Venley

Sentencia N.º 00365

Sentencia N.º 00365

Sentencia
N.º 00365
Fecha
24/03/2011
Sala
Político Administrativa
Expediente
2008-0727
Ponente
Levis Ignacio Zerpa
Procedimiento
Recurso de Nulidad

MAGISTRADO PONENTE: LEVIS IGNACIO ZERPA

Exp. Nº 2008-0727

 

Mediante escrito presentado el 29 de septiembre de 2010, los abogados Edith Hernández Sarabia y Gennys Alberto Sosa Bernal, inscritos en el INPREABOGADO bajo los números 616 y 41.402, respectivamente, actuando en su carácter de representantes judiciales de la sociedad mercantil C.A. Inversiones KA, señalaron que en la decisión definitiva pronunciada sobre el recurso de nulidad interpuesto por su representada, esta Sala “...violó a nuestra poderdante el principio de expectativa legítima, al no decidir sobre la totalidad de sus pretensiones...”. Seguidamente procedieron a “reformar la demanda” incoada en la presente causa con fundamento en el criterio establecido en el Obiter Dictum contenido en la sentencia No. 01217, dictada por esta Sala el 11 de agosto de 2009, la cual se publicó en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela No. 39.248 del 24 de agosto de 2009.

I

 ANTECEDENTES

            En fecha 18 de mayo de 2010, esta Sala Político-Administrativa dictó sentencia publicada el 19 del mismo mes y año, y registrada bajo el No. 00422, en la causa iniciada mediante recurso contencioso administrativo de anulación interpuesto por la sociedad mercantil C.A. Inversiones KA contra el acto administrativo emanado del Ministro del Poder Popular para la Defensa, contenido en la Resolución No. 1014 de 15 de febrero de 2008, que declaró improcedente el recurso de reconsideración interpuesto contra la Resolución No. 004174 del 30 de octubre de 2007, y en virtud del cual se rescindió el contrato de obras celebrado entre ambos, el 31 de diciembre de 2002, distinguido con el No. CGA-CNALO-DOCI-012-01, cuyo objeto era la ejecución de la obra “Mantenimiento Mayor a la Infraestructura de la Base Naval ‘CA Agustín Armario’ (Lavandería y Residencia N° 34) ubicada en Puerto Cabello, Estado Carabobo”.  En su parte dispositiva se declaró:

“1.- SIN LUGAR el recurso contencioso administrativo de anulación ejercido por la sociedad mercantil C.A. INVERSIONES KA contra el acto administrativo emanado del Ministro del Poder Popular para la Defensa, contenido en la Resolución No. 1014 de 15 de febrero de 2008.

2.- IMPROCEDENTE el pago de las cantidades dinerarias reclamadas por concepto de valuaciones, intereses de mora e indemnización de daños y perjuicios”.

Para determinar la improcedencia de la pretensión planteada, esta Sala indicó en la parte final de la motivación del fallo en referencia, lo siguiente:

“Ahora bien, estima la Sala que lo solicitado, para ser acordado, exige que la litis sea establecida entre dos partes (los celebrantes del negocio jurídico), por lo que no basta, para determinar la procedencia de los montos reclamados, la impugnación del acto mediante el cual la Administración Pública decidió rescindir la relación contractual. 

De allí que sólo una vez planteada la controversia en la que tanto el contratista como el ente contratante puedan ejercer plenamente su derecho a la defensa (en cuyo ejercicio les está dado esgrimir sus alegatos y defensas, así como probar sus respectivas afirmaciones), podrá la Sala estudiar con detalle todas las fases que se siguieron para la ejecución parcial de la obra, y establecer con fundamento en las actas y valuaciones incorporadas al expediente, si procede o no el pago de las sumas exigidas.   

Cabe aclarar en este punto que una vez que se ha declarado ajustado a derecho el acto que acordó la rescisión del contrato de obra No. CGA-CNALO-DOCI-012-01, la solución que deba dar la Sala al pedimento sobre los supuestos daños ocasionados por el mismo, corre en todo caso la misma suerte del primer pronunciamiento y, por tanto, éste resulta igualmente improcedente.  Así se decide.

Ello, sin perjuicio de que mediante el ejercicio de una acción idónea pueda el juzgador analizar lo relativo al supuesto pago tardío de las valuaciones, y definir en cuál de las partes recae la responsabilidad de la paralización de la obra y, en consecuencia, a cuál de ellas corresponde pagar la indemnización prevista en tales casos en los artículos 113 y 118 de las Condiciones Generales de Contratación para la Ejecución de Obras. Así se decide.

4.- Finalmente, debe tenerse presente lo señalado en Obiter Dictum contenido en sentencia No. 01217, dictada por esta Sala el 11 de agosto de 2009 (publicada en la Gaceta Oficial de la  República Bolivariana de Venezuela No. 39.248 del 24 de agosto de 2009), esto es, que en razón de la frecuencia con la que se intentan por ante este órgano jurisdiccional recursos de nulidad contra actos emanados de la Administración Pública con el objeto de dar fin al vínculo jurídico nacido de un contrato administrativo, como ocurre en el presente caso, se concederá un lapso de diez (10) días de despacho contados a partir del auto que lo acuerde o de su notificación, para que el recurrente presente escrito mediante el cual reforme su pretensión y los fundamentos de ésta, por cuanto la Sala considera que el procedimiento apropiado para conocer de este tipo de pretensiones es el ordinario; ello conforme a lo previsto en el primer aparte del artículo 19 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela”.

Cumplidas las notificaciones del Ministerio del Poder Popular para la Defensa y de la Procuraduría General de la República, y teniéndose por notificada la sociedad recurrente de la anterior sentencia en virtud de solicitud de copias certificadas formulada el 09 de junio de 2010 (de la cual se dejó constancia en el expediente), por escrito presentado el 29 de septiembre de 2010 la representación judicial de C.A. Inversiones KA expresó que esta Sala no decidió “...sobre la totalidad de sus pretensiones”, las cuales se formularon “...con fundamento en el artículo 21, aparte 17 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, -vigente al momento en que se interpuso el recurso nulidad, es decir, el 17 de agosto de 2008- y en el criterio jurisprudencial existente, que consideraba que esta norma tiene su origen en la intención del legislador de otorgarle un poder de apreciación muy amplio al juez contencioso administrativo sobre las consecuencias y efectos del acto anulado que implica la posibilidad de que al decidirse un recurso de nulidad contra un acto administrativo, cualquiera que sea su origen, y el recurrente lo haya solicitado; se decida acerca de la pretensión de daños y perjuicios, pretensión ésta que se ventila en forma conjunta...”.                    

            De igual forma, los mencionados profesionales del derecho interpusieron reforma de la demanda con base en el criterio esgrimido en el Obiter Dictum dispuesto en el fallo No. 01217, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela No. 39.248 del 24 de agosto de 2009, “...sentencia en la cual se ha fundamentado la Sala para exigirnos presentar un escrito de reforma; sin percatarse de la fecha de interposición de nuestro recurso” (sic).

            Por diligencia consignada el 08 de febrero de 2011, el apoderado judicial de la recurrente solicitó a la Sala que se pronuncie sobre lo pedido en el escrito presentado el 29 de septiembre de 2010.

Por auto de fecha 09 de febrero de 2011, se hizo constar la incorporación a esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia de la Magistrada Trina Omaira Zurita, designada por la Asamblea Nacional el 07 de diciembre de 2010, quien se juramentó e incorporó como Magistrada Principal en fecha 09 de diciembre del mismo año, quedando integrada esta Sala de la siguiente manera: Presidenta, Magistrada Evelyn Marrero Ortíz; Vicepresidenta, Magistrada Yolanda Jaimes Guerrero; Magistrados Levis Ignacio Zerpa y Emiro García Rosas y Magistrada Trina Omaira Zurita.

II

MOTIVACIONES PARA DECIDIR

            Para decidir, se observa:

            1.- Denunciaron los apoderados judiciales de C.A. Inversiones KA que esta Sala no se pronunció sobre la totalidad de sus pretensiones, al dejar sin solución la indemnización de daños y perjuicios que en su criterio se ventiló junto al recurso contencioso administrativo de anulación. Por ello es necesario atender a lo dispuesto en el artículo 252 del Código de Procedimiento Civil sobre los mecanismos de corrección de la sentencia haciendo especial énfasis en la ampliación, figura en la que a juicio de la Sala puede enmarcarse el pedimento de la querellante, habida cuenta del alegato según el cual la decisión bajo estudio omitió resolver una de sus pretensiones. La norma en cuestión prevé:

“Después de pronunciada la sentencia definitiva o la interlocutoria sujeta a apelación, no podrá revocarla ni reformarla el Tribunal que la haya pronunciado. 

Sin embargo, el Tribunal podrá, a solicitud de parte, aclarar los puntos dudosos, salvar las omisiones y rectificar los errores de copia, de referencias o de cálculos numéricos, que aparecieren de manifiesto en la misma sentencia, o dictar ampliaciones dentro de tres días, después de dictada la sentencia, con tal de que dichas aclaraciones y ampliaciones las solicite alguna de las partes en el día de la publicación o en el siguiente.” (destacado de la Sala)

Antes, sin embargo, habrá que analizar la tempestividad de la solicitud propuesta.  Así, en lo que atañe al lapso procesal del cual disponen las partes para solicitar la corrección de la sentencia por los medios previstos en el artículo 252 eiusdem, esta Sala se ha pronunciado en anteriores oportunidades a fin de preservar el derecho al debido proceso y a una justicia transparente, consagrados en la vigente Constitución:

“Examinada la norma bajo análisis se observa que en un sistema fundamentalmente escrito como el nuestro, y limitadas las presentes consideraciones a los procesos seguidos ante esta Sala, y a los supuestos contenidos en la norma considerada, la misma carece de racionalidad en virtud de que no encontramos elemento de tal naturaleza que justificando la extrema brevedad del lapso, no implique un menoscabo del contenido esencial a solicitar el derecho a una justicia transparente, en comparación con supuestos de gravedad similares como es el caso de la apelación y, siendo así esta Sala, en el presente caso, considera necesario aplicar con preferencia la vigencia de las normas constitucionales sobre el debido proceso relativas a la razonabilidad de los lapsos con relación a la norma del artículo 252 del Código de Procedimiento Civil y, en ejecución de lo dispuesto en el artículo 334 de la Constitución, dispone en forma conducente, con efectos ex nunc, que el lapso para oír la solicitud de aclaratoria formulada es igual al lapso de apelación del artículo 298 del Código de Procedimiento Civil, salvo que la ley establezca un lapso especial para la misma en los supuestos de los actos a que se refiere el artículo 252 eiusdem”. (Sentencia No. 00124 del 13 de febrero de 2001, caso: Olimpia Tours and Travel C.A.)

Aplicando el anterior criterio al caso bajo análisis, se observa que la decisión cuya corrección se pretende, fue publicada el 19 de mayo de 2010. Adicionalmente, se tiene por notificada la parte demandante de la señalada sentencia en virtud de diligencia consignada el 09 de junio de 2010, mediante la cual solicitó copia certificada de la misma.

Por otra parte, consta en las actas procesales que fue en fecha 29 de septiembre de 2010 cuando los representantes judiciales de C.A. Inversiones KA presentaron el escrito que ha provocado la presente decisión.

De la anterior relación de actuaciones llevadas a cabo en el expediente, se evidencia que desde la fecha en que se tiene por notificada a la parte actora de la sentencia definitiva dictada en esta causa, esto es, desde el 09 de junio de 2010, hasta el 29 de septiembre del mismo año, oportunidad en que la Sala entiende planteada una “corrección de sentencia”, había transcurrido sobradamente el lapso de cinco días al cual alude el criterio esgrimido en la antes transcrita decisión No. 00124 (caso: Olimpia Tours and Travel C.A.) para que la recurrente pudiera solicitar la corrección del mencionado fallo.

En consecuencia, resulta forzoso declarar la extemporaneidad de la petición formulada por la sociedad mercantil C.A. Inversiones KA, en lo que atañe al pronunciamiento sobre la pretensión de daños y perjuicios que formuló conjuntamente con el recurso contencioso administrativo de anulación. Así se decide.

A mayor abundamiento, y sólo a los fines de poner de relieve que en la sentencia No. 00422 fue preservado el derecho a la defensa de la demandante al tenerse en cuenta todos los alegatos esgrimidos en el libelo de la demanda y las pruebas incorporadas por las partes al expediente, observa la Sala que con relación a la indemnización de daños y perjuicios solicitada, en la misma se expresó lo que sigue:

“(Omissis)...la recurrente reclama el pago de cantidades dinerarias que en su criterio aún le adeuda el ente contratante, y que totalizan la cantidad de ciento sesenta y siete millones ochocientos ochenta y cinco mil doscientos veintinueve con catorce céntimos (Bs. 167.885.229,14), hoy expresados en el monto de ciento sesenta y siete mil ochocientos ochenta y cinco bolívares con veintitrés céntimos (Bs. 167.885,23) “...por concepto de las Valuaciones de Obra Nros. 8 y 9 y las Valuaciones de Reconsideración de Precios Nos. 1A, 2A, 3A, 4A, 6A y 7A; y las Valuaciones de Inflación Nros 8A y 9A de Cierre de Obra y sus respectivas valuaciones de inflación...”. 

Agrega a su reclamación la cantidad de cincuenta y tres millones seiscientos catorce mil ciento sesenta y cinco bolívares con ochenta y un céntimos (Bs. 53.614.165,81), actualmente expresados en la suma de cincuenta y tres mil seiscientos catorce bolívares con diecisiete céntimos (Bs. 53.614,17), en virtud de “...los intereses de mora al 31 de julio de 2008”.

Del mismo modo, solicita el pago de una indemnización por los daños y perjuicios causados por el acto que ha dado lugar al presente pronunciamiento, “...los cuales vienen dados por la pérdida de las cantidades que representaron las obras dejadas de ejecutar en virtud de la rescisión...”.  Se concreta su pedimento en la cantidad de doscientos un millones novecientos sesenta y nueve mil cuatrocientos ochenta y ocho bolívares con cuarenta y un céntimos (Bs. 201.969.488,41), que actualmente corresponde a la suma de doscientos un mil novecientos sesenta y nueve bolívares con cuarenta y nueve céntimos (Bs. 201.969,49).

(...)

Cabe aclarar en este punto que una vez que se ha declarado ajustado a derecho el acto que acordó la rescisión del contrato de obra No. CGA-CNALO-DOCI-012-01, la solución que deba dar la Sala al pedimento sobre los supuestos daños ocasionados por el mismo, corre en todo caso la misma suerte del primer pronunciamiento y, por tanto, éste resulta igualmente improcedente.  Así se decide”. 

Adicionalmente, se declaró en la parte dispositiva del fallo “2.- IMPROCEDENTE el pago de las cantidades dinerarias reclamadas por concepto de valuaciones, intereses de mora e indemnización de daños y perjuicios”.

De allí que infiera esta Sala que lo expuesto por la sociedad recurrente mediante escrito presentado el 29 de septiembre de 2010, sólo puede obedecer a su inconformidad con los términos en que se dictó la decisión No. 00422, resultando así imposible a esta Sala pronunciarse nuevamente sobre dicha pretensión.

2.- En otro orden de ideas, es menester aludir al escrito de “reforma de la demanda” que acompañó la representación judicial de C.A. Inversiones KA al anterior requerimiento, el cual presentó esgrimiendo el criterio de la Sala establecido en el punto 4 del capítulo IV de la sentencia definitiva, en concordancia con lo señalado en el Obiter Dictum contenido en la sentencia No. 01217 que dictó esta Sala el 11 de agosto de 2009, y se publicó en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela No. 39.248 del 24 de agosto de 2009.

Vista esta actuación, se impone señalar que el Obiter Dictum in commento fue dictado por esta Sala en atención a la gran cantidad de recursos contenciosos administrativos de anulación interpuestos para atacar la validez y eficacia de los actos de la Administración Pública, dirigidos a rescindir los contratos celebrados por los distintos entes que la conforman con los particulares. 

En este sentido, venía observando reiteradamente la Sala que en tales casos, el medio idóneo para resolver sobre el acto rescisorio y la indemnización de daños y perjuicios que eventualmente podrían causarse era la demanda, por cuanto es el que permite plantear el debate entre dos partes (contratante y contratista), quienes pueden de esta forma ejercer plenamente su derecho a la defensa presentando los argumentos y pruebas que conduzcan al juzgador a establecer hechos de relevancia para su decisión, como los que se refieren a la ejecución parcial o total de la obra o del servicio contratado, la emisión de los documentos correspondientes que demuestran el avance de la obra, el cumplimiento de las obligaciones contractuales de las partes, así como de los trámites para el pago respectivo, entre otros aspectos.

  Es por ello que de conformidad con lo previsto en el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, con el objeto de garantizar el acceso a la justicia sin formalismos inútiles y la tutela judicial efectiva de los derechos e intereses de los particulares, se dispuso conceder  al peticionario “...un lapso de diez (10) días de despacho para que presente escrito mediante el cual reforme su pretensión y los fundamentos de ésta, los cuales serán contados a partir del auto que lo acuerde o de su notificación; ello conforme a lo previsto en el primer aparte del artículo 19 eiusdem, que faculta a este Alto Tribunal a aplicar el procedimiento que juzgue más conveniente para la realización de la justicia, cuando el ordenamiento jurídico no contemple un procedimiento especial a seguir”. Asimismo, se advirtió en esa oportunidad que se tramitaría el recurso en los términos originalmente planteados por la parte, si ésta no hubiese dado cumplimiento a lo solicitado.

Ahora bien, al hacer mención del Obiter Dictum en el fallo que dio fin al presente juicio, esta Sala no persiguió abrir en esa etapa una nueva fase dirigida al replanteamiento de la controversia, sino hacer un llamado a los litigantes para que en futuros y similares casos, puedan encausar sus pretensiones dentro de las etapas iniciales del iter procesal en aras de efectuar la mejor defensa de sus representados.

Así, como quiera que en este juicio obra sentencia definitivamente firme, en virtud del principio de preclusión procesal debe declararse inadmisible la reforma del recurso interpuesto en esta causa, que presentaron  los apoderados judiciales de C.A. Inversiones KA el 29 de septiembre de 2010. Así se decide.

III

DECISION

Por los razonamientos expuestos, la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara:

1.- EXTEMPORÁNEA la solicitud de corrección de la sentencia definitiva dictada en esta causa el 18 de mayo de 2010, publicada el 19 del mismo mes y año, y registrada bajo el No. 00422.

2.- INADMISIBLE la reforma del recurso que dio inicio a este juicio, presentada en fecha 29 de septiembre de 2010 por los apoderados judiciales de la sociedad mercantil C.A. Inversiones KA.

Publíquese, regístrese y comuníquese.  Archívese el expediente. Cúmplase lo ordenado.

   Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los veintitrés (23) días del mes de marzo del año dos mil once (2011). Años 200º de la Independencia y 152º de la Federación.

 

             La Presidenta

EVELYN MARRERO ORTÍZ

                                                                                                                                                   La Vicepresidenta

                                                                      YOLANDA JAIMES GUERRERO

 

Los Magistrados,

LEVIS IGNACIO ZERPA

              Ponente

 

 

                                                                                                                                      EMIRO GARCÍA ROSAS

 

TRINA OMAIRA ZURITA

 

 

La Secretaria,

SOFÍA YAMILE GUZMÁN

 

En veinticuatro (24) de marzo del año dos mil once, se publicó y registró la anterior sentencia bajo el Nº 00365, la cual no está firmada por la Magistrada Trina Omaira Zurita, por motivos justificados.

 

La Secretaria,

SOFÍA YAMILE GUZMÁN

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