESCARRÁ MALAVÉ
El Vicepresidente,
JOSÉ RAFAEL TINOCO
LEVIS IGNACIO ZERPA
Magistrado - Ponente
La Secretaria,
ANAÍS MEJÍA CALZADILLA
Exp. 15564
LIZ/ccj
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