Sentencia N.º 00398
- Sentencia
- N.º 00398
- Fecha
- 12/05/2010
- Sala
- Político Administrativa
- Expediente
- 2010-0034
- Ponente
- Levis Ignacio Zerpa
- Procedimiento
- Consulta
- Enlace fuente oficial
- Ver en sitio web oficial del TSJ
MAGISTRADO PONENTE: LEVIS IGNACIO ZERPA
Exp. Nº 2010-0034
Mediante oficio Nº 7.265 de fecha 16 de diciembre de 2009, recibido el 21 de enero de 2010, el Tribunal Superior Tercero de lo Contencioso Tributario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas remitió a esta Sala en consulta la sentencia N° 1.389 dictada por el referido Tribunal en fecha 28 de abril de 2009, que declaró parcialmente con lugar el recurso contencioso tributario interpuesto por el abogado Yvan Rodríguez Castillo, inscrito en el INPREABOGADO bajo el N° 51.539, actuando con el carácter de apoderado judicial de la sociedad mercantil CORPORACIÓN FINANTRUST, C.A., inscrita en el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del entonces Distrito Federal y Estado Miranda en fecha 3 de enero de 1995, con el N° 79, Tomo 1-A; representación acreditada conforme se desprende de documento poder otorgado ante la Notaría Pública Novena del Municipio Chacao del Estado Miranda en fecha 21 de enero de 2004, inserto en el N° 70, Tomo 08 de los Libros de Autenticaciones llevados por dicha Notaría; contra las Resolución GGSJ/GR/DRAAT/2007-2752, y su Oficio de Notificación N° GGSJ/GR/DRAAT/2007-7532; ambas notificadas en fecha 17 de diciembre de 2007, emitida por la gerente de Recursos de la Gerencia General de Servicios Jurídicos [del] Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), ( ) resultado de nuestro Recurso Jerárquico contra la Resolución del Sumario Administrativo N° GCE-SA-R-2005-035, notificada en fecha 29 de Diciembre de 2005, y Planillas de Liquidación 11-10-01-2-23-000249, 000250, 000251, 000252, 000253, 000254 y 000255, todas de fecha 31-10-2005; producto de los descargos en contra del Acta Fiscal GRTICE-RC-DF-300/2004-16, notificada el 15 de Junio de 2005, correspondiente a los períodos tributarios comprendidos entre los meses de Septiembre de 2001 a Septiembre de 2002, emitida por la Gerencia de Tributos Internos de Contribuyentes Especiales Región Capital del SENIAT, . (Sic). (Agregado y Destacado de la Sala).
Dicha remisión fue efectuada conforme al criterio establecido por la Sala Constitucional de este Máximo Tribunal en sentencia N° 2.157 de fecha 16 de noviembre de 2007 (caso: Nestlé Venezuela, S.A.).
El 26 de enero de 2010, se dio cuenta en Sala y por auto de la misma fecha se designó ponente al Magistrado Levis Ignacio Zerpa, a los fines de decidir la consulta.
I
ANTECEDENTES
De las actas insertas en el expediente se desprende lo siguiente:
En fecha 17 de enero de 2002, la contribuyente Corporación Finantrust, C.A., supra identificada, solicitó ante la División de Recaudación de la Gerencia Regional de Tributos Internos de Contribuyentes Especiales de la Región Capital del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), adscrito al Ministerio del Poder Popular para las Finanzas, la recuperación de créditos fiscales en materia de Impuesto al Valor Agregado soportados por la adquisición de bienes y recepción de servicios con ocasión de su actividad de exportación, correspondientes a los períodos de imposición comprendidos desde septiembre de 2001 hasta noviembre de 2002, ambos inclusive, (Destacado de la Sala), la cual le fue concedida según se detalla a continuación:
Período | Fecha de Solicitud | Monto (Bs.) Solicitado | Monto (Bs.) Otorgado |
Septiembre de 2001 | 23/10/2001 | 23.260.000,00 | 23.260.000,00 |
Octubre de 2001 | 27/11/2001 | 22.960.000,00 | 19.910.000,00 |
Noviembre de 2001 a Diciembre de 2001 | 17/01/2002 | 49.410.000,00 | 49.410.000,00 |
Enero de 2002 a Junio de 2002 | 07/08/2002 | 72.680.000,00 | 58.260.000,00 |
Julio de 2002 a Septiembre de 2002 | 04//12/2002 | 230.238.000,00 | 222.680.000,00 |
De igual modo, dicha empresa solicitó el día 27 de febrero de 2003, la recuperación de créditos fiscales por Siete Millones Quinientos Cincuenta y Dos Mil Doscientos Sesenta y Tres Bolívares con Cuarenta y Cinco Céntimos (Bs. 7.552.263,45); siéndole otorgada solamente la cantidad de Siete Millones Quinientos Cincuenta Mil Bolívares (Bs. 7.550.000,00) en Certificados de Reintegro Tributario (CERT).
En fecha 1° de junio de 2004, los ciudadanos Miguel Ángel Rojas Nuñez y Rosanna Ivette Ivimas, titulares de las cédulas de identidad Nos. 6.322.307 y 11.199.111, respectivamente, actuando en su condición de funcionarios adscritos a la División de Fiscalización de la Gerencia Regional de Tributos Internos de Contribuyentes Especiales de la Región Capital del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), procedieron a notificar a la contribuyente de autos, en la persona de la ciudadana Hilda Angulo, titular de la cédula de identidad N° 4.351.963, en su carácter de Gerente de Contabilidad de la aludida sociedad de comercio, de la Providencia GRTICE-RC-DF-300/2004 de fecha 19/06/2004, comunicándole que han sido autorizados para practicar fiscalización en materia de Impuesto al Valor Agregado para los períodos de imposición comprendidos entre el 01/09/2001 al 31/09/2002, a los fines de verificar el cumplimiento de los deberes formales establecidos en el vigente Código Orgánico Tributario, la Ley de Impuesto al Valor Agregado y su Reglamento y, finalmente, en el Decreto N° 596 de fecha 21 de diciembre de 1999, mediante el cual se dicta el Reglamento Parcial N° 1 en materia de Recuperación de Créditos Fiscales para Contribuyentes Exportadores. (Destacado de la Sala).
Practicada dicha fiscalización, surgieron los siguientes reparos:
( omissis )
I. Créditos Fiscales.
I.1. Créditos fiscales objetados por estar respaldados con facturas que no cumplen con los requisitos legales y reglamentarios. (Destacado del texto).
Aduce la actuación fiscal, que de la revisión practicada al libro de compras, Declaraciones de Impuesto al Valor Agregado y facturas de compras, se determinó que la contribuyente para los períodos de imposición septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2001; enero, marzo, abril, mayo, junio y julio de 2002, incluyó en los créditos fiscales declarados la cantidad de Bs. 2.332.152,35, por concepto de compras de bienes y adquisición de servicios, cuya base imponible alcanza la cantidad de Bs. 36.541.237,83 ( ). (Subrayado de la Sala)
Ahora bien, con el objeto de determinar el origen y la naturaleza de los créditos fiscales, la representación fiscal solicitó las facturas originales de las compras y documentos que los amparan, mediante reiteradas Actas de Requerimiento, plenamente identificadas en el Acta Fiscal, siendo estas entregadas por la contribuyente tal y como consta en el Acta de Recepción de Documentos Nro. GRTICE-RC-DF-0300/2004-04, de fecha 16/06/2004. (Sic).
Así, del análisis de las facturas suministradas, se constató que éstas no cumplen con los requisitos establecidos en las disposiciones legales y reglamentarias establecidas en los literales m) y n) del artículo 2 de la Resolución 320 de fecha 28/12/1999, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nro. 36.859, de fecha 29/12/1999 en lo sucesivo Resolución N° 320. Al respecto, la actuación fiscal señala lo dispuesto en los artículos 30 y 35 de la LIVA, procediendo en consecuencia a rechazar de los créditos fiscales deducidos en los períodos de imposición septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2001; enero, marzo, abril, mayo, junio y julio de 2002, la cantidad de Bs.2.332.152,35 por estar soportados en facturas que no cumplen con los requisitos antes señalados. (Subrayado de la Sala).
I.2. Créditos fiscales rechazados por no estar certificados por el proveedor. (Destacado del texto).
Mediante Providencia MF-SENIAT-GRTICE-DR/2002/104 de fecha 25/03/2002, la División de Recaudación de esta Gerencia Regional, dejó constancia de los créditos fiscales rechazados por no estar certificados por el proveedor, señalándose que producto de la verificación efectuada a la solicitud de reintegro de créditos fiscales efectuada por la contribuyente en fecha 17/01/2002, cuyas objeciones serán tomadas en cuenta a los efectos de determinar los créditos fiscales del período impositivo septiembre de 2001 a septiembre de 2002 y para el cálculo de la prorrata prevista en el artículo 43 numeral 1 de la LIVA, en concordancia con el artículo 2 del REG-1, tal y como se indica infra: (Subrayado de la Sala).
( omissis)
| Base Imponible Bs. | Monto IVA |
Total Diciembre de 2001 | 4.998.260,48 | 724.747,77 |
Total Créditos Objetados |
| 724.747,77 |
II. Excedente de crédito fiscal del mes anterior. (Destacados del texto).
Señala la actuación fiscal que a los efectos de la determinación de los créditos fiscales del período impositivo septiembre de 2001, se tomará como excedente de crédito del período de agosto de 2001 la cantidad de Bs.24.345.645,82, según se observa de la Resolución Culminatoria de Sumario Administrativo Nº GCE-SA-R-2004-073 de fecha 30/09/2004, cuya copia cursa inserta al Expediente Administrativo. (Subrayado de la Sala).
III. Créditos fiscales reintegrados indebidamente. (Destacados del texto).
Asimismo, expresa la actuación fiscal, que vistas las objeciones fiscales formuladas a los períodos impositivos comprendidos desde septiembre de 2001 hasta septiembre de 2002, ambos inclusive, se determinó un crédito fiscal reintegrado indebidamente por Bs. 47.707.367,45, tal como se detalla en el Anexo C del Acta Fiscal, ya identificada. (Subrayado de la Sala).
Posteriormente, esto es el 15 de junio de 2005, el mencionado ente fiscal notificó a la referida contribuyente del Acta Fiscal GRTICE-RC-DF-300/2004-16 emitida en materia de IVA correspondientes a los períodos tributarios comprendidos entre los meses de Septiembre de 2001 a Septiembre de 2002. (Sic). (Destacado de la Sala).
Luego, en fecha 10 de agosto de 2005, la representación judicial de la contribuyente de autos presentó escrito de descargos contra la descrita Acta Fiscal, en cuyo texto solicitó lo siguiente: 1.- Aperturar articulación probatoria. 2.- A los fines de la determinación tributaria para los períodos de septiembre de 2001 a septiembre de 2002, se considere como cuestión previa la resolución de los Recursos Jerárquicos intentados. 3.- Se declare la nulidad de las Actas de Reparo impugnadas. (Sic). (Destacado de la Sala).
Mediante Resolución Culminatoria del Sumario Administrativo N° GCE-SA-R-2005-035 de fecha 31 de octubre de 2005, la Gerencia Regional de Tributos Internos de Contribuyentes Especiales de la Región Capital, procedió de conformidad con lo previsto en el artículo 237 del COT/2001, a confirmar los reparos formulados a la contribuyente Corporación Finantrust, C.A., por los conceptos y montos siguientes:
( omissis )
CRÉDITOS FISCALES.
I. Créditos fiscales objetados por estar respaldados con facturas que no cumplen con los requisitos legales y reglamentarios. [período septiembre de 2001 a julio de 2002].
( omissis )
Total | 2.414.366,85 |
II. Créditos fiscales rechazados por no estar certificados por el proveedor. [período diciembre de 2001].
Total | 724.747,77 |
DETERMINACIÓN
Sep-01 |
|
( omissis )
Total crédito fiscal reintegrado en exceso | 1.005.062,73 |
Oct-01 |
|
( omissis )
Total crédito fiscal reintegrado en exceso | 887.050,68 |
Nov--01 |
|
( omissis )
Menos: Crédito fiscal a recuperar según Resolución | 0,00 |
Dic-01 |
|
( omisiss )
Menos: Crédito fiscal a recuperar según Resolución | 0,00 |
Ene-02 |
|
( omissis )
Total crédito fiscal reintegrado en exceso | 712.710,48 |
Feb-02 |
|
( omissis )
Total crédito fiscal reintegrado en exceso | 180.878,41 |
( omissis )
Mar-02 |
|
( omissis )
Total crédito fiscal reintegrado de menos según Resolución | 1.264.458,88 |
Abr-02 |
|
( omissis )
Menos: Crédito fiscal a recuperar según Resolución | 0,00
|
May-02 |
|
( omissis )
Total crédito fiscal reintegrado en exceso | 433.702,12 |
Jun--02 |
|
( omissis )
Total crédito fiscal reintegrado en exceso | 78.171,56 |
Jul-02 |
|
( omissis )
Total crédito fiscal reintegrado en exceso | 20.305.958,35 |
Ago-02 |
|
( omissis )
Total de crédito fiscal reintegrado de menos según Resolución | -654.421,22 |
Sep-02 |
|
( omissis )
Menos: Crédito fiscal a recuperar según Resolución | 0,00 |
Asimismo, procedió conforme a lo dispuesto en el artículo 66 eiusdem a realizar el cálculo de los intereses moratorios para los períodos fiscales de enero, febrero, mayo, junio y julio de 2002, resultando los siguientes montos: (Destacado de la Sala).
Enero de 2002 | Bs. 791.366,40 |
Febrero de 2002 | Bs. 188.941,91 |
Mayo de 2002 | Bs. 398.865,58 |
Junio de 2002 | Bs. 69.077,97 |
Julio de 2002 | Bs. 17.342.845,22 |
Monto Total | Bs. 18.791.097,08 |
Adicional a lo anterior, la Gerencia Regional de Tributos Internos de la Región Capital del SENIAT, al verificar una disminución ilegítima de ingresos tributarios, resolvió imponer a la mencionada empresa las sanciones previstas en los [artículos 97 del Código Orgánico Tributario de 1994 y 114 del vigente Código, aplicables ratione temporis], en su término medio, esto es, 105% para los períodos de septiembre y octubre de 2001 y 125% del reintegro obtenido indebidamente, para los períodos de enero, febrero, mayo, junio, julio y agosto de 2002, por cuanto no existen circunstancias que modifiquen la pena normalmente aplicable , quedando las mismas fijadas por los montos que se detallan a continuación: (Agregado y destacados de la Sala).
Período | Impuesto por pagar (Bs.) | Multa 105% (Bs.) |
Septiembre de 2001 | 1.005.062,73 | 1.055.315,86 |
Octubre de 2001 | 887.050,68 | 931.403.21 |
Período | Impuesto por pagar (Bs.) | Multa 125% (Bs.) |
Enero de 2002 | 712.710,48 | 890.887,50 |
Febrero de 2002 | 180.878,42 | 226.098,02 |
Mayo de 2002 | 433.702,12 | 542.127,65 |
Junio de 2002 | 78.171,56 | 97.714,45 |
Julio de 2002 | 20.305.958,35 | 25.382.447,93 |
Finalmente, dicha Gerencia cumpliendo con el mandato del parágrafo segundo del artículo 94 del COT/2001, ( ) [procedió] a convertir las multas expresadas en términos porcentuales a su valor en Unidades Tributarias (UT) que correspondan al momento de la comisión del ilícito, para luego establecer su valor al momento de la emisión de la presente Resolución Culminatoria, resultando al efecto lo siguiente: (Agregado de la Sala).
Período | Sanción 125% | Valor de UT para el momento de la comisión del ilícito | Valor en UT al momento de la comisión del ilícito | Valor de UT para el momento del pago (fecha emisión resolución) | Sanción parágrafo segundo Art. 94 |
Ene-02 | 890.887,50 | 19.400 | 45.92 | 29.400 | 1.350.048,00 |
Feb-02 | 226.098,02 | 19.400 | 11.65 | 29.400 | 342.510,00 |
May-02 | 542.127,65 | 19.400 | 27.94 | 29.400 | 821.436,00 |
Jun-02 | 97.714,45 | 19.400 | 5.03 | 29.400 | 147.882,00 |
Jul-02 | 25.382.447,93 | 19.400 | 1.308.37 | 29.400 | 38.466.078,00 |
Contra la descrita Resolución (N° GCE-SA-R-2005-035 del 31 de octubre de 2005), la contribuyente de autos interpuso en fecha 31 de enero de 2006, recurso jerárquico sobre la base los siguientes argumentos:
1) Que es improcedente sancionar a su representada en el término medio del 105% ó 125% del impuesto causado.
2) Que la recurrida en el presente caso desaplica normas legales vigentes relativas a las circunstancias atenuantes.
3) Que en virtud de que no existen circunstancias agravantes pero sí atenuantes, es obligatorio atenuar la sanción impuesta a la Corporación Finantrust, C.A., a cuyo efecto debe fijarse en el límite inferior del artículo 111 del vigente Código Orgánico Tributario.
Mediante Oficio GGSJ/GR/DAA/2007-7532 de fecha 1° de octubre de 2007, la Gerente de Recursos de la Gerencia General de Servicios Jurídicos del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), notificó a la empresa Corporación Finantrust, C.A., supra identificada, de la Resolución GGSJ/GR/DRAAT/2007-2752 de igual fecha, la cual resolvió declarar SIN LUGAR el Recurso Jerárquico ejercido el 31 de enero de 2006, y, en consecuencia, confirma la Resolución Culminatoria del Sumario Administrativo N° GCE-SA-R-2005-035 de fecha 31 de octubre de 2005 descrita supra.
Cabe destacar que en la Resolución GGSJ/GR/DRAAT/2007-2752 del 1° de octubre de 2007, la Administración Tributaria procedió a ajustar las multas impuestas a la contribuyente de autos para los períodos de enero, febrero, mayo, junio y julio del año 2002, conforme lo dispuesto en el artículo 114 eiusdem, quedando las mismas como se indica a continuación: (Destacados de la Sala).
Período | Multa 125% | Valor de UT para el momento de la comisión del ilícito | Valor en UT al momento de la comisión del ilícito | Valor de UT para el momento del pago (fecha emisión de la presente resolución) | Sanción parágrafo segundo Art. 94 |
Ene-02 | 890.887,50 | 19.400 | 45.92 | 37.632 | 1.728.061,44 |
Feb-02 | 226.098,02 | 19.400 | 11.65 | 37.632 | 438.412,80 |
May-02 | 542.127,65 | 19.400 | 27.94 | 37.632 | 1.051.438,08 |
Jun-02 | 97.714,45 | 19.400 | 5.04 | 37.632 | 189.665,28 |
Jul-02 | 25.382.447,93 | 19.400 | 1.308.37 | 37.632 | 49.236.579,84 |
Posteriormente, contra dicha Resolución (GGSJ/GR/DRAAT/2007-2752) el abogado Yvan Rodríguez Castillo, inscrito en el INPREABOGADO bajo el N° 51.539, actuando con el carácter de apoderado judicial de la sociedad mercantil CORPORACIÓN FINANTRUST, C.A., conforme se desprende de documento poder otorgado ante la Notaría Pública Novena del Municipio Chacao del Estado Miranda en fecha 21 de enero de 2004, inserto bajo el N° 70, Tomo 08 de los Libros de Autenticaciones llevados por dicha Notaría; interpuso en fecha 7 de febrero de 2008 recurso contencioso tributario, invocando lo siguiente:
1. Que la Recurrida por argumento encontrario al no señalar ningún agravante, desconoce que en el presente caso NO EXISTEN AGRAVANTES, y tampoco en ninguno de los señalamientos de las citadas Acta Fiscal y Resolución de Sumario, que dan origen a las actuaciones siguientes de este proceso, se indica algún agravante de los establecidos en el C.O.T. que opere en contra de nuestra causa. (Sic).
2. Que La Recurrida declara improcedente los atenuantes invocados por mi representadas, establecidos en los numerales 2 y 6 del articulo 96 del C.O.T., de 2001, desconociendo la conducta de mi representada que en todo el proceso de fiscalización estuvo dirigida para el esclarecimiento de los hechos, que perfectamente se subsume en el supuesto de hecho del citado atenuante del numeral 2°; y que la magnitud monetaria de los reparos a todas luces es irrelevantes y que los reparos se basan en defectos de formas de las facturas, y no en una conducta con animo de defraudación, todo lo cual encuadra en el supuestos genérico previsto en el indicado en la atenuante del numeral 6°. (Sic).
3. Que La Recurrida hace una interpretación errónea del alcance y contenido de la norma establecida en el artículo 37 del Código Penal, que por su naturaleza penal debe ser interpretada con carácter restrictivo o en su defecto debe atenderse en su interpretación al principio indubio pro reo . (Destacado del texto).
4. Que la falta de aplicación de la aludida disposición se evidencia cuando la recurrida hace interpretación extensiva de la norma del citado artículo 37, y de los supuestos de hecho que establecen los atenuantes previstos en los numerales 2° y 6° del artículo 96 del C.O.T. de 2001, de manera que los desconoce, y adicionalmente DESAPLICA LA INEXISTENCIA DE AGRAVANTES en nuestro caso, a los fines de la graduación de la sanción prevista entre 2 limites según el artículo 111 del C.O.T., en consecuencia aplica falsamente el termino medio en esta graduación de la sanción, y deja de reducir la multa hasta su limite inferior, según el merito de los atenuantes o del caso y la ausencia de agravantes.. (Sic). (Destacado de la Sala).
En virtud de tales argumentaciones solicitó i) Se declare la nulidad y ( ) se dejen sin efectos ( ) [los actos administrativos supra descritos]. ii) Se declare la nulidad y ( ) se dejen sin efectos la sanción establecida por la recurrida ( ) del 105% y 125% del impuesto, y que esta se fije atenuadamente en su limite inferior del 10% del impuesto, considerando los atenuantes del caso y la no existencia de agravantes. iii ) Se declare que el valor de la Unidad Tributaria (U.T.), aplicable para el cálculo de las multas en el presente caso es de Bs. 13.200 y Bs. 14.800, respectivamente, y no el pretendido por la recurrida de Bs. 37.632. (Sic).
Mediante sentencia N° 1.389 dictada en fecha 28 de abril de 2009, el Tribunal Superior Tercero de lo Contencioso Tributario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, al que correspondió conocer de la causa previa distribución, declaró parcialmente con lugar el mencionado recurso contencioso tributario.
Por auto del 15 de diciembre de 2009, el referido Tribunal ordenó remitir el presente asunto en consulta ante esta Sala Político-Administrativa, por cuanto observó que ha transcurrido el lapso de apelación sin que los representantes del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), hayan apelado de la decisión que fue contraria a los intereses de la República.
II
DECISIÓN JUDICIAL CONSULTADA
En fecha 28 de abril de 2009, el a quo declaró parcialmente con lugar el recurso contencioso tributario ejercido en el caso de autos, con base en las siguientes consideraciones:
Efectuada la lectura del expediente y examinados los alegatos formulados por las partes, advierte este Tribunal que, el THEMA DECIDENDUM puede resumirse a lo siguiente: Si la Administración Tributaria al sancionar a la contribuyente CORPORACIÖN FINANTRUST, C. A., para los períodos pertenecientes a los meses Septiembre y Octubre del año 2001 y los meses Enero, Febrero, Mayo, Junio y Julio del año 2002, debió aplicar dichas sanciones en su término medio o si por el contrario en razón de haber sido alegadas algunas atenuantes, debió aplicarlas en su límite inferior y si a la vez debió aplicar la Unidad Tributaria con valor equivalente en la fecha en la cual se cometió el hecho que originó esas sanciones.
Planteada la controversia en los términos ya citados debe observar este Órgano Administrador de Justicia lo que se expone a continuación:
Para los meses correspondientes a Septiembre del año 2001 y Octubre del mismo año, la Administración Tributaria aplicó el artículo 197 (sic) del Código Orgánico Tributario del año 1994 (hecho punible que se conoce como contravención), norma que tiene como pena sanción comprendida entre un décimo hasta dos veces el monto del tributo omitido, siendo la pena normalmente aplicable el ciento cinco por ciento (105%) de dicho tributo, es decir, el Órgano Recaudador de tributos no consideró la existencia de atenuantes ni agravantes, alegando la Recurrente su conducta en el esclarecimiento de los hechos fundamentando la misma en que los reparos son de naturaleza formal, facilitó la actuación fiscal suministrándole toda clase de documentación, espacio físico y demás elementos de colaboración permitiendo establecer sus resultados, respecto a lo cual la sustituta de la Procuradora General de la República alegó que esa conducta debe estar referida a situaciones en las cuales, los contribuyentes colaboren de manera extraordinaria con la Administración en sus tareas de verificación y fiscalización, criterio que no comparte este Tribunal por cuanto el Legislador no exige para aplicar dicha atenuante actuación o conducta extraordinaria alguna, pero tampoco puede dejar pasar por alto, los montos en impuesto que determinó la Administración Tributaria (reflejados en el Cuadro supra) cuyos extremos Septiembre del año 2001 y Julio del año 2002 ascienden a Bs. 1.005.063 y Bs. 20.305.958,00 en ese mismo orden, la magnitud monetaria del perjuicio fiscal que a su vez tipifica la circunstancia agravante establecida en el artículo 95, (sic) numeral 3 del Código Orgánico Tributario que anularía la circunstancia atenuante referida anteriormente, siendo por lo tanto aplicable la pena normal (Sumatoria de los límites superior e inferior dividida entre dos atendiendo al contenido del artículo 37 del Código Penal) sanción que fue la aplicable por la Administración Tributaria que se confirma en atención a los argumentos ya señalados. (Destacados de la Sala). (Sic).
En relación al valor de la unidad tributaria para el establecimiento del monto de la sanción, la Sala Político Administrativo (sic) del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia No. 02179 del 16-11-2004, (Caso: Mantenimiento Quijada, C.A.) ( ) [concluyó que:] (Destacado y Agregado de la Sala).
( omissis )
( ) ante la falta de previsión expresa, ( ) en aquellos casos en que las multas establecidas en el Código de 1994 estén expresadas en unidades tributarias, deberá utilizarse el valor de la unidad tributaria vigente para el momento en que se cometió la infracción .
Atendiendo a la Jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia, el valor de la unidad tributaria que se debe aplicar a los efectos de la imposición de la multa es el vigente para el momento en que se cometió la infracción, por lo que este Tribunal observa que para los períodos pertenecientes a los meses Septiembre del año 2001 y Octubre del mismo año el Código Orgánico Tributario aplicable rationae temporis es el del año 1994, por cuanto el del año 2001 fue promulgado en Gaceta Oficial Nº 37.305 del 17-10-2001, es decir, ya esos periodos se habían iniciado para dicha promulgación y de allí que, al no tener dicho Código (el del año 1994) disposición como la que tiene el vigente en cuanto a la Unidad Tributaria aplicable a las referidas sanciones (Parágrafo Segundo del Artículo 94) a juicio de este Órgano Jurisdiccional y conforme al criterio trascrito supra, la Unidad Tributaria aplicable, es la vigente para el momento en cual se cometió el hecho punible que originó la sanción y por lo tanto, al haberse cometido en el presente caso los hechos punibles durante los meses ya citados, corresponde aplicar el Valor de la Unidad Tributaria de Bs. 13.200 para el período perteneciente al año 2001 y Bs. 14.800 para el año 2002, en consecuencia se ordena a la Administración Tributaria liquidar las multas con los valores ya señalados para dichos períodos sin convertirlas conforme al valor de la Unidad Tributaria que corresponda al momento del pago (Parágrafos Primero y Segundo del Artículo 94 ya citado). (Destacados de la Sala).
En cuanto a los subsiguientes períodos, Enero del año 2002 a Julio del mismo año, estando ya en vigencia el Código Orgánico Tributario promulgado el año 2001, En este sentido, es oficioso traer a los autos Sentencia Nº 1426, de fecha 12 de noviembre de 2008, emanada de la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, Caso: The Walt Disney Company, S.A., en el que se expuso lo siguiente: (Destacado de la Sala).
Así, esta Sala de manera reiterada ha establecido que a los efectos de considerar cuál es la unidad tributaria aplicable para la fijación del monto de la sanción de multa con las infracciones cometidas bajo la vigencia del Código Tributario de 2001, ha expresado que debe tomarse en cuenta la fecha de emisión del acto administrativo, pues es ése el momento cuando la Administración Tributaria determina -previo procedimiento- la comisión de la infracción que consecuentemente origina la aplicación de la sanción respectiva. (Vid. Sentencias Nos. 0314, 0882 y 01170 de fecha 06 de junio de 2007; 22 de febrero de 2007, y 12 de julio de 2006, respectivamente.).
En sintonía con lo anterior, es preciso hacer referencia a lo expresado por esta Máxima Instancia en lo atinente a las unidades tributarias, respecto a lo cual ha sostenido que en modo alguno se infringe el principio de legalidad, pues simplemente constituye un mecanismo de técnica legislativa que permite la adaptación progresiva de la sanción representada en unidades tributarias, al valor real y actual de la moneda. Por otra parte, tal actualización no obedece a una estimación caprichosa realizada por la Administración Tributaria, sino que se realiza con base al estudio y ponderación de variables económicas, (Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Área Metropolitana de Caracas), que representan la pérdida del valor real del signo monetario por el transcurso del tiempo. Así, las providencias dictadas por el Superintendente Nacional Tributario, de conformidad con lo previsto en el artículo 121, numeral 15 del Código Orgánico Tributario publicado en la Gaceta Oficial No. 37.305 del 17 de octubre de 2001, sólo se limitan a actualizar anualmente el valor de las unidades tributarias, lo cual, a su vez, como en el caso de autos, incide en las sanciones ya previstas en normas de rango legal, como lo es la contenida en el artículo 94, eiusdem. (Vid. Sentencia N° 2813 y 01310 de fechas 27 de noviembre de 2001 y 06 de abril de 2005)
.
De esta manera, en consonancia con el criterio jurisprudencial transcrito, este Tribunal ratifica que lo aplicable es la norma prevista en el Parágrafo Primero del Artículo 94 del Código Orgánico Tributario, y por lo tanto la Unidad Tributaria referente a las multas tendrá el valor vigente para el momento del pago. Así se decide. (Destacado de la Sala).
En cuanto a la liquidación de intereses de mora ordenados por la Administración Tributaria, atendiendo a la decisión dictada por la Sala Constitucional del Máximo Tribunal de la República Bolivariana de Venezuela, en fecha 09 de marzo de 2009, Expediente No. 08-1491, [caso: Municipio Valencia del Estado Carabobo] luego de resumir la Sala los criterios que hasta el presente se han venido siguiendo concluye que para los períodos que se encuentran regidos bajo el Código Orgánico Tributario de 1994, reitera el criterio de la exigibilidad de la obligación tributaria como requisito para que se generen los intereses moratorios, los cuales surgen una vez que el respectivo reparo formulado por la Administración Tributaria adquiere firmeza (bien por no haber sido impugnado o por haberse decidido y quedado definitivamente firme las decisiones dictadas con ocasión a los recursos interpuestos), y no inmediatamente al vencimiento del plazo fijado para el cumplimiento de la obligación, y que para los períodos que se encuentran regidos bajo el Código Orgánico Tributario de 2001, vigente desde el 17 de octubre de 2001, el cual prevé en su artículo 343 que las normas vinculadas con los intereses moratorios son aplicables a partir del día siguiente de la publicación del Código, estableciéndose una nueva regulación en su artículo 66 ejusdem criterio que lleva a este Tribunal a no apartarse del mismo, por lo que esta Juzgadora declara procedentes los intereses moratorios para los períodos fiscales de enero, febrero, mayo, junio y julio de 2002. Así se decide. (Destacados y Agregado de la Sala).
V
DECISIÓN
Cumplidos como han sido los requisitos legales en el presente juicio y, por las razones que han sido analizadas, este Tribunal Superior Tercero de lo Contencioso Tributario, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso contencioso tributario ejercido por la recurrente CORPORACIÓN FINANTRUST, C.A. contra la Resolución Nº GGSJ-GR-DRAAT-2007-2752 del 01-10-2007, emanada de la Gerencia de Recursos de la Gerencia General de Servicios Jurídicos del SENIAT, a través del cual declaró sin lugar el recurso jerárquico interpuesto contra la Resolución Culminatoria del Sumario Administrativo No. GCE-SA-R-2005-035 del 31-10-2005, emitida por la Gerencia Regional de Tributos Internos de Contribuyentes Especiales de la Región Capital del SENIAT, correspondiente a los períodos de imposición comprendidos desde el primero de septiembre de 2001 hasta treinta y uno de septiembre de 2002. En consecuencia:
PRIMERO: Se declaran procedentes el monto de los impuestos determinados para los períodos pertenecientes a los meses Septiembre del año 2001, Octubre del mismo año, Enero, Febrero, Mayo, Junio y Julio del año 2002, siendo sus montos iguales a BsF. 1.005,06, BsF. 887,05; BsF. 712,71, BsF. 180,88, BsF. 433,70, BsF. 78,17 y BsF. 20.305,96 respectivamente. (Sic).
SEGUNDO: Se declaran procedentes las multas impuestas para los ya citados períodos, en consecuencia se ordena a la Administración Tributaria recalcular la multa respectiva, utilizando el valor de la unidad tributaria, conforme a los términos expresados en el presente fallo.
TERCERO: Se declaran procedentes los intereses moratorios determinados por la Administración Tributaria, conforme a los términos expresados en el presente fallo.
CUARTO: Vista la naturaleza del presente fallo, se exime de costas al Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria.
III
MOTIVACIONES PARA DECIDIR
Previamente debe destacarse que el presente caso fue remitido por el a quo a fin de que esta Sala se pronuncie en consulta en torno a la juridicidad del fallo transcrito supra, de conformidad con el criterio jurisprudencial sentado por la Sala Constitucional de este Alto Tribunal en el fallo N° 2157 del 16 de noviembre de 2007, caso: Nestlé de Venezuela, S.A., conforme al cual se dispuso que en aquellos casos en que transcurridos los lapsos de apelación sin que las partes hayan apelado de la decisión que fue contraria a los intereses de la República, debe el juez competente remitir el referido fallo en consulta ante el tribunal Superior competente, para que éste procede a revisar si el fallo dictado resulta ajustado a derecho o no; esto a tenor de lo dispuesto en el artículo 70 del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, publicado en la Gaceta Oficial N° 5.554, Extraordinario de fecha 13 de noviembre de 2001, aplicable ratione temporis.
De esta forma, la Sala siguiendo el mencionado criterio pasa a conocer del referido asunto y, en ese sentido, observa lo siguiente:
En fecha 7 de febrero de 2008, la contribuyente de autos interpuso recurso contencioso tributario contra las Resolución GGSJ/GR/DRAAT/2007-2752, y su Oficio de Notificación N° GGSJ/GR/DRAAT/2007-7532; ambas notificadas en fecha 17 de diciembre de 2007, emitida por la gerente de Recursos de la Gerencia General de Servicios Jurídicos [del] Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), . (Sic).
Dicho recurso fue declarado parcialmente con lugar por el Tribunal a quo; no obstante ello, ni la representación judicial de la empresa recurrente ni la del Fisco Nacional, hicieron uso del mecanismo de apelación previsto en el artículo 278 del vigente Código Orgánico Tributario, circunstancia esta por la cual, fue remitida dicha decisión a esta Alzada para que en consulta se pronunciase en torno a la misma.
Así las cosas, juzga la Sala que aun cuando dicha causa no llegó al conocimiento de esta Máxima Instancia Contencioso Tributaria por apelación, le es igualmente aplicable la limitante por la cuantía contenida en el mencionado artículo 278 del vigente Código Orgánico Tributario, que sujeta la procedencia del recurso de apelación a lo siguiente:
Artículo 278: De las sentencias definitivas dictadas por el Tribunal de la causa, o de las interlocutorias que causen gravamen irreparable, podrá apelarse dentro del lapso de ocho (8) días de despacho, contados conforme lo establecido en el artículo anterior.
Cuando se trate de la determinación de tributos o de la aplicación de sanciones pecuniarias, este recurso procederá sólo cuando la cuantía de la causa exceda de cien unidades tributaria (100 U.T.) para las personas naturales, y de quinientas unidades tributarias (500 U.T.) para las personas jurídicas. (Destacados de la Sala).
Se desprende de la norma transcrita supra y así lo ha interpretado esta Sala, que el ejercicio del recurso de apelación contra las decisiones en materia de determinación de tributos y de aplicación de sanciones pecuniarias, está supeditado a la concurrencia de los siguientes requisitos:
1) Un elemento de modo de carácter temporal, representado por el lapso de ocho (8) días de despacho, siguientes a aquél en el que se dictó la sentencia, dentro del cual debe ejercerse el referido recurso, y
2) Un elemento de orden cuantitativo, representado por la cuantía mínima de la causa, dispuesto en la precitada norma para las personas naturales como el quantum que exceda de cien unidades tributarias (100 U.T.), y para el caso de las personas jurídicas con un quantum superior a quinientas unidades tributarias (500 U.T.), a los efectos de que la sentencia que sobre dichas causas se pronuncie sea recurrible.
Por su parte, en lo que respecta a sentencias interlocutorias, la mencionada norma añade un elemento de orden cualitativo, a saber: que sólo podrá apelarse de sentencias interlocutorias que causen gravamen irreparable. (Ver Sentencias Nos. 01767, 00732 y 02025 de fechas 12 de julio de 2006, 16 de mayo y 12 de diciembre de 2007, casos: Marco Antonio Laya Briceño, Procesadora Propesca, C.A. y Zapatería Blandón, entre otras).
Siendo ello así, en el caso de autos observa la Sala que este es un juicio cuya cuantía para la fecha en que fue dictada la sentencia objeto de consulta esto es el (28-04-2009), ascendía a Noventa y Siete Millones Veinticinco Mil Quinientos Seis Bolívares (Bs. 97.025.506,00), cantidad reexpresada actualmente en Noventa y Siete Mil Veinticinco Bolívares con Cincuenta y Un Céntimos (Bs. 97.025,51), monto que al confrontarlo con el valor de la unidad tributaria de cincuenta y cinco bolívares (Bs. 55,00) vigente para dicha oportunidad, fijada mediante Providencia Administrativa N° 2009-0002344 de fecha 26 de febrero de 2009, suscrita por el Superintendente Nacional Aduanero y Tributario del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), publicada en la Gaceta Oficial N° 39.127 de la misma fecha, equivale a 1.764,10 U.T, la cual supera el monto requerido en el artículo 278 del Código Orgánico Tributario de 2001, pues siendo la contribuyente una persona jurídica, la consulta procede como antes se precisó, sólo si la cuantía de la causa excede de las quinientas unidades tributarias (500 U.T), equivalentes para la precitada fecha a la cantidad de veintisiete mil quinientos bolívares (Bs. 27.500,00).
Con relación al último de los supuestos establecidos, esto es, que la sentencia resulte desfavorable para la República, evidencia esta Superioridad que dicho requisito se verifica, toda vez que en la presente causa fue declarado parcialmente con lugar el recurso contencioso tributario incoado por la contribuyente de autos.
En orden a lo anterior, por cuanto la causa objeto de examen reúne los elementos necesarios para que esta Máxima Instancia conozca en consulta sobre la juridicidad del fallo del a quo, se pasa de seguidas a formular el referido examen, de acuerdo al artículo 72 del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República de 2008, destacando al efecto la declaratoria del sentenciador de instancia expuesta así:
( omissis )
Cumplidos como han sido los requisitos legales en el presente juicio y, por las razones que han sido analizadas, este Tribunal Superior Tercero de lo Contencioso Tributario, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso contencioso tributario ejercido por la recurrente CORPORACIÓN FINANTRUST, C.A. contra la Resolución Nº GGSJ-GR-DRAAT-2007-2752 del 01-10-2007, emanada de la Gerencia de Recursos de la Gerencia General de Servicios Jurídicos del SENIAT, a través del cual declaró sin lugar el recurso jerárquico interpuesto contra la Resolución Culminatoria del Sumario Administrativo No. GCE-SA-R-2005-035 del 31-10-2005, emitida por la Gerencia Regional de Tributos Internos de Contribuyentes Especiales de la Región Capital del SENIAT, correspondiente a los períodos de imposición comprendidos desde el primero de septiembre de 2001 hasta treinta y uno de septiembre de 2002. En consecuencia:
PRIMERO: Se declaran procedentes el monto de los impuestos determinados para los períodos pertenecientes a los meses Septiembre del año 2001, Octubre del mismo año, Enero, Febrero, Mayo, Junio y Julio del año 2002, siendo sus montos iguales a BsF. 1.005,06, BsF. 887,05; BsF. 712,71, BsF. 180,88, BsF. 433,70, BsF. 78,17 y BsF. 20.305,96 respectivamente.
SEGUNDO: Se declaran procedentes las multas impuestas para los ya citados períodos, en consecuencia se ordena a la Administración Tributaria recalcular la multa respectiva, utilizando el valor de la unidad tributaria, conforme a los términos expresados en el presente fallo.
TERCERO: Se declaran procedentes los intereses moratorios determinados por la Administración Tributaria, conforme a los términos expresados en el presente fallo.
CUARTO: Vista la naturaleza del presente fallo, se exime de costas al Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria.
Advierte esta Sala de dicho fallo que los fundamentos expuestos por el a quo para dictar tal declaratoria, fueron las circunstancias de considerar: 1) que el Órgano Recaudador de tributos no ( ) [valoró] la existencia de atenuantes ni agravantes; 2) que resulta aplicable en el caso subjudice la pena normal (sumatoria de los límites superior e inferior dividida entre dos) atendiendo a la norma contenida en el artículo 37 del Código Penal; 3) que el valor de la unidad tributaria que se debe aplicar a los efectos de la imposición de la multa es el vigente para el momento en que se cometió la infracción; 4) que para los meses de Septiembre y Octubre de 2001 corresponde aplicar el Código Orgánico Tributario del año 1994 y se debe emplear el Valor de la Unidad Tributaria de Bs. 13.200 para el período perteneciente al año 2001 y Bs. 14.800 para el año 2002; 5) que para los subsiguientes períodos, Enero del año 2002 a Julio del mismo año, estando ya en vigencia el Código Orgánico Tributario ( ) [del] año 2001 lo aplicable es la norma prevista en el Parágrafo Primero del artículo 94, y la unidad tributaria tendrá el valor vigente para el momento del pago.
Por otra parte, en lo que respecta a los intereses de mora liquidados por la Administración Tributaria, sostuvo el Tribunal Superior Tercero de lo Contencioso Tributario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas que debe acogerse en el caso de autos el criterio sentado por la Sala Constitucional de este máximo Tribunal en fecha 9 de marzo de 2009, caso: Municipio Valencia del Estado Carabobo, conforme al cual, para los períodos que se encuentran regidos bajo el Código Orgánico Tributario de 1994, reitera el criterio de la exigibilidad de la obligación tributaria como requisito para que se generen los intereses moratorios, los cuales surgen una vez que el respectivo reparo formulado por la Administración Tributaria adquiere firmeza (bien por no haber sido impugnado o por haberse decidido y quedado definitivamente firme las decisiones dictadas con ocasión a los recursos interpuestos), y no inmediatamente al vencimiento del plazo fijado para el cumplimiento de la obligación, y que para los períodos que se encuentran regidos bajo el Código Orgánico Tributario de 2001, vigente desde el 17 de octubre de 2001, el cual prevé en su artículo 343 que las normas vinculadas con los intereses moratorios son aplicables a partir del día siguiente de la publicación del Código, estableciéndose una nueva regulación en su artículo 66 ejusdem . (Sic). (Destacados de la Sala).
Precisado lo anterior y siendo que en el caso bajo examen la Gerencia Regional de Tributos Internos de Contribuyentes Especiales de la Región Capital del SENIAT, determinó a cargo de la contribuyente Corporación Finantrust, C.A., por presunto incumplimiento de deberes formales en materia de impuesto al valor agregado (IVA) para los meses de Septiembre y Octubre de 2001 impuesto y multa y para los meses Enero, Febrero, Mayo, Junio y Julio de 2002 impuesto, multa e intereses, conforme al cuadro señalado infra; la Sala considera necesario atender al contenido de los artículos 94 y 97 del Código Orgánico Tributario (de 1994), publicado en la Gaceta Oficial Extraordinario N° 4.727 en fecha 27 de mayo de 1994, así como también a las normas previstas en los artículos 94, 95, 96, 111 y 114 del Código Orgánico Tributario (de 2001), publicado en la Gaceta Oficial N° 37.305 del 17 de octubre de 2001 y finalmente, en el artículo 37 del Código Penal, a los fines de constatar la legalidad de las afirmaciones sobre el particular expuestas por el a quo.
En ese sentido, los artículos 94 y 97 del mencionado texto orgánico de (1994) prevén lo que de seguidas se transcribe:
Artículo 94. Se presume la intención de defraudar, salvo prueba en contrario, cuando ocurra alguna de las circunstancias siguientes:
1. Llevar dos o más juegos de libros para una misma contabilidad, con distintos asientos
2. Contradicción evidente entre las circunstancias de los libros o documentos y los datos consignados en las declaraciones tributarias, cuando perjudique al sujeto activo.
3. Proporcionar informaciones falsas o emitir documentos falsos relacionados con cualesquiera de los elementos constitutivos del hecho imponible.
4. No emitir facturas o comprobantes equivalentes que impliquen omisión del pago de tributos.
5. Presentación o utilización de comprobantes, planillas, facturas, especies fiscales u otros documentos falsos.
6. Producción, importación, falsificación, expendio, utilización o posesión de especies gravadas cuando no se hubieren cumplido con los registros o inscripción que las leyes especiales establecen.
7. El ejercicio clandestino de la industria o comercio del alcohol o de las especies alcohólicas.
Artículo 97. El que mediante acción u omisión que no constituya ninguna de las otras infracciones tipificadas en este Código, cause una disminución ilegítima de ingresos tributarios, inclusive mediante la obtención indebida de exoneraciones u otros beneficios fiscales, será penado con multa desde un décimo hasta dos veces el monto del tributo omitido. (Destacados de la Sala).
Las disposiciones anteriormente citadas, destacan los supuestos configurativos del delito de defraudación, así como lo que debe entenderse por contravención.
Por su parte, el artículo 94 del vigente Código Orgánico Tributario, el cual entró en vigencia conforme a lo preceptuado en el artículo 343 eiusdem, noventa (90) días después de su publicación en la Gaceta Oficial (17 de octubre de 2001), es decir, el 17 de enero del año 2002, establece lo siguiente:
Artículo 94. Las sanciones aplicables son:
1. ( omissis )
2. Multa;
( omissis )
Parágrafo Primero: Cuando las multas establecidas en este Código estén expresadas en unidades tributarias (U.T.), se utilizará el valor de la unidad tributaria que estuviere vigente para el momento del pago.
Parágrafo Segundo: Las multas establecidas en este Código, expresadas en términos porcentuales, se convertirán al equivalente en unidades tributarias (U.T.) que correspondan al momento de la comisión del ilícito, y se cancelarán utilizando el valor de la misma que estuviere vigente para el momento del pago. (Destacados de la Sala).
De la norma parcialmente transcrita se colige que las multas impuestas en unidades tributarias conforme al Código Orgánico Tributario de 2001, deben calcularse de acuerdo al valor vigente para la fecha en la cual se efectúa el pago de la sanción.
Criterio que ha sostenido esta Sala en sentencia N° 01108 del 29 de julio de 2009, caso: Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL), contra Corpomedios G.V. Inversiones, C.A. (GLOBOVISIÓN), al establecer, lo que se reproduce a continuación:
En atención al artículo precedentemente transcrito [Parágrafo Primero del artículo 94 del Código Orgánico Tributario de 2001], estima la Sala que en el caso bajo estudio la multa impuesta a la empresa Corpomedios G.V. Inversiones, C.A. (GLOBOVISIÓN), en el acto administrativo contenido en la Providencia Administrativa N° PADS-385 del 5 de diciembre de 2003, por el monto de treinta mil unidades tributarias (30.000 U.T.), debe calcularse según el valor de la unidad tributaria vigente para la fecha en que se realice el pago de la sanción. (Agregado de la Sala).
De esta manera, debe indicarse que actualmente el valor de la unidad tributaria es Cincuenta y Cinco Bolívares (Bs. 55,00), según lo dispuesto en la Providencia Administrativa N° SNAT-2009-0002344 del 26 de febrero de 2009, emanada del Superintendente Nacional Aduanero y Tributario del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), publicada en la Gaceta Oficial de la República N° 39.127 de ese misma fecha.
Por lo anterior, procede la solicitud de los apoderados judiciales de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) y, en consecuencia, la Sala indica que el monto de treinta mil unidades tributarias (30.000 U.T.) por la multa impuesta a la sociedad mercantil Corpomedios G.V. Inversiones, C.A. (GLOBOVISIÓN), mediante la Providencia Administrativa N° PADS-385 del 5 de diciembre de 2003, deberá calcularse con base a la cantidad de Cincuenta y Cinco Bolívares (Bs. 55,00) por cada unidad tributaria, por lo que el monto de dicha sanción totaliza la cantidad de Un Millón Seiscientos Cincuenta Mil Bolívares (Bs. 1.650.000,00), sin perjuicio del recálculo que deba hacer la Administración, conforme al Parágrafo Primero del artículo 94 del Código Orgánico Tributario, para el caso de entrar en vigencia un nuevo valor de la unidad tributaria, sin haberse realizado el pago. Así se declara.
En tanto que, las normas previstas en los artículos 95, 96, 111 y 114 eiusdem disponen lo siguiente:
Artículo 95. Son circunstancias agravantes:
( omissis..)
3. La magnitud monetaria del perjuicio fiscal y la gravedad del ilícito.
Artículo 96. Son circunstancias atenuantes:
( omissis )
2. La conducta que el autor asuma en el esclarecimiento de los hechos.
( omissis )
6. Las demás circunstancias atenuantes que resulten de los procedimientos administrativos o judiciales, aunque no estén previstas expresamente por la ley. (Destacados de la Sala).
Artículo 111. Quien mediante acción u omisión, y sin perjuicio de la sanción establecida en el artículo 116, cause una disminución ilegítima de los ingresos tributarios, inclusive mediante el disfrute indebido de exenciones, exoneraciones u otros beneficios fiscales, será sancionado con multa de un veinticinco por ciento (25%) hasta el doscientos por ciento (200%) del tributo omitido.
Parágrafo Primero: ( omissis )
Parágrafo Segundo: En los casos previstos en el artículo 186 de este Código, se aplicará la multa en un diez por ciento (10%) del tributo omitido. (Destacados de la Sala).
Artículo 114. Quien obtenga devoluciones o reintegros indebidos en virtud de beneficios fiscales, desgravámenes u otra causa, sea mediante certificados especiales u otra forma de devolución, será sancionado con multa del cincuenta por ciento al doscientos por cientos (50% al 200%) de las cantidades indebidamente obtenidas, y sin perjuicio de la sanción establecida en el artículo 116. (Destacados de la Sala).
Finalmente, el artículo 37 del Código Penal, publicado en la Gaceta Oficial Extraordinaria N° 5.768 del 13 de abril de 2005, en materia de imposición de sanciones de multa por infracciones de índole tributaria, establece lo siguiente:
Artículo 37. Cuando la ley castiga un delito o falta con pena comprendida entre dos límites, se entiende que la normalmente aplicable es el término medio que se obtiene sumando los dos números y tomando la mitad; se la reducirá hasta el límite inferior o se la aumentará hasta el superior, según el mérito de las respectivas circunstancias atenuantes o agravantes que concurran en el caso concreto, debiendo compensárselas cuando las haya de una y otra especie. ( ). (Destacados y Subrayado de la Sala).
No obstante, se aplicará la pena en su límite superior o en el inferior, cuando así lo disponga expresamente la ley, y también se traspasara uno u otro límite cuando así sea menester en virtud de disposición legal que ordene aumentar o rebajar la pena correspondiente al delito en una cuarta parte, que entonces se calculará en proporción a la cantidad de pena que el juez habría aplicado al reo si no concurriese el motivo del aumento o de la disminución. Si para el aumento o rebaja mismo se fijaren también dos límites, el tribunal hará dentro de estos el aumento o rebaja respectivo, según la mayor o menor gravedad del hecho.
En todos estos casos se tendrá siempre presente la regla del artículo 94. (Destacado de la Sala).
En la norma transcrita, se regula la forma en que deben ser impuestas las penas tras la comisión de un delito o falta; siendo en el caso de autos que tales castigos se circunscriben a sanciones de multa derivadas de la ocurrencia de infracciones a la normativa tributaria por parte de la contribuyente.
De dicha regulación, se evidencia que la Administración Tributaria al momento de calcular la sanción correspondiente, debe hacerlo partiendo del promedio obtenido a través de la sumatoria de los límites máximo y mínimo de la multa. Luego, ese término medio se reduce o se aumenta, dependiendo del acaecimiento de circunstancias atenuantes o agravantes, de la responsabilidad penal del sujeto pasivo de la obligación tributaria que concurran en el caso concreto.
Ahora bien, examinadas como han sido las precedentes disposiciones advierte la Sala que el objeto de la consulta de autos se circunscribe a dilucidar si la Administración Tributaria al sancionar a la contribuyente Corporación Finantrust, C.A., para los períodos correspondientes a los meses de Septiembre y Octubre del año 2001, así como Enero, Febrero, Mayo, Junio y Julio del año 2002, debió aplicar dichas sanciones en su término medio o si por el contrario en razón de haber sido alegadas por la mencionada empresa las atenuantes contenidas en los numerales 2 y 6 del artículo 96 del vigente Código Orgánico Tributario, debió aplicarlas en su límite inferior. Por otra parte, sí debió aplicar la unidad tributaria vigente para el momento en que se cometió el ilícito tributario o la vigente para el momento del pago. Finalmente, sobre la procedencia o no de los intereses moratorios liquidados por el Fisco Nacional.
Precisado lo anterior, pasa esta Superioridad a pronunciarse de la siguiente manera:
1.- De las Multas
En el caso de autos, el ente fiscal al verificar una disminución ilegítima de ingresos tributarios, resolvió imponer a la contribuyente Corporación Finantrust, C.A., las sanciones previstas en los [artículos 97 del Código Orgánico Tributario de 1994, 114 del vigente Código y 37 del Código Penal, aplicables ratione temporis], en su término medio, esto es, 105% para los períodos de septiembre y octubre de 2001 y 125% del reintegro obtenido indebidamente, para los períodos de enero, febrero, mayo, junio, julio y agosto de 2002, por cuanto no existen circunstancias que modifiquen la pena normalmente aplicable . Las mencionadas disposiciones aparecen citadas infra.
Conforme a la norma reproducida en el artículo 97 del Código Orgánico Tributario, debe entenderse que la misma comprende dos límites: uno mínimo, el cual radica en un décimo (10%) del tributo omitido, y uno máximo, consistente en dos veces (200%) el monto del referido gravamen dejado de pagar. La sumatoria de ambos, seguida de su división entre dos (2), arroja como resultado un 105%, porcentaje al cual equivale el término medio de la sanción.
Del resultado anterior (es decir, del 105%) partirá la imposición de la sanción de multa correspondiente, y dependiendo de la concurrencia de circunstancias agravantes o atenuantes, el mismo aumentará o descenderá sin exceder los aludidos límites mínimo (10%) y máximo (200%). En otras palabras, el artículo transcrito ordena que el quantum de la sanción sea ubicado dentro del rango existente entre el 10% y el 200% del impuesto dejado de enterar al Tesoro Nacional, por lo que no debe ser establecido el monto de la pena pecuniaria ni por debajo ni por encima de tales porcentajes.
En ese mismo contexto, la disposición contenida en el artículo 37 del Código Penal como antes se expuso, precisa que la Administración Tributaria al momento de calcular la sanción correspondiente, debe hacerlo partiendo del promedio obtenido a través de la sumatoria de los límites máximo y mínimo de la multa. Luego, ese término medio se reduce o se aumenta, dependiendo del acaecimiento de circunstancias atenuantes o agravantes, de la responsabilidad penal del sujeto pasivo de la obligación tributaria que concurran en el caso concreto.
Conforme a lo que antecede, juzga esta Sala como acertada la argumentación sostenida por el a quo al considerar que resulta aplicable en el caso subjudice la pena normal (sumatoria de los límites superior e inferior dividida entre dos) atendiendo a la norma contenida en el artículo 37 del Código Penal, y en este sentido se confirma dicho pronunciamiento. Así se declara.
2.- De cómo han de ser calculadas las multas
En cuanto a dicho particular, debe esta Sala resaltar que el Código Orgánico Tributario de 1994 no regulaba lo relativo al valor de la unidad tributaria que debía aplicarse cuando ocurre una infracción tributaria, en razón de lo cual esta Superioridad estableció tal como se aprecia en sentencia N° 02178 de fecha 17 de noviembre de 2004, caso: Mantenimiento Quijada, C.A., lo siguiente:
constata esta Sala que el Código adjetivo de 1994 aplicable ratione temporis a la presente controversia, no señala de manera expresa el valor de la unidad tributaria que debe aplicarse por lo que surge la divergencia con relación a cuál es el momento que debe prevalecer para el cálculo de la multa.
Ante tales circunstancias, considera esta Sala que la intención del legislador de 1994 era aplicar el valor de la unidad tributaria para el momento en que se cometió la infracción. Lo anterior podría inferirse del contenido de la norma contenido en el artículo 90 del precitado Código, la cual impone para los casos de sanciones relacionadas con el valor de las mercancías y objetos en infracción, la obligación de tomar en cuenta el valor de mercado al día en que se cometió la infracción.
Concatenado el mandato de la norma supra referida puede concluirse ante la falta de previsión expresa, que en aquellos casos en que las multas establecidas en el Código de 1994 estén expresadas en unidades tributarias, deberá utilizarse el valor de la unidad tributaria vigente para el momento en que se cometió la infracción
( ), la Sala considera que en el presente caso, la aplicación de las multas a la contribuyente fue realizada de manera ilegal, ya que el valor que debió tomar para la imposición de la misma atendiendo a la norma dispuesta en el artículo 104 del Código Orgánico Tributario de 1994, era el valor vigente de la unidad tributaria para el momento en que se cometió la infracción, ( ). (Destacados de la Sala).
De la decisión supra transcrita, se desprende que este Máximo Tribunal ante la ausencia de norma expresa que regulara lo relacionado al valor de la unidad tributaria que debía tomarse en cuenta a los efectos de la imposición de multas por infracciones tributarias, consideró que debía aplicarse la unidad tributaria que estuviere vigente para el momento de la comisión del ilícito. Mientras que con el advenimiento del Código Orgánico Tributario de 2001, el legislador previó expresamente (en el artículo 94) que la unidad tributaria aplicable para las sanciones era la vigente al momento del pago de éstas. (Destacado de la Sala).
Ahora bien, como quiera que las sanciones de multa impuestas por la Administración Tributaria a la contribuyente Corporación Finantrust, C.A., abarcan los períodos de: Septiembre y Octubre de 2001 y Enero, Febrero, Mayo, Junio y Julio de 2002, siendo aplicables tanto el Código Orgánico Tributario de 1994 como el de 2001, resulta necesario acudir a la normativa y criterios jurisprudenciales supra citados en atención al período de que se trate.
En ese orden de ideas, se advierte que con respecto a las multas liquidadas para el período de Septiembre y Octubre de 2001, debe atenderse al criterio jurisprudencial supra citado (caso: Mantenimiento Quijada, C.A.), que considera que a los efectos de la imposición de multas por infracciones tributarias debe aplicarse la unidad tributaria que estuviere vigente para el momento de la comisión del ilícito.
Así las cosas, constata la Sala que para los períodos de Septiembre y Octubre 2001, así como Enero y Febrero de 2002, el valor de la unidad tributaria estaba representada en Bs. 13.200,00, conforme se desprende de la Providencia Administrativa N° SNAT/2001/529 de fecha 20 de marzo de 2001, suscrita por el Superintendente Nacional Aduanero y Tributario del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), publicada en la Gaceta Oficial N° 37.194 del 10 de mayo de 2001; y que para los períodos de Mayo, Junio y Julio de 2002, se encontraba fijada en Bs. 14.800,00, tal como se aprecia de la Providencia Administrativa N° SNAT/2002/927 de fecha 8 de febrero de 2002, suscrita por el mismo funcionario y publicada en la Gaceta Oficial N° 37.397 del 5 de marzo de 2002. (Destacado de la Sala).
Precisado lo anterior, advierte esta Superioridad que si bien el sentenciador de instancia consideró que debía aplicarse la unidad tributaria que estuviere vigente para el momento de la comisión del ilícito, erró al señalar que corresponde aplicar el Valor de la Unidad Tributaria de Bs. 13.200 para el período perteneciente al año 2001 y Bs. 14.800 para el año 2002. Así igualmente se declara.
Por otra parte, comparte el argumento expuesto por el a quo al afirmar que para los períodos, Enero del año 2002 a Julio del mismo año, estando ya en vigencia el Código Orgánico Tributario ( ) [del] año 2001 lo aplicable es la norma prevista en el Parágrafo Primero del artículo 94, y por lo tanto la unidad tributaria tendrá el valor vigente para el momento del pago, fundamentándose para ello en el criterio sentado por esta Sala en las referidas sentencias, el cual fue reproducido infra, y que se ratifica por medio del presente fallo. Así se decide.
3.- De la procedencia o no de intereses moratorios
La Administración Tributaria procedió en el caso de autos, a realizar el cálculo de intereses moratorios para los períodos fiscales de enero, febrero, mayo, junio y julio de 2002, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 66 del Código Orgánico Tributario.
En cuanto a dicho particular, el sentenciador de instancia juzgó que que para los períodos que se encuentran regidos bajo el Código Orgánico Tributario de 1994, reitera el criterio de la exigibilidad de la obligación tributaria como requisito para que se generen los intereses moratorios, los cuales surgen una vez que el respectivo reparo formulado por la Administración Tributaria adquiere firmeza (bien por no haber sido impugnado o por haberse decidido y quedado definitivamente firme las decisiones dictadas con ocasión a los recursos interpuestos), y no inmediatamente al vencimiento del plazo fijado para el cumplimiento de la obligación, y que para los períodos que se encuentran regidos bajo el Código Orgánico Tributario de 2001, vigente desde el 17 de octubre de 2001, el cual prevé en su artículo 343 que las normas vinculadas con los intereses moratorios son aplicables a partir del día siguiente de la publicación del Código, señalamiento que comparte la Sala atendiendo al criterio sentado por la Sala Constitucional de este máximo Tribunal en la sentencia N° 191 de fecha 9 de marzo de 2009, caso: Municipio Valencia del Estado Carabobo. Así igualmente se decide.
Conforme a los argumentos expuestos, la Sala confirma íntegramente los pronunciamientos señalados por el a quo en los apartes PRIMERO, TERCERO Y CUARTO. No obstante, en lo que respecta a lo dispuesto en el aparte SEGUNDO, confirma parcialmente tal pronunciamiento, en razón del error en que incurrió el sentenciador de instancia al establecer los valores de las unidades tributarias a ser aplicadas en el caso de autos, advertido precedentemente.
En orden a lo anterior, se confirma el fallo consultado, en los términos expresados en este fallo. Así finalmente se declara.
IV
DECISIÓN
En virtud de los razonamientos anteriormente expuestos, esta Sala Político-Administrativa de este Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara:
1.- QUE PROCEDE la consulta respecto de la sentencia N° 1.389 dictada por el Tribunal Superior Tercero de lo Contencioso Tributario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas en fecha 28 de abril de 2009, la cual declaró parcialmente con lugar el recurso contencioso tributario interpuesto por la contribuyente CORPORACIÓN FINANTRUST, C.A., contra la Resolución N° GGSJ-GR-DRAAT-2007-2752 de fecha l° de octubre de 2007, la Gerente de Recursos de la Gerencia General de Servicios Jurídicos del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), que declaró sin lugar el recurso jerárquico ejercido en el caso de autos.
2.- Se CONFIRMAN del fallo consultado los pronunciamientos descritos en los apartes PRIMERO, TERCERO Y CUARTO.
3.- Se CONFIRMA parcialmente del fallo consultado el pronunciamiento expuesto en el aparte SEGUNDO, por tanto, se ORDENA a la Administración Tributaria recalcular las multas respectivas utilizando para los períodos de Septiembre y Octubre, así como Enero y Febrero de 2002, el valor de la unidad tributaria de Bs. 13.200,00 y para los períodos de Mayo, Junio y Julio de 2002, la unidad tributaria de Bs. 14.800,00.
Publíquese, regístrese y notifíquese. Devuélvase el expediente al tribunal de origen. Cúmplase lo ordenado.
Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los once (11) días del mes de mayo del año dos mil diez (2010). Años 200º de la Independencia y 151º de la Federación.
La Presidenta
EVELYN MARRERO ORTÍZ
La Vicepresidenta
YOLANDA JAIMES GUERRERO
Los Magistrados,
LEVIS IGNACIO ZERPA
Ponente
HADEL MOSTAFÁ PAOLINI
EMIRO GARCÍA ROSAS
La Secretaria,
SOFÍA YAMILE GUZMÁN
En doce (12) de mayo del año dos mil diez, se publicó y registró la anterior sentencia bajo el Nº 00398, la cual no está firmada por el Magistrado Emiro García Rosas, por no estar presente en la discusión por motivos justificados.
La Secretaria,
SOFÍA YAMILE GUZMÁN
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