Venley

Sentencia N.º 00398

Sentencia N.º 00398

Sentencia
N.º 00398
Fecha
31/03/2011
Sala
Político Administrativa
Expediente
1995-12063
Ponente
Trina Omaira Zurita
Procedimiento
Demanda

Magistrada Ponente: TRINA OMAIRA ZURITA

Exp. Nº 1995-12063

Mediante sentencia Nro. 01558 dictada el 20 de junio de 2006, esta Sala Político-Administrativa declaró sin lugar la acción reivindicatoria interpuesta por los abogados Henry José Corredor Ramírez y Roger Rojo Paredes, inscritos en el INPREABOGADO bajo los Nros. 14.051 y 2.861, respectivamente, actuando con el carácter de apoderados judiciales del ciudadano ANIANO CUESTA GUTIÉRREZ, titular de la cédula de identidad Nro. E-95.708, contra la sociedad mercantil PARQUE INDUSTRIAL EL VIGÍA, C.A., inscrita en fecha 14 de abril de 1972, en el Registro de Comercio que llevaba la Secretaría del Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, bajo el Nro. 753, páginas 557 al 573 de los libros de registro respectivos, carácter que se desprende de instrumento poder autenticado ante la Notaría Pública de El Vigía, Estado Mérida, en fecha 25 de julio de 1989, quedando registrado bajo el Nro. 117, Tomo 1 de los libros de Autenticaciones respectivos.

En fechas 10 de agosto de 2006 y 11 de marzo de 2008, la abogada Clara Sifontes, inscrita en el INPREABOGADO bajo el Nro. 43.670, actuando en su propio nombre, solicitó copia certificada del referido fallo; solicitud respecto de la cual se proveyó mediante auto de fecha 25 de marzo de 2008.

Por diligencia presentada el 23 de octubre de 2008, la prenombrada abogada consignó poder autenticado ante la Notaría Pública Primera del Estado Mérida, en fecha 1° de julio de 2008, inserto bajo el Nro. 8, Tomo 43 de los Libros de Autenticaciones llevados por esa Notaría, documento del cual deriva su carácter de apoderada judicial de la sociedad mercantil demandada, quien expuso lo siguiente:

“Solicito la remisión del expediente al tribunal Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida hoy Juzgado 3ero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, en virtud de que la sentencia se encuentra definitivamente firme. Por cuanto es necesario que el tribunal de origen libre oficios dirigidos al ciudadano Registrador del Municipio Alberto Adriani del Estado Mérida a los fines de liberar la medida de prohibición de enajenar y gravar que dictó este tribunal en fecha 20-11-1989, y que fuera anulada mediante sentencia de la Sala de Casación Civil en fecha 02-08-1995 que cursa a los folios 995 al 1016; en vista de que en los actuales momentos debido a esta medida se encuentra paralizado el proceso de regularización de tenencia de la tierra urbana de conformidad con la Ley Especial de Regularización Integral de la Tenencia de Tierra de los Asentamientos Urbanos Populares, publicada en Gaceta Oficial N° 38.480 de fecha 17 de julio de 2006. Por último solicito copia certificada de los folios 72 al 685 y sus vtos; 690 al 692 y sus vtos; 907 al 925 y sus vtos; 931 al 945 y sus vtos; folio 958, folio a l 4 vtos; 34 y 35 sus vtos; folio 38, 49 al 51 y sus vtos; 74 y su vto, 959 y su vtos, 961, 964, 967, 977, 982 al 1017, 1019; Sentencia N° 785 de fecha 05-06-02, del cuaderno de Medidas constante de cuatro folios; Sentencia N° 784 de fecha 05-06-2002 del Cuaderno Separado constante de cuatro (4) folios. Es todo, (…).” (Sic). 

 

 El 26 de noviembre de 2008, la prenombrada abogada ratificó la anterior diligencia.

Vista la designación realizada por la Asamblea Nacional en fecha 7 de diciembre de 2010, a la Doctora Trina Omaira Zurita, quien se incorporó como Magistrada Principal de la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en fecha 9 de diciembre del mismo año, la Sala queda integrada de la siguiente manera: Presidenta: Magistrada Evelyn Marrero Ortíz; Vicepresidenta, Magistrada Yolanda Jaimes Guerrero; Magistrados Levis Ignacio Zerpa, Emiro García Rosas y Magistrada Trina Omaira Zurita.

Por auto del 3 de febrero de 2011 se dejó constancia de la reconstitución de la Sala, se ordenó la continuación de la causa y, se reasignó la ponencia a la Magistrada TRINA OMAIRA ZURITA.

I

ANTECEDENTES

            En fecha 14 de noviembre de 1989, los abogados Henry José Corredor Ramírez y Roger Rojo Paredes, ya identificados, actuando con el carácter de apoderados judiciales del ciudadano ANIANO CUESTA GUTIÉRREZ, también identificado, interpusieron ante el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, acción reivindicatoria contra la sociedad mercantil PARQUE INDUSTRIAL EL VIGÍA, C.A, tribunal que admitió la acción interpuesta y decretó medida de prohibición de enajenar y gravar sobre un lote de terreno de 100 hectáreas, comprendidas dentro de una mayor extensión ubicada en el sitio denominado Mesas del Caraño, Municipio Alberto Adriani del Estado Mérida.

            El 8 de enero de 1990, el abogado Daniel Francisco Monsalve, inscrito en el INPREABOGADO bajo el Nro. 13.052, actuando en representación de la sociedad mercantil demandada, dio contestación al fondo de la demanda y promovió cita en saneamiento del ciudadano RENATO RIPANTE MAGRELLI, titular de la cédula de identidad Nro. E-13.873.

            El 15 de ese mismo mes y año, el referido Juzgado dictó medida de prohibición de enajenar y gravar sobre los derechos y acciones que a su juicio le correspondían al accionante, sobre el resto de un inmueble consistente en un lote de terreno con montaña que formó parte de mayor extensión, ubicado en Mesas de Caraño, Municipio Alberto Adriani del Estado Mérida, con fundamento en las mismas razones que consideró para adoptar la primera de las medidas cautelares decretadas.

            En fecha 1° de agosto de 1991, el prenombrado órgano jurisdiccional declaró sin lugar la demanda interpuesta por la parte actora, decisión que fue apelada tanto por la representación judicial del accionante como por el ciudadano Renato Ripanti, en su condición de citado en saneamiento. Consecuencia de dicha apelación, el expediente fue remitido al Juzgado Superior Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida.

            Por solicitud realizada el 19 de febrero de 1993, los apoderados de la sociedad mercantil demandada y del citado en saneamiento, peticionaron al precitado Juzgado Superior, declarara su incompetencia y la del Tribunal que conoció en primera instancia, así como la remisión del expediente a la Sala Político-Administrativa de la entonces Corte Suprema de Justicia, por considerarla competente de acuerdo con lo establecido en el numeral 15 del artículo 42 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia entonces vigente.

            Mediante Sentencia dictada el 11 de marzo de 1993, el Juzgado Superior Subrogado con Asociados, en lo Civil, Mercantil, Tránsito, Trabajo, Menores, de Amparo Constitucional y de Estabilidad Laboral de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, declaró con lugar la apelación interpuesta por el demandante, sin lugar la ejercida por el citado en saneamiento y, con lugar la demanda por reivindicación. Asimismo, declaró “con lugar la demanda contenida en la cita de saneamiento propuesta por (…) Parque Industrial El Vigía, C.A. contra su vendedor, ciudadano Renato Ripanti”, mantuvo la medida de prohibición de enajenar y gravar decretada el 20 de noviembre de 1989 sobre el lote de terreno objeto de reivindicación y, suspendió la que fuera acordada el 15 de enero de 1990 sobre bienes propiedad del demandante, decisión que contó con el voto salvado de uno de los jueces que integraron dicho tribunal, por considerar que el conocimiento del caso correspondía a la Sala Político-Administrativa de la entonces Corte Suprema de Justicia.

            El 29 de marzo de 1993, los apoderados judiciales de la sociedad mercantil demandada y del citado en saneamiento, solicitaron la regulación de competencia.

En vista del ejercicio del referido recurso, el mencionado Juzgado Superior ordenó la remisión del expediente a la Sala de Casación Civil de la entonces Corte Suprema de Justicia. Posteriormente, el referido órgano jurisdiccional ofició a la prenombrada Sala, manifestándole que el expediente le había sido remitido por un error involuntario, pues lo pertinente era su remisión a la Sala Político-Administrativa de la aludida Corte.

El 27 de enero de 1994, la Sala de Casación Civil remitió el expediente a la Sala Político-Administrativa ambas del más alto tribunal de la República, a los fines que dicha Sala resolviera el recurso de regulación de competencia interpuesto.

En fecha 4 de mayo de 1995, la Sala Político Administrativa dictó Sentencia a través de la cual declaró no tener materia sobre la cual decidir, ordenando la remisión del expediente a la Sala de Casación Civil de dicha Corte, a fin que ésta regulara la competencia en el presente caso.

La Sala de Casación Civil de la entonces Corte Suprema de Justicia en su Sentencia Nro. 52 del 2 de agosto de 1995, declaró competente a la Sala Político Administrativa de dicha Corte “por ser el ente demandado una empresa en la que el Estado tiene participación decisiva, cuya cuantía excede de cinco millones de bolívares y cuya acción no está atribuida por ley a una autoridad judicial distinta”.

A través de escrito consignado el 18 de abril de 1996, el ciudadano José Filadelfo Araujo Baptista, titular de la cédula de identidad Nro. 3.908.879, actuando con el carácter de Presidente y representante legal de la sociedad mercantil demandada, asistido por el abogado Aldemaro Álvarez Herrera, titular de la cédula de identidad Nro. 3.044.361, solicitó la suspensión de la medida de prohibición de enajenar y gravar recaída sobre el lote de terreno objeto de la acción reivindicatoria.

En fecha 28 de noviembre de 1996, la Sala Político-Administrativa de la entonces Corte Suprema de Justicia aceptó la competencia que le fuera declinada, por considerar que se encontraban cumplidos los extremos previstos en el numeral 15 del artículo 42 de la Ley Orgánica de Corte Suprema de Justicia entonces vigente, por ser la demandada Parque Industrial El Vigía, C.A. una empresa del Estado, en virtud de la participación accionaria mayoritaria del entonces Instituto Autónomo Corporación de Los Andes. Asimismo, en relación a la solicitud realizada el 18 de abril de 1996 por la representación de la referida sociedad mercantil de que se suspendiera la medida de prohibición de enajenar y gravar dictada sobre el terreno objeto de la reivindicación pretendida, la Sala indicó no tener materia sobre la cual decidir en virtud que la Sala de Casación Civil de la entonces Corte Suprema de Justicia “anuló las actuaciones habidas y repuso la causa al estado de nueva admisión de la acción reivindicatoria, por lo que resulta forzoso entender que la medida cautelar en referencia también está comprendida en la nulidad decretada”.

             El 21 de enero de 1997, los apoderados judiciales del actor reformaron la demandada.

            Sustanciada la causa en su totalidad y, producido el cambio en la denominación, estructura y conformación del Máximo Tribunal de la República, la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela dictó la Sentencia Nro. 1558, publicada el 20 de junio de 2006, a través de la cual declaró sin lugar la acción reivindicatoria interpuesta.

II

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

La apoderada judicial de la sociedad mercantil demandada solicita la remisión del expediente contentivo de las presentes actuaciones al Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, con la finalidad que sea liberada la medida de prohibición de enajenar y gravar que fuera decretada sobre un inmueble propiedad de su mandante.

Al respecto se observa que tal pedimento resulta improcedente toda vez que, siendo esta Sala la competente para conocer de la acción incoada contra la sociedad mercantil Parque Industrial El Vigía, C.A., el expediente debe permanecer bajo la custodia del Secretario o Secretaria de la Sala a los fines de la ejecución de los fallos y, aun después de finalizada ésta hasta que se proceda a su eliminación, todo en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 108 y 946 del Código de Procedimiento Civil, aplicable en atención a lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. Así se decide.

Ahora bien, con su petición de remisión del expediente, la diligenciante persigue la obtención del Oficio dirigido al Registrador Subalterno del Municipio Alberto Adriani del Estado Mérida, a fin de lograr el levantamiento registral de la medida de prohibición de enajenar y gravar decretada por el Juzgado Primero de Primera de Instancia en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida.

Siendo ello así, esta Sala, a fin de garantizar la tutela judicial efectiva de las partes, y de alcanzar una justicia expedita, pasa a analizar la procedencia del levantamiento pretendido.

Así, se observa que tal como fue señalado en los antecedentes ya narrados, en fecha 18 de abril de 1996 el representante legal de la demandada se dirigió a la Sala a fin de exponer e instar  lo siguiente:

“Cursa actualmente por ante esta honorable Sala el expediente N° 12063 contentivo de las actuaciones relacionadas con la demanda que por reivindicación de un inmueble ubicado en el sitio denominado La Pedregosa, jurisdicción del Municipio Alberto Adriani del Estado Mérida, propusiera el ciudadano ARIANO CUESTA GUTIÉRREZ contra la compañía que represento.

Dicho expediente ingresó a esta honorable Sala en virtud de que la honorable Sala de Casación Civil de esta Corte Suprema de Justicia, mediante decisión de fecha 2 de agosto de 1.995, declaró competente a esta Sala para conocer de la decisión reivindicatoria propuesta por ser el ente demandado una empresa en la que el Estado tiene participación decisiva, cuya cuantía excede de CINCO MILLONES DE BOLÍVARES (Bs. 5.000.000,oo) y cuya acción no está atribuida por ley a una autoridad judicial distinta; y, en consecuencia, anuló las actuaciones habidas en el procedimiento respectivo y repuso la causa al estado de nueva admisión de la acción reivindicatoria propuesta por parte de esta honorable Sala Político Administrativa.

Ahora bien, en dicho procedimiento el Tribunal de la causa, el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil y mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, a pedimento de la parte actora decretó medida de prohibición de enajenar y gravar sobre el inmueble objeto de la reivindicación, medida que aún se encuentra pendiente, dado que no obstante la anulación de las actuaciones habidas, la misma no fue suspendida como así debió serlo por la propia Sala de Casación Civil.

En tal virtud, comedidamente acudo ante ustedes, para solicitarles la suspensión de la indicada medida cautelar y la respectiva notificación al Registrador Subalterno del Distrito Alberto Adriani del Estado Mérida.”

 

Respecto de la señalada petición, la Sala Político Administrativa de aquella Corte, en su Sentencia Nro. 794 del 28 de noviembre de 1996, señaló:

“2. Por lo que respecta a la solicitud formulada por la parte demanda, en el sentido de que se ‘suspenda’ la medida de prohibición de enajenar y gravar acordada en el transcurso del juicio de reivindicación y se notifique al Registrador Subalterno lo conducente, la Sala encuentra que no tiene materia sobre la cual decidir, por cuanto la Sala de Casación Civil anuló las actuaciones habidas y repuso la causa al estado de nueva admisión de la acción reivindicatoria’ por lo que resulta forzoso entender que la medida cautelar en referencia también está comprendida en la nulidad decretada y así se declara” (Sic).

 

            Adicionalmente se observa que -como se señaló supra-, la Sala Político Administrativa de este Máximo Tribunal, a través de su Sentencia Nro. 1.558, publicada el 20 de junio de 2006, declaró “SIN LUGAR la acción reivindicatoria interpuesta por la representación judicial del ciudadano ANIANO CUESTA GUTIÉRREZ, contra la sociedad mercantil PARQUE INDUSTRIAL EL VIGÍA, C.A.”, por lo cual resulta evidente el decaimiento de la medida de prohibición de enajenar y  gravar que fue decretada por el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida sobre el inmueble objeto de la acción reivindicatoria.

            No obstante, de la revisión minuciosa realizada a las piezas que conforman el expediente de la presente causa, se observa la omisión de la Sala de Casación Civil, de notificar tal decaimiento al Registrador correspondiente, omisión que ha provocado que hasta la presente fecha, a los efectos registrales dicha medida permanezca vigente, impidiéndosele a la empresa demandada, la disposición del terreno de su propiedad, respecto del cual en la actualidad debe ser ejecutado el plan de regularización de tenencia de la tierra urbana ordenado en la Ley Especial de Regularización Integral de la Tenencia de Tierra de los Asentamientos Urbanos Populares, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nro. 38.480 del 17 de julio de 2006.

            Ello así, en aras de garantizar la tutela judicial efectiva de las partes, esta Sala debe ordenar sea librado Oficio dirigido al Registrador Subalterno del Municipio Alberto Adriani del Estado Mérida, a fin de que estampe en el libro de registro respectivo, la nota marginal de levantamiento de la medida de prohibición de enajenar y gravar que fuera decretada por el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, en fecha 20 de noviembre de 1989, recaída sobre “un lote de terreno de cien hectáreas situado dentro de un inmueble de mayor extensión, ubicado en el sitio denominado MESAS DEL CARAÑO, hoy jurisdicción del Municipio Autónomo Alberto Adriani del Estado Mérida, adquirido según documento protocolizado en la Oficina Subalterna de Registro del Distrito Alberto Adriani del Estado Mérida en fecha 5 de noviembre de 1.975, bajo el N° 62, folios: 131 al 134, Protocolo 1°, tomo 1° del citado año” y que le fuera comunicada al referido Registrador mediante Oficio Nro. 2.033 de la misma fecha.

            Asimismo, como quiera que el levantamiento registral de la referida medida resulta necesaria para la ejecución de lo dispuesto en la Ley Especial de Regularización Integral de la Tenencia de Tierra de los Asentamientos Urbanos Populares, debe ordenarse al mencionado Registrador, informe a esta Sala acerca del cumplimiento de dicho mandato, dentro de los diez días hábiles siguientes al recibo del aludido Oficio. Así se decide.

En vista que el Instituto Autónomo Corporación de Desarrollo de la Región de Los Andes (CORPOANDES) es accionista mayoritario en la sociedad mercantil PARQUE INDUSTRIAL EL VIGÍA, C.A. y que dicho Instituto se encuentra adscrito a la Vicepresidencia Ejecutiva de la República, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto Presidencial Nro. 7.408 del 4 de mayo de 2010, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nro. 39.422 del 12 de ese mismo mes y año, debe además ordenarse la notificación del Presidente del prenombrado Instituto Autónomo, del ciudadano Vicepresidente Ejecutivo de la República, de la Fiscala General de la República y de la Procuradora General de la República, esta última notificación con arreglo a lo dispuesto en el artículo 99 del Decreto Nro. 6.286, con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela nro. 5.892 Extraordinario del 31 de julio de 2008.

Por otra parte, como quiera que de la revisión de las actas que integran el expediente de la presente causa se aprecia que el accionante aún no ha sido notificado de la sentencia Nro. 01558 publicada el 20 de junio de 2006, a través de la cual esta Sala declaró sin lugar la acción reivindicatoria por el interpuesta, debe ordenarse su notificación personal o a través del último apoderado judicial constituido en el presente juicio y, de resultar imposible la práctica de dicha notificación en alguna de las formas anteriormente señaladas, ésta debe practicarse con arreglo a lo dispuesto en el artículo 233 del Código de Procedimiento Civil. Así también se decide.

III

DECISIÓN

En atención a los razonamientos antes expresados, esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley:

PRIMERO: Declara IMPROCEDENTE la solicitud de remisión del expediente al Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, realizada por la apoderada judicial de la sociedad mercantil PARQUE INDUSTRIAL EL VIGÍA, C.A.

SEGUNDO: ORDENA se libre Oficio dirigido al Registrador Subalterno del Municipio Alberto Adriani del Estado Mérida, en los términos expuestos en la motiva del presente fallo.

TERCERO:  ORDENA  la notificación de la Sentencia N° 001558 publicada en fecha 20 de junio de 2006, al actor ciudadano ANIANO CUESTA GUTIÉRREZ, en la forma señalada en la presente decisión.

Publíquese, regístrese y notifíquese a las partes. Cúmplase lo ordenado. Asimismo, notifíquese a la ciudadana Procuradora General de la República  de conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del Decreto Nro. 6.286, con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, al Presidente del Instituto Autónomo Corporación de Desarrollo de Los Andes (CORPOANDES), al Vicepresidente Ejecutivo de la República y a la Fiscala General de la República.

Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los treinta (30) días del mes de marzo del año dos mil once (2011). Años 200º de la Independencia y 152º de la Federación.

             La Presidenta

EVELYN MARRERO ORTÍZ

                                                                                                                                                La Vicepresidenta

                                                                      YOLANDA JAIMES GUERRERO

 

Los Magistrados,

LEVIS IGNACIO ZERPA

    

 

 

                                                                                                                                      EMIRO GARCÍA ROSAS

                                                                                                                                                        

TRINA OMAIRA ZURITA

                 Ponente

 

 

La Secretaria,

SOFÍA YAMILE GUZMÁN

 

En treinta y uno (31) de marzo del año dos mil once, se publicó y registró la anterior sentencia bajo el Nº 00398.

 

La Secretaria,

SOFÍA YAMILE GUZMÁN

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