Venley

Sentencia N.º 00477

Sentencia N.º 00477

Sentencia
N.º 00477
Fecha
02/04/2014
Sala
Político Administrativa
Expediente
2012-1067
Ponente
Emilio Ramos González
Procedimiento
Apelación

MAGISTRADO PONENTE: EMILIO RAMOS GONZÁLEZ

Exp. Nº 2012-1067

 

El Tribunal Superior Octavo de lo Contencioso Tributario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, adjunto al Oficio N° 403/2012 del 27 de junio de 2012, remitió a esta Sala copia certificada del expediente contentivo del recurso de apelación ejercido el 23 de mayo de 2012, por la abogada Marialejandra Chuy Silva, inscrita en el INPREABOGADO bajo el N° 155.192, en su carácter de apoderada judicial del MUNICIPIO CHACAO DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA, según consta del instrumento poder que cursa al folio 65 de las citadas copias certificadas, contra la sentencia interlocutoria N° PJ0082012000155 del 16 de mayo de 2012, dictada por el referido tribunal, mediante la cual declaró: “1) Sin lugar la oposición a la admisión de las pruebas promovidas por la contribuyente Autoclub Altamira, C.A.; 2) admisibles las pruebas documentales y experticia contable promovida por la citada sociedad mercantil; y 3) admisibles las pruebas documentales promovidas por la representación judicial del referido Municipio”.

La mencionada decisión fue emitida con ocasión del recurso contencioso tributario interpuesto por la citada empresa AUTOCLUB ALTAMIRA, C.A., inscrita en el Registro Mercantil Quinto de la Circunscripción Judicial del entonces Distrito Federal y Estado Miranda el 23 de marzo de 1998, bajo el N° 99, Tomo 199-A, contra la Resolución N° 029/2011 del 26 de marzo de 2011, dictada por la Alcaldía del Municipio Chacao del Estado Bolivariano de Miranda a través de la cual declaró inadmisible el recurso jerárquico incoado contra la Resolución Culminatoria del Sumario Administrativo N° L/493.12/2010 del 22 de diciembre de 2010, emanada de la Dirección de Administración Tributaria del aludido Municipio “en la que determinó reparo a la contribuyente por concepto de impuesto sobre actividades económicas para los ejercicios fiscales 2006, 2007 y 2008 por la cantidad de Bs. 1.926.355,16, imponiéndose multa a su vez, por un monto de Bs. 702.880,10, por la comisión del ilícito tributario de disminución indebida de ingresos fiscales de conformidad con lo establecido en los artículos 45 y 101 de la Ordenanza sobre Actividades Económicas del Municipio Chacao del 15 de diciembre de 2005, en concordancia con lo previsto en los artículos 81 del vigente Código Orgánico Tributario y 37 del Código Penal”.

Por auto del 24 de mayo de 2012, el tribunal de instancia oyó en el solo efecto devolutivo la apelación ejercida de conformidad con el artículo 295 del Código de Procedimiento Civil, ordenando remitir copias certificadas del expediente al Tribunal Supremo de Justicia en Sala Político-Administrativa, conforme al antes identificado Oficio N° 403/2012.  

En fecha 11 de julio de 2012, se dio cuenta en Sala y se ordenó aplicar el procedimiento de segunda instancia previsto en el artículo 92 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. Asimismo, se designó Ponente a la Magistrada Yolanda Jaimes Guerrero y se fijó el lapso de diez (10) días de despacho para la fundamentación de la apelación.

El 9 de agosto de 2012, los abogados Marialejandra Chuy Silva, Héctor Rangel Urdaneta, Vanessa Santos Huen, Carla Bolívar, Alirio Álvarez y Jorge Fragoso, la primera ya identificada, y los restantes inscritos en el INPREABOGADO bajo los Nros. 108.244, 117.024, 117.244, 115.638 y 178.192, respectivamente, en su condición de apoderados judiciales del Municipio Chacao del Estado Bolivariano de Miranda, conforme se desprende del documento poder antes señalado, presentaron escrito de fundamentación de la apelación incoada.

Por auto del 26 de septiembre de 2012, se dejó constancia del vencimiento del lapso para la contestación a los fundamentos de la apelación, señalándose además, que la presente causa entró en estado de sentencia.

El 8 de mayo de 2013, se eligió la nueva Junta Directiva del Tribunal Supremo de Justicia y quedó conformada esta Sala Político-Administrativa de la siguiente manera: Presidente, Magistrado Emiro García Rosas; Vicepresidenta, Magistrada Evelyn Marrero Ortíz; Las Magistradas Trina Omaira Zurita y Mónica Misticchio Tortorella y el Magistrado Emilio Ramos González. Asimismo, se reasignó la ponencia al Magistrado EMILIO RAMOS GONZÁLEZ.

Mediante diligencias del 9 de mayo y 28 de noviembre de 2013, la representación judicial del mencionado Municipio solicitó se dicte sentencia en la presente causa.

Por auto del 21 de enero de 2014, se dejó constancia de la incorporación de la Tercera Suplente Magistrada María Carolina Ameliach Villarroel, a fin de suplir temporalmente la falta absoluta de la Magistrada Trina Omaira Zurita hasta que la Asamblea Nacional proceda a la designación definitiva del Magistrado (a) Titular, según lo dispuesto en los artículos 47 y 48 de la Ley que rige las funciones de este Alto Tribunal. La Sala quedó integrada de la siguiente manera: Presidente, Magistrado Emiro García Rosas; Vicepresidenta, Magistrada Evelyn Marrero Ortíz; Magistrada Suplente, Mónica Misticchio Tortorella; Magistrado Suplente, Emilio Ramos González y Magistrada Suplente, María Carolina Ameliach Villarroel.

-I-

ANTECEDENTES

Del escrito recursorio y de las actas que cursan insertas en el expediente se evidencia:

En fecha 2 de mayo de 2012, la abogada Arqui Santos de Santiago, inscrita en el INPREABOGADO bajo el N° 105.940, en su condición de apoderada judicial de la sociedad mercantil Autoclub Altamira, C.A., consignó ante el Tribunal Superior Octavo de lo Contencioso Tributario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, escrito de promoción de pruebas, las cuales consistieron en las siguientes:

“De conformidad con lo dispuesto en el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil se promueven las documentales:

1)  MARCADO A: Copia simple del acta constitutiva que sirve a su vez de Estatutos Sociales de la empresa AUTOCLUB ALTAMIRA C.A., presentados por ante el Registro Mercantil V de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda en fecha 23 de Marzo de 1998 e inscritos en el Tomo 199-A Qto, número 99 de los libros de registro de registro de la mencionada oficina.

2)  MARCADO B: Copia simple del Acta de Asamblea Extraordinaria de la empresa AUTOCLUB ALTAMIRA C.A., celebrada en fecha 20 de junio de 2007 y registrada ante el Registro Mercantil V de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda en fecha 11 de Septiembre de 2007 e inscrito bajo el Nro. 38, 1668-A de los libros registro de la mencionada oficina.

Con ambos documentos se pretende demostrar que a la empresa solo la representan en funciones de administración diaria de las gestiones de la misma, así como ante las autoridades judiciales y gubernamentales, sus cuatro (4) directores, según lo establece el documento constitutivo y estatutos sociales en sus cláusulas 23 al 26, los cuales duran cinco (5) años en el ejercicio de su cargo.

Por otra parte, en la Asamblea Extraordinaria del 20 de junio de 2007 se aprobaron los últimos nombramientos de directores, los cuales están vigentes incluso a la presente fecha y ninguno de los directores nombrados es el ciudadano José Raúl Martínez Regalado, quien fue la persona que se dio por notificado de la Resolución N° L/493.12.10, en la cual se impuso reparo a la contribuyente por concepto de impuesto a las actividades económicas para los ejercicios fiscales 2006, 2007 y 2008.

3)  MARCADO C: Certificación emitida por la ciudadana Carolina Aular Gerente de Recursos Humanos de la Empresa, en la cual deja constancia de que José Raúl Martínez Regalado, se desempeña como Gerente de Post Venta desde el 2 de noviembre de 2009.

Respecto de la prueba de experticia, la misma se promueve con el fin de que analicen los registros contables de AUTOCLUB ALTAMIRA, C.A. que incluyen los Libros de Contabilidad y sus soportes, facturas, comprobantes de egresos y demás documentación contable, así como todos los escritos, planillas y documentos que conforman el expediente judicial y administrativo de AUTOCLUB ALTAMIRA, C.A., correspondientes a los ejercicios fiscalizados 2006, 2007 y 2008 según Acta Reparo y respectiva Resolución Impugnada en la presente causa y, a su vez, dictaminen sobre los particulares señalados en los párrafos siguientes:

1) Que los expertos dejen constancia de la actividad que realiza AUTOCLUB ALTAMIRA, C.A.

2) Que los expertos determinen y dejen constancia del procedimiento contable utilizado por nuestra representada para registrar las transacciones económicas realizadas con vehículos, repuestos y servicios.

3) Que los expertos determinen y dejen constancia que nuestra representada celebró y ejecutó contratos o acuerdos con los fabricantes o importadores de vehículos de las marcas que representa. En el marco de lo anterior, se le pide a los expertos que determinen, dejen constancia y detallen sobre si en esos contratos o acuerdos los fabricantes o importadores se fijan las políticas comerciales, directrices, entre otras cosas, que regirán la operación, tanto para las partes como para los compradores de los vehículos, repuestos y servicios.

4) Que los expertos determinen y dejen constancia si de los registros contables, Libros de Contabilidad, soportes, facturas, comprobantes de egresos, contratos, acuerdos y demás documentación contable, se evidencia que nuestra representada, con el fin de dar cumplimiento a los referidos acuerdos o contratos, realizó transacciones económicas en las que se evidencien desembolsos para:

i) El acondicionamiento de los locales del concesionario de acuerdo a los criterios e instrucciones que establece el fabricante o importador, en cuanto a diseño estético y técnico. Se le pide a los expertos determinar y dejar constancia de los conceptos y montos correspondientes.

ii) La realización de inversiones necesarias para adecuarse tecnológicamente a los requerimientos del fabricante o importador para la prestación del servicio técnico. Se le pide a los expertos determinar y dejar constancia de los conceptos y montos correspondientes.

iii) Que los expertos determinen y dejen constancia si, de los registros contables, Libros de Contabilidad, soportes, facturas, comprobantes de egresos, contratos, acuerdos y demás documentación contable, nuestra representada está sujeta a un cupo fijado por el fabricante o importador o puede solicitar libremente la cantidad que crea necesaria de vehículos. Se le pide a los expertos determinar y dejar constancia de los conceptos y montos correspondientes.

5) Que los expertos determinen y dejen constancia si, de los registros contables, Libros de Contabilidad, soportes, facturas, comprobantes de egresos, contratos, acuerdos y demás documentación contable, nuestra representada realizó la venta de vehículos, repuestos y servicios, tomando en cuenta el precio de venta al público fijado por el fabricante o importador y dentro de un margen máximo de comercialización también fijado por el fabricante o importador. Se le pide a los expertos determinar y dejar constancia de los conceptos y montos correspondientes.

6) Sobre la base de los resultados anteriores, se solicita a los expertos que determinen y dejen constancia del margen de comercialización en la venta de vehículos, repuestos y servicios y compararlas con los ingresos determinados por la fiscalización reflejados en el Acta Fiscal Nº DAT-G.A.F. 372-382 del 30 de octubre de 2009, confirmada por la Resolución Culminatoria de Sumario Administrativo L/493.12/2010 del 22 de diciembre de 2010.

7) Tomando en consideración el margen de comercialización, determinado por la experticia en los petitorios anteriores, en la venta de vehículos, repuestos y servicios, se solicita a los expertos que determinen y dejen constancia de cuál es el porcentaje que resulta, en cada uno de los casos, de dividir el monto del impuesto determinado por la fiscalización, en el Acta Fiscal Nº DAT-G.A.F. 372-382 del 30 de octubre de 2009, confirmada por la Resolución Culminatoria de Sumario Administrativo L/493.12/2010 del 22 de diciembre de 2010, entre el margen de comercialización, determinado por la experticia en los petitorios anteriores, en la venta de vehículos, repuestos y servicios, respectivamente.

8) De considerarse el margen de comercialización, determinado por la experticia en los petitorios anteriores, en la venta de vehículos, repuestos y servicios, como base imponible para la determinación del Impuesto a las Actividades Económicas, se solicita a los expertos que determinen y dejen constancia de cuál sería el monto del impuesto a las actividades económicas, en cada uno de ellos, tomando en cuenta la alícuota y las rebajas establecidas en la ordenanza sobre actividades económicas del Municipio Chacao vigente para cada periodo económico fiscalizado.

Esta prueba tiene por objeto demostrar que la base imponible a la cual se refieren las normas que regulan el impuesto a las actividades económicas debe guardar una relación directa con la actividad económica desarrollada por el contribuyente y su capacidad contributiva. En tal sentido, tiene por objeto demostrar que la capacidad contributiva de [su] representada, es decir, la base imponible que debe utilizarse para determinar el impuesto a las actividades económicas está constituida por la remuneración percibida que se encuentra reflejada en el margen de comercialización devengado, en virtud de que la contribuyente es un agente autorizado del fabricante o importador donde el importador o el fabricante fija el precio de venta del producto, así como el margen máximo de comercialización, con el agravante de que no tiene libertad para comercializar los productos en cantidades que excedan a aquellas que le son asignadas” (Destacado y agregado de la Sala).

            El 4 de mayo de 2012, los apoderados judiciales del Municipio Chacao del Estado Bolivariano de Miranda presentaron escrito de oposición a las pruebas promovidas por la contribuyente ante el citado Órgano Jurisdiccional, específicamente contra aquellas que versaron sobre lo siguiente:

“…Respecto de las documentales, la oposición se hizo contra las previstas en los puntos 1 y 2 del escrito de promoción de pruebas.

Con relación a la experticia, la oposición se hizo sobre los puntos: 1, 3, 4.i, 4.ii, 4.iii, 5, 6, 7 y 8 del citado medio probatorio…”.

-II-

DE LA DECISIÓN APELADA

En la decisión interlocutoria recurrida el Tribunal Superior Octavo de lo Contencioso Tributario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, estableció lo siguiente:

“…Visto lo anterior, este Tribunal entra a conocer sobre la oposición formulada por la administración municipal y en este sentido, en relación a la impugnación de la Copia simple del acta constitutiva que sirve a su vez de Estatutos Sociales de la empresa AUTOCLUB ALTAMIRA C.A., presentados por ante el Registro Mercantil V de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda en fecha 23 de Marzo de 1998 e inscritos en el Tomo 199-A Qto, número 99 de los libros de registro de registro de la mencionada oficina; y Copia simple del Acta de Asamblea Extraordinaria de la empresa AUTOCLUB ALTAMIRA C.A., celebrada en fecha 20 de junio de 2007 y registrada ante el Registro Mercantil V de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda en fecha 11 de Septiembre de 2007 e inscrito bajo el Nro. 38, 1668-A de los libros registro de la mencionada oficina, se observa que la administración municipal impugna los referidos documentos de conformidad con el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, alegando que no pueden merecer ningún valor probatorio por tratarse, según su decir, de copias simples que no pueden tenerse como fidedignas, por no haberse presentado en su original o en copias certificadas; ʽsin perjuicio de los otros medios probatorios previstos en el Código de Procedimiento Civil, para demostrar que dichos documentos son fidedignos. En todo caso, solicitamos a este Tribunal que tenga los anexos señalados anteriormente de manera expresa, como no fidedignos y en consecuencia no se consideren a los fines de su valoración dentro del presente procedimientoʼ.

En relación a este punto la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en Sentencia Nº 00003, de fecha 12-01-2011, estableció:

(…)

Del criterio arriba transcrito se deduce la diferencia existente entre la oposición que se realice a cualquier prueba promovida en juicio y la impugnación que se haga a dicha prueba, resultando como consecuencia que la impugnación regulada en el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, contempla una acción para atacar o refutar un documento con el objeto de obtener su invalidación y, subsecuentemente, destruir su valor probatorio; mientras que la oposición a las pruebas representa un mecanismo de control y contradicción que busca la revisión de las condiciones intrínsecas que inciden directamente en su admisión, en relación con su legalidad o pertinencia.

(…)

Conforme a la norma supra transcrita, se aprecia que las copias simples consignadas al momento de la interposición del recurso contencioso tributario serían, en principio, un medio de prueba admisible para producir en juicio instrumentos públicos e instrumentos privados reconocidos o tenidos legalmente como tales, documentales las cuales se tendrían como fidedignas si no fueren impugnadas por el adversario.
En este sentido, atendiendo al criterio reiterado por la Sala Político Administrativo del Tribunal Supremo de Justicia, la providencia o auto interlocutorio a través del cual el Juez se pronuncia sobre la admisión de las pruebas promovidas, es el resultado de su juicio analítico respecto de las condiciones de admisibilidad que han de reunir las pruebas que fueran promovidas, es decir, de las reglas de admisión de los medios de pruebas contemplados en el Código de Procedimiento Civil, atinentes a la legalidad y a la pertinencia, pues sólo será en la sentencia definitiva cuando el Sentenciador de la causa podrá valorar la prueba y determinar si su resultado incide o no en la decisión que ha de dictar sobre la legalidad del acto impugnado.

A la luz de la señalada premisa y del contenido de los autos, juzga esta sentenciadora que estamos es en presencia de una incidencia de oposición a las pruebas presentadas por la recurrente, el cual es un mecanismo de control y contradicción que busca la revisión de las condiciones intrínsecas que inciden directamente en su admisión en relación con su legalidad o pertinencia, y visto que la Administración Tributaria Municipal no explana un razonamiento lógico que permita deducir a esta juzgadora que la prueba resulta ilegal o impertinente, es imperativo desestimar la oposición planteada a las pruebas documentales antes descritas. Así se decide.

En relación a la ilegalidad de la prueba documental promovida por la contribuyente relativa a la certificación emitida por la Gerente de Recursos Humanos, la Administración Municipal expuso; ʽla sociedad mercantil AUTOCLUB ALTAMIRA, C.A promovió como prueba documental la certificación preparada por la Gerencia de Recursos humanos de la propia empresa, en la cual deja constancia del cargo en el cual se desempeña uno de sus trabajadores, en especifico, el ciudadano José Raúl Martínez Regalado, lo cual contradice el Principio de Alteridad y vulnera además el derecho al control de la prueba del cual es titular esta representación en el presente casoʼ.

(…)

Ahora bien, se observa del escrito de pruebas presentados por la recurrente AUTOCLUB ALTAMIRA, C.A., que fue promovido como prueba documental: CERTIFICADO DE DESCRIPCIÓN DE CARGO, (folios 42 y 43, de la Pieza III), del cual se desprende que dicho certificado fue elaborado por la empresa Servicios de Apoyo Empresarial, C.A. (SAECA), no observándose que el mismo fuera emitido por la parte promovente de la prueba, como erradamente lo alegó la representación de la Administración Tributaria, en consecuencia, al no violarse el principio de alteridad de la prueba con el documento antes descrito, este tribunal desestima la oposición realizada por la Administración Municipal. Así se decide.

En relación a la prueba de experticia promovida por la contribuyente AUTOCLUB ALTAMIRA, C.A., y que fuera formulada oposición a su admisión por la Administración Tributaria, este tribunal para decidir observa:
La administración municipal, a los fines de fundamentar su oposición alega que es ilegal la experticia contable promovida por considerar que la forma en que la misma se encuentra planteada, y en específico su objeto, implica una actuación por parte del experto contable que va mucho más allá de la simple revisión de documentos contables, considerando además que la experticia contable determinaría un pronunciamiento cuya conclusión no podría ser determinada efectivamente, así mismo alega que en el punto 1) una experticia contable no puede ser utilizada para dejar constancia de las actividades realizadas por la sociedad mercantil recurrente, en relación al punto 3) expone que no es materia de experticia contable determinar si en los contratos suscritos por la contribuyente y los fabricantes e importadores se fijan o no las políticas comerciales y parámetros que rigen la operación.

(…)

Visto lo anterior, quien a aquí decide, procede a examinar la prueba promovida por la contribuyente AUTOCLUB ALTAMIRA, C.A, específicamente la establecida en el punto II referente a la solicitud de ʽexperticia contableʼ; y de la misma se observa que fue promovida de conformidad con lo establecido en el artículo 451 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, 1422 del Código Civil, en concordancia con el artículo 332 del Código Orgánico Tributario y con el único aparte del artículo 269 eiusdem con la finalidad de probar la improcedencia de los reparos efectuados por la fiscalización de la Alcaldía del Municipio Chacao del Estado Miranda.

De esta manera, al analizar la prueba de experticia contenida en el escrito de promoción de pruebas presentado por la recurrente, esta sentenciadora aprecia que -contrariamente a lo sostenido por la representación municipal- el objeto de la experticia guarda relación directa con la cuestión debatida en el proceso en virtud del recurso contencioso tributario interpuesto, estando dentro de las pruebas legales y procedentes utilizadas para la comprobación o apreciación de un hecho, desestimándose lo planteado por la representación del Municipio Baruta del Estado Miranda. En consecuencia se admite la Prueba de Experticia promovida por la representación judicial de la contribuyente recurrente, por cuanto se encuentra fundada en derecho. Así se Declara

Vistas las consideraciones arriba expuestas, este Tribunal declara SIN LUGAR la oposición a la admisión de las pruebas, planteada por la representación de la Alcaldía (sic) Chacao del Estado Miranda. Así se decide.

(…)

En fecha cuatro (04) de mayo de 2012, mediante escrito de promoción de pruebas, la representante de la Administración Tributaria promovió pruebas documentales contenidas en el expediente administrativo de la contribuyente AUTOCLUB ALTAMIRA, C.A., este Tribunal por cuanto no la considera ilegal ni impertinente, admite dicha prueba, cuanto ha lugar en derecho salvo su apreciación en la definitiva.

(…)

                                                       IV
                                                DECISIÓN
Por las razones que anteceden, este Tribunal Superior Octavo …omissis… DECLARA:

1.- SIN LUGAR la oposición a la admisión de la pruebas promovidas por la contribuyente AUTOCLUB ALTAMIRA, C.A…
2.- ADMISIBLES las pruebas documentales y experticia contable, promovida por la contribuyente AUTOCLUB ALTAMIRA, C.A.
3.- ADMISIBLE las pruebas documentales presentada por la representación de la Alcaldía Chacao del Estado Miranda…”.

 

-III-

ARGUMENTOS DE LA APELACIÓN INTERPUESTA

Mediante escrito presentado en fecha 9 de agosto de 2012, los apoderados judiciales del Municipio Chacao del Estado Bolivariano de Miranda fundamentaron el recurso de apelación, alegando las razones de hecho y de derecho siguientes:

Que la sentencia recurrida es nula por haber incurrido en el vicio de errónea interpretación de la norma “toda vez que las copias simples promovidas por la contribuyente debieron ser declaradas inadmisibles a tenor de lo previsto en el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, pues según este artículo las copias simples consignadas al momento de la interposición del recurso contencioso tributario serían en principio un medio de prueba admisible para producir en juicio instrumentos públicos e instrumentos privados reconocidos o tenidos legalmente como tales, las cuales se tendrían como fidedignas si no fueren impugnadas por el adversario”.

Expusieron que el juzgador a quo se apartó del mandato impuesto en la norma contenida en el prenombrado artículo 429, siendo que admitió las copias simples aún cuando fueron impugnadas a través del escrito de oposición en el que se sostuvo que “esos anexos no podían aportar valor probatorio alguno, puesto que se trata de copias simples que no pueden tenerse como fidedignas toda vez que para que se tengan como tales deben ser presentadas o consignadas en original o en su defecto en copias certificadas”.

Señalaron que “el error se produce al pasar por alto que la oposición a las pruebas es la oportunidad procesal conforme a la ley para impugnar las copias simples incorporadas hasta ese momento, por lo que la fase de oposición como mecanismo de contradicción permite el control de las pruebas y su admisibilidad, lo cual toca no solo la condición de legalidad o pertinencia de las mismas sino el control del medio probatorio en sí mismo producido”.

Que en la valoración de la prueba de experticia contable promovida por la contribuyente el tribunal de instancia incurrió en el vicio de falso supuesto de hecho y de derecho, toda vez que de las normas previstas en los artículos 451 del Código de Procedimiento Civil y 1.422 del Código Civil “se deriva que fue establecida como un medio especialísimo que procede en aquellos supuestos en los cuales resulte necesaria una comprobación o apreciación que exija la aplicación de conocimientos especiales en una determinada área del saber sobre puntos de hecho”.

Esgrimieron que mal pudo el sentenciador de instancia admitir la citada prueba de experticia contable “toda vez que la forma en la cual está planteada implica una actuación por parte del experto que va mucho más allá de la simple revisión de documentos contables, ya que la recurrente pretende utilizar la prueba para dejar constancia de circunstancias que deben ser valoradas por el Juez como Director del proceso”.

Manifestaron que la experticia contable “no puede ser utilizada para dejar constancia de las actividades realizadas por la sociedad mercantil recurrente ni mucho menos determinar si en los contratos suscritos por la contribuyente y los fabricantes o importadores se fijan o no las políticas comerciales y parámetros que rigen la operación, puesto que esas no son circunstancias empíricas que requieren de conocimientos técnicos especializados en el área contable”.

En este sentido, solicitaron se declare con lugar la apelación ejercida y en consecuencia, se anule la decisión apelada y se inadmitan las pruebas promovidas por la contribuyente en los términos anteriormente expuestos.

-IV-

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

Corresponde a esta Sala pronunciarse sobre la apelación ejercida por los apoderados judiciales del Municipio Chacao del Estado Bolivariano de Miranda, y al respecto se destaca lo siguiente:

Visto que no se evidencia disconformidad alguna respecto de la admisión de la documental descrita en el punto número 3, relativa a la “Certificación de la descripción del cargo”, así como tampoco sobre la admisibilidad de lo pretendido en el punto número 2 de la experticia promovida referente a que “los expertos determinen y dejen constancia del procedimiento contable utilizado por [su] representada para registrar las transacciones económicas realizadas con vehículos, repuestos y servicios”, esta Alzada deja firme dichos pronunciamientos. Así se decide.

En este orden, la presente controversia se circunscribe a determinar si el juzgador a quo incurrió en los vicios de errónea interpretación de la norma prevista en el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, al haber admitido las copias simples promovidas por la contribuyente, y en falso supuesto de hecho y de derecho al admitir la prueba de experticia, pues a juicio de la parte apelante, “la forma en la cual está planteada implica una actuación por parte del experto que va mucho más allá de la revisión de documentos contables”.

1.- De la errónea interpretación de la norma.

            Sobre el particular, adujeron los apoderados judiciales del Municipio Chacao del Estado Bolivariano de Miranda que el tribunal de instancia incurrió en el citado vicio al apartarse del postulado normativo contemplado en el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, por cuanto admitió las copias simples de los documentos públicos descritos en los puntos 1 y 2 del escrito de promoción de pruebas, referidos a la: 1) copia simple del acta constitutiva de la empresa Autoclub Altamira, C.A., y 2) copia simple del acta de asamblea extraordinaria de dicha sociedad mercantil, aún cuando fueron  impugnadas a través de la oposición formulada.

Tomando en cuenta el planteamiento anterior, esta Alzada considera preciso destacar -como se ha señalado en anteriores fallos [Vid. Sentencia N° 5.475 del 4 de agosto de 2005, caso: Said José Mijova Juárez, ratificada en las sentencias de esta Sala bajo los Nros. 0014 de fecha 10 de enero de 2007, caso: Contraloría General de la República; y 0014 del 9 de enero de 2008, caso: Línea Aérea de Servicio Ejecutivo Regional Laser, C.A. (LASER)], que conforme al pacífico criterio sostenido por la doctrina nacional, el llamado principio o sistema de libertad de los medios de prueba es absolutamente incompatible con cualquier intención o tendencia restrictiva de admisibilidad del medio probatorio seleccionado por las partes, con excepción de aquellos legalmente prohibidos o que resulten inconducentes para la demostración de sus pretensiones; principio que se deduce del texto expresamente consagrado en el artículo 395 del Código de Procedimiento Civil, que señala:

“Artículo 395.- Son medios de prueba admisibles en cualquier juicio aquellos que determina el Código Civil, el presente Código y otras leyes de la República.

Pueden también las partes valerse de cualquier otro medio no prohibido expresamente por la ley, y que consideren conducente a la demostración de sus pretensiones. Estos medios se promoverán y evacuarán aplicando por analogía las disposiciones relativas a los medios de pruebas semejantes contemplados en el Código Civil, y en su defecto, en la forma que señale el Juez”.

 

Principio que también se encuentra contemplado en el artículo 269 del vigente Código Orgánico Tributario cuando señala que:

“Artículo 269: Dentro de los primeros diez (10) días de despacho siguientes a la apertura del lapso probatorio, las partes podrán promover las pruebas de que quieran valerse.

 A tal efecto, serán admisibles todos los medios de prueba, con excepción del juramento y de la confesión de funcionarios públicos cuando ella implique la prueba confesional de la Administración. En todo caso, las pruebas promovidas no podrán admitirse cuando sean manifiestamente ilegales o impertinentes…” (Destacado de la Sala).

 

Vinculado directamente con lo anterior, destaca la previsión contenida en el artículo 398 eiusdem, alusiva al principio de la libertad de admisión, conforme al cual el Juez, dentro del término señalado, “...providenciará los escritos de pruebas, admitiendo las que sean legales y procedentes y desechando las que aparezcan manifiestamente ilegales e impertinentes…”.

Así, ha entendido la Sala que la providencia o auto a través del cual el Juez se pronuncia sobre la admisión de las pruebas promovidas, es el resultado del juicio analítico efectuado por él, respecto de las condiciones de admisibilidad que han de reunir aquéllas, es decir, de las reglas de admisión de los medios de pruebas contemplados en el Código de Procedimiento Civil, atinentes a su legalidad y pertinencia; ello porque sólo será en la sentencia definitiva cuando el Juez de la causa puede apreciar, al valorarlas y establecer los hechos, si su resultado incide o no en la decisión que ha de dictar respecto al fondo del asunto planteado.

Sobre la base del referido principio de libertad de los medios de prueba, una vez analizada la prueba promovida, el Juez habrá de declarar la legalidad y pertinencia de la misma, y en consecuencia la admitirá, pues sólo cuando se trate de una prueba manifiestamente contraria al ordenamiento jurídico, o cuando el hecho que se pretende probar con el medio respectivo no guarda relación alguna con el hecho debatido, podrá ser declarada como ilegal o impertinente y, por tanto, inadmisible.

De lo anterior se colige que la regla es la admisión, y que la negativa sólo puede acordarse en casos excepcionales de donde se desprenda claramente la ilegalidad e impertinencia del medio probatorio promovido [Vid. Sentencia Nº 00215 dictada por esta Sala del 23 de marzo de 2004, caso: Diques y Astilleros Nacionales, C.A., (DIANCA)].

Ahora bien, en el caso bajo análisis esta Alzada observa que las documentales promovidas por la contribuyente, contentivas en los puntos 1 y 2 del escrito de promoción de pruebas, consistieron en las siguientes:

“…1) MARCADO A: Copia simple del acta constitutiva que sirve a su vez de Estatutos Sociales de la empresa AUTOCLUB ALTAMIRA C.A., presentados por ante el Registro Mercantil V de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda en fecha 23 de Marzo de 1998 e inscritos en el Tomo 199-A Qto, numero 99 de los libros de registro de registro de la mencionada oficina.

2) MARCADO B: Copia simple del Acta de Asamblea Extraordinaria de la empresa AUTOCLUB ALTAMIRA C.A., celebrada en fecha 20 de junio de 2007 y registrada ante el Registro Mercantil V de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda en fecha 11 de Septiembre de 2007 e inscrito bajo el Nro. 38, 1668-A de los libros registro de la mencionada oficina…”.

            Nótese de la transcripción que antecede la promoción de copias simples de documentos públicos, las cuales se circunscribieron al Acta Constitutiva de la empresa contribuyente registrada ante el Registro Mercantil V de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda en fecha 23 de Marzo de 1998 y al Acta de Asamblea Extraordinaria, inscrita también en el citado Registro el 11 de septiembre de 2007.

            Sobre la promoción de copias simples de documentos públicos, el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil textualmente dispone lo siguiente:

“Artículo 429.- Los instrumentos públicos y los privados reconocidos o tenidos legalmente por reconocidos, podrán producirse en juicio originales o en copia certificada expedida por funcionarios competentes con arreglo a las leyes.

Las copias o reproducciones fotográficas, fotostáticas o por cualquier otro medio mecánico claramente inteligible de estos instrumentos, se tendrán como fidedignas si no fueren impugnadas por el adversario, ya en la contestación de la demanda, si han sido producidas con el libelo, ya dentro de los cinco días siguientes, si han sido producidas con la contestación o en el lapso de promoción de pruebas. Las copias de esta especie producidas en cualquier otra oportunidad, no tendrán ningún valor probatorio si no son aceptadas expresamente por la otra parte.

La parte que quiera servirse de la copia impugnada, podrá solicitar su cotejo con el original, o a falta de éste con una copia certificada expedida con anterioridad a aquélla. El cotejo se efectuará mediante inspección ocular o mediante uno o más peritos que designe el juez, a costa de la parte solicitante. Nada de esto obstará para que la parte produzca y haga valer el original del instrumento o copia certificada del mismo si lo prefiere. (Destacado de la Sala).

            Así, respecto de las copias simples de documentos públicos “producidas en juicio”, se destaca de la norma antes reproducida, que las mismas se tendrán como fidedignas “si no fueren impugnadas por el adversario”.

            En este sentido, esta Sala observa del escrito de fundamentación de la apelación incoada que la representación judicial del Municipio Chacao del Estado Bolivariano de Miranda señaló que las precitadas copias simples resultaban “inadmisibles”, toda vez que oportunamente las “impugnó” mediante el escrito de oposición tal y como se encuentra previsto en el artículo 270 del vigente Código Orgánico Tributario.

            Ahora bien, como quiera que el prenombrado artículo 429 del Código de Procedimiento Civil establece como mecanismo de defensa la impugnación de las copias simples de los documentos públicos y privados reconocidos o tenidos legalmente por reconocidos a los fines de evitar el carácter fidedigno que pudiera desprenderse de su contenido; sin embargo, tal impugnación no trae como consecuencia la inadmisibilidad de tales copias, precisamente porque para que ello ocurra las mismas deben resultar ilegales o impertinentes, siendo estas las condiciones que en todo caso pudieran afectar la admisión de un medio probatorio.

            Ello es así, en razón de que la impugnación contempla una acción para atacar o refutar un documento con el objeto de obtener su invalidación y, subsecuentemente, destruir su valor probatorio respecto al hecho controvertido; con lo cual se pone en evidencia que su propósito no está dirigido a evitar la admisión de una prueba, sino más bien su valoración.

En este sentido, visto que la Administración Tributaria Municipal no explana un razonamiento lógico que permita deducir a esta Alzada que las referidas copias simples resultan ilegales o impertinentes y tomando en cuenta que esos instrumentos están vinculados con los hechos controvertidos, esta Sala desestima el vicio de errónea interpretación de la norma invocado por la representación judicial del Municipio Chacao del Estado Bolivariano de Miranda y en consecuencia, confirma la admisión acordada por el tribunal de instancia, quedando pendiente la posibilidad del promovente para hacer valer las copias impugnadas, siempre que solicite bien el cotejo o la confrontación con el original del documento o con una copia certificada del mismo a falta de su original. Así se decide.

2.- Del vicio de falso supuesto.

            Sobre el particular, adujo la representación municipal que la sentenciadora de instancia incurrió en el mencionado vicio “toda vez que la forma en la cual está planteada [la prueba de experticia] implica una actuación por parte del experto que va mucho más allá de la simple revisión de documentos contables, ya que la recurrente pretende utilizar la prueba para dejar constancia de circunstancias que deben ser valoradas por el Juez como Director del proceso” (Agregado de la Sala).

            Visto el planteamiento anterior, esta Alzada observa que la controversia que dio lugar a la interposición del recurso contencioso tributario y del cual derivó la presente incidencia, devino como consecuencia de la Resolución Culminatoria del Sumario Administrativo N° L/493.12/2010 del 22 de diciembre de 2010, emanada de la Dirección de Administración Tributaria del citado Municipio “en la que determinó reparo a la contribuyente por concepto de impuesto sobre actividades económicas para los ejercicios fiscales 2006, 2007 y 2008 por la cantidad de Bs. 1.926.355,16”, en virtud de las operaciones de “comercialización de vehículos, repuestos y servicios”.

            De lo que antecede se destaca que el motivo que dio lugar a la determinación tributaria efectuada por el Municipio Chacao del Estado Bolivariano de Miranda a través de la citada Resolución obedeció a las operaciones de “comercialización de vehículos, repuestos y servicios”, que incidieron en la base imponible del impuesto sobre actividades económicas de industria, comercio, servicios o de índole similar, que en definitiva fue reajustada por el órgano fiscal a través del acto administrativo impugnado.

            Sobre la base de lo anterior, esta Alzada observa del escrito de promoción de pruebas que los puntos 1, 3, 4.i, 4.ii, 4.iii, 5, 6, 7 y 8 de la experticia contable se encuentran vinculados con el hecho controvertido arriba indicado y que dio lugar al presente proceso, toda vez que tienen por objeto; por una parte “demostrar que la base imponible a la cual se refieren las normas que regulan el impuesto a las actividades económicas debe guardar una relación directa con la actividad económica desarrollada por el contribuyente y su capacidad contributiva”; y por la otra “que la base imponible que debe utilizarse para determinar el impuesto a las actividades económicas está constituida por la remuneración percibida que se encuentra reflejada en el margen de comercialización devengado, en virtud de que la contribuyente es un agente autorizado del fabricante o importador donde el importador o el fabricante fija el precio de venta del producto, así como el margen máximo de comercialización”.

            De manera que contrariamente a lo expuesto por la representación judicial del mencionado Municipio, el despliegue de este medio probatorio no necesariamente va trascender la información que desde el punto de vista contable pueden aportar los expertos, antes bien, va estar circunscrita a las distintas operaciones efectuadas por la contribuyente que le permitió percibir un ingreso y sobre el cual la Administración Tributaria Municipal hizo el reajuste por concepto de impuesto sobre actividades económicas de industria, comercio, servicios o de índole similar a través de la prenombrada Resolución Culminatoria del Sumario Administrativo N° L/493.12/2010.

            En razón de lo anterior, debe esta Sala desestimar el vicio de falso supuesto denunciado por la representación judicial del Municipio Chacao del Estado Bolivariano de Miranda. Así se decide.

Con fuerza en lo que antecede, esta Alzada declara sin lugar el recurso de apelación ejercido por el citado Municipio contra la sentencia interlocutoria N° PJ0082012000155 del 16 de mayo de 2012, dictada por el Tribunal Superior Octavo de lo Contencioso Tributario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. En consecuencia, se confirma el referido fallo. Así se declara.   

-V-

DECISIÓN

En virtud de los razonamientos anteriormente expuestos, esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara:

1.- SIN LUGAR el recurso de apelación ejercido por el citado Municipio Chacao del Estado Bolivariano de Miranda contra la sentencia interlocutoria N° PJ0082012000155 del 16 de mayo de 2012, dictada por el Tribunal Superior Octavo de lo Contencioso Tributario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. En consecuencia, se confirma el referido fallo.

2.- FIRMES los pronunciamientos realizados por el juzgador a quo, referentes a: “1) la admisión de la documental descrita en el punto N° 3; y 2) la admisión de la experticia promovida respecto a su punto N° 2”.

Publíquese, regístrese y notifíquese. Remítase el expediente al tribunal de origen. Cúmplase lo ordenado.

Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, al primer (01) día del mes de abril del año dos mil catorce (2014). Años 203º de la Independencia y 155º de la Federación.

 

 

El Presidente

EMIRO GARCÍA ROSAS

 

 

 

 

 

 

La Vicepresidenta

EVELYN MARRERO ORTÍZ

La Magistrada

MÓNICA MISTICCHIO

TORTORELLA

 

 

 

 

 

El Magistrado

EMILIO RAMOS GONZÁLEZ

Ponente

La Magistrada

MARÍA CAROLINA AMELIACH VILLARROEL

 

 

 

 

La Secretaria,

SOFÍA YAMILE GUZMÁN

 

 

 

 

En dos (02) de abril del año dos mil catorce, se publicó y registró la anterior sentencia bajo el Nº 00477.

 

 

 

 La Secretaria,

SOFÍA YAMILE GUZMÁN

 

 

 

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