Sentencia N.º 00359
- Sentencia
- N.º 00359
- Fecha
- 01/03/2007
- Sala
- Político Administrativa
- Expediente
- 2002-1046
- Ponente
- Hadel Mostafá Paolini
- Procedimiento
- Apelación
- Enlace fuente oficial
- Ver en sitio web oficial del TSJ
MAGISTRADO PONENTE HADEL MOSTAFÁ PAOLINI
EXP. Nº 2002-1046
En fecha 29 de octubre de 2001, el abogado Adolfo Montenegro, inscrito en el INPREABOGADO bajo el N° 18.852, actuando con el carácter de apoderado judicial del MUNICIPIO LIBERTAD DEL ESTADO ANZOÁTEGUI, tal como se evidencia de instrumento poder autenticado en fecha 28 de mayo de 2001, ante la Oficina Subalterna de Registro Público del aludido Municipio, bajo el Nº 57, Tomo 123, de los Libros de Autenticaciones respectivos, interpuso recurso de apelación contra la sentencia N° 598, de fecha 17 de octubre de 2001, dictada por el Tribunal Superior Quinto de lo Contencioso Tributario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, recaída en el expediente No. 1694 (de la nomenclatura del prenombrado Tribunal), mediante la cual se declaró improcedente la medida cautelar de embargo preventivo solicitada por la apoderada judicial del mencionado Municipio, con ocasión del recurso contencioso tributario incoado por la contribuyente CONSTRUCCIONES RENE MATA, C.A. (REMACA), sociedad mercantil inscrita ante el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, el 15 de julio de 1988, bajo el N° 47, Tomo 27-A; contra el acto administrativo contenido en la Resolución S/N, de fecha 21 de marzo de 2001, emanada del Alcalde del referido Municipio, por medio de la cual se formuló a la referida contribuyente reparo por concepto de impuesto sobre patente de industria y comercio causado y no pagado durante el período comprendido entre el 20 de febrero de 1995 y el 1° de enero de 2000, se impuso multa, se calcularon intereses moratorios y actualización monetaria, por un monto total de ciento un millones cuatrocientos noventa y seis mil seiscientos treinta y nueve bolívares con treinta y seis céntimos (Bs. 101.496.639, 36).
En fecha 19 de noviembre de 2001, el mencionado juzgado superior oyó en un solo efecto la apelación interpuesta, y por oficio Nº 3771 del 11 de noviembre de 2002, ordenó la remisión de las copias certificadas señaladas por el recurrente a esta Sala Político-Administrativa, siendo recibidas el 14 del mismo mes y año.
El 20 de noviembre de 2002, se dio cuenta en Sala, se designó Ponente al Magistrado Hadel Mostafá Paolini y se fijó un lapso de diez días de despacho para que las partes presentaran sus alegatos. En fecha 12 de diciembre de 2002, el apoderado judicial del Municipio Libertad del Estado Anzoátegui, presentó el escrito respectivo.
Por auto de esa misma fecha, (12-12-2002), se dejó constancia del vencimiento del lapso para consignar alegatos de conformidad con el auto de fecha 20 de noviembre de 2002.
Mediante diligencia de fecha 14 de enero de 2003, el apoderado judicial del mencionado Municipio consignó ( ) copia certificada expedida por el Juzgado Superior Quinto en (sic) lo Contencioso Tributario (sic) ( ) del auto de fecha 8 de agosto de 2001 con el cual se admitió el Recurso Contencioso Tributario intentado por CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS RENE-MATA C.A. (REMACA), contra la Resolución de fecha 21 de marzo de 2001 dictada por la ALCALDÍA DEL MUNICIPIO LIBERTAD, SAN MATEO, ESTADO ANZOÁTEGUI, mediante la cual se le impuso a dicha compañía reparo tributario por la cantidad de Bs. 101.496.639,96.
El 17 de enero de 2005, se incorporaron a esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, los Magistrados Emiro García Rosas y Evelyn Marrero Ortíz, designados por la Asamblea Nacional el 13 de diciembre de 2004. Asimismo, el 2 de febrero de 2005, fue elegida la Junta Directiva de esta Sala, quedando integrada por cinco Magistrados, conforme a lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, a saber: Presidenta, Magistrada Evelyn Marrero Ortíz; Vicepresidenta, Magistrada Yolanda Jaimes Guerrero; y Magistrados Levis Ignacio Zerpa, Hadel Mostafá Paolini y Emiro García Rosas.
El 7 de febrero de 2007, se eligió la actual Junta Directiva de esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, quedando conformada de la siguiente manera: Presidenta, Magistrada Evelyn Marrero Ortíz; Vicepresidenta, Magistrada Yolanda Jaimes Guerrero; y Magistrados Levis Ignacio Zerpa, Hadel Mostafá Paolini y Emiro García Rosas.
Realizado el estudio del expediente, pasa esta Sala a decidir, previas las siguientes consideraciones:
I
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
La perención de la instancia constituye un mecanismo anómalo para la culminación del procedimiento, en el sentido de que la declaratoria que a bien tenga proferir el operador de justicia, no produce cosa juzgada material en las causas sometidas a su conocimiento, pudiendo el accionante interponer nuevamente la demanda o recurso en los mismos términos en que fue propuesta anteriormente, siempre que se encuentre dentro del lapso legal establecido a tales fines.
En tal sentido, la perención es un mecanismo dispuesto ex lege que tiene por finalidad evitar que los procesos se perpetúen cuando resulte evidente que no existe interés de los sujetos procesales en la continuación de la causa.
Ahora bien, del estudio de las actas procesales que conforman el presente expediente se constata que el lapso de paralización descrito en la ley, a los efectos de declarar perimida la instancia, se produjo bajo el rigor de la entonces vigente Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia.
En este sentido el artículo 86 de la Ley in commento, dispone que la instancia se extinguía en las causas que hubieran estado paralizadas por más de un año a partir del último acto de procedimiento, por lo que en tal caso, este Tribunal Supremo, sin más trámites, debía declarar la perención, de oficio o a instancia de parte.
Sin embargo, en cuanto a la interpretación de la norma citada, cabe destacar que mediante el fallo No. 2.673 de fecha 14 de diciembre de 2001, la Sala Constitucional de este Supremo Tribunal, dejó sentado lo siguiente:
resulta evidente que la institución regulada en el artículo 86 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia tiene su origen en la perención ordinaria regulada por el Código de Procedimiento Civil desde el año 1916, y cuyas normas son de aplicación supletoria en el proceso administrativo, de conformidad con lo establecido en el artículo 88 eiusdem.
Con la reforma del Código de Procedimiento Civil realizada en el año 1986, la figura de la perención fue objeto de varias modificaciones recogidas en sus normas, y fue así como la consagración expresa de que no producirá perención, la inactividad del juez después de vista la causa, establecido en el artículo 267 eiusdem, fue adoptada por la Sala Político Administrativa de la entonces Corte Suprema de Justicia e, inclusive, del hoy Tribunal Supremo de Justicia, en concordancia con el dispositivo contenido en el artículo 86 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, para aplicarlo a los procedimientos que por ante dicha Sala cursaban..
Asimismo es oportuno destacar el criterio establecido por esa misma Sala Constitucional, en sentencia No. 956 del 1º de junio de 2001 (caso: Frank Valero González y Milena Portillo Monosalva de Valero), respecto a la institución de la perención de la instancia en el Código de Procedimiento Civil, en cuyo texto se señaló:
Para que corra la perención la clave es la paralización de la causa. Sólo en la que se encuentra en tal situación puede ocurrir la perención, siempre que la parálisis sea de la incumbencia de las partes, ya que según el Código de Procedimiento Civil, la inactividad del juez después de vista la causa no producirá la perención.
Siendo la perención un castigo a la inactividad de las partes, la de los jueces no puede perjudicar a los litigantes, ya que el incumplimiento del deber de administrar justicia oportuna es sólo de la responsabilidad de los sentenciadores, a menos que la falta de oportuno fallo dependa de hechos imputables a las partes, como ocurre en los ejemplos antes especificados.
La anterior interpretación tiene plena validez para todos los procesos que se rigen por el Código de Procedimiento Civil.
Omissis
En razón de los argumentos expuestos, considera la Sala que la perención de la instancia, al menos en los procesos de naturaleza civil, o de los que se guíen por el Código de Procedimiento Civil, sólo funciona cuando existe inactividad de las partes, y no cuando después de vista la causa surge inactividad del juez, cuando no sentencie en los términos señalados en las leyes para ello, con lo que se paraliza la causa.
Debe apuntar la Sala, que la vista de la causa, comienza en el juicio ordinario, después de fenecido el lapso para las observaciones de las partes a los informes, con lo que coincide con el estado de sentencia al que alcanza el proceso.
Lo expresado en el Código de Procedimiento Civil, consigue mayor fundamento en la actual Constitución, ya que el numeral 8 del artículo 49 ordena al Estado que repare las lesiones causadas por retardo u omisión injustificada, lo que significa que es una responsabilidad del Estado sentenciar a tiempo, y si la dilación produce indemnizaciones a favor de las víctimas, mal puede producir un mal mayor que el de ella misma (la dilación), cual es, además, el de la perención..
Conforme al criterio sentado en los reseñados fallos, el cual acoge esta Sala, se establece que en materia de perención de la instancia debe aplicarse el supuesto normativo previsto en el encabezamiento del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil.
Igualmente, debe precisarse que este Alto Tribunal ha señalado que cuando se trate de cualquier otro pronunciamiento que no sea la sentencia de mérito, no existe impedimento para decretar la perención. Así, la Sala Constitucional en decisión No. 853 del 5 de mayo de 2006, ratificada por esta Sala mediante sentencia No. 02968 del 20 de diciembre de 2006, caso: Up-Line Publicidad, C.A., estableció:
El decreto de la perención, por el transcurso de más de un año sin actividad de las partes, ha sido considerado por esta Sala Constitucional como una sanción del legislador frente a la inactividad de las partes. Así en la sentencia Nº 956/01 del 1 de junio, se dejó sentado lo siguiente:
...También quiere asentar la Sala, que la perención es fatal y corre sin importar quiénes son las partes en el proceso, siendo su efecto que se extingue el procedimiento, y según el artículo 271 del Código de Procedimiento Civil, en ningún caso el demandante podrá volver a proponer la demanda, antes que transcurran noventa (90) días continuos (calendarios) después de verificada (declarada) la perención..
Así las cosas, aprecia esta Sala Constitucional que la declaratoria de perención opera de pleno derecho, y puede ser dictada de oficio o a petición de parte, sin que se entienda en esta frase que existe en cabeza del juzgador un margen de discrecionalidad para el decreto de la misma, ya que la sanción debe ser dictada tan pronto se constate la condición objetiva caracterizada por el transcurso de más de un año sin actuación alguna de parte en el proceso, salvo que la causa se encuentre en estado de sentencia.
Es necesario destacar, que el mencionado estado de sentencia es el referido a la sentencia de fondo, y que nace luego de que se ha dicho vistos, de conformidad con lo dispuesto en el Capítulo I, del Título III, del Libro Segundo del Código de Procedimiento Civil, por lo que no impide el decreto de la perención la espera de cualquier otro pronunciamiento del juzgador, distinto al de mérito.
En ese sentido se pronunció esta Sala Constitucional en sentencia N° 909 del 17 de mayo de 2004, en la que señaló:
De lo anteriormente expuesto, se colige que la perención ha de transcurrir, mientras las partes estén legalmente facultadas para impulsar el curso del juicio, para realizar actos de procedimiento, aun en aquellos casos que el proceso se encuentre paralizado en espera de una actuación que corresponde únicamente al juez, salvo en los casos en que el tribunal haya dicho vistos y el juicio entre en etapa de sentencia. ( ).
En el caso en el que se dictó la sentencia citada, se encontraba la causa al igual que en el presente, a la espera de un pronunciamiento del órgano jurisdiccional, en particular de la Sala Político Administrativa (sic), pero en ambos se trataba de una decisión interlocutoria.
En ese orden de ideas se indicó en la sentencia citada:
que el acto judicial objeto del presente recurso de revisión, es la decisión del 30 de enero de 2003, dictada por la Sala Político-Administrativa, en el proceso correspondiente al recurso de nulidad interpuesto por el hoy solicitante, contra la resolución número DGAC-002 dictada por la Contraloría General de la República, en el cual la parte recurrente apeló, el 18 de abril de 1996, del auto que declaró inadmisible la prueba de testimonial promovida, se ordenó pasar el expediente al ponente a los fines de decidir la incidencia, posteriormente, el 2 de julio de 1997, la parte actora solicitó pronunciamiento sobre la referida apelación. En ese estado la causa principal se paralizó por un período superior a un año, por lo que, la representación de la Contraloría General de la República solicitó se decretara la perención, el 21 de julio de 1998.
De lo anterior se desprende que en la referida causa no se había dicho vistos y estaba pendiente una decisión interlocutoria con relación a la mencionada apelación, razón por la cual no puede pretenderse la aplicación del criterio vinculante establecido por esta Sala con relación a la institución de la perención, que según lo expuesto, conduce a la anulación de las sentencias posteriores al 1 de junio de 2001 que declaren la perención en causas paralizadas por más de un año después de vistos.
Siendo así, estima la Sala que, en el caso planteado, la parte actora debió impulsar el procedimiento y ante su falta de actividad operó la perención de la instancia prevista en el artículo 86 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, tal como lo declaró la Sala Político- Administrativa a través de su decisión del 30 de enero de 2003, objeto del presente recurso de revisión. (Subrayado del texto y resaltado de esta Sala).
En tal sentido, resulta necesario señalar que desde el 14 de enero de 2003, fecha en la cual el apoderado judicial del Municipio Libertad del Estado Anzoátegui presentó diligencia mediante la cual consignó copia certificada del auto de admisión del recurso contencioso tributario interpuesto por la contribuyente, la causa ha estado paralizada por más tiempo del lapso previsto en el encabezado del aludido artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, sin que se hubiese realizado acto alguno de procedimiento por las partes ni por este Tribunal Supremo, distinto a la ratificación de la ponencia del Magistrado que suscribe el presente fallo, de lo que debe concluirse la falta de interés de las partes en mantener el curso de las presentes apelaciones.
Por tanto, resulta evidente que ha transcurrido con creces el lapso de un (1) año previsto en el indicado artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, por lo que se impone declarar consumada la perención y, por ende, extinguida la instancia en la presente incidencia, de conformidad con la referida norma procesal. Así se declara.
II
DECISIÓN
Conforme a lo expuesto, esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara que se ha consumado de pleno derecho la PERENCIÓN y, en consecuencia, EXTINGUIDA LA INSTANCIA en la presente incidencia y FIRME la decisión apelada mediante la cual se declaró improcedente la medida cautelar de embargo preventivo solicitada por el MUNICIPIO LIBERTAD DEL ESTADO ANZOÁTEGUI, con ocasión del recurso contencioso tributario incoado por la contribuyente CONSTRUCCIONES RENE MATA, C.A. (REMACA).
Publíquese, regístrese y notifíquese. Devuélvase el expediente al Tribunal de origen. Cúmplase lo ordenado.
Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los veintiocho (28) días del mes de febrero del año dos mil siete (2007). Años 196º de la Independencia y 148º de la Federación.
La Presidenta
EVELYN MARRERO ORTÍZ
La Vicepresidenta
YOLANDA JAIMES GUERRERO
Los Magistrados,
LEVIS IGNACIO ZERPA
HADEL MOSTAFÁ PAOLINI
Ponente
EMIRO GARCÍA ROSAS
La Secretaria,
SOFÍA YAMILE GUZMÁN
En primero (01) de marzo del año dos mil siete, se publicó y registró la anterior sentencia bajo el Nº 00359.
La Secretaria,
SOFÍA YAMILE GUZMÁN
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