Sentencia N.º 00399
- Sentencia
- N.º 00399
- Fecha
- 31/03/2011
- Sala
- Político Administrativa
- Expediente
- 2007-0380
- Ponente
- Trina Omaira Zurita
- Procedimiento
- Demanda
- Enlace fuente oficial
- Ver en sitio web oficial del TSJ
Magistrada Ponente: TRINA OMAIRA ZURITA
Exp. Nº 2007-0380
Mediante sentencia N° 00558 del 16 de junio de 2010, esta Sala declaró la prescripción de la acción en la demanda que, por indemnización de daños materiales y morales, fuera incoada el 11 de abril de 2007, por la ciudadana BLANCA STELLA SHEUAT, titular de la cédula de identidad N° 7.297.198, asistida por el abogado Luis Alberto González Reyes, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 59.214, contra el ciudadano ROGELIO ANTONIO HERNÁNDEZ INOJOSA, titular de la cédula de identidad N° 10.986.323, y la REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, por órgano del Ministerio de la Defensa (hoy Ministerio del Poder Popular para la Defensa). Asimismo, dicho fallo declaró parcialmente con lugar la reclamación por daño moral ejercida por dicha ciudadana, en representación del adolescente OSCAR PAÚL HERNÁNDEZ SHEUAT, titular de la cédula de identidad N° 21.337.728, contra las personas antes mencionadas.
El 15 de julio de 2010, se libraron los Oficios de notificación Nros. 2265, 2266, 2267 y 2268, dirigidos a los ciudadanos Blanca Stella Sheuat, Ministro del Poder Popular para la Defensa, Rogelio Antonio Hernández Inojosa y Procuradora General de la República, respectivamente.
El 9 de agosto de 2010, el Alguacil de esta Sala dejó constancia de haber realizado la notificación del ciudadano Ministro del Poder Popular para la Defensa.
El 13 de octubre de 2010, compareció el apoderado judicial de la parte actora y se dio por notificado de la sentencia definitiva dictada por esta Sala.
Los días 28 de septiembre y 18 de octubre de 2010, el Alguacil de esta Sala consignó los recibos de notificación de las ciudadanas Procuradora General de la República y Blanca Stella Sheuat, respectivamente.
El 8 de diciembre de 2010, el representante judicial de la parte accionante solicitó se fije un lapso para que la parte demandada dé cumplimiento voluntario al referido fallo.
Vista la designación realizada por la Asamblea Nacional el 7 de diciembre de 2010, a la Doctora Trina Omaira Zurita, quien se incorporó como Magistrada Principal de la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en fecha 9 de diciembre del mismo año, la Sala queda integrada de la siguiente manera: Presidenta: Magistrada Evelyn Marrero Ortíz; Vicepresidenta, Magistrada Yolanda Jaimes Guerrero; Magistrados Levis Ignacio Zerpa, Emiro García Rosas y Magistrada Trina Omaira Zurita.
El 14 de diciembre de 2010, en virtud de la nueva conformación de esta Sala Político-Administrativa, se reasignó la ponencia a la Magistrada TRINA OMAIRA ZURITA.
El 14 de enero de 2011, el Alguacil de esta Sala consignó Aviso de Recibo emitido por el Instituto Postal Telegráfico de Venezuela (IPOSTEL), como constancia de haberse entregado el Oficio de Notificación dirigido al ciudadano Rogelio Antonio Hernández Inojosa, parte codemandada.
El 25 de enero de 2011, el apoderado de la parte actora ratificó el pedimento relativo a que se fije un lapso para el cumplimiento voluntario de la sentencia N° 00558, del 16 de junio de 2010.
Realizado el estudio de las actas procesales que integran el expediente, esta Sala Político-Administrativa pasa a decidir, sobre la base de los siguientes argumentos:
I
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
En el punto 4 del dispositivo de la decisión cuya ejecución voluntaria se solicita, identificada con el N° 00558, del 16 de junio de 2010, este Órgano Jurisdiccional determinó lo siguiente: 4.- Se CONDENA al ciudadano ROGELIO ANTONIO HERNÁNDEZ INOJOSA, y solidariamente a la REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, por órgano del Ministerio de la Defensa (hoy Ministerio del Poder Popular para la Defensa), a resarcir al adolescente OSCAR PAÚL HERNÁNDEZ SHEUAT el daño moral que sufrió como consecuencia de las lesiones padecidas a raíz del referido accidente de tránsito, indemnización que es estimada prudencialmente por esta Sala en la cantidad de ciento treinta mil bolívares (Bs. 130.000,00) . (Negrillas de la cita).
Como se aprecia, en el caso de autos la condena al pago de la suma de dinero antes indicada, recayó solidariamente sobre una persona natural (Rogelio Antonio Hernández Inojosa) y la República Bolivariana de Venezuela (por órgano del Ministerio del Poder Popular para la Defensa), aspecto respecto al cual caben las siguientes precisiones:
El artículo 111 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.447, del 16 de junio de 2010, reimpresa por error material en la Gaceta Oficial N° 39.451, del 22 de junio de 2010, establece lo siguiente:
Artículo 111.- Cuando el ejecutado sea un particular, se aplicará lo previsto en el Código de Procedimiento Civil.
De acuerdo con la norma citada, cuando se decrete la ejecución contra un particular -persona natural o jurídica privada- en el marco de un procedimiento de naturaleza contencioso administrativa, deberá acudirse, a los efectos de hacer efectivo lo juzgado, al procedimiento para la ejecución de sentencias contemplado en el Libro Segundo (Del Procedimiento Ordinario), Título IV (De la Ejecución de la Sentencia), Capítulos I al X, del Código de Procedimiento Civil.
Así pues, visto que uno de los codemandados ejecutados en el presente proceso es una persona natural, debe esta Sala, en atención a lo dispuesto en el artículo 111 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, aplicar frente a éste, el procedimiento para la ejecución voluntaria preceptuado en el artículo 524 del Código de Procedimiento Civil, el cual dispone:
Artículo 524.- Cuando la sentencia haya quedado definitivamente firme, el Tribunal, a petición de la parte interesada, pondrá un decreto ordenando su ejecución. En dicho decreto el Tribunal fijará un lapso que no será menor de tres días ni mayor de diez, para que el deudor efectúe el cumplimiento voluntario, y no podrá comenzarse la ejecución forzada hasta que haya transcurrido íntegramente dicho lapso sin que se hubiese cumplido voluntariamente la sentencia. (Resaltado de esta Sala).
Conforme a la norma transcrita, cuando la sentencia a ser ejecutada haya quedado definitivamente firme, el Tribunal encargado de seguir la ejecución librará un decreto en el cual otorgará al ejecutado un lapso que no podrá ser menor de tres (3) días de despacho, ni mayor de diez (10), para que éste dé cumplimiento voluntario a lo decidido.
Por consiguiente, esta Sala, en aplicación del dispositivo legal invocado, fija un lapso de diez (10) días de despacho, contados a partir del primer (1er.) día de despacho siguiente a aquel en que conste en autos la última notificación de las partes, para que el ciudadano Rogelio Antonio Hernández Inojosa, cumpla voluntariamente con la orden contenida en el punto 4 del dispositivo de la sentencia N° 00558, dictada por este Órgano Jurisdiccional, el 16 de junio de 2010. Así se establece.
Por otra parte y sin perjuicio del anterior pronunciamiento, cabe reiterar que la República ha sido condenada solidariamente junto con el mencionado ciudadano, al pago de la cantidad de ciento treinta mil bolívares (Bs. 130.000,00); de allí que, en atención a las prerrogativas procesales que ésta ostenta, conforme al Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 5.892, Extraordinario, del 31 de julio de 2008, se debe aplicar frente a la República el procedimiento para la ejecución de sentencias contemplado en dicha legislación especial, tal como lo dispone el artículo 108 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, norma que reza:
Artículo 108. Cuando la República o algún estado sean condenados en juicio, se seguirán las normas establecidas en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República ( ).
Dicho esto, se advierte que el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, prevé en sus artículos 87 y 88, dos (2) fases diferenciadas dentro del procedimiento de ejecución de las sentencias contra la República, en los términos siguientes:
Artículo 87.- Cuando la República sea condenada en juicio, el Tribunal encargado de ejecutar la sentencia notificará al Procurador o Procuradora General de la República quien, dentro del lapso de sesenta (60) días siguientes, debe informarle sobre la forma y oportunidad de ejecución.
Dentro de los diez (10) días siguientes de su notificación, la Procuraduría General de la República participará al órgano respectivo de lo ordenado en la sentencia. Este último deberá informar a la Procuraduría General de la República sobre la forma y oportunidad de ejecución de lo ordenado en la sentencia, dentro de los treinta (30) días siguientes de recibido el oficio respectivo.
Artículo 88.- La parte interesada, previa notificación, puede aprobar o rechazar la proposición del organismo público que corresponda y, en el último caso, el Tribunal debe fijar otro plazo para presentar nueva propuesta; si la misma no es aprobada por la parte interesada, o si el organismo respectivo no hubiere presentado alguna, el Tribunal debe determinar la forma y oportunidad de dar cumplimiento a lo ordenado por la sentencia, según los procedimientos siguientes:
1. Si se trata de cantidades de dinero, el Tribunal, a petición de la parte interesada, debe ordenar que se incluya el monto a pagar en la partida respectiva de los próximos dos ejercicios presupuestarios, a cuyo efecto debe enviar al Procurador o Procuradora General de la República copia certificada de la decisión, la cual debe ser remitida al organismo correspondiente. El monto que se ordene pagar debe ser cargado a una partida presupuestaria no imputable a programas.
2. Si se trata de entrega de bienes, el Tribunal debe poner en posesión de los mismos a quien corresponda. Si tales bienes estuvieren afectados al uso público, a actividades de utilidad pública o a un servicio público, el Tribunal debe acordar la fijación del precio mediante avalúo realizado por tres peritos, nombrados uno por cada parte y el tercero de común acuerdo. En caso de desacuerdo, el tercero perito es nombrado por el Tribunal.
Como se observa, las normas antes transcritas establecen el íter procedimental a seguir para la ejecución de las decisiones condenatorias contra la República, a saber:
1.- La Procuraduría General de la República, a solicitud del Tribunal donde se siga la ejecución, dispondrá de un lapso de sesenta (60) días siguientes a su notificación, a los fines de proponer la forma y oportunidad para dar cumplimiento al fallo, a cuyo efecto notificará al órgano demandado para que, dentro de un plazo que no podrá exceder de treinta (30) días continuos, informe sobre la forma cómo habrá de ejecutarse lo ordenado en la sentencia. Una vez notificada la parte ejecutante de la propuesta que presente el órgano administrativo, podrá aprobar o rechazar la proposición. En este último caso, el Órgano Jurisdiccional fijará otro plazo para presentar una nueva propuesta.
2.- Si la propuesta no es aprobada por la parte ejecutante, o si el órgano respectivo no hubiere presentado alguna dentro del lapso legalmente establecido, el Tribunal, a instancia de la parte interesada, podrá ordenar que el monto a pagar se incluya en la partida respectiva de los próximos dos (2) ejercicios presupuestarios. Si la condena versara sobre la entrega de bienes específicos, el Órgano Jurisdiccional deberá poner en posesión de los mismos a quien pertenezcan, a menos que estén afectados a la prestación de un servicio de interés público, caso en el que ordenará la práctica de un avalúo para que se proceda al pago del monto equivalente en dinero.
Ahora bien, como quiera que la solicitud de ejecución del fallo dictado por esta Sala, se corresponde con la fase inicial del procedimiento especial de ejecución de sentencias contra la República, previsto en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, aplicable por remisión expresa del artículo 108 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, esta Sala, atendiendo a lo establecido en el artículo 87 del citado Decreto Ley, decreta la ejecución voluntaria de la sentencia N° 00558 del 16 de junio de 2010 y, en consecuencia, fija un lapso de sesenta (60) días continuos siguientes a la constancia en autos de la notificación de la Procuraduría General de la República, para que ésta exponga la forma y oportunidad en que la República Bolivariana de Venezuela, por órgano del Ministerio del Poder Popular para la Defensa, dará cumplimiento voluntario a dicho fallo. (Vid., sentencia de esta Sala N° 00751, del 22 de julio de 2010). Así se establece.
II
DECISIÓN
Sobre la base de las consideraciones antes expuestas, esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, decreta la EJECUCIÓN VOLUNTARIA de la sentencia N° 00558, del 16 de junio de 2010, de conformidad con lo establecido en los artículos 87 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, 524 del Código de Procedimiento Civil, y 108 y 111 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. En consecuencia:
1.- Se FIJA un lapso de diez (10) días de despacho, contados a partir del primer (1er.) día de despacho siguiente a aquel en que conste en autos la última notificación de las partes, para que el ciudadano Rogelio Antonio Hernández Inojosa dé cumplimiento voluntario a la orden contenida en el punto 4 del dispositivo de la sentencia N° 00558, dictada por este Órgano Jurisdiccional, el 16 de junio de 2010.
2.- Se FIJA fija un lapso de sesenta (60) días continuos siguientes a la constancia en autos de la notificación de la Procuraduría General de la República, para que ésta exponga la forma y oportunidad en que la República Bolivariana de Venezuela, por órgano del Ministerio del Poder Popular para la Defensa, dará cumplimiento voluntario a dicho fallo.
Notifíquese de la presente decisión al Ministro del Poder Popular para la Defensa y a la ciudadana Procuradora General de la República, esta última, de conformidad con lo establecido en el artículo 86 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.
Publíquese, regístrese y comuníquese. Cúmplase con lo ordenado.
Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los treinta (30) días del mes de marzo del año dos mil once (2011). Años 200º de la Independencia y 152º de la Federación.
La Presidenta
EVELYN MARRERO ORTÍZ
La Vicepresidenta
YOLANDA JAIMES GUERRERO
Los Magistrados,
LEVIS IGNACIO ZERPA
EMIRO GARCÍA ROSAS
TRINA OMAIRA ZURITA
Ponente
La Secretaria,
SOFÍA YAMILE GUZMÁN
En treinta y uno (31) de marzo del año dos mil once, se publicó y registró la anterior sentencia bajo el Nº 00399.
La Secretaria,
SOFÍA YAMILE GUZMÁN
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