Sentencia N.º 00416
- Sentencia
- N.º 00416
- Fecha
- 14/04/2016
- Sala
- Político Administrativa
- Expediente
- 2015-1090
- Ponente
- María Carolina Ameliach Villarroel
- Procedimiento
- Regulación de jurisdicción
- Enlace fuente oficial
- Ver en sitio web oficial del TSJ
Magistrada Ponente: MARÍA CAROLINA AMELIACH VILLARROEL
Exp. Nro. 2015-1090
Adjunto al oficio Nro. 4920-756, de fecha 29 de octubre de 2015, recibido en esta Sala el día 4 de noviembre del mismo año, el Tribunal Segundo de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas del Municipio Iribarren de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, remitió a este órgano jurisdiccional el expediente contentivo de la demanda por cumplimiento de contrato [de parcelamiento], daños y perjuicios (sic) (agregado de la Sala), interpuesta por la ciudadana LUISA ISABEL GARCÍA SILVA, titular de la cédula de identidad Nro. 5.890.287, representada por el abogado Rafael Ygnacio Carvajal Orduz (INPREABOGADO Nro. 92.260), según documento poder que corre inserto al folio 5 del expediente, contra los ciudadanos KATHERINE HIGUERO JIMÉNEZ y ALEXANDER HIGUERO JIMÉNEZ, titulares de las cédulas de identidad Nros. 11.783.047 y 13.786.880, respectivamente, en su carácter de propietarios de la parcela de terreno y de la casa construida sobre ella, distinguidas con el Nro. 11, ubicada en la fase I del Conjunto Residencial Villas del Este Plaza, situado en la Avenida Hernán Garmendia de las Urbanización Las Trinitarias, Parroquia Santa Rosa, Municipio Iribarren del Estado Lara.
Tal remisión se efectuó para que esta Sala se pronuncie sobre el recurso de regulación de jurisdicción interpuesto por la abogada Aymara Bracho (INPREABOGADO Nro. 138.706), actuando en representación de la demandante, según instrumento poder que corre inserto al folio 5 del expediente, contra la decisión dictada en fecha 15 de octubre de 2015 por el órgano jurisdiccional remitente, mediante la cual declaró CON LUGAR la cuestión previa relativa a la FALTA DE JURISDICCIÓN DEL JUEZ RESPECTO A LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, la cual fuera promovida por la parte demandada en la oportunidad de dar contestación a la demanda, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 346, ordinal 1° del Código de Procedimiento Civil.
El 10 de noviembre de 2015, se dio cuenta en Sala y se designó ponente a la Magistrada María Carolina Ameliach Villarroel, a los fines de decidir la regulación de jurisdicción interpuesta.
El 23 de diciembre de 2015, se incorporaron a esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia el Magistrado Marco Antonio Medina Salas y la Magistrada Eulalia Coromoto Guerrero Rivero, designados y juramentados por la Asamblea Nacional en esa misma fecha. La Sala quedó constituida, conforme a lo dispuesto en los artículos 8 y 20 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, de la forma siguiente: Presidenta, Magistrada María Carolina Ameliach Villarroel; Vicepresidenta, Magistrada Eulalia Coromoto Guerrero Rivero; la Magistrada Bárbara Gabriela César Siero; y los Magistrados Inocencio Antonio Figueroa Arizaleta y Marco Antonio Medina Salas.
Analizadas como han sido las actas que conforman el expediente de la causa, esta Sala pasa a pronunciarse, previa las consideraciones siguientes:
I
ANTECEDENTES
Mediante escrito presentando en fecha 24 de noviembre de 2014, ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (U.R.D.D.) de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, la representación de la accionante, interpuso demanda por cumplimiento de contrato [de parcelamiento], daños y perjuicios (sic) (agregado de la Sala), contra los ciudadanos Katherine Higuero Jiménez y Alexander Higuero Jiménez, antes identificados, señalando en su escrito libelar lo siguiente:
En primer término, manifestó que su representada la ciudadana Luisa Isabel García Silva, es ( ) propietaria y poseedora de un inmueble constituido por una Parcela de Terreno y la Casa sobre ella construida distinguida con el N° 12, situada dentro del Conjunto Residencial VILLAS DEL ESTE PLAZA, Fase I, en la Calle de acceso principal y dentro de los linderos siguientes: NOROESTE: Seis Metros (6,00 M) con Parcela Comercial; SURESTE: Seis Metros (6,00 M) con Calle acceso Principal de la Urbanización; SUROESTE: Veintiún Metros con Cincuenta y Siete Centímetros (21,57 M) con Parcela N° 11 y, NORESTE: Veintiún Metros con Cincuenta y Siete Centímetros (21,57 M) con Parcela N° 13 ( ).
Apuntó que ( ) por el lindero SUROESTE del inmueble deslindado y propiedad de [su] representada colinda con la Parcela y Casa N° 11 ( ) [la cual] le pertenece a los ciudadanos KATHERINE HIGUERO JIMÉNEZ y ALEXANDER HIGUERO JIMÉNEZ ( ) (Agregados de la Sala).
En ese orden de ideas, señaló que tales inmuebles forman parte de la Urbanización Villas del Este Plaza, la cual fue destinada a ser vendida bajo el régimen de parcelas, por lo que se suscribió el Documento de Parcelamiento correspondiente, quedando debidamente registrado ante la Oficina Subalterna del Primer Circuito de Registro Público del Municipio Iribarren del Estado Lara, en fecha 7 de junio de 2002, bajo el Nro. 39, folios 293 al 327, Protocolo Primero, Tomo 13.
Precisó que ( ) el artículo 7 de la Ley de Ventas de Parcelas establece de manera clara que las regulaciones contenidas dentro del Documento de Parcelamiento se consideran incluidas dentro de los documentos de compra venta, es decir, que adquieren el mismo valor del documento, por lo que ( ) [tienen] valor de Ley de conformidad a lo establecido en el artículo 1.159 del Código Civil debiendo ejecutarse de buena fe lo allí pactado tal como lo fija el artículo 1.160 eiusdem ( ) (Agregado de la Sala).
En tal sentido, luego de hacer mención a las obligaciones que impone el Documento de Parcelamiento, el Manual del Usuario de dicho Parcelamiento, así como lo dispuesto en los artículos 693, 694, 701, 703, 704 y 708 del Código Civil y, 2 y 12 de la Ordenanza sobre Procedimientos de Construcción, publicada en la Gaceta Municipal Extraordinaria Nro. 705 el 25 de mayo de 1993; la parte actora aseveró que ( ) todo propietario de una vivienda construida sobre una parcela de la URBANIZACIÓN VILLAS DEL ESTE PLAZA, debe previamente a efectuar (sic) modificaciones o ampliaciones de la misma el cumplir (sic) con todo lo ( ) [dispuesto en las normativas antes señaladas], ya que, dicha propiedad se encuentra limitada por las cargas que de manera automática [obtiene] al momento de adquirir dicha vivienda (Agregados de la Sala).
Asimismo, indicó que los demandados ( ) han procedido a construir en el lindero SUROESTE de la propiedad de [su] representada una ampliación constante de dos Niveles, hacia el frente de la Calle Principal con una jardinería y al segundo Nivel, la construcción de una pared con abertura para posible instalación de ventana y una construcción techada con tejas e igualmente entre los linderos posteriores del NORESTE de las casas Nos. 11 y 12, ha ejecutado a un segundo Nivel una construcción techada con tejas y en ambos casos la descarga de las aguas pluviales hacia una canal arrecostada (sic) a la pared de la propiedad de [su] representada correspondiente al lindero SUROESTE y al mismo tiempo ha procedido a pintar de blanco dicha pared propiedad exclusiva de [su] representada ( ) a pesar de que [la misma] no es ( ) medianera tal como se desprende de los propios linderos de cada una de las Casas Nos. 12 y 11 ( ) (Agregados de la Sala).
Aunado a ello, expuso que en el mes de octubre de 2014, los demandados ( ) tomaron la iniciativa de construir un Techo para el estacionamiento de sus vehículos, el cual tiene un diseño estándar para todas las viviendas a los fines de proteger y mantener el diseño arquitectónico general de la Urbanización, prohibiendo cualquier modificación en las fachadas. Al percatarse de ( ) que las dimensiones de este techo eran diferentes a todos los demás construidos en la Urbanización, se le notificó a la propietaria y al seguir con la construcción se decidió realizar una reunión de vecinos donde ella expuso que deseaba hacer más ancho el techo del estacionamiento cubriendo el ancho del acceso principal a la vivienda ya que no quería mojarse, esto hacía por supuesto que el techo resultara más alto, ancho y largo que todos los demás, variando significativamente las Fachadas principales del Conjunto Residencial ( ).
Agregó que ( ) a pesar de ello, continuó con dichas obras de manera arbitraria y abusivamente a ejecutarlo y en consecuencia violando el diseño arquitectónico general que como propuesta tipo se tiene el cual es el único permitido, ya antes había procedido hacia el frente de la Calle Principal a fomentar una jardinería plantando arbustos por el lindero SUROESTE de la pared que separa la fachada frontal de la casa hasta el punto de instalar una malla plástica para presuntamente evitar la perturbación de las ramas (sic).
En virtud de ello, señaló que ( ) los demás copropietarios junto con [su] representada [decidieron] acudir al organismo competente, en este caso la Dirección de Planificación y Control Urbano de la Alcaldía Iribarren (DPCU), donde se dejó un escrito con lo acontecido a la fecha, además del Manual del Usuario de la Urbanización, y diversos documentos que explicaban una serie de normas que se deben cumplir a la hora de hacer ampliaciones y remodelaciones en las viviendas de la Urbanización, el citado Organismo envió a un Inspector a los fines de fiscalizar o inspeccionar la obra que se llevaba a cabo, esto es el estacionamiento al frente de la vivienda N° 11 con la ingrata sorpresa de no paralizar la construcción del techo del estacionamiento, a pesar de no contar con el permiso de construcción pertinente ( ) (Agregados de la Sala).
Por tal motivo, manifestó que acudieron de nuevo ( ) a la Dirección de Planificación y Control Urbano de la Alcaldía de Iribarren (DPCU) ( ) y [solicitaron] la paralización de la obra hasta que tuviera el debido permiso con la creencia que sería negado por no adaptarse a las variables urbanas y no apegarse a las normas establecidas en el Manual del Usuario, pero al poco tiempo la Alcaldía emitió el permiso de construcción pasando por encima de la decisión de la Asamblea de Copropietarios, Documento de Parcelamiento, Manual del Usuario, etc. (Agregado de la Sala).
Arguyó que ante ( ) tal circunstancia nuevamente al día siguiente de [esa] decisión la Junta de Copropietarios en compañía de algunos vecinos [se dirigieron] nuevamente a la citada Dirección de Planificación de la Alcaldía donde [fueron] atendidos por la ( ) Directora de ese Organismo [la cual] ( ) después de [esa] reunión decidió suspender el permiso otorgado anteriormente a lo que tampoco dio su cumplimiento (Agregados de la Sala).
Sostuvo que ( ) la conducta de los demandados es reincidente, por cuanto su actuar no se compadece con las Normativas Para Las Modificaciones y Ampliaciones de Urbanización Villas del Este Plaza y conforme al mandato de las autoridades, en razón de que a pesar de que (sic) continuó con la construcción del techo del estacionamiento comenzó con remodelaciones en el interior de su casa, ante tal situación la Junta de Coporpietarios se dirigieron nuevamente a la Dirección de Planificación y Control Urbano de la Alcaldía y [les] informaron que ella no tenía permiso de construcción porque le habían pedido que debía contar con la aprobación de los vecinos de la Urbanización, le [solicitaron] a la ciudadana Directora de la indicada Dirección, ( ) que paralizara la obra hecho este que ha resultado infructuoso ( ) (Agregados de la Sala).
Por ello, la parte actora afirmó que concurrió a demandar ( ) a los ciudadanos KATHERINE HIGUERO JIMÉNEZ y ALEXANDER HIGUERO JIMÉNEZ ( ) para que cumplan con sus obligaciones establecidas en las Condiciones Generales que rigen la venta de Parcelas que conforman el Parcelamiento denominado Urbanización Villas Del Este Plaza, su Manual de Usuario y en el Código Civil y en consecuencia ( ) [se ordenara a los demandados] como pago de daños y perjuicios la demolición de la totalidad de las obras de modificación o ampliación efectuadas por ellos en su inmueble identificado con el N° 11, específicamente por su lindero NORESTE, que hayan sido efectuadas contradiciendo la normativa legal imperante y aplicable ( ) (Agregado de la Sala).
En razón de los argumentos expuestos, el representante judicial de la demandante estimó la acción incoada en la cantidad de trescientos mil bolívares (Bs. 300.000,00), los cuales, a su decir, equivalían a dos mil trescientas sesenta y dos con veinte unidades tributarias (2.362,20 U.T.).
Finalmente, pidió que se declarara con lugar el presente asunto.
De la demanda interpuesta, correspondió conocer por distribución, al Tribunal Segundo de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas del Municipio Iribarren de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, el cual por auto del 28 de noviembre de 2014, admitió dicha acción.
Vista la imposibilidad de citar a los demandados, en fecha 15 de mayo de 2015, el representante de la demandante requirió que se le designara defensor ad litem a los accionados, por cuanto para esa fecha ya había vencido el plazo para la comparecencia de los mismos, sin que se hayan dado por citados.
Por auto del 21 de mayo de 2015, el Tribunal a quo aprobó lo solicitado por la parte accionante y, en consecuencia, se designó defensora ad litem de los ciudadanos Katherine Higuero Jiménez y Alexander Higuero Jiménez, antes identificados, a la abogada Ivon Yobeisy Lucena (INPREABOGADO Nro. 108.730).
En fecha 22 de junio de 2015, el Alguacil del Juzgado remitente trajo a los autos la boleta de notificación de la referida defensora, la cual fue recibida en esa misma oportunidad.
Mediante diligencia del 26 de junio de 2015, la mencionada abogada manifestó su aceptación en el cargo de defensora ad litem.
En fecha 5 de octubre de 2015, el abogado Ramón Ray Rivero Mujica (INPREABOGADO Nro. 131.310), actuando en su carácter de apoderado judicial de los ciudadanos Katherine Higuero Jiménez y Alexander Higuero Jiménez, ya identificados; promovió, entre otras, la cuestión previa establecida en el artículo 346, ordinal 1° del Código de Procedimiento Civil, relativa a la falta de jurisdicción del Juez, frente a la Administración Pública Municipal.
El 6 de octubre de 2015, la abogada Ivon Yobeisy Lucena, actuando en su carácter de defensor ad litem de los ciudadanos Katherine Higuero Jiménez y Alexander Higuero Jiménez, antes identificados, consignó escrito de contestación a la demanda.
En fecha 7 de octubre de 2015, el Secretario del Tribunal a quo dejó constancia del vencimiento del lapso que se dio para la contestación del caso de autos.
Mediante decisión del 15 de octubre de 2015, el Tribunal Segundo de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas del Municipio Iribarren de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, declaró con lugar la cuestión previa alegada por la parte demandada de conformidad con el ordinal 1° del artículo 346 del Código de Procedimiento Civil y, en consecuencia, la falta de jurisdicción del Poder Judicial frente a la Administración Pública para conocer el caso de autos, con base en las siguientes consideraciones:
( ) al aplicar los artículos [1, 2, 3, 14, 15 y 16] de la Ordenanza [sobre Procedimientos de Construcción] y su reforma al caso de marras se desprende que efectivamente y conforme a lo alegado por la parte actora en su escrito libelar, y estando dentro del ámbito territorial de aplicación de dicha ordenanza de acuerdo a la ubicación del inmueble remodelado suficientemente identificado ( ) y planteadas las divergencias surgidas en relación a las obras de remodelación efectuada por los demandados a su vivienda y que según los alegatos de la actora le está afectando pues viola lo establecido en la ordenanza y su reforma ( ), es precisamente, las razones de hecho y de derecho por los cuales debió intentar sus pretensiones por ante el órgano administrativo, es decir, por constituir materia de la única y exclusiva y atribución de la Administración del Municipio Iribarren del Estado Lara, por órgano de la Dirección de Desarrollo Urbano y Rural de Municipio (sic) Iribarren del Estado Lara ( ) (Agregado de la Sala).
En esa misma oportunidad (15 de octubre de 2015), la parte demandante consignó escrito de oposición a las cuestiones previas formuladas por la representación judicial de los demandados.
Por auto del 20 de octubre de 2015, el Juzgado a quo informó a la accionante que mediante decisión del día 15 de ese mismo mes y año fue decidida la cuestión previa planteada por los demandados, conforme a lo previsto en el artículo 349 del Código de Procedimiento Civil.
En fecha 23 de octubre de 2015, la abogada Aymara Bracho, ya identificada, actuando en su carácter de apoderada judicial de la demandante, consignó escrito de regulación de jurisdicción contra la decisión emitida el día 15 de ese mismo mes y año, por el Juzgado a quo, a través de la cual declaró CON LUGAR la cuestión previa que fuera promovida por la representación de los demandados, relativa a la falta de jurisdicción de Juez.
En esa misma data (23 de octubre de 2015), la representación de la demandante consignó diligencia mediante la cual procedió a corregir el error material involuntario en el que -a su decir- incurrió en el escrito del recurso de regulación de jurisdicción interpuesto, para lo cual indicó que ( ) colocó erradamente la cifra de CINCUENTA MILLONES DE BOLÍVARES (Bs. 50.000.000,00), siendo lo correcto que [su] representada como parte actora a través del presente juicio lo que pretende es la cancelación de los daños y perjuicios que se le han ocasionado, los cuales estima en la cantidad de TRESCIENTOS MIL BOLÍVARES (Bs. 300.000,00), con fundamento en lo establecido en los artículos 1.185 y 1.196 del Código de Civil ( ). Siendo esta la cifra correcta [solicitó a ese Juzgado que admitiera y sustanciara tal subsanación] ( ) (Agregados de la Sala).
Por auto de fecha 29 de octubre de 2015, el Tribunal a quo acordó remitir copia certificada de las actuaciones a esta Sala, a los fines de decidir el recurso de regulación de jurisdicción interpuesto.
II
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
Corresponde a esta Sala emitir pronunciamiento respecto al recurso de regulación de jurisdicción incoado por la representación judicial de la ciudadana Luisa Isabel García Silva, (demandante), contra la sentencia de fecha 15 de octubre de 2015, dictada por el Tribunal Segundo de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas del Municipio Iribarren de la Circunscripción Judicial del Estado Lara. Ello de conformidad con la competencia atribuida en las disposiciones previstas en los artículos 23, numeral 20 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa y 26, numeral 20 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, en concordancia con los artículos 59 y 66 del Código de Procedimiento Civil.
En tal sentido, se observa:
La representación judicial de la ciudadana Luisa Isabel García Silva, interpuso demanda por cumplimiento de contrato [de parcelamiento], daños y perjuicios (sic) (agregado de la Sala), contra los ciudadanos Katherine Higuero Jiménez y Alexander Higuero Jiménez, ya identificados, a fin de que cumplan con las obligaciones establecidas en las Condiciones Generales que rigen la venta de Parcelas que conforman el Parcelamiento denominado Urbanización Villas Del Este Plaza, su Manual de Usuario y en el Código Civil ( ) , y en consecuencia, se les ordene la demolición de la totalidad de las obras de modificación o ampliación que efectuaron en el inmueble de su propiedad, ubicado en la mencionada urbanización e identificado con el Nro. 11.
No obstante, mediante escrito de fecha 5 de octubre de 2015, la representación judicial de los demandados -en la oportunidad para dar contestación a la acción interpuesta- promovió entre otras, la cuestión previa establecida en el artículo 346, ordinal 1° del Código de Procedimiento Civil, relativa a la falta de jurisdicción del Juez, señalando en tal sentido, que cuando se trate de la vulneración de lo dispuesto en la Ordenanza sobre Procedimientos de Construcción, publicada en la Gaceta Municipal Extraordinaria Nro. 705 del Municipio Iribarren del Estado Lara, de fecha 25 de mayo de 1.993, como ocurre en el asunto bajo estudio, ( ) el órgano encargado de conocer de ello y de aplicar la sanción o no, si la hubiere, es la Dirección de Planificación y Control Urbano, en este caso de la Alcaldía de Iribarren dado su ámbito territorial por vía de su Director investido de las facultades legales para ello ( ) y no un Tribunal de Municipio, como desacertadamente se [planteó] en la presente acción (Agregado de la Sala) (Vid., folio 90 del expediente).
Al respecto, el Tribunal Segundo de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas del Municipio Iribarren de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, emitió sentencia en fecha 15 de octubre de 2015, en la cual declaró CON LUGAR la mencionada cuestión previa, estimando que la demandante debió intentar sus pretensiones ante la Dirección de Desarrollo Urbano y Rural del aludido Municipio, por ser una materia atribuida a la Administración Municipal, en virtud de lo dispuesto en la Ordenanza sobre Procedimientos de Construcción. (Vid., folio 140 del expediente).
En contra de la referida decisión, la parte actora ejerció el recurso de regulación de jurisdicción que se somete al conocimiento de esta Máxima Instancia, y en el cual expuso lo siguiente:
( ) el accionante (sic) con su pretensión lo que incoó fue un procedimiento de Cobro de Bolívares, derivados de unos daños y perjuicios que alega haber sufrido por parte de los demandados, los cuales se derivaron del incumplimiento de obligaciones contractuales asumidas por [estos últimos] al momento de adquirir el inmueble en el Conjunto Residencial Urbanización Villas del Este Plaza; en aplicación a la doctrina ( ), era preciso que este Juzgado debió haber establecido que la petición de la parte actora ante este órgano jurisdiccional, no está referida a la solución del expediente administrativo sino a la reclamación de unos daños y perjuicios que se le han causado, los cuales estimó en una cantidad de dinero, y como antes se precisó tal pretensión no es más que un procedimiento de Cobro de Bolívares, ( ) procedimientos estos de competencia de la jurisdicción Civil, más no de la Administración Pública ( ) lo que sí es de competencia de [ésta] ( ) es la resolución del expediente administrativo aperturado al actor por parte de la Dirección de Control Urbano (DPCU) de la Alcaldía de Iribarren, caso éste que no se discute en el presente proceso ( ) por resultar un asunto ajeno a su competencia ( ) (Agregados de la Sala) (Vid., folio 150 del expediente).
Así pues, siendo que la pretensión de la demandante se circunscribe en que los accionados cumplan primordialmente con las obligaciones establecidas en las Condiciones Generales que rigen la venta de Parcelas que conforman el Parcelamiento denominado Urbanización Villas Del Este Plaza, previstas en el Documento de Parcelamiento registrado ante la Oficina Subalterna del Primer Circuito de Registro Público del Municipio Iribarren del Estado Lara, de fecha 7 de junio de 2002, bajo el Nro. 39, Tomo 13, Protocolo Primero, Segundo Trimestre; así como con los deberes previstos en el Manual del Usuario de dicho Parcelamiento, por cuanto han efectuado modificaciones en el inmueble de su propiedad pero sin la autorización del órgano competente, contraviniendo así lo dispuesto en las mencionadas normativas; se impone a la Sala transcribir el contenido de estas últimas.
En ese sentido, se observa que en el referido Documento de Parcelamiento, suscrito por el Director Gerente de la empresa Inversiones Villas del Este III, C.A., y la Apoderada Especial de la sociedad mercantil Casa Propia Entidad de Ahorro y Préstamo, en su condición de acreedora hipotecaria de dicha empresa, se estableció lo siguiente:
CAPÍTULO X: DE LAS CONDICIONES GENERALES QUE REGIRÁN LA VENTA DE LAS PARCELAS QUE CONFORMAN EL PARCELAMIENTO DENOMINADO URBANIZACIÓN VILLAS DEL ESTE PLAZA. Las condiciones que regirán la venta de las parcelas son las siguientes: PRIMERA: Las parcelas solo podrán ser destinadas a los usos y tipos de construcción que les corresponden, conforme al Proyecto de Urbanismo y Viviendas, aprobado por las Autoridades competentes para la URBANIZACIÓN VILLAS DEL ESTE PLAZA. ( ) TERCERA: Los compradores, sus causahabientes, ocupantes o poseedores por cualquier título de los inmuebles que conforman este Parcelamiento, se obligan a observar y acatar en todo momento, las especificaciones técnicas o de cualquier otra índole contenidas en el proyecto de urbanismo y en el de las viviendas y sus respectivos planos debidamente aprobados por los Organismos Competentes, así como las presentes condiciones generales que regirán la venta de dichos inmuebles y las disposiciones legales y ordenanzas municipales vigentes, o las que pudieran ponerse en vigor. Será asimismo obligatorio el acatamiento a cualquier disposición que dictasen las autoridades gubernamentales referentes a las construcciones, permisos, retiros y en general todo cuanto sea concerniente a los Planos de Urbanismo o Parcelamiento. La Urbanizadora ha elaborado un MANUAL DEL USUARIO y un REGLAMENTO DE NORMAS DE CONVIVENCIA. ( ) A cada adquiriente de vivienda, le será entregado un ejemplar de cada uno. Los referidos MANUAL DEL USUARIO y REGLAMENTO DE NORMAS DE CONVIVENCIA contienen un conjunto de Normas y Recomendaciones de carácter obligatorio para los Usuarios de las Viviendas ( ) DÉCIMOTERCERA: Las presentes normas reglamentarias y condiciones generales, se considerarán como inherentes al inmueble mismo y por lo tanto cualquiera que llegue a ser su propietario, estará expresamente sometido a ella ( ). (Vid., folios 24 al 34 del expediente).
En el mismo orden de ideas, se evidencia que -según la parte actora- el Manual del Usuario de dicho Parcelamiento prevé que todo ( ) proyecto dirigido a la ampliación o remodelación de las viviendas, sólo podrá ejecutarse previa obtención del respectivo Permiso de Construcción, expedido por la Dirección de Desarrollo Urbano del Concejo Municipal ( ) (Vid., folio 2 del expediente).
De lo antes expuesto, constata esta Sala que los propietarios o poseedores de los inmuebles que forman parte de la Urbanización Villas del Este Plaza, ubicada en el Municipio Iribarren del Estado Lara, deben acatar lo dispuesto en las mencionadas normas reglamentarias y condiciones generales, así como en las disposiciones legales y ordenanzas municipales vigentes, o las que pudieran ponerse en vigor y cualquier otra disposición que dictasen las autoridades gubernamentales referentes a las construcciones, permisos, retiros y en general todo cuanto sea concerniente a los Planos de Urbanismo o Parcelamiento.
Aunado a ello, se advierte que el representante judicial de los demandados consignó la Gaceta Municipal Extraordinaria Nro. 705, del Municipio Iribarren del Estado Lara, de fecha 25 de mayo de 1993, contentiva de la ORDENANZA DE REFORMA DE LA ORDENANZA SOBRE PROCEDIMIENTOS DE CONSTRUCCIÓN (vid., folios 99 al 122 del expediente judicial), la cual, según lo dispuesto en su artículos 2 ( ) regula los procedimientos que deben cumplir tanto las autoridades municipales competentes, como las personas naturales o jurídicas, de derecho público o de derecho privado, en relación a las actividades de edificación en parcelas y de construcción de urbanizaciones en los ámbitos urbanos del Municipio Iribarren.
Asimismo, vale destacar que respecto al procedimiento para la expedición de la constancia de adecuación a las variables urbanas fundamentales; a las inspecciones y a la aplicación de sanciones, la mencionada Ordenanza dispone lo siguiente:
ARTÍCULO 12: Para iniciar la construcción de una obra, y obtener la Constancia de Adecuación a las Variables Urbanas Fundamentales, el propietario o su representante acreditado mediante documento privado o público, deberá notificar, por escrito, a la Dirección de Desarrollo Urbano y Rural ( ).
ARTÍCULO 16: Corresponde a la Dirección de Desarrollo Urbano y Rural ejercer las atribuciones de policía en materia de construcciones y en consecuencia, tendrá la obligación de inspeccionar las construcciones de edificaciones en parcela y de urbanizaciones, con el fin de verificar que los responsables cumplan con las disposiciones contemplada (sic) en el ordenamiento urbanístico municipal y, en especial con las variables urbanas fundamentales que rigen para la parcela o lote de terreno e igualmente que en la ejecución de las obras se cumplen (sic) las normas y procedimientos técnicos aplicables y demás prescripciones establecidas tanto en el ordenamiento jurídico municipal como el nacional que rige la materia.
( ).
ARTÍCULO 27: Toda persona natural o jurídica que realice obras sin haber cumplido con las normas establecidas en la Ley Orgánica de Ordenación Urbanística y la presente Ordenanza, será sancionada de acuerdo a:
( Omissis )
2.- Cuando viole las variables urbanas fundamentales o cualquier prescripción establecidas en el correspondiente Plan de Desarrollo Urbano Local o en la Ordenanza de Zonificación o en el Esquema de Ordenamiento Sumario, el Director de Desarrollo y Rural ordenará la paralización inmediata de la obra, la demolición parcial o total de la construcción ilegal, e impondrá al propietario la multa respectiva, cuyo monto será por el doble del valor de la obra a demoler, según estimación motivada que haga la Dirección de Desarrollo Urbano y Rural. Estas sanciones se aplicarán previo cumplimiento del procedimiento previsto en el Artículo 29 del presente Capítulo.
( ).
De manera que, corresponde a la Alcaldía del Municipio Iribarren del Estado Lara por órgano de la Dirección de Desarrollo Urbano y Rural, regular todo lo concerniente a los permisos que debe obtener una persona natural o jurídica para la construcción, reparación, modificación o ampliación que efectúe a un inmueble ubicado dentro de dicho Municipio, así como inspeccionar tales obras a fin de verificar que cumplan con los lineamientos pautados en el ordenamiento urbanístico municipal y, en caso contrario aplicar las sanciones correspondientes.
Por lo que, si bien la demandante estimó la presente acción en la cantidad de trescientos mil bolívares (Bs. 300.000,00), se observa que requirió como ( ) pago de daños y perjuicios la demolición de la totalidad de las obras de modificación o ampliación ( ) efectuadas por los demandados en su inmueble identificado con el Nro. 11, al considerar que fueron realizadas contraviniendo la normativa legal aplicable; a juicio de esta Sala tal pretensión debe ser tramitada preliminarmente en sede administrativa (como aparentemente ya sucedió según los dichos de la accionante), toda vez que es la Administración Municipal la competente legalmente para ello, en caso de que previo procedimiento determine que las modificaciones o ampliaciones llevados a cabo en un inmueble situado en su localidad, infrinjan la normativa urbanística.
En tal sentido, luego de que la Administración Municipal emita el acto correspondiente, será cuando los interesados podrán interponer los recursos administrativos y, eventualmente judiciales que procedan.
En virtud de lo expuesto, esta Sala declara sin lugar el recurso de regulación de jurisdicción ejercido por la representación judicial de la ciudadana Luisa Isabel García Silva, ya identificada, y determina que el Poder Judicial no tiene jurisdicción para conocer y decidir la presente causa. En consecuencia, se confirma la sentencia dictada el 15 de octubre de 2015 por el Tribunal Segundo de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas del Municipio Iribarren de la Circunscripción Judicial del Estado Lara. Así se declara.
III
DECISIÓN
Por las razones anteriormente expuestas, esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara:
1.- SIN LUGAR el recurso de regulación de jurisdicción ejercido por la representación judicial de la ciudadana Luisa Isabel García Silva, ya identificada, contra la Sentencia de fecha 15 de octubre de 2015, dictada por el Tribunal Segundo de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas del Municipio Iribarren de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, la cual se CONFIRMA, en el presente fallo.
2.- Que el PODER JUDICIAL NO TIENE JURISDICCIÓN para conocer y decidir la demanda interpuesta por la ciudadana Luisa Isabel García Silva, contra los ciudadanos Katherine Higuero Jiménez y Alexander Higuero Jiménez, antes identificados.
Se CONDENA EN COSTAS a la ciudadana Luisa Isabel García Silva, conforme a lo dispuesto en los artículos 274 y 276 del Código de Procedimiento Civil, por haber resultado totalmente vencida en el presente recurso de regulación de jurisdicción.
Publíquese, regístrese y comuníquese. Devuélvase el expediente al Tribunal de origen. Cúmplase lo ordenado.
Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los trece (13) día del mes de abril del año dos mil dieciséis (2016). Años 205º de la Independencia y 157º de la Federación.
La Presidenta - Ponente MARÍA CAROLINA AMELIACH VILLARROEL |
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| La Vicepresidenta EULALIA COROMOTO GUERRERO RIVERO |
La Magistrada, BÁRBARA GABRIELA CÉSAR SIERO
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El Magistrado INOCENCIO FIGUEROA ARIZALETA |
El Magistrado MARCO ANTONIO MEDINA SALAS
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| La Secretaria, YRMA ROSENDO MONASTERIO
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En catorce (14) de abril del año dos mil dieciséis, se publicó y registró la anterior sentencia bajo el Nº 00416. |
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La Secretaria, YRMA ROSENDO MONASTERIO |
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