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EXP. Nº 2016-0082
El Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, mediante oficio número 631-2015 de fecha 8 de octubre de 2015, remitió a esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia el expediente de la demanda por cobro de bolívares interpuesta por el ciudadano Argenis César Anzola Torres, con cédula de identidad número 7.255.860, actuando con el carácter de Presidente del Consejo de Administración de la CAJA DE AHORRO Y PRÉSTAMO DE LOS EMPLEADOS Y OBREROS DE CADAFE REGIÓN CENTRO (CAYPREOCE), inscrita ante la Oficina Subalterna de Registro del Distrito Girardot del Estado Aragua, el día 9 de mayo de 1962, bajo el número 19, Folio 42 Vto., Protocolo Primero, Tomo Segundo, asistido por el abogado David Casanova Suárez y por la abogada Verony Amarantha Laya Barboza, inscrito e inscrita en el INPREABOGADO bajo los números 78.637 y 78.653, respectivamente, contra la sociedad mercantil COMPAÑÍA ANÓNIMA DE ADMINISTRACIÓN Y FOMENTO ELÉCTRICO (CADAFE) DE LA REGIÓN CENTRO, hoy CORPORACIÓN ELÉCTRICA NACIONAL, S.A. (CORPOELEC), empresa creada mediante la Ley Orgánica de Reorganización del Sector Eléctrico, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela número de fecha 31 de julio de 2007, inscrita ante el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción del Distrito Capital y Estado Miranda el 17 de octubre de 2007, bajo el número 69, Tomo 216-A-Sgdo.
La remisión ordenada responde a lo decidido en la sentencia de fecha 9 de junio de 2015, en la cual el mencionado Tribunal se declaró incompetente por la cuantía para conocer la causa y declinó la competencia en la Sala Político-Administrativa.
El 2 de febrero de 2016 se dio cuenta en Sala y, por auto de igual fecha, el Magistrado Marco Antonio Medina Salas fue designado Ponente a los fines del pronunciamiento acerca de la declinatoria de competencia.
Realizado el estudio de las actas que conforman el expediente, pasa la Sala a decidir con fundamento en las consideraciones siguientes:
I
ANTECEDENTES
Mediante escrito consignado el 29 de abril de 2011 ante el Juzgado Primero (Distribuidor) de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua y reformado el 20 de junio del mismo año, el ciudadano Argenis César Anzola Torres, actuando con el carácter de Presidente del Consejo de Administración de la Caja de Ahorro y Préstamo de los Empleados y Obreros de la Compañía Anónima de Administración y Fomento Eléctrico (CADAFE) Región Centro (CAYPREOCE), asistido de abogado y abogada, interpuso la demanda por cobro de bolívares contra la sociedad mercantil CADAFE de la Región Centro, hoy Corporación Eléctrica Nacional, S.A. (CORPOELEC).
Fundamentó la demanda en los siguientes hechos:
Que el objeto principal de la CAJA DE AHORRO Y PRÉSTAMO DE LOS EMPLEADOS Y OBREROS DE CADAFE REGIÓN CENTRO, tal como se desprende de sus estatutos, es la de fomentar, invertir y administrar el ahorro de los trabajadores y trabajadoras de la referida sociedad mercantil, conforme a los aportes acordados entre ambas partes (trabajador, trabajadora y patrono).
Indica que dichos aportes, administrados por la aludida Caja de Ahorros generan intereses de bajo porcentaje pero que favorecen a la Caja pues con dichos montos se autosustenta y sufraga gastos operativos de la misma y genera dividendos que son repartidos a los asociados como ganancia por los ahorros depositados.
Denuncia que CADAFE (hoy CORPOELEC) ha asumido una conducta negligente y omisiva al no enterar dentro de los cinco (5) días previstos en el artículo 66 de la Ley de Cajas de Ahorro, Fondos de Ahorro y Asociaciones de Ahorro Similares, los aportes y retenciones a la Caja de Ahorros.
Que desde hace siete (7) años hay una mora injustificada en el pago de los intereses lo cual ha generado inestabilidad económica a la Caja de Ahorros accionante retrasándose en pagos salariales de sus empleados directos (directivos, asistentes, asesores), retraso en la cancelación de conceptos de prestaciones sociales generados por los mismos, retardo en el pago de servicios, bienes, proveedores y otros.
Arguye que se ha agotado la vía conciliatoria solicitando en múltiples oportunidades de manera formal una explicación o justificación ante tal retardo obteniéndose el debido pronunciamiento que refiere el agotamiento de la vía conciliatoria.
Manifiesta que la deuda, a la fecha de la interposición de la demanda, asciende a la cantidad de Siete Millones Setecientos Cincuenta Mil Novecientos Veintinueve Bolívares con Treinta Céntimos (Bs. 7.750.929,30).
Por lo expuesto, pide que la demanda sea declarada con lugar en la sentencia definitiva y que se condene a la empresa demandada al pago de la cantidad antes mencionada, más las costas y costos procesales estimados en la suma de Dos Millones Trescientos Veinticinco Mil Doscientos Setenta y Ocho Bolívares con Ochenta Céntimos (Bs. 2.325.278,80), para un total de Diez Millones Setenta y Seis Mil Doscientos Ocho Bolívares sin Céntimos (Bs. 10.076.208,00).
Por auto del 30 de junio de 2011 el Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito del Estado Aragua, al cual correspondió el conocimiento de la causa previa distribución, admitió la demanda incoada y ordenó la citación de la empresa demandada para el acto de contestación.
En fecha 2 de diciembre de 2011 el Juzgado de la causa ordenó librar el cartel de citación a la empresa demandada, conforme a lo establecido en el artículo 223 del Código de Procedimiento Civil.
Mediante diligencia de fecha 28 de marzo de 2012, la representación judicial de la parte accionante solicitó la notificación de la Procuraduría General de la República, lo cual se acordó por auto del día 30 del mismo mes y año.
Por oficio número 0331 del 18 de junio de 2012 la Gerente General de Litigio de la Procuraduría General de la República ratificó la suspensión de la casusa por el lapso de noventa (90) días continuos, conforme a lo establecido en el artículo 96 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, aplicable en razón del tiempo.
Mediante diligencia del 10 de octubre de 2012 la representación judicial de la parte actora solicitó el nombramiento de Defensor o Defensora Judicial para la demandada visto que se ha cumplido con creces el lapso de paralización que se reserva por Ley a la Procuraduría General de la República y que ha transcurrido el lapso para que la demandada CORPOELEC compareciera , lo cual se acordó por auto del 15 de octubre de 2012.
Por diligencia del 28 de noviembre de 2012, el abogado Antonio Prado Palomo, inscrito en el INPREABOGADO bajo el número 47.042, actuando con el carácter de apoderado judicial de la sociedad mercantil CORPOELEC, se dio por notificado de la demanda en nombre de su mandante y solicitó la reposición de la causa al estado en que se certificara la suspensión solicitada por la Procuraduría General de la República.
Mediante escrito de fecha 7 de febrero de 2013 el apoderado judicial de la sociedad mercantil CORPOELEC promovió pruebas en la demanda y como punto previo alegó que la competencia para el conocimiento de la acción corresponde a la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, conforme a lo dispuesto en el artículo 24, numeral 5 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia.
El 21 de febrero de 2013 la parte accionante consignó escrito de promoción de pruebas.
Por auto del 15 de marzo de 2013 el Juzgado de la causa admitió las pruebas promovidas por las partes.
El 30 de mayo de 2013 el Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua suspendió el procedimiento en virtud de la intervención de la sociedad mercantil CORPOELEC, suspensión que prorrogó por auto del 9 de diciembre del mismo año.
Por escrito del 14 de julio de 2014 la parte accionante realizó consideraciones con relación a la demanda interpuesta.
Mediante decisión del 9 de junio de 2014 el Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua declaró su incompetencia para conocer la causa y declinó en la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia.
II
DE LA COMPETENCIA DE LA SALA
Corresponde a esta Sala decidir acerca de su competencia para conocer el asunto de autos. A tal efecto observa:
Mediante escrito consignado el 29 de abril de 2011 ante el Juzgado Primero (Distribuidor) de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua y reformado el 20 de junio del mismo año, el ciudadano Argenis César Anzola Torres, actuando con el carácter de Presidente del Consejo de Administración de la Caja de Ahorro y Préstamo de los Empleados y Obreros de CADAFE Región Centro (CAYPREOCE), asistido por el abogado David Casanova Suárez y la abogada Verony Amarantha Laya Barboza, interpuso demanda por cobro de bolívares contra la sociedad mercantil Compañía Anónima de Administración y Fomento Eléctrico (CADAFE) de la Región Centro, hoy Corporación Eléctrica Nacional, S.A. (CORPOELEC).
Asimismo, se evidencia del expediente que mediante decisión de fecha 9 de junio de 2014 el Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua declaró su incompetencia para conocer la causa y declinó en la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia.
De esta manera, a los fines de determinar cuál es el órgano jurisdiccional competente para conocer la demanda de autos, debe la Sala atender a lo dispuesto en el artículo 23, numeral 1 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, reproducido en idénticos términos en el artículo 26, numeral 1 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, según el cual la Sala Político-Administrativa es competente para conocer las demandas que se ejerzan contra la República, los Estados, los Municipios, o algún instituto autónomo, ente público, empresa o cualquier otra forma de asociación, en la cual la República, los Estados, los Municipios u otros de los entes mencionados tengan participación decisiva, si su cuantía excede de setenta mil unidades tributarias (70.000 U.T.), cuando su conocimiento no esté atribuido a otro tribunal en razón de su especialidad.
La norma señalada establece un régimen especial de competencias a favor de esta Sala para conocer las demandas, cuando se reúnan las condiciones siguientes: 1) Que la demanda sea interpuesta contra la República, los Estados, los Municipios, o algún instituto autónomo, ente público, empresa o cualquier otra forma de asociación, en la cual la República, los Estados, los Municipios u otros de los entes mencionados ejerzan un control decisivo y permanente, en cuanto a su dirección o administración se refiere; 2) Que su cuantía sea superior a setenta mil unidades tributarias (70.000 U.T.), y 3) Que el conocimiento de la causa no esté atribuido a ninguna otra autoridad, entendiendo con ello que la norma bajo análisis constituye una derogatoria de la competencia civil y mercantil de la jurisdicción ordinaria, pero no de otras competencias especiales, tales como: la laboral, del tránsito o la agraria.
En orden a lo anterior, a fin de establecer la competencia debe la Sala analizar si la acción incoada cumple o no con las condiciones antes descritas y, en tal sentido, observa:
En primer término, se aprecia del escrito de la demanda que la acción ha sido incoada contra la sociedad mercantil Corporación Eléctrica Nacional, S.A. (CORPOELEC), empresa creada mediante Ley Orgánica de Reorganización del Sector Eléctrico, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela número de fecha 31 de julio de 2007, inscrita ante el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción del Distrito Capital y Estado Miranda el 17 de octubre de 2007, bajo el número 69, Tomo 216-A-Sgdo., en la que la República tiene participación decisiva y permanente, razón por la cual se considera satisfecho el primer requisito.
En segundo lugar, se observa que la parte demandante pide el pago de la cantidad de Diez Millones Setenta y Seis Mil Doscientos Ocho Bolívares sin Céntimos (Bs. 10.076.208,00), equivalentes a Ciento Treinta y Dos Mil Quinientas Ochenta y Un con Sesenta y Ocho Centésimas de Unidades Tributarias (132.581,68 U.T.), según el valor de la unidad tributaria equivalente a Setenta y Seis Bolívares (Bs. 76,00), vigente para el momento de la interposición de la demanda y su reforma, según consta en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela número 39.623, publicada el 24 de febrero de 2011; suma esta que excede el límite mínimo fijado en la norma antes transcrita, es decir, las setenta mil unidades tributarias (70.000 U.T.), encontrando la Sala satisfecho el segundo requisito.
En tercer lugar, respecto a la exigencia relativa a que el conocimiento de la causa no esté atribuido a ninguna otra autoridad, se observa que la acción de autos corresponde a una demanda por cobro de bolívares y que no existe una ley especial que atribuya a otra autoridad el conocimiento del asunto bajo análisis, razón por la cual corresponde a la jurisdicción contencioso administrativa y, específicamente, a esta Sala, conocer la causa por la cuantía. Así se decide.
En consecuencia, esta Sala acepta la competencia que le fuese declinada por el Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua para conocer y decidir la demanda de autos y se ordena la reposición de la causa al estado de admisión, por lo cual se ordena remitir el expediente al Juzgado de Sustanciación. Así se declara.
III
DECISIÓN
Sobre la base de los razonamientos expuestos, esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara que ACEPTA la competencia declinada por el Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua para conocer la demanda por cobro de bolívares incoada por la CAJA DE AHORRO Y PRÉSTAMO DE LOS EMPLEADOS Y OBREROS DE CADAFE REGIÓN CENTRO (CAYPREOCE), contra la sociedad mercantil CADAFE REGIÓN CENTRO, hoy CORPORACIÓN ELÉCTRICA NACIONAL, S.A. (CORPOELEC).
Publíquese, regístrese y notifíquese a la parte demandante. Remítase el expediente al Juzgado de Sustanciación para que notifique y se pronuncie con relación a la admisión de la demanda, con prescindencia de la competencia analizada en esta decisión. Cúmplase lo ordenado.
Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los trece (13) día del mes de abril del año dos mil dieciséis (2016). Años 205º de la Independencia y 157º de la Federación.
La Presidenta MARÍA CAROLINA AMELIACH VILLARROEL |
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| La Vicepresidenta EULALIA COROMOTO GUERRERO RIVERO |
La Magistrada, BÁRBARA GABRIELA CÉSAR SIERO
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El Magistrado INOCENCIO FIGUEROA ARIZALETA |
El Magistrado MARCO ANTONIO MEDINA SALAS Ponente
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| La Secretaria, YRMA ROSENDO MONASTERIO
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| En catorce (14) de abril del año dos mil dieciséis, se publicó y registró la anterior sentencia bajo el Nº 00434. |
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La Secretaria, YRMA ROSENDO MONASTERIO |
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