Sentencia N.º 00307
- Sentencia
- N.º 00307
- Fecha
- 26/02/2014
- Sala
- Político Administrativa
- Expediente
- 2009-0712
- Ponente
- María Carolina Ameliach Villarroel
- Procedimiento
- Apelación
- Enlace fuente oficial
- Ver en sitio web oficial del TSJ
Magistrada Ponente: MARÍA CAROLINA AMELIACH VILLARROEL
Exp. N° 2009-0712
En fecha 25 de mayo de 2009, la abogada Marylin Pérez Terán, inscrita en el INPREABOGADO bajo el Nro. 63.226, actuando como sustituta de la entonces Procuradora General de la República, en representación del FISCO NACIONAL, según se desprende de instrumento poder que riela a los folios 219 al 221 del expediente judicial; interpuso recurso de apelación contra la sentencia N° 053/2009 dictada el 12 de mayo de 2009 por el Tribunal Superior Noveno de lo Contencioso Tributario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, que declaró con lugar el recurso contencioso tributario incoado por el abogado Abdón Romeo García Schiaffino, inscrito en el INPREABOGADO bajo el Nro. 12.763, actuando con el carácter de apoderado judicial de la contribuyente PRESS VENEZUELA CORP., C.A., sociedad de comercio inscrita, según consta en autos, el 19 de junio del 2000, ante el Registro Mercantil Quinto de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda, bajo el N° 53, Tomo 428-A-Qto.; representación que se desprende de documento poder que cursa en autos a los folios 12 al 14.
Dicho recurso contencioso tributario se interpuso contra los actos administrativos contenidos en: i) la Resolución identificada con las letras y números SNAT/INTI/GRTI/RCA/DJT/CRA/2008-000114 de fecha 17 de marzo de 2008, emitida por la Gerente Regional de Tributos Internos de la Región Capital del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), mediante la cual declaró sin lugar el recurso jerárquico interpuesto por la indicada contribuyente contra las Resoluciones Nros. 440 (Decisión 1/18, 2/18, 3/18, 4/18, 5/18, 6/18, 8/18, 9/18, 10/18, 12/18, 13/18, 14/18, 15/18, 16/18, 17/18 y 18/18), contenidas en las Planillas de Liquidación Nros. 01-10-01-2-26-000347, 01-10-01-2-26-000348, 01-10-01-2-26-000349, 01-10-01-2-26-000350, 01-10-01-2-26-000351, 01-10-01-2-26-000352, 01-10-01-2-26-000354, 01-10-01-2-26-000355, 01-10-01-2-26-000356, 01-10-01-2-26-000358, 01-10-01-2-26-000359, 01-10-01-2-26-000360, 01-10-01-2-26-000361, 01-10-01-2-26-000362, 01-10-01-2-26-000363, 01-10-01-2-26-000364 todas de fecha 27-12-2006), 446 y 450, (contenidas en las Planillas de Liquidación Nros. 01-10-01-2-26-000353 y 01-10-01-2-26-000357), respectivamente, todas de fecha 27 de diciembre de 2006, dictadas por la División de Fiscalización de la indicada Gerencia Regional a través de las cuales se le impuso multa a la referida sociedad mercantil por la cantidad total de dos mil setecientas unidades tributarias (2.700 U.T.), por incumplimiento de deberes formales en materia de Impuesto al Valor Agregado, para los períodos impositivos comprendidos entre el mes de noviembre del año 2004 al mes de abril del año 2006 y ii) Resolución de Actualización de Sanción identificada con las letras y números SNAT/INTI/GRTI/RCA/STIGG/AR/2008-000082 del 30 de abril de 2008, emanada del Jefe del Sector de Tributos Internos Guarenas-Guatire de la referida Gerencia Regional en la que se procede a liquidar las diferencias de las multas antes señaladas, al valor de la unidad tributaria vigente.
El 28 de julio de 2009, el Tribunal Superior Noveno de lo Contencioso Tributario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas oyó libremente la apelación interpuesta y, por Oficio N° 7.950 de la misma fecha, ordenó la remisión del expediente a esta Sala Político-Administrativa, siendo recibido el 10 de agosto de ese año.
En fecha 11 de agosto de 2009, se dio cuenta en Sala y se ordenó aplicar el procedimiento de segunda instancia previsto en el artículo 19 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela de 2004, vigente ratione temporis. Asimismo, se designó Ponente al Magistrado Hadel Mostafá Paolini y se fijó un lapso de quince (15) días de despacho para fundamentar la apelación.
El 14 de octubre de 2009, la representación judicial del Fisco Nacional presentó escrito de fundamentación de la apelación.
En fecha 22 de octubre de 2009, la recurrente dio contestación a los fundamentos de la apelación y posteriormente, el 4 de noviembre de 2009, consignó escrito de promoción de pruebas, en el cual reprodujo el mérito favorable de autos y promovió prueba documental consistente en las facturas objeto de revisión fiscal.
Por auto del 19 de noviembre de 2009, se dejó constancia del vencimiento del lapso para la oposición, por lo que se ordenó pasar el expediente al Juzgado de Sustanciación, el cual fue recibido el 16 de diciembre de 2009.
En fecha 17 de diciembre de 2009, el apoderado judicial de la contribuyente presentó escrito en el cual procedió a evacuar las FACTURAS objeto de revisión fiscal, solicitadas por los funcionarios fiscales actuantes ( ), las cuales consignó en dos cajas ( ).
Por auto del 19 de enero de 2010, el Juzgado de Sustanciación de esta Sala indicó lo siguiente:
Visto el escrito de promoción de pruebas presentado en fecha 17 de diciembre de 2009, ( ) mediante el cual se promueve pruebas; este Juzgado, acuerda solicitar a la Secretaría de la Sala Político Administrativa, que practique cómputo de los días de despacho transcurridos en el procedimiento de segunda instancia, desde el comienzo de la relación de la causa (11 de agosto de 2009) hasta el lapso de promoción de pruebas, toda vez que el mismo resulta necesario a los fines de proveer sobre la admisibilidad de las mismas.
Anexo a Oficio N° 0560 de fecha 23 de febrero de 2010, emanado de la Presidenta de la Sala Político-Administrativa se remitió el cómputo de los días de despachos realizado por la Secretaría de dicha Sala al Juzgado de Sustanciación.
Por auto N° 150 de fecha 9 de marzo de 2010, el Juzgado de Sustanciación de esta Sala admitió, cuanto ha lugar en derecho, las documentales indicadas en los Capítulos I y II del escrito de promoción de pruebas, referidas a la reproducción del mérito favorable de autos y las facturas objeto de revisión fiscal.
En esa misma fecha (9 de marzo de 2010), dicho Juzgado, pero en esta oportunidad mediante auto N° 151, indicó lo siguiente:
( ) observa este Juzgado del cómputo practicado por la Secretaría de esta Sala Político-Administrativa (folio 443 de este expediente), que el lapso para la contestación de la apelación en este juicio, venció en fecha 27 de octubre de 2009; y, es a partir del día de despacho siguiente a la misma, esto es, el 28 de octubre de 2009, que debe entenderse abierta a pruebas la presente causa hasta el día 5 de noviembre de 2009, inclusive, por disposición del aparte 19 del artículo 19 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia.
De tal manera que, en el presente caso, disponían las partes o interesados de cinco (5) días de despacho, siguiente al vencimiento del lapso antes mencionado, para la promoción de pruebas; y visto que el apoderado judicial de la sociedad mercantil PRESS VENEZUELA CORP, C.A., presentó el escrito de promoción vencido como se encontraba dicho lapso, esto es, el día 17 de diciembre de 2009, resulta forzoso concluir en la inadmisibilidad de la pruebas promovidas por extemporáneas, y así se decide.
Visto el pronunciamiento respecto de la admisión de las pruebas promovidas, este Juzgado ordena notificar a la ciudadana Procuradora General de la República, a tenor de lo dispuesto en el artículo 86 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República. (Destacado de la Sala).
El 8 de abril de 2010, -concluida la sustanciación de la presente causa-, se acordó pasar a la Sala Político-Administrativa el expediente constante de cuatrocientos cincuenta y tres (453) folios útiles y una (1) caja de facturas, las cuales fueron recibidas el 15 de abril de 2010.
Por auto de fecha 27 de abril de 2010, se fijó el quinto (5°) día de despacho para que tuviese lugar el acto de informes, de conformidad con lo establecido en el artículo 19 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela del año 2004, aplicable ratione temporis.
El 6 de mayo de 2010, se difirió el acto de informes para el día 9 de diciembre de 2010.
Posteriormente, mediante auto del 20 de julio de 2010, la causa entró en estado de sentencia, de conformidad con lo establecido en el artículo 93 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.
Vista la designación realizada por la Asamblea Nacional en fecha 7 de diciembre de 2010 a la abogada Trina Omaira Zurita, quien se incorporó como Magistrada Principal de esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en fecha 9 de ese mismo mes y año, la Sala quedó integrada de la siguiente manera: Presidenta, Magistrada Evelyn Marrero Ortíz, Vicepresidenta, Magistrada Yolanda Jaimes Guerrero; Magistrados Levis Ignacio Zerpa y Emiro García Rosas y Magistrada Trina Omaira Zurita.
En fecha 9 de diciembre de 2010, la representación judicial de la contribuyente presentó escrito de informes.
El 14 de diciembre de 2010, en virtud de la nueva conformación de esta Sala Político-Administrativa, se reasignó la ponencia a la Magistrada Trina Omaira Zurita.
En fecha 25 de abril de 2012, se dejó constancia en el expediente de la incorporación de la abogada Mónica Misticchio Tortorella, como Magistrada Suplente de la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia el 16 de enero de 2012.
Mediante auto para mejor proveer N° AMP-038 de fecha 25 de abril de 2012, este Máximo Tribunal solicitó al Gerente General de Servicios Jurídicos del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), la remisión del original o la copia certificada del expediente administrativo.
El 19 de julio de 2012, se dejó constancia en autos del vencimiento del lapso establecido en el indicado auto para mejor proveer, sin que el Fisco Nacional haya consignado lo solicitado.
En fecha 14 de enero de 2013, se incorporó a esta Sala Político-Administrativa el Magistrado Suplente Emilio Ramos González.
El 8 de mayo de 2013 fue electa la Junta Directiva de este Supremo Tribunal, de conformidad con lo previsto en el artículo 20 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, quedando integrada esta Sala de la siguiente manera: Presidente, Magistrado Emiro García Rosas; Vicepresidenta, Magistrada Evelyn Marrero Ortíz; las Magistradas Trina Omaira Zurita y Mónica Misticchio Tortorella, y el Magistrado Suplente Emilio Ramos González.
En fecha 14 de enero de 2014, reunidos los Magistrados y Magistradas de la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, se dejó constancia de la incorporación de la Tercera Suplente Magistrada María Carolina Ameliach Villarroel, a fin de suplir temporalmente la falta absoluta de la Magistrada Trina Omaira Zurita. La Sala quedó integrada de la siguiente manera: Presidente, Magistrado Emiro García Rosas; Vicepresidenta, Magistrada Evelyn Marrero Ortíz; Magistrada Suplente Mónica Misticchio Tortorella; Magistrado Suplente Emilio Ramos González y Magistrada Suplente María Carolina Ameliach Villarroel.
Realizado el estudio del expediente, pasa esta Alzada a decidir, previas las siguientes consideraciones.
I
ANTECEDENTES
En fecha 27 de diciembre de 2006, la División de Fiscalización de la Gerencia Regional de Tributos Internos de la Región Capital del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT) emitió las Resoluciones Nro. 440, ( ) Decisión 1/18, 2/18, 3/18, 4/18, 5/18, 6/18, 7/18, 8/18, 9/18, 10/18, 11/18, 12/18, 13/18, 14/18, 15/18, 16/18, 17/18 y 18/18), contenidas en las Planillas de Liquidación Nros. 01-10-01-2-26-000347, 01-10-01-2-26-000348, 01-10-01-2-26-000349, 01-10-01-2-26-000350, 01-10-01-2-26-000351, 01-10-01-2-26-000352, 01-10-01-2-26-000354, 01-10-01-2-26-000355, 01-10-01-2-26-000356, 01-10-01-2-26-000358, 01-10-01-2-26-000359, 01-10-01-2-26-000360, 01-10-01-2-26-000361, 01-10-01-2-26-000362, 01-10-01-2-26-000363, 01-10-01-2-26-000364 todas de fecha 27-12-2006 446 y 450, (contenidas en las Planillas de Liquidación Nros. 01-10-01-2-26-000353 y 01-10-01-2-26-000357), respectivamente, mediante las cuales se impuso a la contribuyente Press Venezuela Corp, C.A., multa equivalente a la cantidad de dos mil setecientas unidades tributarias (2.700 U.T.) por incumplimiento de deberes formales en materia de Impuesto al Valor Agregado, para los períodos fiscales comprendidos entre los meses de noviembre del año 2004 y abril del año 2006, ya que se constató al momento de la verificación, que la contribuyente emitió facturas y/o documentos que no cumplen con los requisitos legales y reglamentarios, pues ( ) el número de control corresponde a una serie A, siendo el caso que la empresa no tiene sucursal. Por otra parte la factura no contiene condición de pago.
El 15 de febrero de 2007, el apoderado judicial de la sociedad mercantil de autos interpuso recurso jerárquico contra las Resoluciones anteriormente identificadas.
En fecha 17 de marzo de 2008, la Gerente Regional de Tributos Internos de la Región Capital del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), por Resolución N° SNAT/INTI/GRTI/RCA/DJT/CRA/2008-000114, declaró sin lugar el recurso jerárquico incoado por el sujeto pasivo y, en consecuencia, se confirmaron las Resoluciones impugnadas.
Luego, el 30 de abril de 2008, el Jefe del Sector de Tributos Internos Guarenas-Guatire de esa Gerencia, emitió Resolución de Actualización de Sanción identificada con las letras y números SNAT/INTI/GRTI/RCA/STIGG/AR/2008-000082, en la cual se procedió a ( ) liquidar la diferencia de las multas al valor de la Unidad Tributaria vigente.
El fecha 4 de julio de 2008, el apoderado judicial de la contribuyente Press Venezuela Corp, C.A. interpuso recurso contencioso tributario, contra: i) la Resolución identificada con las letras y números SNAT/INTI/GRTI/RCA/DJT/CRA/2008-000114 de fecha 17 de marzo de 2008, que declaró sin lugar el recurso jerárquico interpuesto y confirmó las Resoluciones Nros. 440, 446 y 450, todas de fecha 27 de diciembre de 2006; y ii) la Resolución de Actualización de Sanción identificada con las letras y números SNAT/INTI/GRTI/RCA/STIGG/AR/2008-000082 del 30 de abril de 2008.
A tal fin, expuso que las Resoluciones Nros. 440, 446 y 450, NUNCA le fue (sic) notificadas a la contribuyente, por lo que desconocemos su existencia y contenido.
Asimismo, destacó que ( ) la Administración Tributaria además incurrió en la omisión de verificar debidamente el contenido de sus propias actas fiscales con los hechos y documentación que la contribuyente aportó oportunamente, dándole el justo valor y de esa manera subsanar los vicios denunciados; por lo que hacen que dichos actos sean írritos por estar viciados de nulidad absoluta de conformidad a lo pautado, del (sic) artículo 240.4 del Código Orgánico Tributario en concordancia con los Artículos 19.4, 82 y 83 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.
Indicó que ( ) las funcionarias actuantes se limitaron a señalar una serie de artículos, sin detallar las presuntas violaciones relacionadas con la normativa legal que para su real entender presumen ser el fundamento regulatorio de la actividad sancionatoria.
Sostuvo que la Administración Tributaria incurrió en el vicio de falso supuesto de hecho ( ) habidas (sic) cuenta de que [su] representada cumple a cabalidad con la formalidad de: emitir factura de tipo preimpreso por imprenta autorizada y el número de control corresponde a la única serie de factura que posee, siendo el caso que la empresa no tiene sucursal (sic). Por otra parte, las facturas sí contienen una casilla para detallar las condiciones de pago, en donde se especifican debidamente las actividades que a diario se realizan ( ). (Negritas y subrayado del texto. Agregado de la Sala).
En otro orden de ideas, consideró que el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT) ( ) persiste en incurrir en el vicio de falso supuesto de los hechos y el derecho y de la errónea aplicación a una misma infracción cometida en varios períodos, tantas multas como períodos de imposición de investigación, en lugar de aplicar la ( ) regla de concurso continuado previsto en el artículo 99 del Código Penal Venezolano.
Consideró que la Administración Tributaria ( ) incurrió en errores durante el proceso de revisión que la llevaron a aplicar sanciones no ajustadas a derecho, normas que consideramos inconstitucional por violentar los artículos 7, 23, 25, y 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con lo expresamente consagrado en el en el (sic) artículo 8 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos.
En tal sentido, concluyó que ( ) la multa determinada por la Administración Tributaria de conformidad con el Segundo Aparte del artículo 101, conforme (sic) a lo previsto en el Parágrafo Primero del artículo 8 del Código Orgánico Tributario del 2001 y con relación a la presentación de las declaraciones, debe ser calculada como una sola infracción, en los términos del dispositivo del artículo 99 del Código Penal ( ).
II
DE LA SENTENCIA APELADA
Por decisión N° 053/2009 del 12 de mayo de 2009, el Tribunal Superior Noveno de lo Contencioso Tributario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, al que correspondió el conocimiento del asunto previa distribución, declaró con lugar el recurso contencioso tributario interpuesto, con base en las consideraciones siguientes:
En primer término, sobre el alegato de falso supuesto de hecho, señaló el Tribunal a quo que no ha recibido el expediente administrativo, lo cual impide el debido examen de las circunstancias fácticas, debiendo apreciar conforme a lo probado en autos, pudiendo apreciar que la sanción aplicada tiene su origen en que las facturas no cumplen con los requisitos debidos a que El numero de control corresponde a una serie A , siendo el caso que la empresa no tiene sucursal. Por otra parte la factura no contiene condición de pago. (Sic).
Ello así, destacó que la contribuyente ( ) presentó como anexo marcado D la solicitud de impresión así como dos copias de facturas utilizadas, las cuales a su decir cumplen con las especificaciones del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), conforme a la Resolución N° 3061 de fecha 27 de marzo de 1996.
Consideró, respecto a las facturas presentadas, que ( ) conforme al Artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, no fueron impugnadas por la Administración Tributaria, razón por la cual el Tribunal la considera fidedignas, considerando que la numerada 13433, corresponde a los períodos investigados al ser emitida en fecha 25 de abril de 2006, y la segunda 18951, la cual se encuentra fuera de los períodos investigados, razón por la cual carece de valor a los efectos del presente proceso. (Sic).
Concluyó sobre el primer alegato, que ( ) ante la falta del expediente administrativo, y luego de observar la factura presentada, el Tribunal puede precisar que existe un renglón en el cual se lee CONDICIONES DE PAGO, y justo al lado derecho de la casilla DOCUMENTO, se encuentra una casilla que distingue el NÚMERO, donde no se aprecia que exista la expresión SERIE A, por lo tanto se ha establecido una presunción conjuntamente con la solicitud de impresión de los formularios, es favorable a la pretensión de nulidad en virtud del falso supuesto, que obliga a este Juzgador a declarar que la recurrente no incumplió norma alguna al no subsumirse su conducta en el ilícito imputado siendo procedente la denuncia planteada ( ).
No obstante lo anterior, señaló que ( ) resultaría inoficioso pronunciarse sobre la denuncia sobre el delito continuado, sin embargo, este tribunal a los fines de cumplir con el principio de exhaustividad procede a realizar las siguientes consideraciones. (Sic).
Tomando en cuenta la aplicación del criterio jurisprudencial vigente para la fecha de interposición del recurso contencioso tributario, señaló que ( ) la Administración Tributaria debía aplicar para el presente caso, por ser incoado su recurso con anterioridad al cambio de criterio, una sola sanción en aplicación del Artículo 99 del Código Penal; en consecuencia, la multa impuesta con fundamento en el segundo aparte del Artículo 101 del Código Orgánico Tributario debía ajustarse a un total de Ciento Cincuenta Unidades Tributarias (150 U.T.) y debía calcularse tomando en consideración el valor de la Unidad Tributaria vigente para el momento de la emisión de la Resolución ( ).
Expuso que ( ) solo en el caso de que fuese procedente la sanción, lo cual no aplica por no haberse subsumido la conducta de la recurrente en el tipo delictual, y al haberse anulado los actos recurridos, la Administración Tributaria actuó apartada del criterio jurisprudencial aplicable, explicación que como se señaló, se hace a los fines de analizar la totalidad de las pretensiones por mandato constitucional, evitando además que en una eventual revocatoria sea reenviado a este Tribunal para el pronunciamiento del resto de las denuncias en respeto a la doble instancia que rige el procedimiento judicial. Se declara. (Sic).
Con base en los razonamientos anteriores, declaró:
( ) CON LUGAR el Recurso Contencioso Tributario interpuesto por la sociedad mercantil PRESS VENEZUELA CORP, C.A. contra la Resolución SNAT/INTI/GRTI/RCA/DJT/CRA/2008-000114, de fecha 17 de marzo de 2008 y sus accesorias planillas de liquidación ( ) y contra la Resolución de Actualización de Sanción SNAT/INTI/RCA/STIGG/AR/2008-000082 de fecha 30 de abril de 2008 y sus accesorias Planillas de Liquidación ( ), todas ellas emitidas por la Gerencia Regional de Tributos Internos de la Región Capital por incumplimientos de deberes formales.
De conformidad con el Artículo 327 del Código Orgánico Tributario se condena en costas a la Administración Tributaria en un 10% del valor de lo debatido ante esta instancia judicial.
III
FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN
La representación judicial del Fisco Nacional fundamentó su apelación afirmando que el Tribunal de la causa ( ) al analizar los hechos que acontecieron con motivo de la imposición de las sanciones erró en el análisis de la naturaleza jurídica del delito continuado incurriendo por ello en el vicio o defecto de la sentencia representado por la errónea interpretación de ley.
Asimismo, señaló que la recurrida incurrió en el vicio de falta de aplicación porque aplicó con preferencia el artículo 99 del Código Penal, obviando lo previsto en el artículo 81 del Código Orgánico Tributario vigente, el cual establece las reglas específicas para distintas situaciones en las que deba aplicarse la sanción, bien sea por la repetida o diversa comisión de actos ilícitos, deberá siempre aplicarse una de ellas, aumentadas con la mitad de las restantes.
Por otra parte, sostuvo que incurrió en el vicio de errónea interpretación del derecho con relación a la multa, toda vez que ( ) no interpretó ni aplicó correctamente lo previsto en el Parágrafo Primero del artículo 94 del Código Orgánico Tributario ( ) según el cual, ( ) la unidad tributaria a ser utilizada para el pago de la sanción debe ser la vigente para el momento del pago ( ).
Finalmente, solicitó la revocatoria de la condenatoria en costas procesales hecha por el Tribunal de la causa, porque ( ) estima que en el presente caso, el Fisco Nacional tuvo motivos racionales para litigar ( ).
IV
CONTESTACIÓN DE LA APELACIÓN
El representante judicial de la empresa contribuyente, al momento de efectuar la contestación a los fundamentos de la apelación, indicó que la recurrida no incurrió en los vicios de errónea interpretación de derecho, falta de aplicación, falsa aplicación en relación con la multa. Asimismo, reprodujo los mismos argumentos que expuso en el escrito del recurso contencioso tributario.
V
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
En virtud de la declaratoria contenida en la decisión judicial recurrida y los fundamentos de la apelación interpuesta por la representación en juicio del Fisco Nacional y los alegatos expuestos por la contribuyente en su contestación, la presente controversia queda circunscrita a determinar si el fallo apelado incurrió en los vicios de: (i) falta de aplicación de ley en la cual habría incurrido el Tribunal a quo al emplear las reglas del delito continuado previstas en el artículo 99 del Código Penal en la determinación de las sanciones impuestas a la contribuyente; (ii) errónea interpretación del artículo 94 del vigente Código Orgánico Tributario, ya que la unidad tributaria a ser utilizada para el pago de la sanción debe ser la vigente para el momento del pago y (iii) la improcedencia de la condenatoria en costas.
Ahora bien, esta Alzada, mediante auto para mejor proveer N° AMP-038 de fecha 25 de abril de 2012, solicitó al Gerente General de Servicios Jurídicos del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), la remisión del original o la copia certificada del expediente administrativo, con la advertencia de que en el supuesto de no recibirse el expediente solicitado, en el lapso de quince (15) días de despacho contados a partir de la fecha en que conste en el expediente la notificación del de dicho auto, se pasaría a dictar sentencia con los elementos probatorios que cursan en el expediente.
Ello así, la Sala, el 19 de julio de 2012, dejó constancia en el expediente del vencimiento del lapso establecido en el indicado auto, sin que el Fisco Nacional haya consignado lo solicitado, motivo por el cual, se pasa a dictar sentencia en los siguientes términos:
Punto previo
Constata esta Sala que al iniciarse el presente procedimiento de segunda instancia, se le dio el trámite consagrado en la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela (publicada en la Gaceta Oficial N° 37.942 del 20 de mayo de 2004), aplicable ratione temporis por lo que debe tenerse en cuenta lo previsto en el artículo 19 del mencionado cuerpo normativo, específicamente en sus apartes 18 y 19 que disponen:
Artículo 19.
( )
Las apelaciones que deben tramitarse ante el Tribunal Supremo de Justicia seguirán los siguientes procedimientos: Iniciada la relación de la causa, conforme a los autos, la parte apelante deberá presentar un escrito donde exponga las razones de hecho y de derecho en que fundamenta la apelación, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes. Inmediatamente, se abrirá un lapso de cinco (5) días hábiles continuos, para que la otra parte dé contestación a la apelación. La falta de comparecencia de la parte apelante se considerará como desistimiento de la acción, y así será declarado, de oficio o a instancia de la otra parte.
Las pruebas que quieran hacer valer las partes en esta instancia serán promovidas dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al vencimiento del lapso para la contestación de la apelación, y sobre su admisión se pronunciará la Sala de Sustanciación, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes, contados a partir de la recepción del expediente que, con tal fin, le remitirá la Sala respectiva. Admitidas las pruebas promovidas, se abrirá el lapso de quince (15) días continuos, prorrogables por un período igual, más el término de la distancia, en caso de que corresponda, para que se evacuen las pruebas admitidas o las que el Juzgado de Sustanciación haya ordenado de oficio. Sólo se admitirán como medios probatorios los señalados en el presente artículo.
( ).
Ello así, verificó esta Sala que en fecha 4 de noviembre de 2009, la representación judicial de la contribuyente consignó escrito de promoción de pruebas, en el cual reprodujo el mérito favorable de autos y prueba documental consistente en las facturas objeto de revisión fiscal.
Por auto del 19 de noviembre de 2009, se dejó constancia del vencimiento del lapso para la oposición, por lo que se ordenó pasar el expediente al Juzgado de Sustanciación, el cual fue recibido el 16 de diciembre de 2009.
En fecha 17 de diciembre de 2009, el apoderado judicial de la contribuyente presentó escrito en el cual procedió a evacuar las FACTURAS objeto de revisión fiscal, solicitadas por los funcionarios fiscales actuantes ( ), las cuales consignó en dos cajas ( ). (Destacado de la Sala).
Por auto N° 150 de fecha 9 de marzo de 2010, el Juzgado de Sustanciación de esta Sala admitió, cuanto ha lugar en derecho, las documentales indicadas en los Capítulos I y II del escrito de promoción de pruebas, referidas a la reproducción del mérito favorable de autos y las facturas.
En esa misma fecha (9 de marzo de 2010), dicho Juzgado declaró mediante auto N° 151, la inadmisibilidad de las pruebas promovidas en el escrito de fecha 17 de diciembre de 2009, por ser presentado en forma extemporánea.
En el caso sub judice, constata este Máximo Tribunal que el Juzgado de Sustanciación en el auto N° 151 de fecha 9 de marzo de 2010, incurrió en un error al haber declarado inadmisible las pruebas promovidas en el escrito de fecha 17 de diciembre de 2009, cuando lo cierto es que el escrito presentado en esa fecha lo fue con ocasión a la evacuación de pruebas (facturas), motivo por el cual de conformidad con lo establecido en el artículo 206 del Código de Procedimiento Civil, aplicable supletoriamente a los procedimientos seguidos ante este Alto Tribunal, se anula dicho auto dictado el 9 de marzo de 2010. Así se decide.
Asimismo, como consecuencia obligada de dicha nulidad, esta Sala valorará las pruebas promovidas por la sociedad mercantil recurrente. Así se declara.
Realizada la anterior declaratoria, esta Sala pasará a pronunciarse sobre la apelación en los términos siguientes:
1.- Del vicio de falta aplicación de ley (artículo 99 del Código Penal)
El Juzgado a quo señaló sobre la denuncia del delito continuado, que ( ) la Administración Tributaria debía aplicar para el presente caso, por ser incoado su recurso con anterioridad al cambio de criterio, una sola sanción en aplicación del Artículo 99 del Código Penal; en consecuencia, la multa impuesta con fundamento en el segundo aparte del Artículo 101 del Código Orgánico Tributario debía ajustarse a un total de Ciento Cincuenta Unidades Tributarias (150 U.T.) ( ).
Por disconformidad con tal decisión, la representación del Fisco Nacional, en su escrito de apelación, alegó que el fallo apelado ( ) erró en el análisis de la naturaleza jurídica del delito continuado incurriendo por ello en el vicio o defecto de la sentencia representado por la errónea interpretación de ley.
Asimismo, señaló que la recurrida incurrió en el vicio de falta de aplicación porque aplicó con preferencia el artículo 99 del Código Penal, obviando lo previsto en el artículo 81 del Código Orgánico Tributario vigente, el cual establece las reglas especificas para distintas situaciones en las que deba aplicarse la sanción, bien sea por la repetida o diversa comisión de actos ilícitos, deberá siempre aplicarse una de ellas, aumentadas con la mitad de las restantes.
Por su parte, el apoderado judicial de la contribuyente rechazó que el fallo apelado incurriera en los indicados vicios.
Ahora bien, a los fines de resolver la presente denuncia, esta Alzada considera necesario analizar los hechos acaecidos en el presente asunto, a los fines de precisar si se configuran o no los vicios de errónea interpretación y de falta de aplicación de Ley, invocados en apelación por la representación fiscal.
Al respecto, se observa que la presunta conducta infractora llevada a cabo por la sociedad mercantil Press Venezuela Corp, C.A., y sancionada por la Administración Tributaria (sobre la cual se aplicó la institución del delito continuado), fue la subsumida en el artículo 101, numeral 3, segundo aparte del Código Orgánico Tributario de 2001 (configurativa de los ilícitos formales), al emitir facturas y/o documentos que no cumplen con los requisitos legales y reglamentarios durante los períodos de imposición investigados, desde el mes de noviembre del año 2004 al mes de abril del año 2006, ambos inclusive, incumpliendo con lo exigido en la Resolución N° 320 de fecha 28 de diciembre de 1999, publicada en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela Nro. 36.859 de fecha 29 de diciembre de 1999.
A tal efecto, dispone el artículo 101, numeral 3, segundo aparte del Código Orgánico Tributario de 2001, lo siguiente:
Artículo 101.- Constituyen ilícitos formales relacionados con la obligación de emitir y exigir comprobantes:
( )
3.- Emitir facturas u otros documentos obligatorios con prescindencia total o parcial de los requisitos y características exigidos por las normas tributarias. ( ).
Quien incurra en los ilícitos descritos en los numerales 2, 3 y 4 será sancionado con multa de una unidad tributaria (1 U.T.) por cada factura, comprobante o documento emitido, hasta un máximo de ciento cincuenta unidades tributarias (150 U.T.) por cada período, si fuere el caso. ( ).
Aplicando la norma transcrita al caso de autos y de la revisión de la Resoluciones recurridas, se observa que las conductas detectadas por la Administración Tributaria como ilícitos formales se refieren a: la emisión de facturas y/o documentos que no cumplen con los requisitos legales y reglamentarios pues ( ) el número de control corresponde a una serie A, siendo el caso que la empresa no tiene sucursal. Por otra parte la factura no contiene condición de pago.
Ahora bien, a fin de resolver la presente causa, es importante indicar que durante la vigencia del Código Orgánico Tributario de 1994, cuando el ilícito tributario era producto de una conducta continuada o repetida, los tribunales de instancia y esta Sala (vid., sentencia Nro. 00877 del 17 de junio de 2003, caso: Acumuladores Titán, C.A.), por remisión general contenida en el artículo 71 eiusdem, acudían a la figura del delito continuado regulada en el artículo 99 del Código Penal, el cual establece:
Artículo 99.- Se considerarán como un solo hecho punible las varias violaciones de la misma disposición legal, aunque hayan sido cometidas en diferentes fechas, siempre que se hayan realizado con actos ejecutivos de la misma resolución; pero se aumentará la pena de una sexta parte a la mitad.
La norma penal antes transcrita, se aplicaba de manera supletoria con fundamento en el artículo 71 del Código Orgánico Tributario de 1994, ante el vacío legal existente en la materia; quedando cubierto el mismo a partir de la promulgación del Código Orgánico Tributario de 2001, donde el legislador patrio en ejecución del mandato contenido en la Disposición Transitoria Quinta de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela sancionó el mencionado texto normativo, publicado en la Gaceta Oficial N° 37.305 del 17 de octubre de 2001, el cual en su artículo 81 llenó el vacío legislativo existente en el Código derogado (1994) al dar solución y establecer de manera clara, positiva y directa lo siguiente:
Artículo 81: Cuando concurran dos o más ilícitos tributarios sancionados con penas pecuniarias, se aplicará la sanción más grave, aumentada con la mitad de las otras sanciones. De igual manera se procederá cuando haya concurrencia de un ilícito tributario sancionado con pena restrictiva de la libertad y de otro delito no tipificado en este Código.
Si las sanciones son iguales, se aplicará cualquiera de ellas, aumentada con la mitad de los restantes.
Cuando concurran dos o más ilícitos tributarios sancionados con pena pecuniaria, pena restrictiva de libertad, clausura de establecimiento, o cualquier otra sanción que por su heterogeneidad no sea acumulable, se aplicarán conjuntamente.
Parágrafo Único: La concurrencia prevista en este artículo se aplicará aun cuando se trate de tributos distintos o de diferentes períodos, siempre que las sanciones se impongan en un mismo procedimiento. (Resaltado de la Sala).
Ciertamente la precitada disposición (artículo 81 del Código Orgánico Tributario de 2001) prevé un mecanismo para el cálculo de sanciones en caso de verificarse la concurrencia de ilícitos tributarios, cuya aplicación viene siendo reiterada por la Sala a partir del año 2008, cuando tuvo oportunidad de pronunciarse en la decisión N° 00948, dictada el 13 de agosto de 2008 (caso: Distribuidora y Bodegón Costa Norte, C.A.), en la cual se estimó necesario replantear la solución asumida en la primera de las sentencias antes citadas (caso: Acumuladores Titán, C.A.), tomando en cuenta el ámbito temporal que condicionaba su conocimiento, que era -en ese caso-, el previsto en el Código Orgánico Tributario de 2001, considerando en tal sentido que bajo la vigencia de dicho texto normativo no resultaban aplicables las reglas del delito continuado expuestas en el Código Penal, decisión que fue reiterada en sentencia N° 01187, de fecha 24 de noviembre de 2010 (caso: Fábrica Nacional de Pañales Desechables de Valencia, C.A. Fanalpade Valencia), en la cual la Sala señaló que el indicado cambio lo que hizo fue reconocer la preexistencia del derecho positivo en el que debe subsumirse la conducta del justiciable tributario para todos los casos en que se observen ilicitudes en esta materia, producidas a partir del 17 de enero de 2002, fecha en que empezó a regir la estudiada normativa.
En efecto, esta Alzada observa que, aun cuando las infracciones a los deberes formales en las cuales incurrió la contribuyente se produjeron antes del referido pronunciamiento que causó el cambio de criterio, son a la vez coincidentes con la normativa que rige esas conductas ilícitas, artículo 101 numeral 3 del Código Orgánico Tributario de 2001. En consecuencia, se subsumen dichos ilícitos en este artículo debiendo aplicárseles las multas ahí previstas. (Vid., sentencia N° 01219 dictada por esta Sala Político-Administrativa el 24 de octubre de 2012, caso: Bodegón Alexander C.A.).
Siendo esto así y visto que para la fecha de la práctica de la verificación por parte de la División de Fiscalización de la Gerencia Regional de Tributos Internos de la Región Centro Occidental del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), esto es el 21 de marzo de 2007, ya había entrado en vigencia el mencionado artículo 81 del Código Orgánico Tributario de 2001, por haber transcurrido la vacatio legis establecida en el artículo 343 eiusdem (90 días continuos a partir de su publicación en Gaceta Oficial), esta Sala considera que en el caso de autos no es aplicable la figura del delito continuado, prevista en el artículo 99 del Código Penal.
En consecuencia, esta Alzada debe declarar que el Tribunal a quo incurrió en errónea interpretación de la ley, al haber sujetado el cálculo de la sanción impuesta a la contribuyente a las reglas del delito continuado previstas en el artículo 99 del Código Penal y, por consiguiente, igualmente incurrió en falta de aplicación del artículo 81 del Código Orgánico Tributario de 2001, que establece el mecanismo a utilizarse en caso de concurrencia de infracciones. Por lo tanto, se revoca sobre este particular, la sentencia N° 053/2009, dictada por el Tribunal Superior Noveno de lo Contencioso Tributario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas en fecha 12 de mayo de 2009. Así se declara.
2.- Del vicio de falsa aplicación de ley (artículo 94 del Código Orgánico Tributario de 2001)
El Tribunal a quo consideró respecto a la aplicación del artículo 94, del vigente Código Orgánico Tributario que, ( ) la multa impuesta con fundamento en el segundo aparte del Artículo 101 del Código Orgánico Tributario debía ajustarse a un total de Ciento Cincuenta Unidades Tributarias (150 U.T.) y debía calcularse tomando en consideración el valor de la Unidad Tributaria vigente para el momento de la emisión de la Resolución.
Al respecto, expuso la representación fiscal que el fallo apelado incurrió en el vicio de falsa aplicación de la Ley, al no aplicar correctamente la disposición contenida en el artículo 94, numeral 2, Parágrafo Primero del Código Orgánico Tributario de 2001.
Por su parte, el apoderado judicial de la contribuyente sostuvo que el Tribunal a quo no incurrió en el vicio denunciado por la República.
Precisados los argumentos de las partes, debe esta Alzada transcribir el contenido del artículo 94, numeral 2, parágrafo primero del Código Orgánico Tributario de 2001, el cual, dispone lo siguiente:
Artículo 94. Las sanciones aplicables son:
( )
2. Multa;
( )
Parágrafo Primero: Cuando las multas establecidas en este Código estén expresadas en unidades tributarias (U.T.), se utilizará el valor de la unidad tributaria que estuviere vigente para el momento del pago.
( )
De la norma antes transcrita se desprende que en el caso de las multas, cuando estén expresadas en unidades tributarias, se utilizará el valor que estuviera vigente para el momento del pago.
Asimismo, esta Sala ha señalado que cuando las multas establecidas en dicho Código se encuentren expresadas en términos porcentuales, se convertirán al equivalente de unidades tributarias que correspondan al momento de la comisión del ilícito, y luego al valor de la unidad tributaria vigente para el momento del pago. (Vid, sentencia N° 00063 del 21 de enero de 2010, caso: Majestic Way. C.A.).
En aplicación del señalado criterio y conforme a lo previsto en el citado artículo 94 del Código Orgánico Tributario de 2001, advierte esta Alzada que en el caso de autos, el fallo apelado al haber considerado que la multa debió calcularse sobre el valor de la unidad tributaria vigente para el momento de la emisión de la resolución, incurrió en el vicio de falsa aplicación de ley, pues en aplicación del criterio que viene sosteniendo la Sala, la sanción de multa debe ser calculada sobre la base del valor de la unidad tributaria vigente para el momento del pago.
De manera que, resulta procedente la defensa esgrimida por el Fisco Nacional sobre el particular, por lo que esta Sala debe revocar del fallo apelado dicho pronunciamiento. Así se declara.
3.- De la improcedencia de la condenatoria en costas.
En lo atinente a las costas, el fallo apelado condenó al Fisco Nacional al pago de las mismas, las cuales fueron impuestas en el límite máximo del diez por ciento (10%) del valor de lo debatido.
En tal sentido, la representación judicial del Fisco Nacional solicitó se declare la improcedencia de la condenatoria en costas, ya que la República tuvo motivos racionales para litigar.
Al respecto esta Alzada acoge el criterio sostenido por la Sala Constitucional de este Alto Tribunal en la sentencia Nro. 1238, del 30 de septiembre de 2009, caso: Julián Isaías Rodríguez Díaz, según el cual se considera que el enunciado normativo de prohibición de condenatoria en costas a la República encuentra una justificación constitucional por lo que debe prevalecer como privilegio procesal cuando ésta resulta vencida en los juicios en los que haya sido parte por intermedio de cualquiera de sus órganos . Conforme con el mencionado criterio, debe este Máximo Tribunal revocar la condenatoria en costas impuesta al Fisco Nacional. Así se decide.
De la consulta obligatoria
Declarado lo anterior, debe esta Alzada entrar a revisar la sentencia antes referida por vía de consulta, de la parte desfavorable al Fisco Nacional que no fue apelada por este, concretamente en cuanto al pronunciamiento del Juzgado a quo respecto a la procedencia del vicio de falso supuesto de hecho toda vez que la recurrente no incumplió con los requisitos de la factura establecidos en el artículo 2 literales b) y p) de la Resolución N° 320, del 28 de diciembre de 1999, ello en aplicación del artículo 72 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República de 2008, en relación a lo cual la Sala Constitucional de este Tribunal Supremo de Justicia, mediante sentencias Nros. 1107 y 2157 de fechas 8 de junio y 16 de noviembre de 2007, casos: Procuraduría General del Estado Lara y Nestlé Venezuela, C.A., respectivamente, ha sostenido lo siguiente:
( ) se observa que transcurridos los lapsos de apelación sin que las partes hayan apelado de la decisión que fue contraria a los intereses de la República, debe el juez competente remitir el referido fallo en consulta ante el Tribunal Superior competente, para que éste proceda a revisar si el fallo dictado resulta ajustado a derecho o no.
En este sentido, debe esta Sala destacar que tal privilegio sólo resulta objeto de aplicación contra los fallos que sean contrarios a la pretensión, excepción o defensa de la República, es decir, cuando la sentencia definitiva haya desestimado la pretensión del Estado, ya que cuando los particulares hayan resultado desfavorecidos tienen el deber de ejercer los correspondientes recursos (Vid. Sentencia de esta Sala N° 1107/2007).
( )
En atención a lo expuesto, se ordena a la Sala Político Administrativa, conocer en consulta el referido fallo y no en apelación, sin que ello constituya una reposición de la misma, en virtud de que ello atentaría contra los principios de economía y celeridad procesal y, se constituiría en una reposición inútil, ya que la Sala Político Administrativa debe proceder a la revisión del fallo dictado por el Tribunal Superior Noveno de lo Contencioso Tributario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en segunda instancia.
En aplicación del criterio anterior, este Órgano Jurisdiccional en decisiones Nos. 00812 y 00813, ambas de fecha 22 de junio de 2011, casos: C.A. Radio Caracas Televisión (RCTV) y Corporación Archivos Móviles Archimovil, C.A., hizo un análisis de la mencionada prerrogativa procesal, a la luz de lo señalado por la Sala Constitucional de este Supremo Tribunal en las sentencias supra señaladas, y a tal fin consideró que:
En el ordenamiento jurídico venezolano, la institución de la consulta ha sido estatuida como un mecanismo de control judicial en materias cuya vinculación con el orden público, constitucional y el interés general ameritan un doble grado de cognición. De esta forma, constituye un medio de revisión judicial o de examen de la adecuación al derecho, mas no un supuesto de impugnación o ataque de las decisiones judiciales.
Conviene asimismo puntualizar, que la consulta obligatoria de un fallo judicial, cuando es concebida como prerrogativa procesal a favor del Estado, presupone una flexibilización al principio de igualdad entre las partes en litigio, sin embargo, su principal finalidad no es reportar al beneficiario ventajas excesivas frente a su oponente, sino lograr el ejercicio de un control por parte de la alzada sobre aspectos del fallo que por su entidad inciden negativamente en principios que interesan al orden público.
Por esta razón, el examen de juridicidad encomendado en el artículo 72 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República de 2008, no puede generar una cognición en segunda instancia más extensa que la producida por el ejercicio de los medios de impugnación previstos en la leyes aplicables y que, por causas inherentes a los titulares de esta prerrogativa, no han sido interpuestos en las oportunidades procesales correspondientes.
Así, tal instituto jurídico, se insiste, consiste en un mecanismo que busca preservar la juridicidad efectiva del fallo, en supuestos estrictamente vinculados a los altos intereses del Estado, vale decir, aquellos relacionados con el orden público, constitucional y el interés general: 1) desaplicación de normas constitucionales; 2) violaciones de criterios e interpretaciones vinculantes emanadas de la Sala Constitucional de este Alto Tribunal; 3) resguardo de la propia jurisdicción; 4) quebrantamientos de formas esenciales en el proceso, y 5) prerrogativas y privilegios procesales conferidos a favor de la República ( ). (Destacado del presente fallo).
Formuladas las anteriores precisiones y circunscribiendo el análisis en consulta a los aspectos de orden público, constitucional y de interés general, de la sentencia N° 053/2009 del 12 de mayo de 2009, dictada por el Tribunal Superior Noveno de lo Contencioso Tributario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, pasa esta Sala a decidir en los términos siguientes:
Al tener el presente juicio naturaleza tributaria, debe analizarse previamente, a la luz de lo dispuesto en el artículo 278 del Código Orgánico Tributario de 2001, si el conocimiento de esta consulta se adecúa a los supuestos de apelabilidad de las decisiones recaídas en dicha materia.
Por tal motivo, la Sala siguiendo los lineamientos expuestos en sentencia Nro. 00566 dictada en fecha 2 de marzo de 2006, caso: Agencias Generales CONAVEN, S.A., que precisó los supuestos de procedencia del recurso de apelación en materia tributaria, constata que: (i) se trata de una sentencia definitiva; (ii) la cuantía de la causa corresponde a la suma de dos mil setecientas unidades tributarias (2.700. U.T.), por lo que excede sobradamente las quinientas unidades tributarias (500 U.T.) exigidas como elemento cuantitativo y (iii) la misma resultó contraria a los intereses del Fisco Nacional, ya que declaró la procedencia del vicio de falso supuesto de hecho pues la recurrente no incumplió normativa legal alguna, por lo que se anularon las multas impuestas.
Declarada la procedencia de la consulta en el presente caso, pasa la Sala a conocer de la misma, y al efecto observa lo siguiente:
El Tribunal a quo señaló respecto a las multas impuestas por la Administración Tributaria, a tenor de lo previsto en el artículo 101, numeral 3, segundo aparte del Código Orgánico Tributario vigente, lo siguiente:
( ) no ha recibido el expediente administrativo, lo cual impide el debido examen de las circunstancias fácticas, debiendo apreciar conforme a lo probado en autos (sic), pudiendo apreciar que la sanción aplicada tiene su origen en que las facturas no cumplen con los requisitos debido a que El número (sic) de control corresponde a una serie A, siendo el caso que la empresa no tiene sucursal. Por otra parte, la factura no contiene condición de pago.
Sobre este particular la recurrente presentó como anexo marcado D la solicitud de impresión así como dos copias de facturas utilizadas, las cuales a su decir cumplen con las especificaciones del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT) ( )
Estas facturas conforme al artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, no fueron impugnadas por la Administración Tributaria, razón por la cual el Tribunal las considera fidedignas, considerando que la numerada 13433, corresponde a los períodos investigados al ser emitida en fecha 25 de abril de 2006, y la segunda 18951 corresponde a una nota de crédito emitida en fecha 05 de septiembre de 2006, la cual se encuentra fuera de los períodos investigados, razón por la cual carece de valor a los efectos del presente proceso.
( )
De esta manera y ante la falta del expediente administrativo, y luego de observar la factura presentada, el Tribunal puede precisar que existe un renglón en el cual se lee CONDICIONES DE PAGO, y justo al lado derecho de la casilla DOCUMENTO, se encuentra una casilla que distingue el NÚMERO, donde no se aprecia que exista la expresión SERIE A, por lo tanto se ha establecido una presunción conjuntamente con la solicitud de impresión de los formularios, (sic) es favorable a la pretensión de nulidad en virtud del falso supuesto, que obliga a este Juzgador a declarar que la recurrente no incumplió norma alguna al no subsumirse su conducta en el ilícito imputado siendo procedente la denuncia planteada ( ).
Sobre el razonamiento del a quo, observa esta Sala lo siguiente:
Este Máximo Tribunal, ha sostenido, respecto a la falta de consignación del expediente administrativo por parte de la Administración, tanto en sede contencioso-administrativa como contencioso-tributaria, que opera una presunción favorable a la pretensión del recurrente (en los recursos de nulidad), no obstante, ello no lo releva de su carga de acreditar pruebas de sus respectivas afirmaciones de hecho. [Vid., sentencia de esta Sala Nro. 01257 del 12 de julio de 2007, caso: Echo Chemical 2000 C.A., posteriormente ratificadas en los fallos Nros. 00480 y 00076 del 22 de abril de 2009 y 20 de enero de 2011, casos: Tecniauto, C.A. y Cemex Venezuela, S.A.C.A (antes Corporación Venezolana de Cementos S.A.C.A.), respectivamente].
Bajo esta línea argumentativa, quiere este Órgano Jurisdiccional dejar en evidencia que la contribuyente a los fines de probar el cumplimiento de los requisitos formales, consignó ante el Juzgado de la causa, una (1) factura y una (1) nota de crédito, la primera, identificada con el número 13.433 de fecha 25 de abril de 2006, y la segunda, fechada 5 de septiembre de 2006.
Asimismo, en esta Segunda Instancia, consignó dos (2) solicitudes de impresión de formularios hechas a la sociedad de comercio Impresora Trasandina, S.A., un (1) informe sobre unas supuestas relaciones de facturas y notas de crédito de los períodos fiscales investigados y promovió y evacuó ( ) las FACTURAS objeto de revisión fiscal, solicitadas por los funcionarios fiscales actuantes ( ), las cuales consignó en dos cajas ( ).
Ello así, del análisis realizado por la Alzada al material probatorio aportado por la sociedad mercantil recurrente, se evidencia respecto al incumplimiento constatado por la Administración Fiscal durante el procedimiento de verificación (condición de pago), contemplado en el artículo 2°, literal p) de la Resolución Nro. 320, del 28 de diciembre de 1999, emanada del entonces Ministro de Finanzas y publicada en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela de fecha 29 de ese mismo mes y año, bajo el Nro. 36.859, que en cada una de las facturas objetadas por el Fisco Nacional, que la contribuyente aún cuando no colocaba la palabras crédito sí estableció el término (días para el pago), con lo cual se puede evidenciar que la operación realizada fue a crédito. No obstante ello, debe esta Sala reiterar que dicha exigencia ( ) dejó de ser un requisito formal de obligatorio cumplimiento por parte de los contribuyentes ordinarios del impuesto al valor agregado que emitieran facturas a través de máquinas fiscales ( ), ello en virtud de la entrada en vigencia de la Providencia Administrativa Nro. 0591 del 28 de agosto de 2007, emitida por el Superintendente del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT).
En efecto, esta Sala consideró en virtud del principio in dubio pro reo, el cual supone la flexibilización del principio sancionatorio tempus commissis infrationis en provecho inmediato, ya no de la garantía a la libertad personal como sucede en el ámbito penal, sino como medio de protección a las garantías económicas del contribuyente o responsable infractor, y de manera mediata, en obsequio a la observancia de la garantía o derecho a la igualdad ante la ley consagrado en el artículo 21 Constitucional, que prohíbe un trato discriminatorio entre sujetos que otrora violentaron la normativa aplicable en razón del tiempo, respecto de aquéllos que cometieron los mismos hechos luego de la despenalización de la conducta o de la atenuación o supresión de la sanción (vid., decisión de esta Sala Nro. 00535, del 27 de abril de 2011, caso: Móvil Cauchos, C.A.). Así se declara.
Reiterando el criterio antes transcrito, debe esta Sala confirmar lo decidido por el Tribunal de la causa respecto a que la sanción no aplica por no haberse subsumido la conducta de la recurrente en el tipo delictual contemplado en el artículo 2°, literal p) (condición de pago) de la mencionada Resolución N° 320. Así se declara.
Por otra parte, en lo que respecta al otro requisito objetado por la Administración Tributaria, relativa a que ( ) el número de control corresponde a una serie A, siendo el caso que la empresa no tiene sucursal, según lo señalado en el artículo 2, literal b) de la mencionada Resolución N° 320, conforme al cual dispone:
Los documentos a que hace referencia el artículo anterior deben emitirse cumpliendo y llenando los siguientes requisitos: ( ) b) Numeración consecutiva y única de la factura o documento de que se trate. Si el contribuyente desarrolla actividades en más de un establecimiento o sucursal, debe emitir facturas con numeración consecutiva y única, por cada establecimiento. Los agentes de retención a que se refiere el artículo 11 de la Ley, emplearán una numeración distinta a la utilizada para emitir los documentos propios de sus actividades.
Esta Sala concluye luego de realizado el análisis a las facturas presentadas por la representación judicial de la recurrente, (que cursa en caja anexa al expediente), que en el presente caso queda acreditado que las facturas objetadas, no se encuentran seriadas con la letra A, por lo que tal como lo sostuvo el Tribunal a quo, la contribuyente no infringió el requisito previsto en el artículo 2, literal b) de la Resolución Nro. 320 antes identificada.
Así pues, este Máximo Tribunal de Justicia considera, al igual que lo hizo el Tribunal a quo, que ante la falta de consignación del expediente administrativo por parte del Fisco Nacional, y la presentación de la contribuyente del legajo de facturas objetadas para los ejercicios investigados, resulta ineludible para esta Sala, confirmar -en los términos expuestos en la presente decisión- que el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), incurrió en el vicio de falso supuesto de hecho, toda vez que las facturas no incumplen el requisito previsto en el artículo 2, literal b) de la Resolución N° 320. Así se decide.
En atención a las anteriores consideraciones, se declara con lugar la apelación interpuesta por la representación judicial del Fisco Nacional contra la sentencia N° 053/2009, dictada en fecha 12 de mayo de 2009 por el Tribunal Superior Noveno de lo Contencioso Tributario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas y, en consecuencia, queda revocado del fallo apelado: a) la declaratoria de procedencia de la figura del delito continuado al caso bajo examen; b) el pronunciamiento sobre la aplicación del valor de la unidad tributaria vigente para la fecha de la emisión de los actos impugnados; y c) la condenatoria en costas procesales de la República, realizada por el a quo. Así se declara.
Asimismo, se declara con lugar el recurso contencioso tributario interpuesto por la contribuyente contra: i) la Resolución identificada con las letras y números SNAT/INTI/GRTI/RCA/DJT/CRA/2008-000114 de fecha 17 de marzo de 2008, emanada de la Gerencia Regional de Tributos Internos de la Región Capital del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), mediante la cual se declaró sin lugar el recurso jerárquico interpuesto por la contribuyente, y se confirmaron las Resoluciones (de Imposición de Sanciones) Nros. 440, 446 y 450; y ii) la Resolución de Actualización de Sanción identificada con las letras y números SNAT/INTI/GRTI/RCA/STIGG/AR/2008-000082 del 30 de abril de 2008, en las cuales se impuso multa por incumplimiento de deberes formales del Impuesto al Valor Agregado, comprendidos entre los meses de noviembre de 2004 a abril de 2006, que asciende a dos mil setecientas unidades tributarias (2.700 U.T.). Así se declara.
VI
DECISIÓN
En virtud de los razonamientos precedentemente expuestos, esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara:
1. CON LUGAR la apelación interpuesta por el FISCO NACIONAL contra la sentencia N° 053/2009 de fecha 12 de mayo de 2009, dictada por el Tribunal Superior Noveno de lo Contencioso Tributario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, de la cual se REVOCA: a) la declaratoria de procedencia de la figura del delito continuado al caso bajo examen; b) el pronunciamiento sobre la aplicación del valor de la unidad tributaria vigente para la fecha de la emisión de los actos impugnados; y c) la condenatoria en costas procesales de la República.
2. Que PROCEDE LA CONSULTA del mencionado fallo, por lo que se CONFIRMA de la sentencia dictada por el Tribunal a quo la declaratoria CON LUGAR del recurso contencioso tributario interpuesto por la sociedad mercantil PRESS VENEZUELA CORP, C.A., contra: i) la Resolución identificada con las letras y números SNAT/INTI/GRTI/RCA/DJT/CRA/2008-000114 de fecha 17 de marzo de 2008, emanada de la Gerencia Regional de Tributos Internos de la Región Capital del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), mediante la cual se declaró sin lugar el recurso jerárquico interpuesto por la contribuyente, y se confirmaron las Resoluciones (de Imposición de Sanciones) Nros. 440, 446 y 450; y ii) la Resolución de Actualización de Sanción identificada con las letras y números SNAT/INTI/GRTI/ RCA/STIGG/AR/2008-000082 del 30 de abril de 2008, en las cuales se impuso multa por incumplimiento de deberes formales del Impuesto al Valor Agregado, comprendidos entre los meses de noviembre de 2004 a abril de 2006, que asciende a dos mil setecientas unidades tributarias (2.700 U.T.).
Publíquese, regístrese y comuníquese. Remítase el expediente al Tribunal de origen. Cúmplase lo ordenado.
Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los veinticinco (25) días del mes de febrero del año dos mil catorce (2014). Años 203º de la Independencia y 154º de la Federación.
El Presidente EMIRO GARCÍA ROSAS |
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| La Vicepresidenta EVELYN MARRERO ORTÍZ |
La Magistrada MÓNICA MISTICCHIO TORTORELLA |
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| El Magistrado EMILIO RAMOS GONZÁLEZ
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La Magistrada MARÍA CAROLINA AMELIACH VILLARROEL Ponente |
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| La Secretaria, SOFÍA YAMILE GUZMÁN
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En veintiséis (26) de febrero del año dos mil catorce, se publicó y registró la anterior sentencia bajo el Nº 00307.
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| La Secretaria, SOFÍA YAMILE GUZMÁN
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