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SALA POLÍTICO-ADMINISTRATIVA
MAGISTRADO PONENTE: CARLOS ESCARRA MALAVE
Exp. Nº 15.091
Por escrito presentado ante esta Sala el 30 de septiembre de 1998, la ciudadana MARÍA DEL CARMEN GARCÍA HERRERA, titular de la Cédula de Identidad Nº 4.265.867, asistida por los abogados Rómulo Velandia Ponce y José Araujo Parra, inscritos en el Inpreabogado bajo los Nros. 10.460 y 7.802, respectívamente, interpuso recurso contencioso administrativo de anulación contra los actos administrativos emanados del extinto CONSEJO DE LA JUDICATURA, identificados por los Nros. 1526 de fecha 24 de marzo de 1998, publicado en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela Nº 36.424 de fecha 30 de marzo del mismo año, y 1537 del 15 de abril de 1998, publicado en la Gaceta Oficial W 36.441 de fecha 27 de abril de 1998, mediante los cuales se publican las designaciones de jueces titulares por concurso de credenciales para la circunscripción judicial del Area Metropolitana de Caracas en varios juzgados.
En el mismo escrito solicitó la declaratoria de urgente tramitación y, en consecuencia, la reducción de los lapsos procesales en la presente causa, así como medida cautelar innominada de suspensión de los efectos de los actos impugnados, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 585 y 588 del Código de Procedimiento Civil.
El 06 de octubre de 1§98 se dio cuenta en Sala y se ordenó el pase del expediente al Juzgado de Sustanciación, a los fines de la admisión.
Por diligencia estampada el 09 de marzo de 1999, compareció la recurrente a objeto de otorgar poder Apud Acta a los abogados José Araujo Parra, Rómulo Velandia y Carlos Eduardo Chacín, Inpreabogado Nros. 7.802; 10.460 y 74.568, respectivamente.
El 18 de marzo de 1999, el Juzgado de Sustanciación admitió la solicitud de nulidad cuanto ha lugar, en derecho de conformidad con lo dispuesto en el artículo 125 de la Ley Orgánica la Corte Suprema de Justicia, ordenando la notificación del Fiscal General de la República y del Procurador General de la República así cómo la remisión de oficio al ciudadano presidente del Consejo de la Judicatura.
El día 06 abril de 1999, fue reformado el libelo de la demanda mediante escrito presentado por los apoderados de la actora el cual, fue admitido por auto del Juzgado de Sustanciación fechado. 13 de abril de 1999.
Efectuadas las notificaciones ordenadas, fue pasado el expediente a la Sala a objeto de emitir el pronunciamiento previo correspondiente.
El 08 de junio de 1999 se designó Ponente a la Magistrada Hildegard Rondón de Sansó.
Por cuanto la reciente Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, publicada en Gaceta Oficial Nº 36.860 de fecha 30 de diciembre de 1999, estableció un cambio en la estructura y denominación de este Máximo Tribunal y en virtud de que la Asamblea Nacional Constituyente, mediante Decreto de fecha 22‑12‑99, designó los Magistrados de este Tribunal Supremo de Justicia, quienes se juramentaron el 27 de, mismo mes y año, y por cuanto en Sesión de fecha 10 de enero del 2000 se constituyó la Sala Politíco-Administrativa, se ordenó la continuación de la presente causa en el estado en que se encontraba y se designó ponente al Magistrado Levis Ignacio Zerpa, quien con tal carácter suscribe el presente fallo.
Pasa esta Sala a pronunciarse en los siguientes términos:
Corresponde en esta oportunidad proveer acerca de la declaratoria del presente asunto. como de urgencia en su tramitación y, en consecuencia, la reducción de los plazos establecidos en la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, así como decidir lo concerniente a la subvención de efectos solicitada como medida cautelar innominada.
En atención a la primera de1as solicitudes, observa la Sala que a tenor de lo establecido en el encabezado y primer aparte del artículo 135 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia:
"A solicitud de parte y aún de oficio, la Corte podrá reducir los plazos establecidos en las dos Secciones anteriores, si lo exige la urgencia del caso, y procederá a sentencia sin más trámites.
Se considerarán de urgente decisión los conflictos que se susciten entre funcionarios u órganos del Poder Público."
De acuerdo al citado dispositivo, en la tramitación de recursos de anulación, tanto de efectos generales como de efectos particulares, puede acordarse la reducción de lapsos procesales, previa declaratoria de urgencia del caso. Su procedencia, según el criterio Jurisprudencial más reiterado, requiere que el solicitante haya invocado circunstancias fácticas o jurídicas que justifiquen dispensar de la tramitación normal del asunto, siendo posible que también, de oficio, proceda tal declaratoria cuando resulta ello necesario a criterio del juzgador (Véase entre otras, ‑Sentencia de esta Sala caso: Freddy Martín Rojas Pérez del 04‑02‑85).
En el presente caso, se pretende la nulidad de sendos actos emanados del extinto Consejo de la Judicatura mediante los cuales tuvo lugar la designación de varios jueces titulares en plazas correspondientes a la Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas, las cuales fueron llenadas con los participantes que obtuvieron mayor puntuación en el concurso de credenciales tramitado por dicho Consejo. Según la recurrente, los actos impugnados adolecen del vicio de inmotivación y suposición falsa por estar basados en resultados que ‑ en su decir ‑ infringieron las Normas de Evaluación de las Credenciales de los Concursantes, aprobadas éstas según Resolución No 1061 del 08/05/97 y publicadas en la Gaceta Oficial No 36.213 del 16/05/97.
Al efecto, alega que los veredictos emanados del Jurado designado por el Consejo de la Judicatura en fecha 17 de febrero de 1998, sobre la base de los cuales fueron dictados los actos recurridos, le adjudican la calificación de diez (10) puntos cuando, en su criterio, la que correspondía de acuerdo a las Normas de Evaluación antes mencionadas y las credenciales presentadas por la aspirante, era de veintiún (21) puntos, es decir, una calificación superior y suficiente para hacerla acreedora de una de las designaciones para ocupar cargo de juez titular para el que había aplicado.
En este orden de ideas, debe señalar esta Sala que el criterio Jurisprudencial sostenido en casos similares al de autos (véase, entre otras Sent. de esta. Sala de fecha 29/10/92 caso: Noelia González Ordoñez) apuntaba a la declaratoria de urgencia y consecuente reducción de plazos, habida cuenta del especial interés del Máximo Tribunal en la pulcritud de los procesos de designación de jueces a cargo del Consejo de la Judicatura y, evidentemente, en atención a la gravedad de los posibles. daños que podían devenir para la administración de justicia al llenar las vacantes de jueces con concursantes poco idóneos cuyas credenciales, arrojaban resultados inferiores a la de otros aspirantes.
No obstante la anterior interpretación, y como quiera que existe una causa sobrevenida derivada de un nuevo ordenamiento constitucional en virtud del cual se atribuye a este Tribunal Supremo de Justicia la dirección, el gobierno y administración del Poder Judicial, así como la inspección y vigilancia de los tribunales y defensorías públicas tal como lo dispone el artículo 267 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; y, en razón de lo establecido en el primer aparte del artículo 25 del Decreto de Régimen de Transición del Poder Público, dictado por la Asamblea Nacional Constituyente el 22 de diciembre de 1999 y reimpreso por error material el 29 del mismo mes y año, publicado en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela Nº 36.859 de la misma fecha, el cual prevé la inminente provisión de los cargos de jueces mediante concurso público de oposición, esta Sala estima, que en el presente caso queda descartada la urgencia requerida para que proceda la reducción de plazos a que se refiere el artículo 135 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia y, en tal sentido, desecha la solicitud planteada por la recurrente. Así se declara.
En cuanto a la solicitud de medida cautelar innominada, fundamentada en lo previsto en los artículos 585 y 588 del Código de Procedimiento Civil, en el sentido de que sean suspendidos en forma provisional los efectos de los actos recurridos en el presente proceso, esta Sala considera, dado lo establecido en el Decreto de Régimen de Transición del Poder Público arriba referido, el cual por mandato de la vigente Constitución ‑como se señaló anteriormente contempla en el proceso de reorganizaci6n del Poder Judicial venezolano la provisión de los cargos de jueces en todo el territorio de la República, tal circunstancia excluye el peligro de quede ilusoria la ejecución del fallo a dictarse por cuanto los tribunales que fueron provistos mediante concurso de credenciales realizados
por el extinto Consejo de la Judicatura serán, así mismo, objeto de concurso de oposición de acuerdo a la nueva normativa que al efecto habrá de aprobarse. En razón de lo expuesto se descarta la petición de medida cautelar de suspensión provisional de efectos. Así se decide.
En virtud de lo precedentemente expuesto, esta Sala Político‑Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara SIN LUGAR las solicitudes de reducción de lapsos y de medida cautelar innominada de suspensión de efectos a que se contraen las presentes actuaciones.
Publíquese, regístrese y comuníquese. Pásese el expediente al Juzgado de Sustanciación para siga su curso de Ley. Cúmplase lo ordenado.
Dada, firmada y sellada, en el Salón de Despacho de la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los veinticuatro días del mes de febrero del dos mil. Años 189º de la Independencia y 14lº de la Federación.
El Presidente-Ponente
CARLOS ESCARRÁ MALAVÉ
El Vicepresidente
JOSÉ RAFAEL TINOCO
LEVIS IGNACIO ZERPA
Magistrado
La Secretaria,
ANAÍS MEJÍA CALZADILLA