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Buscar sentenciasMagistrada Ponente: MARÍA CAROLINA AMELIACH VILLARROEL
Exp. Nº 2015-0988
Adjunto al Oficio Nro. 2015-5804 de fecha 13 de octubre de 2015, recibido el día 14 de ese mismo mes y año, la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo remitió a esta Sala la demanda de nulidad interpuesta conjuntamente con medida cautelar de suspensión de efectos presentada, por la abogada Nelly Josefina Dania Galavis (INPREABOGADO Nro. 39.165), actuando con el carácter de apoderada judicial de la empresa MOTORES LA TRINIDAD, C.A., inscrita en el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal (hoy Capital) y Estado Miranda, en fecha 30 de agosto de 1976, bajo el Nro. 2, Tomo 121-A-PRO., contra el acto administrativo Nro. DEN-007885-2010-0101 dictado en fecha 3 de octubre de 2011, por el entonces INSTITUTO PARA LA DEFENSA DE LAS PERSONAS EN EL ACCESO A LOS BIENES Y SERVICIOS (INDEPABIS), hoy SUPERINTENDENCIA NACIONAL PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS SOCIO ECONÓMICOS (SUNDDE), en el cual resolvió la denuncia interpuesta por el ciudadano Otto José Jesús González, contra la referida sociedad mercantil, el cual ordenó a la empresa accionante proceda de manera inmediata a sustituir el vehículo Marca: Chevrolet, Modelo: Kodiak, Año: 2007, Color: Blanco, propiedad de la empresa INVERSIONES REYMUN,C.A., por otro nuevo con características similares y en perfecto estado de funcionamiento, o en su defecto restituir el monto equivalente al precio actual del bien y decidió sancionar a la recurrente con multa de CUATRO MIL (4.000) UNIDADES TRIBUTARIAS, equivalentes a la cantidad de CIENTO CINCUENTA MIL QUINIENTOS VEINTE BOLÍVARES EXACTOS (Bs. 150.520,00) .
La remisión se efectuó en atención al recurso de apelación ejercido el 21 de julio de 2015, por la representación judicial de la empresa accionante contra la Sentencia Nro. 2015-00352 dictada el 12 de mayo de 2015, por la mencionada Corte, mediante la cual declaró SIN LUGAR el recurso incoado.
El 20 de octubre de 2015, se dio cuenta en Sala, se designó ponente a la Magistrada María Carolina Ameliach Villarroel, y se fijó un lapso de diez (10) días de despacho para fundamentar la apelación, conforme a lo establecido en el artículo 92 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.
El 17 de noviembre de 2015, se ordenó practicar por Secretaría el cómputo de los días de despacho transcurridos desde que se dio cuenta en Sala del ingreso del expediente, exclusive, hasta el día en que venció el lapso establecido en el auto del 20 de octubre de 2015 para fundamentar la apelación, inclusive; dejándose constancia en esa oportunidad que transcurrieron diez (10) días de despacho, a saber, los días 21, 22, 27, 28 y 29 de octubre; 03, 04, 05, 10 y 11 de noviembre de 2015.
Mediante diligencia de fecha 16 de diciembre de 2015, el ciudadano Otto José Jesús González (cédula de identidad Nro. 10.892.606), asistido del abogado Isidro Fernándes de Freitas (INPREABOGADO Nro. 31.855), tercero interviniente pidió, se declare desistido el recurso por falta de fundamentación, todo de conformidad con el Artículo 92 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.
El 23 de diciembre de 2015, se incorporaron a esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia el Magistrado Marco Antonio Medina Salas y la Magistrada Eulalia Coromoto Guerrero Rivero, designados y juramentados por la Asamblea Nacional en esa misma fecha. La Sala quedó constituida, conforme a lo dispuesto en los artículos 8 y 20 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, a saber: Presidenta, Magistrada María Carolina Ameliach Villarroel; Vicepresidenta, Magistrada Eulalia Coromoto Guerrero Rivero; la Magistrada Bárbara Gabriela César Siero; y los Magistrados Inocencio Antonio Figueroa Arizaleta y Marco Antonio Medina Salas.
Revisadas las actas del expediente, esta Sala Político-Administrativa pasa a decidir, previas las siguientes consideraciones:
I
ANTECEDENTES
Mediante escrito presentado en fecha 6 de julio de 2012, ante la Unidad de Recepción y Distribución de las Cortes de lo Contencioso Administrativo, la abogada Nelly Josefina Dania Galavis, antes identificada, actuando con el carácter de apoderada judicial de la sociedad mercantil MOTORES LA TRINIDAD, C.A., ejerció demanda de nulidad interpuesta conjuntamente con medida cautelar de suspensión de efectos, contra el acto administrativo Nro. DEN-007885-2010-0101 dictado en fecha 3 de octubre de 2011, por el INSTITUTO PARA LA DEFENSA DE LAS PERSONAS EN EL ACCESO A LOS BIENES Y SERVICIOS (INDEPABIS) hoy SUPERINTENDENCIA NACIONAL PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS SOCIO ECONÓMICOS (SUNDDE).
Por auto del 11 de julio de 2012, se ordenó remitir al Juzgado de Sustanciación de las Cortes de lo Contencioso Administrativo, el recurso de autos a los fines legales consiguiente.
El 18 de julio de 2012, el aludido Juzgado declaró: i) la competencia de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo para conocer del asunto; ii) admitió la acción incoada, iii) acordó abrir cuaderno separado a los fines de que la referida Corte se pronunciare en relación a la medida cautelar de suspensión de efectos y, iv) se ordenó realizar las notificaciones correspondientes.
Mediante decisión del 9 de agosto de 2012, la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, declaró improcedente la medida cautelar solicitada por la empresa accionante y ordenó la incorporación del cuaderno separado al expediente judicial.
En fecha 2 de julio de 2013, la prenombrada Corte celebró la audiencia de juicio de conformidad con lo establecido en el artículo 82 de la Ley Orgánica de Jurisdicción Contencioso Administrativa, y resolvió remitir el expediente al Juzgado de Sustanciación a los fines de que se pronuncie sobre la admisión de las pruebas promovidas por las partes en el referido acto.
Por auto del 10 de febrero de 2014, se dejó constancia de haber terminado la sustanciación del expediente judicial y ordenó su envío a la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo a los fines legales consiguientes.
II
DE LA SENTENCIA APELADA
Mediante decisión Nro. 2015-00352 del 12 de mayo de 2015, la aludida Corte declaró SIN LUGAR el recurso contencioso administrativo incoado por la representación judicial de la empresa Motores La Trinidad, C.A., contra el acto administrativo Nro. DEN-007885-2010-0101 dictado en fecha 3 de octubre de 2011 por el entonces Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios (INDEPABIS), con base en los siguientes fundamentos:
(...Omissis...)
( ) la Corte observa que la sanción del acto administrativo impugnado se encuentra fundamentada sobre la base de los artículos 126, 128 y 135 de la Ley para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios ( ).
(...Omissis...)
De la lectura de las normas antes mencionadas se desprende que el artículo 128 de la Ley para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios establece como supuesto de hecho sancionador los tipos previstos en los artículos 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22; de la lectura concatenada del mencionado artículo 128 con el artículo 18, se desprende claramente- que será supuesto sancionable, de conformidad con la primera de las normas mencionadas, el incumplimiento a respetar los términos, plazos, fechas, condiciones, modalidades, garantías, reservas y demás circunstancias conforme a las cuales hayan sido ofrecidos, publicitados o convenido con las personas para la entrega del bien o la prestación del servicio . Por último, el numeral 4 del artículo 16 prohíbe y sanciona conforme a las previsiones antes citadas todo acto o conducta ejecutado por los proveedores de bienes y por los prestadores de servicios, que impongan condiciones abusivas a las personas ( ) la negativa injustificada de satisfacer la demanda de las personas . De este modo, pues, analizados estos supuestos, es posible concluir de manera preliminar que existe absoluta correspondencia literal o textual entre el supuesto de hecho sancionado y los hechos ocurridos en el presente caso.
(...Omissis...)
Por último, habría que señalar que el análisis llevado a cabo por el Instituto para la Defensa de las Personas en el acceso a los Bienes y Servicios es también compatible con los valores constitucionales que inspiran y sustentan el sistema de protección de los consumidores y usuarios, referenciados en última instancia por el artículo 117 constitucional, norma ésta que ordena la creación de un conjunto de derechos a favor de los sujetos destinatarios en la relación de consumo, la fijación de un procedimiento para la defensa efectiva del público consumidor y de las sanciones correspondientes por la violación de estos derechos.
(...Omissis...)
En virtud de lo anterior, evidencia esta Instancia Jurisdiccional que la parte actora en la presente causa no logró demostrar que actuó con los deberes que como concesionario le correspondía al momento de tramitar la situación suscitada con la disparidad de los datos suministrados por ella y la que se encontraba en el vehículo, pues posteriormente que fue realizada la reclamación de imposibilidad de registro del vehículo ante el correspondiente Instituto por el comprador, el vendedor debió actuar bajo los parámetros regulares de un buen padre de familia, a través de la investigación de las causales, pues cuentan con la información y acceso necesario a las fuentes para ello, toda vez que en la planta de ensamblaje puede indicarle si existió o no un error en la emisión del certificado de origen de acuerdo a los seriales que les hayan dado numeración y los vehículos a los cuales les fue asignada la misma y si corresponde en consecuencia con la unidad que le fue vendida a la Sociedad Mercantil Motores La Trinidad, C.A., motivo éste que a criterio de esta Sentenciadora el acto administrativo impugnado se encuentra ajustado a derecho. Así se decide.
En virtud de las anteriores consideraciones esta Corte declara SIN LUGAR el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto por la Representación Judicial de la parte recurrente. Así se decide.
III
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
Correspondería a esta Sala pronunciarse sobre el recurso de apelación ejercido en fecha 21 de julio de 2015 por la representación judicial de la sociedad mercantil Motores La Trinidad, C.A., contra la sentencia Nro. 2015-00352 de fecha 12 de mayo de 2015 dictada por la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, mediante la cual declaró SIN LUGAR el recurso incoado.
Sin embargo, previo a decidir la apelación ejercida, debe esta Sala emitir pronunciamiento respecto a si, en el presente caso, se ha producido o no la situación procesal prevista en el artículo 92 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, cuyo texto es del tenor siguiente:
Artículo 92.- Dentro de los diez días de despacho siguientes a la recepción del expediente, la parte apelante deberá presentar un escrito que contenga los fundamentos de hecho y de derecho de la apelación, vencido este lapso, se abrirá un lapso de cinco días de despacho para que la otra parte dé contestación a la apelación.
La apelación se considerará desistida por falta de fundamentación. (Resaltado de esta Sala).
La norma antes transcrita establece la carga procesal de la parte apelante de consignar, dentro de los diez (10) días de despacho siguientes a la recepción del expediente, un escrito en el que se expongan las razones de hecho y de derecho en las que fundamenta su apelación. De igual forma impone, como consecuencia jurídica en el caso de la falta de fundamentación de la apelación por el recurrente, la declaratoria, bien sea de oficio o a instancia de la otra parte, del desistimiento tácito del recurso de apelación.
En este orden de ideas, se aprecia que en el caso de autos se dio cuenta en Sala el 20 de octubre de 2015 de la apelación ejercida, fecha en la cual se fijó el procedimiento aplicable a la causa y se otorgó a la parte apelante un lapso de diez (10) días de despacho para fundamentar la apelación, conforme a lo establecido en el precitado artículo 92 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.
Ahora bien, esta Máxima Instancia pudo verificar en la causa que se examina, que mediante auto de fecha 17 de noviembre de 2015 la Secretaría de la Sala hizo constar del cómputo que evidencia el vencimiento del lapso del cual disponía la parte apelante para consignar el escrito en el que fundamentase su apelación.
De esta forma quedó demostrado que desde la fecha en que se dio cuenta en Sala del ingreso del expediente, exclusive, hasta el día en que venció el lapso establecido en el auto del 20 de octubre de 2015 para fundamentar la apelación, inclusive; dejándose constancia en esa oportunidad que transcurrieron diez (10) días de despacho, a saber, los días 21, 22, 27, 28 y 29 de octubre, 03, 04, 05, 10 y 11 de noviembre de 2015, sin que el apelante presentase el aludido escrito.
Tampoco se evidencia de la lectura de la diligencia de fecha 21 de julio de 2015, que la abogada Nelly Josefina Dania Galavis, actuando en su condición de apoderada judicial de la recurrente, en la oportunidad de ejercer el recurso de apelación ante la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo haya esgrimido los fundamentos del mismo, circunstancia que habría obligado a la Sala a conocer de estos, de conformidad con el criterio vinculante establecido en la Sentencia de la Sala Constitucional N° 1350 de fecha 5 de agosto de 2011 (caso: Desarrollo Las Américas).
Por lo antes expuesto, al no haber consignado la parte apelante el escrito en el cual exprese las razones para solicitar la revocatoria del pronunciamiento judicial impugnado, ni haber invocado estos en la oportunidad de ejercer su apelación, no puede esta Máxima Instancia entrar a conocer y decidir el recurso incoado, sin que ello implique suplir la carga procesal correspondiente a dicha parte.
Tal circunstancia obedece a las formalidades propias del recurso de apelación ante esta Sala, para cuyo ejercicio se exige a la parte indicar las razones de hecho y derecho en las cuales fundamenta su inconformidad con el pronunciamiento judicial recurrido, a tenor de lo dispuesto en el artículo 92 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.
Determinado lo anterior, debe este Alto Tribunal declarar el desistimiento tácito de la apelación ejercida en fecha 21 de julio de 2015, por la representación judicial de la empresa Motores La Trinidad, C.A., contra la Sentencia Nro. 2015-00352 dictada el 12 de mayo de 2015 por la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, mediante la cual declaró SIN LUGAR el recurso de nulidad ejercido contra el acto administrativo Nro. DEN-007885-2010-0101 dictado en fecha 3 de octubre de 2011 por el entonces Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios (INDEPABIS).
Finalmente, en atención a lo previsto en el artículo 92 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa en concordancia con lo dispuesto en el artículo 96 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, se observa que la sentencia apelada no viola normas de orden público, razón por la cual queda firme. Así se declara.
IV
DECISIÓN
Por las razones anteriormente expuestas, esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara DESISTIDA tácitamente la apelación ejercida en fecha 21 de julio de 2015, por el apoderado judicial de la sociedad mercantil MOTORES LA TRINIDAD, C.A., contra la sentencia Nro. 2015-00352, dictada en fecha 12 de mayo de 2015 por la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo. En consecuencia, queda FIRME el fallo apelado.
Publíquese, regístrese y comuníquese. Remítase el expediente al Tribunal de origen. Cúmplase lo ordenado.
Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los trece (13) día del mes de abril del año dos mil dieciséis (2016). Años 205º de la Independencia y 157º de la Federación.
La Presidenta - Ponente MARÍA CAROLINA AMELIACH VILLARROEL |
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| La Vicepresidenta EULALIA COROMOTO GUERRERO RIVERO |
La Magistrada, BÁRBARA GABRIELA CÉSAR SIERO
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El Magistrado INOCENCIO FIGUEROA ARIZALETA |
El Magistrado MARCO ANTONIO MEDINA SALAS
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| La Secretaria, YRMA ROSENDO MONASTERIO
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En catorce (14) de abril del año dos mil dieciséis, se publicó y registró la anterior sentencia bajo el Nº 00415. |
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La Secretaria, YRMA ROSENDO MONASTERIO |
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