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Buscar sentenciasMagistrado Ponente: EMIRO GARCÍA ROSAS
Exp. Nº 2008-0922
Mediante escrito de fecha 29 de enero de 2009 el abogado Godofredo Campos Pérez (INPREABOGADO N° 74.656), actuando con el carácter de apoderado judicial de la ciudadana MIRNA CAROLINA MACHADO CISNEROS, solicitó aclaratoria del fallo N° 00057 dictado por esta Sala el 21 de enero de 2009, que declaró la falta de jurisdicción del Poder Judicial para conocer la solicitud de calificación de despido, reenganche y pago de salarios caídos.
En fechas 04 de febrero y 05 de marzo de 2009, respectivamente, el representante de la parte actora ratificó la solicitud de aclaratoria.
Pasa la Sala a decidir previas las siguientes consideraciones:
I
SOLICITUD DE ACLARATORIA
En fecha 29 de enero de 2009 el apoderado judicial de la accionante solicitó aclaratoria de la mencionada sentencia dictada por esta Sala, en los siguientes términos:
solicito respetuosamente a esta Sala, despejar dudas en principio, debo señalar que la sumatoria de tres (03) salarios mínimos actualmente de (Bs. F. 799,23), arroja matemáticamente la cantidad de (Bs. F. 2.397,69), vale decir, está por debajo del salario mensual que devengaba mi representada de (Bs. 2.550,°°), por lo que se plantea gran discrepancia sobre lo decidido....
II
MOTIVACIÓN PARA DECIDIR
Previamente a cualquier pronunciamiento sobre lo solicitado, debe la Sala establecer si la aclaratoria fue pedida tempestivamente. Al respecto, el artículo 252 del Código de Procedimiento Civil prevé:
Artículo 252: Después de pronunciada la sentencia definitiva o la interlocutoria sujeta a apelación, no podrá revocarla ni reformarla el Tribunal que la haya pronunciado.
Sin embargo, el Tribunal podrá, a solicitud de parte, aclarar los puntos dudosos, salvar las omisiones y rectificar los errores de copia, de referencias o de cálculos numéricos, que aparecieren de manifiesto en la misma sentencia, o dictar ampliaciones, dentro de tres días, después de dictada la sentencia, con tal de que dichas aclaraciones y ampliaciones las solicite alguna de las partes el día de la publicación o en el siguiente. (Resaltado de la Sala).
En relación con el artículo transcrito, esta Sala ha precisado en forma reiterada que el lapso procesal de que disponen las partes para solicitar aclaratorias y ampliaciones del fallo debe preservar el derecho al debido proceso y a una justicia transparente, consagrados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, para así evitar que por su extrema brevedad dichos lapsos constituyan en sí mismos un menoscabo al ejercicio real de tales derechos (sentencias números 00124, 01622, 01206, 01806, 00292 de fechas 13 de febrero de 2001, 22 de octubre de 2003, 04 de julio y 08 de noviembre de 2007 y 05 de marzo de 2008, respectivamente).
Asimismo la Sala ha establecido que el lapso para oír la solicitud de aclaratoria ( ) es igual al lapso de apelación del artículo 298 del Código de Procedimiento Civil, salvo que la ley establezca un lapso especial para la misma (sentencias números 00124 del 13 de febrero de 2001, 01206 del 04 de julio de 2007 y 00292 del 05 de marzo de 2008, entre otras), es decir, cinco (5) días de despacho.
En el caso de autos, la parte actora en fecha 29 de enero de 2009 solicitó aclaratoria del fallo Nº 00057 del 21 de enero de 2009, y visto que para esa fecha no había transcurrido el lapso antes referido, se concluye que fue presentada tempestivamente. Así se decide.
Establecido lo anterior, debe señalarse que el artículo 252 del Código de Procedimiento Civil alude a la posibilidad jurídica de hacer corrección a las sentencias, mediante las figuras de: aclaratoria, salvatura, ampliación y rectificación. Se trata de figuras distintas según las deficiencias que presenten las sentencia, pero dirigidas a un objetivo común que es lograr la determinación precisa del alcance del dispositivo en aquél contenido, orientada a su correcta ejecución (Sentencia de esta Sala N° 00314 del 15 de febrero de 2006), sin que ello implique modificar la decisión de fondo emitida, ni realizar un nuevo examen de los planteamientos de las partes.
En ocasiones anteriores, la Sala ha precisado en qué consiste cada una de estas figuras, indicando que la aclaratoria constituye un medio por el cual el órgano jurisdiccional expone, con mayor claridad algún punto presentado de manera oscura, ambigua o contradictoria en la decisión; que la ampliación tiene una función extensiva y de desarrollo de puntos incompletos en el fallo sujeto a corrección; que la salvatura consiste en agregar un pronunciamiento de índole material que ha sido omitido involuntariamente por el tribunal en la decisión (Sentencia de esta Sala Nº 00080 del 19 de enero de 2006), y que la rectificación tiene por objeto corregir los errores de copia, de referencias o de cálculos numéricos, que aparecieren de manifiesto en la misma sentencia, es decir, subsanar errores materiales en el fallo, obviamente sin modificar sustancialmente su contenido.
En el presente caso la solicitud del apoderado judicial de la actora está dirigida a que se aclare la sentencia de esta Sala del 21 de enero de 2009, sobre el siguiente punto de la motiva: percibía un salario básico mensual de dos mil quinientos cincuenta bolívares (Bs. 2.550, 00), por lo que se constata que devengaba un salario inferior a los tres salarios mínimos mensuales de conformidad con lo establecido en el Decreto Presidencial N° 5.752, de fecha 27 de diciembre de 2007, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.839 del mismo día, vigente para la fecha del despido. Considera este Máximo Tribunal que, la solicitud no tiene por objeto precisar algún concepto ambiguo, oscuro, vago o poco claro del fallo y que pueda prestarse a confusión, sino más bien participa de las características de una rectificación de sentencia, y en tal sentido será resuelta.
Precisado lo anterior, considera la Sala necesario referirse al escrito de fecha 27 de noviembre de 2008, en el cual el apoderado judicial de la parte actora alegó que concurría a este Supremo Tribunal para reformar la solicitud interpuesta.
En cuanto a este punto se determina que, conforme al primer aparte del artículo 19 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, la reglas del Código de Procedimiento Civil rigen de manera supletoria en los procedimientos que cursen en este Máximo Tribunal.
Al respecto, el artículo 63 del Código de Procedimiento Civil dispone: "La determinación sobre la jurisdicción se dictará sin previa citación ni alegatos, ateniéndose la Corte únicamente a lo que resulte de las actuaciones remitidas (Resaltado de la Sala).
La norma parcialmente transcrita prevé que debe decidirse la consulta de jurisdicción sin alegatos y sólo con las actuaciones remitidas, por lo que el escrito presentado por la representante judicial de la parte actora no debe ser objeto de valoración a los fines decisorios (Vid. Sentencias Nro. 01683, 00083 y 00269 de fechas 17 de enero y 24 de octubre de 2007 y 28 de febrero de 2008, respectivamente, dictadas por esta Sala).
Se advierte que en el escrito presentado por la solicitante, en fecha 27 de noviembre de 2008 ante esta Sala, referido en la narrativa de la decisión N° 00057 del 21 de enero de 2009, la ciudadana Mirna Carolina Machado Cisneros modific[a] o corri[ge] la solicitud de calificación de despido. Al respecto se precisa, de conformidad con lo antes dicho, que en conocimiento como se está ante una consulta de jurisdicción, la decisión ha de ser adoptada con fundamento en las actuaciones remitidas por el consultante y, por supuesto sobre la base de las circunstancias fácticas que quedaron establecidas en la oportunidad del fallo consultado. Sin embargo, en el fallo cuya corrección se solicitó se declaró lo siguiente:
En consideración a las normas precedentemente transcritas, observa esta Sala que la accionante en su escrito libelar alegó que: 1) comenzó a prestar sus servicios el día 08 de agosto de 2007, y fue despedida el 22 de octubre de 2008, acumulando más de tres (3) meses de antigüedad; 2) percibía un salario básico mensual de dos mil quinientos cincuenta bolívares (Bs. 2.550, 00), por lo que se constata que devengaba un salario inferior a los tres salarios mínimos mensuales de conformidad con lo establecido en el Decreto Presidencial N° 5.752, de fecha 27 de diciembre de 2007, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.839 del mismo día, vigente para la fecha del despido; y 3) se desempeñaba como "ASISTENTE ADMINISTRATIVO", todo lo que hace presumir que no ejercía un cargo de dirección o confianza; razones que permiten a la Sala determinar que la ciudadana Mirna Carolina Machado Cisneros, para el momento de su despido estaba, en principio, amparada por la inamovilidad laboral prevista en el precitado Decreto . (Resaltado de la Sala).
Se advierte entonces que efectivamente la Sala al considerar que el salario devengado por la recurrente era de dos mil quinientos cincuenta bolívares (Bs. 2.550,00) cuando el que adujo como devengado en la oportunidad de interponer su solicitud de calificación de despido era de dos mil doscientos cincuenta bolívares (Bs. 2.250,00) incurrió en un error material. De manera que este monto es el que debe tomarse a los efectos de la decisión.
En efecto, pese a ese error, la Sala arribó a la conclusión correcta al sentenciar que la actora devengaba un salario inferior a los tres (3) mensuales y que, por tanto, le era aplicable el Decreto Presidencial N° 5.752, de fecha 27 de diciembre de 2007, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.839 del mismo día. No obstante lo anterior cabe destacar que aun cuando el salario de la peticionante hubiese sido efectivamente superior al previsto en el respectivo Decreto, y consecuencialmente hubiere quedado excluida de la inamovilidad declarada, coexistía como se dejó establecido, otra causal de inamovilidad laboral, tal como lo precisó la Sala al afirmar en el folio 7 del fallo N° 00057 de fecha 21 de enero de 2009 lo siguiente:
Ahora bien, en el caso que se examina se constata adicionalmente que la accionante en su escrito libelar (folio 3) alegó encontrarse de reposo médico para el momento de producirse el despido.
omissis
En consecuencia, apreciados en el caso de autos, que la parte actora está aduciendo dos (2) de los supuestos de inamovilidad laboral, corresponderá a la Inspectoría del Trabajo determinar si en efecto la accionante estaba amparada por una causal de inamovilidad derivada del Decreto dictado por el Ejecutivo Nacional y/o por una causa de suspensión de la relación laboral, por lo tanto, la mencionada Inspectoría deberá pronunciarse respecto de la solicitud de calificación de despido, reenganche y pago de los salarios caídos incoada. Así se declara . (Resaltado de la Sala).
De la transcripción parcial del fallo se aprecia adicionalmente que la trabajadora para el momento de producirse el despido se encontraba de reposo médico, es decir, suspendida la relación laboral, y por lo tanto gozaba de inamovilidad laboral.
En virtud de lo anterior, esta Sala debe considerar improcedente la corrección solicitada por el apoderado judicial de la parte actora en fecha 29 de enero de 2009. Así se decide.
No obstante, de las consideraciones que anteceden, esta Sala advierte que al corregir el error material en la cantidad, que -como quedó establecido- no implica cambio alguno en la sentencia, el texto del punto 2 de la motiva del fallo debe leerse como sigue:
En consideración a las normas precedentemente transcritas, observa esta Sala que la accionante en su escrito libelar alegó que: 1) comenzó a prestar sus servicios el día 08 de agosto de 2007, y fue despedida el 22 de octubre de 2008, acumulando más de tres (3) meses de antigüedad; 2) percibía un salario básico mensual de dos mil doscientos cincuenta bolívares (Bs. 2.250, 00), por lo que se constata que devengaba un salario inferior a los tres salarios mínimos mensuales de conformidad con lo establecido en el Decreto Presidencial N° 5.752, de fecha 27 de diciembre de 2007, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.839 del mismo día, vigente para la fecha del despido; y 3) se desempeñaba como "ASISTENTE ADMINISTRATIVO", todo lo que hace presumir que no ejercía un cargo de dirección o confianza . (Resaltado de la Sala).
Por lo antes expuesto, este Alto Tribunal en Sala Político-Administrativa, teniendo como norte la función del juez como rector del proceso, corrigiendo las faltas cometidas en cualquier acto procesal, en aplicación de los principios constitucionales que garantizan una justicia imparcial, idónea, independiente, equitativa y expedita, sin formalismos ni reposiciones inútiles, SUBSANA el error material advertido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 252 del Código de Procedimiento Civil. Así se declara.
III
DECISIÓN
En atención a los razonamientos precedentemente expuestos, esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara:
1.- IMPROCEDENTE la solicitud de rectificación efectuada por el apoderado judicial de la ciudadana MIRNA CAROLINA MACHADO CISNEROS, respecto a la sentencia de esta Sala Nº 00057 de fecha 21 de enero de 2009.
2.- SUBSANA el error material advertido en el referido fallo, en consecuencia, en la página 7 punto 2) de la motiva de esa sentencia debe leerse: percibía un salario básico mensual de dos mil doscientos cincuenta bolívares (Bs. 2.250, 00), por lo que se constata que devengaba un salario inferior a los tres salarios mínimos mensuales de conformidad con lo establecido en el Decreto Presidencial N° 5.752, de fecha 27 de diciembre de 2007, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.839 del mismo día, vigente para la fecha del despido.
Téngase la presente decisión como parte integrante del fallo Nº 00057, dictado en el expediente Nº 2008-00922 por esta Sala Político-Administrativa, en fecha 21 de enero de 2009.
Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los diez (10) días del mes de marzo del año dos mil nueve (2009). Años 198º de la Independencia y 150º de la Federación.
La Presidenta
EVELYN MARRERO ORTÍZ
La Vicepresidenta
YOLANDA JAIMES GUERRERO
Los Magistrados,
LEVIS IGNACIO ZERPA
HADEL MOSTAFÁ PAOLINI
EMIRO GARCÍA ROSAS
Ponente
La Secretaria,
SOFÍA YAMILE GUZMÁN
En once (11) de marzo del año dos mil nueve, se publicó y registró la anterior sentencia bajo el Nº 00338.
La Secretaria,
SOFÍA YAMILE GUZMÁN