Venley

Sentencia N.º 00414

Sentencia N.º 00414

Sentencia
N.º 00414
Fecha
14/04/2016
Sala
Político Administrativa
Expediente
2015-0930
Ponente
María Carolina Ameliach Villarroel
Procedimiento
Recurso de Nulidad
Magistrada Ponente: MARÍA CAROLINA AMELIACH VILLARROEL

Exp. Nro. 2015-0930

El 22 de septiembre de 2015, el abogado FRANCISCO JAVIER HURTADO LEÓN (INPREABOGADO Nro. 17.611), actuando en su nombre, interpuso ante esta Sala demanda contencioso administrativa de nulidad contra el acto administrativo Nro. 00351-15 de fecha 25 de febrero de 2015, dictado por la INSPECTORÍA GENERAL DE TRIBUNALES, mediante el cual se exoneró de responsabilidad disciplinaria a la Jueza Provisoria del Juzgado Superior Accidental en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Cojedes, abogada Carolina Teresa Hernández Vidal (cédula de identidad Nro. 9.536.751).

En fecha 24 de septiembre de 2015, se dio cuenta en Sala y se acordó pasar las actuaciones al Juzgado de Sustanciación.

El 29 de septiembre de 2015, se remitió el presente expediente al aludido órgano jurisdiccional.

Mediante auto Nro. 318 del 8 de octubre de 2015, el Juzgado de Sustanciación de esta Sala admitió la demanda interpuesta y, en consecuencia, de acuerdo con lo establecido en el artículo 78 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, ordenó notificar a las ciudadanas Fiscal General de la República, Inspectora General de Tribunales, así como a la Procuraduría General de la República, esta última con arreglo a lo previsto en el artículo 86 del entonces vigente Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República (2008).

En esa misma decisión, se acordó pedir a la Inspectoría accionada el expediente administrativo relacionado con el caso bajo estudio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 79 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa y se advirtió que una vez que constaran en autos las notificaciones ordenadas se remitiría el expediente a la Sala con el objeto de que se fijara la oportunidad para la celebración de la audiencia de juicio, en atención a lo indicado en el artículo 82 eiusdem y, en virtud del requerimiento efectuado por la parte actora relacionado con “(…) RECABAR los dos cuerpos del expediente objeto de la presente nulidad (…)”, se indicó que en esa fase de admisión solo corresponde solicitar la remisión de los antecedentes administrativos, sin perjuicio de que las partes hagan uso de su derecho a promover pruebas en la etapa procesal correspondiente.

El 15 de octubre de 2015, se libraron las notificaciones señaladas anteriormente.

En fechas 3, 4 y 11 de noviembre de 2015, el Alguacil del Juzgado de Sustanciación de esta Sala consignó acuse de recibo de los oficios de notificación Nros. 1197, 1198 y 1196 dirigidos a la Fiscal General de la República, a la Inspectora General de Tribunales y a la Procuraduría General de la República, respectivamente.

El 11 de noviembre de 2015, se recibió el oficio Nro. 02599.15 del día 9 de ese mes y año, suscrito por la entonces Coordinadora General del Despacho (E) de la Inspectoría General de Tribunales, mediante el cual informó que en esa fecha se ordenó la “reconstrucción” del expediente administrativo, por cuanto “(…) una vez efectuada una exhaustiva búsqueda del mismo, no pudo ser localizado”. Por lo que, adjuntó al referido documento copia certificada del acta donde se dejó constancia de tal hecho, así como del auto por medio del cual se ordenó su reconstrucción.

El 1° de diciembre de 2015, el Juzgado de Sustanciación acordó ratificar la solicitud del expediente administrativo, visto que no constaba en autos su recepción.

En fecha 8 de diciembre de 2015, se libró el oficio de notificación Nro. 001401 dirigido a la Inspectora General de Tribunales, y el día 16 de ese mes y año, el Alguacil del aludido órgano jurisdiccional consignó el acuse de recibo de dicha notificación.

El 17 de diciembre de 2015, se recibió el oficio Nro. 02861.15, suscrito el día 16 de ese mes y año, por la entonces Coordinadora General del Despacho (E) de la Inspectoría General de Tribunales, anexo al cual remitió el expediente administrativo disciplinario relacionado con el caso sub examine e informó que se dejó sin efecto el oficio Nro. 025999.15 del 9 de noviembre de ese mismo año.

En esa misma oportunidad (17 de diciembre de 2015), se ordenó formar piezas separadas con la documentación antes señalada y se acordó remitir las actuaciones a esta Sala a fin de que se fijara la oportunidad para la celebración de la Audiencia de Juicio.

Por auto del 14 de enero de 2016, se dejó constancia de que el 23 de diciembre de 2015 se incorporaron a esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia el Magistrado Marco Antonio Medina Salas y la Magistrada Eulalia Coromoto Guerrero Rivero, designados y juramentados por la Asamblea Nacional en esa misma fecha. La Sala quedó constituida, conforme a lo dispuesto en los artículos 8 y 20 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, de la forma siguiente: Presidenta, Magistrada María Carolina Ameliach Villarroel; Vicepresidenta, Magistrada Eulalia Coromoto Guerrero Rivero; la Magistrada Bárbara Gabriela César Siero; y los Magistrados Inocencio Antonio Figueroa Arizaleta y Marco Antonio Medina Salas.

En esa misma fecha (14 de enero de 2016), se dio cuenta en Sala, se designó ponente a la Magistrada María Carolina Ameliach Villarroel y se fijó para el 3 de marzo de 2016, a las once de la mañana (11:00 am), la Audiencia de Juicio, de conformidad con lo previsto en el artículo 82 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

El 3 de marzo de 2016, siendo la oportunidad fijada para que tuviera lugar la Audiencia de Juicio, se hizo el anuncio de Ley y se dejó constancia de que comparecieron y expusieron sus argumentos el abogado Francisco Javier Hurtado León, actuando en su nombre y la abogada Roxana Orihuela Gonzatti (INPREABOGADO Nro. 46.907), actuando en representación del Ministerio Público, quien pidió la reposición de la causa. En esa misma oportunidad, la parte actora consignó su escrito de pruebas y conclusiones, y se ordenó pasar el expediente a la Ponente designada.

Realizado el estudio de las actas procesales que integran el expediente, esta Sala pasa a decidir sobre la base de las siguientes consideraciones:

 

I

SOLICITUD DEL MINISTERIO PÚBLICO

 

Mediante escrito de fecha 3 de marzo de 2016, la abogada Roxana Orihuela Gonzatti, ya identificada, actuando como representante del Ministerio Público requirió la reposición de la causa al estado de notificación de la abogada Carolina Teresa Hernández Vidal, en los siguientes términos:

“PRIMERO: ‘Solicito (…) la reposición de la causa contenida en el Expediente N° 2015-0930, al estado de que se ordene y efectivamente se realice la notificación de la ciudadana CAROLINA TERESA HERNANDEZ VIDAL, titular de la Cédula de Identidad N° V- 9.536.751. La presente solicitud se hace en cumplimiento de la obligación que tiene el Ministerio Público de velar por el respeto al principio denominado debido proceso. En efecto ciudadanos Magistrados, para el Ministerio Público la decisión que recaiga en la presente causa, no sólo afectará la esfera jurídica del recurrente, sino también la de la citada ciudadana, no sólo de serle favorable, sino aún más, si esta le es desfavorable, por lo que su intervención en el presente juicio es ineludible jurídicamente hablando’. SEGUNDO: ‘Solicito también, respetuosamente a esa Sala, se sirva oficiar al Tribunal Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Bancario y del Tránsito, de la Circunscripción Judicial del Estado Cojedes, a los fines de que remita con carácter de urgencia a esa Sala, por encontrarse para esta Fecha en su despacho, copia certificada de la totalidad de la Pieza Principal del expediente que signó con el N° 4260, y al Tribunal Superior Accidental en lo Civil, Mercantil y del Tránsito, de la Circunscripción Judicial del Estado Cojedes, a los fines de que remita por también encontrarse para la fecha en su Despacho, el cuaderno de Medidas correspondiente al expediente que signó con el N° 519, expedientes estos que guardan relación (…)”.

 

II

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

La representante del Ministerio Público, órgano al cual corresponde garantizar en los procesos judiciales el respeto a los derechos y garantías constitucionales, de conformidad con lo establecido en el numeral 1 del artículo 285 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; pidió la reposición de la causa al estado de notificación de la abogada Carolina Teresa Hernández Vidal, ya identificada, alegando que las resultas del presente juicio no sólo afectarán la esfera jurídica del demandante, sino también la de aquélla.

Ello, por cuanto el accionante solicita la nulidad del acto administrativo Nro. 00351-15, de fecha 25 de febrero de 2015, mediante el cual la Inspectoría General de Tribunales, exoneró a la aludida abogada de responsabilidad disciplinaria como Jueza Provisoria del Juzgado Superior Accidental en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Cojedes, en el marco de la denuncia que el hoy demandante interpuso en su contra ante dicho órgano instructor, por estimar que no actuó diligentemente al momento de conocer la apelación de la sentencia que declaró improcedente la demanda que interpuso por tacha de documento público, en representación de la sociedad mercantil Agropecuaria La Morreña, S.R.L., contra la Agropecuaria Geris, C.A.

Al respecto, resulta pertinente destacar que la parte demandante en su escrito libelar aseveró que el acto impugnado se encuentra viciado de falso supuesto por basarse, en primer lugar, en hechos inexistentes “no relacionados con los asuntos objetos de la decisión” y en segundo lugar, por cuanto “(…) los hechos que dieron origen a la decisión administrativa existieron y se corresponde (sic) con lo sucedido por ser verdaderos, pero la decisión los asumió de una forma errónea o inexistentes según las normas jurídicas que utilizó para fundamentarlo (…)”.

Seguidamente adujo que la parte demandada fundamentó su decisión en un hecho incierto, como es que “(…) la Juez NO CONOCÍA, que debía DESGLOZAR (sic) el Cuaderno de MEDIDAS y remitirlo al Juzgado de la causa, cuando ella se abocó en fecha 05-05-2008, en razón que el abogado ISIDRO URBINA como apoderado de la parte demandada, lo había solicitado DOS AÑOS Y DOS MESES antes (EL 06-04-2006) (sic), de su ABOCAMIENTO el día 05-06-2008”.

En ese mismo orden de ideas, alegó que la Inspectoría accionada también incurrió en el denunciado vicio al haber aseverado que la conducta de la Jueza Provisoria no se subsume en los ilícitos disciplinarios previstos en la Ley de Carrera Judicial, ni en la Ley Orgánica del Consejo de la Judicatura, cuando la misma no se pronunció sobre la omisión de notificación en la que incurrió quien fuera el Juez del Tribunal Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Estado Cojedes, el cual al abocarse a conocer del caso en fecha 14 de abril de 2009 no cumplió con notificar a las partes de tal actuación y procedió inmediatamente a oír la apelación que se había ejercido el 1° de marzo de 2005, esto es, 4 años antes, ordenando remitir el expediente al Juzgado Superior.

Finalmente, el demandante sostuvo que el órgano instructor incurrió nuevamente en el vicio en referencia al haber dado por cierta la afirmación de que la Jueza no ordenó acordar las copias certificadas requeridas por su representada, por encontrarse impedida para ello al haberse inhibido de conocer la causa, cuando asegura que antes de que la Jueza se pronunciara sobre su inhibición, ya había pedido tales copias en dos oportunidades.

En virtud de ello, solicitó que se decretara la nulidad del acto impugnado por cuanto el mismo atenta, a su decir, contra el debido proceso y el derecho a la defensa, así como la tutela judicial efectiva de la empresa que “representa”.

De lo antes señalado, se constata que efectivamente la eventual declaratoria con lugar del presente asunto, podría afectar a la abogada Carolina Teresa Hernández Vidal, en su condición de Jueza investigada, tal como lo advirtió la representación fiscal. En razón de ello, este órgano jurisdiccional comparte la aseveración del Ministerio Público respecto a que la referida abogada debió ser notificada de la admisión de la presente demanda. Así se establece.

Por las consideraciones precedentemente expuestas, esta Sala, a fin de salvaguardar el derecho a la defensa de la abogada Carolina Teresa Hernández Vidal, revoca el auto dictado por el Juzgado de Sustanciación en fecha 17 de diciembre de 2015, en el que se acordó “(…) remitir las presentes actuaciones a la Sala a los fines de fijar la oportunidad para la celebración de la audiencia de juicio”, así como las actuaciones posteriores a dicho auto. Así se decide.

En consecuencia, se ordena al Juzgado de Sustanciación de este órgano jurisdiccional notificar a la abogada Carolina Teresa Hernández Vidal, ya identificada, de la admisión de la presente demanda, conforme a lo previsto en el numeral 3 del artículo 78 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. Así se decide.

Por otra parte, visto que los argumentos expuestos por el demandante en su escrito libelar tienen vinculación directa con el iter procesal que se tramitó en el juicio por tacha de documento público intentado por este último ante la jurisdicción ordinaria, la Sala, a fin de dictar una decisión ajustada a Derecho y al contenido de las actas, considera procedente acordar la solicitud formulada por la representante del Ministerio Público, relacionada con “(…) oficiar al Tribunal Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Bancario y del Tránsito, de la Circunscripción Judicial del Estado Cojedes, a los fines de que remita con carácter de urgencia a esa Sala, por encontrarse para esta Fecha en su despacho, copia certificada de la totalidad de la Pieza Principal del expediente que signó con el N° 4260, y al Tribunal Superior Accidental en lo Civil, Mercantil y del Tránsito, de la Circunscripción Judicial del Estado Cojedes, a los fines de que remita por también encontrarse para la fecha en su Despacho, el cuaderno de Medidas correspondiente al expediente que signó con el N° 519, expedientes estos que guardan relación (…)”. Así se establece.

En consecuencia, se ordena oficiar a los referidos órganos jurisdiccionales a fin de que remitan a esta Sala copias certificadas de los expedientes signados con los Nros. 4.260 y 519 (nomenclaturas de dichos Juzgados). Así se decide.

III

DECISIÓN

Por las razones anteriormente expuestas, esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara:

1.- PROCEDENTE la solicitud de reposición de la causa realizada por la abogada Roxana Orihuela Gonzatti, antes identificada, actuando en representación del Ministerio Público.

2.- Se REVOCA el auto de fecha 17 de diciembre de 2015, dictado por el Juzgado de Sustanciación de esta Sala, así como las actuaciones posteriores a dicho auto.

3.- Se REPONE la causa al estado de que el Juzgado de Sustanciación notifique a la abogada Carolina Teresa Hernández Vidal, ya identificada, de la admisión de la presente demanda, conforme a lo previsto en el numeral 3 del artículo 78 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

4.- Se ORDENA al Juzgado de Sustanciación oficiar al Tribunal Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Bancario y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Cojedes a fin de que remita a esta Sala copias certificadas del expediente signado con el Nro. 4.260, así como al Tribunal Superior Accidental en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la misma Circunscripción Judicial, para que envíe a esta Sala copia certificada del expediente signado con el Nro. 519.

Publíquese, regístrese y comuníquese. Notifíquese mediante oficio a la Inspectora General de Tribunales y a la Procuraduría General de la República. Remítase el expediente al Juzgado de Sustanciación de esta Sala a los fines indicados en el presente fallo. Cúmplase lo ordenado.

Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los trece (13) día del mes de abril del año dos mil dieciséis (2016). Años 205º de la Independencia y 157º de la Federación.

 

La Presidenta - Ponente

MARÍA CAROLINA AMELIACH VILLARROEL

 

 

 

 

 

 

La Vicepresidenta

EULALIA COROMOTO GUERRERO RIVERO

La Magistrada,

BÁRBARA GABRIELA CÉSAR SIERO

 

 

 

 

 

 

El Magistrado

INOCENCIO FIGUEROA ARIZALETA

El Magistrado

MARCO ANTONIO MEDINA SALAS

 

 

 

 

 

La Secretaria,

YRMA ROSENDO MONASTERIO

 

 

 

 

En catorce (14) de abril del año dos mil dieciséis, se publicó y registró la anterior sentencia bajo el Nº 00414, la cual no está firmada por la Magistrada Eulalia Coromoto Guerrero Rivero, por motivos justificados.

 

 

 

La Secretaria,

YRMA ROSENDO MONASTERIO

 

 

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