Sentencia N.º 00368
- Sentencia
- N.º 00368
- Fecha
- 01/03/2007
- Sala
- Político Administrativa
- Expediente
- 2007-0082
- Ponente
- Hadel Mostafá Paolini
- Procedimiento
- Consulta de jurisdicción
- Enlace fuente oficial
- Ver en sitio web oficial del TSJ
MAGISTRADO PONENTE HADEL MOSTAFÁ PAOLINI
EXP. N° 2007-0082
Adjunto a oficio Nº 322-06 de fecha 21 de diciembre de 2006, recibido el día 30 de enero de 2007, el Juzgado Segundo de Primera Instancia de Juicio de la Coordinación Laboral de la Circunscripción Judicial del Estado Barinas, remitió a esta Sala Político-Administrativa el expediente contentivo de las actuaciones correspondientes a la solicitud de calificación de despido, reenganche y pago de salarios caídos, formulada por la ciudadana DALIA MERCEDES PULIDO GARBAN, titular de la cédula de identidad Nº 7.535.155, asistida por el abogado Juan Pedro Manrique López, inscrito en el INPREABOGADO bajo el Nº 31.249, contra la sociedad mercantil PDVSA PETRÓLEO, S.A., inscrita en el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda en fecha 16 de noviembre de 1978, bajo el N° 26, Tomo 127-A-Sgdo.; cuyo documento Constitutivo-Estatutario ha sido objeto de varias reformas, estando la última de éstas protocolizada en el prenombrado Registro Mercantil, en fecha 19 de diciembre de 2002, bajo el N° 60, Tomo 193-A-Sgdo.
Dicha remisión se efectuó para que esta Sala se pronuncie acerca de la consulta de jurisdicción planteada, de conformidad con los artículos 59 y 62 del Código de Procedimiento Civil, en virtud que dicho Juzgado por decisión de fecha 21 de diciembre de 2006, declaró la falta de jurisdicción del Poder Judicial frente a la Administración Pública, para conocer el caso de autos.
El 31 de enero de 2007, se dio cuenta en Sala y se designó ponente al Magistrado Hadel Mostafá Paolini, a fin de decidir la consulta.
El 7 de febrero de 2007, se eligió la actual Junta Directiva de esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, quedando conformada de la siguiente manera: Presidenta, Magistrada Evelyn Marrero Ortíz; Vicepresidenta, Magistrada Yolanda Jaimes Guerrero; y Magistrados Levis Ignacio Zerpa, Hadel Mostafá Paolini y Emiro García Rosas.
I
ANTECEDENTES
Mediante escrito de fecha 31 de enero de 2003, la ciudadana Dalia Mercedes Pulido Garban, asistida por el abogado Juan Pedro Manrique López, introdujo ante el Juzgado de Primera Instancia del Trabajo, Tránsito y Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Barinas, solicitud de calificación de despido, reenganche y pago de los salarios caídos, en virtud de haber sido despedida por la sociedad mercantil PDVSA PETRÓLEO, S.A., según aviso de prensa publicado el 24 de enero de 2003, en el diario De Frente.
Señaló la actora que el 15 de julio de 1991, comenzó a prestar sus servicios en la sociedad mercantil demandada, ocupando para el momento del despido el cargo de Gerente Servicios Logísticos Sur.
En su solicitud calificó de injustificado el despido, por no haber incurrido en ninguna de las causales previstas en el artículo 102 de la Ley Orgánica del Trabajo. Asimismo, invocó lo dispuesto en el artículo 116 eiusdem, en concordancia con el artículo 32 del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de Hidrocarburos.
El 6 de febrero de 2003, el Juzgado de Primera Instancia del Trabajo, Tránsito y Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Barinas, admitió la solicitud formulada, ordenando el emplazamiento de la parte demandada y la notificación de la Procuradora General de la República. Asimismo, fijó la fecha en que se realizaría el acto conciliatorio.
El 3 de mayo de 2004, la abogada Rosalía Cabrera, inscrita en el INPREABOGADO bajo el Nº 41.275, actuando con el carácter de apoderada judicial de la Procuraduría General de la República, solicitó la suspensión de la presente causa por el lapso de noventa (90) días continuos.
En virtud de la entrada en vigencia de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, las actuaciones fueron remitidas al Juzgado Segundo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución para el Régimen Procesal Transitorio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Barinas, el cual en fecha 20 de mayo de 2005, se abocó al conocimiento de la presente causa, ordenó librar los carteles de notificación a la empresa demandada, la notificación por oficio a la Procuradora General de la República y fijó la oportunidad para que tuviese lugar la audiencia preliminar.
El 7 de marzo de 2006, el Juzgado Primero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución para el Régimen Procesal Transitorio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Barinas, previa redistribución, se abocó al conocimiento de la presente causa, ordenando la notificación de las partes y de la Procuradora General de la República. Asimismo, fijó la oportunidad para llevar a cabo la audiencia preliminar.
El 25 de julio de 2006, oportunidad fijada para efectuar la audiencia preliminar, se dejó constancia de la comparecencia de las partes, siendo prorrogada de conformidad con lo establecido en el artículo 132 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.
Mediante acta de fecha 15 de noviembre de 2006, se dejó constancia de la imposibilidad de lograr la mediación en el caso de autos y de la consignación que hicieron las partes de los escritos de promoción de pruebas. Asimismo, se dio por concluida la audiencia preliminar.
Incorporados al expediente los referidos escritos, se observa que el apoderado judicial de la parte actora, expuso:
las manifestaciones de calle, hechos de alteración del orden público y emergencias suscitadas durante el mes de Enero de 2003 y primeros días de Febrero del mismo año 2003, frente al acceso y los alrededores de las instalaciones de la sede administrativa de la Empresa PDVSA, ubicadas en el sector Campo La Mesa o Móvil de esta ciudad de Barinas. Con dicha probanza se demostrará que efectivamente en esos días existía en frente y en los alrededores de las instalaciones de PDVSA, sitio de trabajo de mi mandante, alteraciones del orden público propiciadas por personas ajenas a la empresa en situaciones de gran hostilidad y agresividad, que aunadas a las acciones propias de las fuerzas de seguridad y de orden público desplegadas para controlarlas, imposibilitaron el acceso de mi mandante y de muchos otros trabajadores de la empresa, a las instalaciones de la misma .
Por escrito del 16 de noviembre de 2006, la abogada Mayra Alejandra Hung Zambrano, inscrita en el INPREABOGADO bajo el número 93.588, actuando con carácter de apoderada judicial de la sociedad mercantil PDVSA Petróleo, S.A., contestó la solicitud interpuesta.
Luego, el mencionado Juzgado por auto del 24 de noviembre de 2006, ordenó la remisión del expediente a la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos de la Coordinación Laboral del Estado Barinas, a los fines de su distribución a los Juzgados de Juicio del Trabajo de esa Circunscripción Judicial, de conformidad con lo previsto en el artículo 135 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.
El 5 de diciembre de 2006, el Juzgado Segundo de Primera Instancia de Juicio de la Coordinación Laboral de la Circunscripción Judicial del Estado Barinas dio por recibido el expediente y, a través de auto dictado el día 13 del mismo mes y año, admitió las pruebas promovidas.
Mediante escrito de fecha 19 de diciembre de 2006, la abogada Mayra Alejandra Hung Zambrano, actuando con el carácter de apoderada judicial de la parte demandada, opuso la falta de jurisdicción del Poder Judicial frente a la Administración Pública, en los siguientes términos:
el (sic) solicitante alega en su escrito de promoción de pruebas, que para el momento del despido estaba, supuestamente, impedido (sic) de tener acceso a su puesto de trabajo, evidentemente, según lo dicho por el (sic) solicitante estarimos (sic) ante un supuesto de suspensión de la relación laboral por FUERZA MAYOR, supuesto de inamovilidad laboral regulado por los artículos 94 literal h) y 96 de la Ley Orgánica del Trabajo, correspondiendo a la Administración Pública por órgano de la Inspectoría del Trabajo, conocer de la presente solicitud . (Destacado del texto).
El referido Juzgado, a través de sentencia del día 21 de diciembre de 2006, declaró la falta de jurisdicción del Poder Judicial frente a la Administración Pública para conocer del asunto planteado, con fundamento en lo siguiente:
se opone la falta de jurisdicción del Poder Judicial respecto de la Administración Pública, en virtud de que la parte demandante en su escrito de promoción de pruebas señaló como causal de su inasistencia a su sitio de trabajo que se habían generado hechos de violencia que impidieron el acceso a la empresa durante el mes de enero del año 2003
Ante tal situación, de que pudiera existir una suspensión de la relación de trabajo motivado a caso fortuito o fuerza mayor conforme a lo dispuesto en el literal h del artículo 94 de la Ley Orgánica del Trabajo, se produce como efecto inmediato una causal de inamovilidad laboral
en tal sentido no le está dado al Poder Judicial emitir pronunciamiento en cuanto a la existencia de la causal de suspensión, correspondiendo la (sic) Autoridad Administrativa concretamente a la Inspectoría del Trabajo determinar tal situación . (Resaltado del texto).
II
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
Corresponde a esta Sala pronunciarse sobre la consulta del fallo dictado en fecha 21 de diciembre de 2006, mediante el cual el Juzgado Segundo de Primera Instancia de Juicio de la Coordinación Laboral de la Circunscripción Judicial del Estado Barinas, declaró la falta de jurisdicción frente a la Administración Pública, por considerar que correspondía a la Inspectoría del Trabajo respectiva conocer de la solicitud de calificación de despido, reenganche y pago de salarios caídos formulada.
Al respecto, se observa que conforme al artículo 187 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, el trabajador puede acudir ante el Juez de Sustanciación, Mediación y Ejecución de su jurisdicción, si considera que el despido fue injustificado, para que el Juez de Juicio lo califique y ordene el reenganche y el pago de los salarios caídos, de ser procedente.
Sin embargo, en la Ley Orgánica del Trabajo se establecen situaciones en las cuales, vista la inamovilidad que podrían disfrutar en un momento determinado un grupo de trabajadores, la calificación previa del despido le corresponde a las Inspectorías del Trabajo. Entre los trabajadores que para ser despedidos necesitan la calificación de despido previa por el ente administrativo figuran: a) la mujer en estado de gravidez; b) los trabajadores que gocen de fuero sindical; c) los trabajadores que tengan suspendida su relación laboral; y d) los que estén discutiendo convenciones colectivas. Adicionalmente a estos supuestos de inamovilidad que requieren la calificación de despido por ante el respectivo órgano administrativo, se agrega el caso de la inamovilidad laboral decretada por el Ejecutivo Nacional en uso de las potestades que la Constitución y la ley le confieren.
Ahora bien, de la revisión de las actas procesales se observa que en el escrito de pruebas presentado por la representación judicial de la actora en fecha 25 de julio de 2006, agregado a los autos el día 15 de noviembre de 2006 (folios 88 y 89), se alegó que las manifestaciones de calle, hechos de alteración del orden público ( ) aunadas a las acciones propias de las fuerzas de seguridad y de orden público desplegadas para controlarlas, imposibilitaron el acceso de mi mandante y de muchos otros trabajadores de la empresa, a las instalaciones de la misma ; circunstancia ésta que a juicio de esta Sala pudiera encuadrarse en la causal de suspensión de la relación laboral prevista en el artículo 94 literal h) de la Ley Orgánica del Trabajo. Por lo tanto, considera este máximo órgano jurisdiccional que corresponderá determinar a la Inspectoría del Trabajo del Estado Barinas, si la actora para el momento del despido se encontraba amparada por la referida causal.
En consecuencia, considera esta Sala que el Poder Judicial no tiene jurisdicción para conocer de la solicitud de calificación de despido, reenganche y pago de salarios caídos incoada. Así se decide.
III
DECISIÓN
Con fundamento en los razonamientos antes señalados, esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara que el PODER JUDICIAL NO TIENE JURISDICCIÓN para conocer y decidir la solicitud de calificación de despido, reenganche y pago de salarios caídos, incoada por la ciudadana DALIA MERCEDES PULIDO GARBAN, contra la sociedad mercantil PDVSA PETRÓLEO, S.A.
Se CONFIRMA, la decisión consultada de fecha 21 de diciembre de 2006, mediante la cual el Juzgado Segundo de Primera Instancia de Juicio de la Coordinación Laboral de la Circunscripción Judicial del Estado Barinas declaró su falta de jurisdicción respecto de la Administración Pública.
Publíquese, regístrese y comuníquese. Remítase el expediente al Juzgado de origen. Cúmplase lo ordenado.
Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los veintiocho (28) días del mes de febrero del año dos mil siete (2007). Años 196º de la Independencia y 148º de la Federación.
La Presidenta
EVELYN MARRERO ORTÍZ
La Vicepresidenta
YOLANDA JAIMES GUERRERO
Los Magistrados,
LEVIS IGNACIO ZERPA
HADEL MOSTAFÁ PAOLINI
Ponente
EMIRO GARCÍA ROSAS
La Secretaria,
SOFÍA YAMILE GUZMÁN
En primero (01) de marzo del año dos mil siete, se publicó y registró la anterior sentencia bajo el Nº 00368.
La Secretaria,
SOFÍA YAMILE GUZMÁN
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