Venley

Sentencia N.º 00506

Sentencia
N.º 00506
Fecha
06/08/2019
Sala
Político Administrativa
Expediente
2017-0628
Ponente
María Carolina Ameliach Villarroel
Procedimiento
Demanda

Magistrada Ponente: MARÍA CAROLINA AMELIACH VILLARROEL

Exp. Nro. 2017-0628

 

Mediante sentencia Nro. 00482 de fecha 10 de mayo de 2018, esta Sala declaró, entre otras cosas: i) procedente la solicitud de avocamiento formulada por el abogado José Javier García Vergara (INPREABOGADO Nro. 39.297), actuando en su carácter de apoderado judicial de la UNIVERSIDAD DE LOS ANDES (ULA); ii) asumió el conocimiento de la demanda que por vías de hecho ejerció conjuntamente con solicitud de amparo cautelar el ciudadano ANDREY GROMISKO URDANETA MORALES (cédula de identidad Nro. 4.152.102), contra “la Decana, el Consejo de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas (…) y el Consejo Universitario” de la prenombrada Casa de Estudios y; iii) se ordenó  citar al Rector de la referida Universidad y al Decano(a) de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la referida casa de Estudios, requiriéndole que informara sobre la causa de las vías de hecho denunciadas por el accionante.

El día 22 de mayo de 2018, se libraron los oficios de notificación correspondientes.

El 13 de junio de 2018, la parte demandante solicitó que la presente causa fuese decidida como un asunto de mero derecho.

En esa misma fecha (13 de junio de 2018), el Alguacil dejó constancia de haber practicado la notificación del ciudadano Andrey Gromisko Urdaneta Morales.

El 26 de julio de 2018, el abogado Miguel Ángel Gómez (INPREABOGADO Nro. 32.766), actuando con el carácter de apoderado judicial del actor, consignó el respectivo instrumento poder.

En fecha 8 de agosto de 2018, esta Sala dictó la sentencia Nro. 00938 del 8 de agosto de 2018, a través de la cual declaró improcedente la solicitud de mero derecho requerida por la parte actora.

Mediante diligencia del 20 de septiembre de 2018, el Alguacil manifestó haber realizado la notificación de la Procuraduría General de la República.

El día 3 de octubre de 2018, el abogado José Javier García Vergara, apoderado judicial de la Universidad de Los Andes (ULA) presentó informes “en la presente causa conforme al artículo 69 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa”.

En fecha 11 de octubre de 2018, el Alguacil consignó acuse de recibo de los oficios de notificación de la sentencia Nro. 00938 dictada el 8  de agosto de 2018, dirigidos al Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas así como al Rector de la aludida casa de Estudios. Luego, el 31 de enero de 2019, constó en autos la notificación de la Procuraduría General de la República.

El 7 de febrero de 2019, la Secretaría de la Sala dejó constancia del vencimiento del lapso establecido en la sentencia Nro. 0482 dictada el 10 de mayo de 2018.

A través de diligencia del 19 de febrero de 2019, el abogado Rafael Dávila (INPREABOGADO Nro. 8.960), apoderado judicial de la Universidad demandada, aportó a los autos el instrumento poder por medio del cual acredita su representación. Asimismo, presentó escrito de informes “de conformidad con lo establecido en el artículo 67 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa”.

Por auto del 20 de febrero de 2019, se dejó constancia que en sesión de Sala Plena del 30 de enero de 2019, de conformidad con lo establecido en el artículo 20 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, se reeligió la Junta Directiva de este Máximo Tribunal, quedando integrada esta Sala Político-Administrativa de la forma siguiente: Presidenta, Magistrada María Carolina Ameliach Villarroel; Vicepresidente, Magistrado Marco Antonio Medina Salas, la Magistrada Bárbara Gabriela César Siero; el Magistrado Inocencio Antonio Figueroa Arizaleta y la Magistrada Eulalia Coromoto Guerrero Rivero.

En fecha 4 de abril de 2019, la Secretaría de esta Sala acordó fijar en la cartera y publicar en la web de este Alto Tribunal, la respectiva boleta de notificación del acto, ello vista la imposibilidad de realizarla personalmente.

El 28 de mayo de 2019, se fijó  para el día 6 de junio de ese año a las diez y veinte minutos de la mañana (10:20 am), la celebración de la Audiencia Oral a tenor de lo dispuesto en el artículo 70 de la Ley antes mencionada.

Llegada la oportunidad para que tuviese lugar el referido acto, se dejó constancia que comparecieron ambas partes quienes consignaron sus respectivos escritos de conclusiones.

El día 11 de junio de 2019, el apoderado judicial de la Universidad de Los Andes (ULA), ratificó los argumentos contenidos en el informe presentado con antelación.

Realizado el estudio del expediente se pasa a dictar sentencia con base en las siguientes consideraciones:

 

I

DE LA DEMANDA

 

El abogado Andrey Gromisko Urdaneta Morales, antes identificado, actuando en su nombre y representación, ejerció demanda por vías de hecho conjuntamente con solicitud de amparo cautelar, contra “la Decana, el Consejo de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas (…) y el Consejo Universitario” de la Universidad de Los Andes (ULA), sobre la base de los siguientes argumentos:

Explicó que se ha desempeñado como Decano electo “(...) por voto directo y secreto por más de 25 años, ejerciendo de forma ininterrumpida desde el año 1996”. Así, destacó que en el último proceso electoral resultó ganador por mayoría y fue ratificado en el cargo para el período comprendido del 18 de mayo de 2008 al 18 de mayo de 2011.

Indicó en fecha 25 de junio de 2009, la Auditoría Interna de la Universidad de Los Andes (ULA) inició una investigación por no haber notificado, liquidado y/o registrado ante la Tesorería Universitaria en forma permanente, los ingresos propios recaudados por la Facultad correspondiente al ejercicio económico del año 2008 y; por no haber rendido los gastos.

Precisó que en virtud de la anterior situación se le sancionó con suspensión sin goce de sueldo del ejercicio del cargo de Decano por un período de doce (12) meses. Seguidamente, el 4 de febrero de 2011, el Contralor General de la República confirmó la citada decisión.

Señaló se separó del cargo y, luego se propuso a la ciudadana Eliana Estuche de Fernández para ejercer el cargo de Decana Encargada, sin embargo, dicha profesora presentó su renuncia el día 20 de abril de 2012. Afirmó que ante esta situación, el Consejo de Facultad presentó y aprobó la designación de la ciudadana Aura Marina Morillo de García como Decana Encargada.

Alegó que en fecha 28 de marzo de 2012, la Sala Electoral de este Máximo Tribunal dictó la sentencia Nro. 59 que -según arguyó- ordenó que “(...) las actuales autoridades permanecieran en sus cargos, de forma transitoria, hasta que se realice la elección y juramentación de las nuevas autoridades decanales”. En este sentido, explicó que conforme al citado criterio, en fecha 12 de enero de 2017 se dirigió al salón de sesiones del Consejo de la Facultad antes mencionada para que le permitieran ejercer su derecho a voz en la reunión que fue convocada para ese día y manifestar su intención de reincorporarse al cargo como Decano Titular, “(...) y de forma inexplicable y sin ningún título legítimo, la ciudadana AURA MARINA MORILLO PÉREZ [le] negó el derecho de dirigir[se] al órgano colegiado (...)”. (Agregados de la Sala).

Que ante la “vía de hecho” materializada por la mencionada ciudadana, dirigió una comunicación al Consejo Universitario de la Universidad de Los Andes (ULA), el cual el día 2 de febrero de 2017 “(...) decidió remitir al Servicio Jurídico (...) la petición (...)” relativa a su intención de reincorporarse al cargo de Decano. Agregó que esta actuación también es una vía de hecho.

Puntualizó que a través de las acciones antes descritas, las cuales            -insistió- se tratan de vías de hecho, se vulneró el artículo 137 constitucional, siendo que además, la ciudadana Aura Marina Morillo Pérez incurrió en usurpación de “(...) autoridad y en consecuencia todas las actuaciones materializadas por la mencionada ciudadana deben ser consideradas ineficaces y sus actos nulos”.

Alegó que en el caso que nos ocupa “se puede evidenciar dos circunstancias que denotan la vía de hecho proferida por la Universidad de Los Andes, a saber: la primera por parte de la ciudadana AURA MARINA MORILLO PÉREZ, en su condición de Decana Encargada-Presidente del Consejo de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad de Los Andes, al [impedirle] participar en la sesión del Consejo de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas celebrada en fecha doce (12) de enero  de dos mil diecisiete (2017) y la segunda, la decisión del Consejo Universitario de remitir al Servicio Jurídico de la Universidad de Los Andes, [su] petición formalizada en fecha dieciocho (18) de enero de dos mil diecisiete (2017) sobre [su] REINCORPORACIÓN DEFINITIVA como DECANO ELECTO por VOTACIÓN DIRECTA Y SECRETA”. (Añadidos de la Sala).

Insistió que al no haber sido inhabilitado, destituido o haber renunciado al cardo, tiene “legítimo derecho a solicitar” su reincorporación al referido cargo.

Por otro lado, en cuanto al ampao cautelar en cuestión afirmó la existencia de los requisitos necesarios para su procedencia, esto es, la presunción del derecho reclamado, así como el hecho de evitar perjuicios irreparables por la sentencia definitiva.

Finalmente, solicitó que la demanda por vías de hecho ejercida sea declara con lugar y en virtud de las supuestas actuaciones materiales “y el abuso de poder por parte del Consejo de Facultad y del Consejo Universitario (...) se ordene a la Universidad de Los Andes abstenerse de ejercer cualquier actuación material o dictar cualquier acto administrativo que atente contra [su] legítimo derecho a reincorporarse al ejercicio del cargo como DECANO ELECTO POR VOTO DIRECTO Y SECRETO de la Asamblea de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad de Los Andes (...) hasta que se realice la elección y juramentación de las nuevas autoridades decanales, conforme al nuevo Reglamento Electoral”. (Corchete de la Sala).

Cabe destacar que los anteriores argumentos fueron ratificados por el actor en la oportunidad de celebrarse la Audiencia Oral.

 

II

DEL INFORME DE LA UNIVERSIDAD DE LOS ANDES (ULA)

 

En fecha 3 de octubre de 2018, el abogado José Javier García Vergara, apoderado judicial de la Universidad de Los Andes (ULA), presentó el informe al cual alude el artículo 67 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativo, en los siguientes términos:

Negó, rechazó y contradijo la demanda por vías de hecho ejercida por el ciudadano Andrey Gromisko Urdaneta Morales, “por ser falsos los hechos en ella alegados como el derecho que de ellos se pretende”.

En este sentido, narró los hechos que, a su decir, ocurrieron en el presente caso, los cuales se resumen así:

i) El día 25 de junio de 2009, le fue impuesto al actor por parte del Auditor Interno de la referida casa de Estudios “sanción por ilícitos administrativos (...) por no haber rendido cuentas por ante la Tesorería Universitaria los ingresos propios de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas por la cantidad de ochenta millones ciento treinta y seis mil seiscientos bolívares (Bs. 80.136.600,00). Razón por la cual, en fecha 04 de febrero de 2011, el Contralor General de la República (...) conforme al artículo 105 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, mediante resolución No. 01-00-000035, le impuso las siguientes sanciones: i.- Suspensión del cargo de Decano y de cualquier cargo público, por un período de doce (12) meses sin goce de sueldo. 2.- Fue sancionado a pagar multa por la cantidad de un millón ciento sesenta mil bolívares (Bs. 1.160.000,00)”. Contra dicho acto administrativo, el hoy actor interpuso recurso de reconsideración.

ii) Que en fecha 25 de junio de 2011, se recibió en la Secretaría del Consejo Universitario el oficio Nro. 01-00-000429 del 13 de ese mes y año, emanado de la Contraloría General de la República a través del cual se comunicó que el recurso de reconsideración ejercido por el ciudadano Andreu Gromisko Urdaneta Morales. En virtud de ello, mediante en sesión del 26 de septiembre de 2011 el Consejo Universitario aprobó solicitar al referido órgano de control fiscal aclaratoria sobre el contenido de su decisión.

iii) En sesión del Consejo Universitario celebrada el 31 de octubre de 2011, se aprobó la decisión del Consejo de la referida Facultad en  la que se decidió la reactivación del beneficio de jubilación a partir de esa misma fecha.

iv) El día 9 de enero de 2012, en la Secretaría del aludido Consejo Universitario recibió el oficio Nro. 08-00-045 del 7 de diciembre de 2011 a través del cual la mencionada Contraloría en el cual informó que “‘(...) dado el ámbito específico en el que versa el proceso electoral para la escogencia de decano de Facultad, no son aplicables los extremos del proceso constitucional invocado en su misiva, ni los criterios asentado por el Máximo Tribunal de la República, razón por la cual no existe impedimento legal para la inmediata ejecución de la sanción, de suspensión del cargo de Decano de Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas o de cualquier otro cargo que pudiera estar desempeñando, pues no se trata de ninguno de los cargos a que alude el fallo invocado (...)’”.

v) Que en virtud de lo anterior, el aludido Consejo de Facultad el día 27 de enero de 2012 designó como Decana a la ciudadana Eliana Estece Iliaca, quien estuvo en el citado cargo hasta el mes de abril  de ese año. Luego, en fecha 20 de abril de 2012, se nombró en el citado cargo a la ciudadana Aura Morillo Pérez, ejerciendo ésta “el cargo hasta la presente fecha”.

Afirmó que el actor presentó el 16 de enero de 2017 ante el Consejo Universitario una petición de reincorporación al cargo de Decano de la ya mencionada Facultad, por lo que el referido órgano previo la respectiva consulta jurídica, emitió el informe en el cual se negó la solicitud del  citado ciudadano.

Que entre la argumentación invocada en el citado informe, se desprende la relativa a que el  hoy actor “(...) ‘no siendo ya profesor activo ni tampoco Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, ha dejado de devengar Salario, ya que como efecto de la jubilación, empezó a recibir la pensión de jubilación, razón por la cual no pudo materializarse ni la separación del cargo, ya que ni era Decano, ni era profesor activo de la facultad en referencia, ni menos pudo cumplirse con la sanción de suspensión del Salario (...). Por lo que la conducta asumida por el profesor Andrey Gromiko (sic) Urdaneta en su comunicación de fecha 16 de enero de 2017, el cual pretende a más de cinco (5) años de producirse una falta absoluta al haber dejado el cargo de Decano y materializado su jubilación como profesor universitario, se traduce en la utilización del procedimiento de jubilación para defraudar los intereses de la República (...) y, burlar el cumplimiento de la pena sancionatoria impuesta por la Contraloría General de la República (...)”.

Destacó  que “también luce no ajustado a derecho, la pretensión del solicitante que se le ampare o aplique la sentencia de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia de fecha 29 de marzo de 2012, ya que a pesar de que el Profesor (...) fue electo para el período 2008-2011, para la fecha de la mencionada sentencia él ya no era Decano, no ejercía el [referido] (...) cargo ni de profesor activo, porque gozaba de su jubilación desde el 31 de octubre de 2011, habiéndose separado del cargo desde el 01 de noviembre de 2001”. (Añadido de la Sala).

Advirtió que “aun cuando a la fecha, el Consejo Universitario no ha podido ejecutar la sanción administrativa, de suspensión por doce meses el Cargo de Decano y de cualquier otro cargo público (...) este delito es imprescriptible (...)”, a tenor de lo supuesto en el artículo 99 del Código Penal.

En virtud de lo expuesto con antelación, el representante judicial de la Universidad de Los Andes (ULA), concluyó lo que sigue:

“1.- Vista la solicitud presentada por el Profesor jubilado Andrey Gromisko Urdaneta, fechada 16 de enero de 2017, recibida en la Secretaría de ese cuerpo en fecha 18 de enero de 2017, fue tratada por ese órgano colegiado quien para darle oportuna respuesta solicitó informe del caso al Servicio Jurídico Asesor de la Universidad de Los Andes.

2.- Servicio Jurídico Asesor de la Universidad de Los Andes, realizó informe requerido el cual está facheado 09 de febrero de 2017.

3.- El Consejo Universitario lo trató en su sesión de fecha 15 de febrero de 2017, donde aprobó el referido informe donde se aprobó negarle la solicitud de reincorporación al mencionado ciudadano.

4.- De lo anterior se demuestra que se cumplieron los trámites para darle respuesta a su solicitud.

5.- Por ello, no existieron las supuestas vías de hecho alegadas por el recurrente”. (Sic).

 

Finalmente, la representación judicial de la parte demandada ratificó los argumentos antes esgrimidos en la Audiencia Oral.

 

III

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

 

Corresponde a esta Sala emitir sentencia de mérito, no obstante considera necesario precisar previamente lo siguiente:

i) Punto Previo

En fecha 3 de octubre de 2018, el abogado José Javier García Vergara, antes identificado, apoderado judicial de la Universidad de Los Andes (ULA),  presentó informes “en la presente causa conforme al artículo 69 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa”.

Posteriormente, el día del 19 de febrero de 2019, el abogado Rafael Dávila, ya identificado, actuando igualmente en su carácter de apoderado judicial de la Universidad demandada, aportó a los autos el instrumento poder por medio del cual acredita su representación, pero además consignó escrito de informes “de conformidad con lo establecido en el artículo 67 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa”.

Pues bien, como se observa de lo anterior la parte accionada en dos (2) oportunidades distintas consignó el informe de los hechos exigido en el artículo 67 eiusdem, sin embargo, el último de los nombrados resulta extemporáneo toda vez que para esa fecha (19 de febrero de 2019), ya había precluído el referido lapso procesal, lo cual además fue precisado por la propia Secretaría de esta Sala al dejar constancia el día 7 de febrero de 2019, sobre “vencimiento del lapso establecido en la sentencia Nro. 0482 dictada el 10 de mayo de 2018”.

De manera pues, que al verificarse la extemporaneidad del citado escrito esta Sala a los efectos del presente fallo, no valorará los argumentos  allí contenidos. Así se decide.

ii) Del fondo

Determinado lo que antecede, este Órgano Jurisdiccional pasa a decidir sobre la demanda por vías de hecho ejercida conjuntamente con solicitud de amparo cautelar por el ciudadano Andrey Gromisko Urdaneta Morales, contra “la Decana, el Consejo de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas (…) y el Consejo Universitario” de la Universidad de Los Andes (ULA).

En tal sentido, se observa del libelo que las supuestas circunstancias que denotan las vías de hecho son dos, a saber: “la primera por parte de la ciudadana AURA MARINA MORILLO PÉREZ, en su condición de Decana Encargada-Presidente del Consejo de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad de Los Andes, al [impedirle] participar en la sesión del Consejo de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas celebrada en fecha doce (12) de enero de dos mil diecisiete (2017) y la segunda, la decisión del Consejo Universitario de remitir al Servicio Jurídico de la Universidad de Los Andes, [su] petición formalizada en fecha dieciocho (18) de enero de dos mil diecisiete (2017) sobre [su] REINCORPORACIÓN DEFINITIVA como DECANO ELECTO por VOTACIÓN DIRECTA Y SECRETA”. (Añadidos de la Sala).

Lo anterior fue refutado por la representación judicial de la Universidad de Los Andes (ULA) al afirmar que la solicitud presentada por el Profesor jubilado Andrey Gromisko Urdaneta, fechada 16 de enero de 2017, recibida en la Secretaría de ese cuerpo en fecha 18 de enero de 2017, fue tratada por ese órgano colegiado quien para darle oportuna respuesta solicitó informe del caso al Servicio Jurídico Asesor de la referida casa de Estudios.

Además de ello, precisó que el actor ya no es profesor activo sino que su condición actual es de jubilado “Por lo que la conducta asumida por el profesor Andrey Gromiko (sic) Urdaneta en su comunicación de fecha 16 de enero de 2017, el cual pretende a más de cinco (5) años de producirse una falta absoluta al haber dejado el cargo de Decano y materializado su jubilación como profesor universitario, se traduce en la utilización del procedimiento de jubilación para defraudar los intereses de la República (...) y, burlar el cumplimiento de la pena sancionatoria impuesta por la Contraloría General de la República (...)”.

Ahora bien, efectuadas las anteriores precisiones desde el punto argumentativo de las partes, esta Sala considera necesario verificar los hechos relevantes que ocurrieron en el caso, para lo cual observa del expediente judicial, lo siguiente:

El ciudadano Andrey Gormisko Urdantea Morales fue electo Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad de Los Andes (ULA) para el período 18 de mayo de 2008 al 18 de mayo de 2011, ello conforme se deriva de la copia simple de credencial emitida por la aludida casa de Estudios (folio 6, pieza principal Nro. 1).

Luego, el día 25 de agosto de 2010 el Contralor General de la República a través de la Resolución Nro. 01-00-000258 señaló lo que sigue:

“(...)

Que en auto decisorio de fecha 25 de junio de 2009, suscrito por el (...) Auditor Interno (E) de la Universidad de Los Andes, constan los fundamentos de hecho y de derecho que motivaron la declaratoria de responsabilidad administrativa del ciudadano ANDREY GROMIKO (sic) URDANETA MORALES (...) en su condición de Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas, Políticas y Criminológicas (sic) de la referida Universidad (...).

Que la decisión de fecha 25 de junio de 2009, por la cual se declaró la responsabilidad administrativa (...) quedó firme en vía administrativa, en virtud de no haber interpuesto el Recurso de reconsideración en el lapso previsto para ello por la Ley.

(...)

Que de conformidad con el artículo 112 del Reglamento de la Ley orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema de Control Fiscal, vigente a partir del 12 de agosto de 2009, para acordar la suspensión en el ejercicio del cargo sin goce de sueldo o la destitución del cargo, e imponer la inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas derivadas de la declaratoria de responsabilidad administrativa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 105 de la mencionada Ley, el Contralor General de la República tomará  en consideración la entidad o gravedad del ilícito o irregularidad administrativa que dio lugar a dicha declaratoria de manera que la sanción sea proporcional a los hechos.

(...)

RESUELVE

De conformidad con lo establecido en el artículo 105 de la vigente Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal en concordancia con el artículo 112 del Reglamento [del citado instrumento jurídico] (...) impone al ciudadano ANDREY GROMIKO (sic) URDANETA MORALES (...) la sanción de SUSPENSIÓN  SIN GOCE DE SUELDO del ejercicio del cargo de Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas, Políticas y Criminológicas (sic) de la referida Universidad o de cualquier otro cargo público que pudiera estar desempeñando por un período de DOCE (12) MESES, contado a partir de la ejecución de la presente Resolución”. (Agregados de la Sala). (Folios 114 al 121, Cuaderno de Medida Nro. 1).

 

Posteriormente, el 4 de febrero de 2011 la máxima autoridad del referido órgano de control fiscal dictó la Resolución Nro. 01-00-000035, mediante la cual declaró sin lugar el recurso de reconsideración que ejerció el hoy actor contra el acto administrativo que previamente le impuso la sanción de suspensión del cargo o de cualquier otro cargo público por un período de doce (12) meses. (Folios 98 al 111, Cuaderno de Medida Nro. 1).

Seguidamente, a través de oficio Nro. 01-00-000429 de fecha 13 de julio de 2011, la entonces Contralora General de la República (E) comunicó al Rector y demás miembros del Consejo Universitario de la aludida Universidad acerca de los actos administrativo antes referidos, ello “con la finalidad de que proceda a ejecutar la sanción  en comento, en el supuesto de que el precitado ciudadano sea funcionario de esa Universidad, por cuanto la misma, implica para su destinatario la separación temporal, por el lapso indicado, del cargo que ocupe para el momento de su ejecución y una vez que se verifique  el cumplimiento de la misma, el funcionario podrá incorporarse al ejercicio de las funciones públicas en las mismas condiciones a las existentes antes de hacerse efectiva esta sanción”. (Folios 112 y 113, Cuaderno de Medida Nro. 1).

Es así, que a través de la comunicación Nro. CU-00067/12 del 16 de enero de 2012 suscrita por el Secretario de la Universidad antes referida, se le informó al hoy demandante que con fundamento en las decisiones emitidas por la Contraloría General de la República “el Consejo Universitario aprobó, por unanimidad (...) que a partir de la presente fecha queda suspendido del cargo de Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, por un lapso de doce (12) meses”. (Folio 56, Cuaderno de Medida Nro. 1).

En virtud de lo anterior, mediante oficio Nro. CU-0186/12 del 30 de enero de 2012, el Secretario de la aludida casa de Estudios notificó a los miembros del Consejo de la referida Facultad que en atención al artículo 26, numeral 15 de la Ley de Universidades vigente dicho Consejo en sesión del 23 de ese mes y año aprobó la designación de la ciudadana Elianne Estecche Illescas como Decana Encargada.

No obstante lo anterior, la aludida ciudadana renunció al cargo, por lo que a través de la sesión ordinaria del Consejo Universitario celebrada el 7 de mayo de 2012, aprobó la designación de la ciudadana Aura Marina Morillo Pérez para desempeñar el citado cargo en calidad de encargada, a partir del 15 de ese mes y año hasta la incorporación del Decano titular. (Folio 50, Cuaderno de Medida Nro. 1).

Luego, en fecha 16 de enero de 2017, el ciudadano Andrey Gromisko Urdaneta Morales consignó escrito dirigido al rector de la mencionada institución de educación superior, en el cual manifestó lo siguiente:

“(...) Me dirijo a Ustedes muy respetuosamente en virtud de solicitar mi incorporación definitiva como DECANO TITULAR  de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas (...) cargo para el cual resulté electo en los comicios decanales suscitados en el año 2008. Ello se debe a que he cumplido la ordenanza impuesta  por la Contraloría General de la República (...).

(...) Cabe destacar que a finales de 2011, la Universidad de Los Andes tramitó mi jubilación la cual había solicitado desde octubre de 2004 como puede observarse en la resolución número CU/DAP 2325 de la sesión del veintiocho (28) de noviembre de 2011 (...).

En adición a todo esto, también solicito mi reincorporación definitiva en virtud de dar cabal cumplimiento a la sentencia número 59 de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, en fecha veintinueve (29) de marzo de 2012, en la cual se impone que las Autoridades Decanales que fuimos electos debemos permanecer en nuestros respectivos cargos hasta tanto el Consejo Universitario redactase el nuevo reglamento electoral en aras de concordarlo con le novedosa Ley Orgánica de Educación (...)”. (Folio 73, Cuaderno de Medida Nro. 1).

 

En respuesta a la anterior solicitud, el Consejo Universitario emitió la comunicación Nro. CU-0345/17 del 15 de febrero de 2017, en la cual efectuó un análisis del requerimiento formulado con fundamento igualmente en el informe Nro. S.J. del 9 de ese mismo mes y año, proferido por el Servicio Jurídico de la aludida Universidad y, en ese sentido negó la reincorporación en cuestión sustentándose en lo que a continuación se indica:

“(...) Como consecuencia de la condición de jubilado que ostenta el Prof. Andrey Gromisko Urdaneta Morales desde el 31.10.2011, la sanción impuesta mediante el acto administrativo dictada por la Contraloría General de la República por Resolución 01.00-000258, de fecha 25 de agosto de 2010 (...) no se pudo hacer efectiva, debido a que no siendo ya profesor activo ni tampoco Decano (...) ha dejado de devengar Salario, ya que como efecto de la jubilación, empezó a recibir la pensión de jubilación.

(...)

De otro lado, también luce no ajustado a derecho, la pretensión del solicitante que se le ampare o aplique la sentencia de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia de fecha 29 de marzo de 2012, ya que a pesar de que el Profesor Andrey Gromisko Urdaneta fue electo para el período 2008-2011, para la fecha de la mencionada sentencia él ya no era Decano (...) ni profesor activo, porque gozaba de su jubilación desde el 31 de octubre de 2011, habiéndose separado del cargo desde el 01 de noviembre de 2011”. (Folios 74 al 85, Cuaderno de Medida Nro. 1). (Resaltado de la Sala).

 

Así, en atención a lo antes narrados esta Sala deriva varias situaciones de relevancia, a saber: i) el ciudadano Andrey Gromisko Urdaneta Morales fue designado Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas  de la referida Universidad para el período comprendido del 18 de mayo de 2008 al 18 de mayo de 2011; ii) en el transcurso del ejercicio del citado cargo fue declarado responsable en lo administrativo y, además, el Contralor General de la República a través de la Resolución Nro. 01-00-000258 del 25 de agosto de 2010 le impuso sanción de suspensión sin goce del sueldo del citado cargo por un lapso de doce (12) meses; iii) el actor a partir del día 31 de octubre de 2011, comenzó a gozar del beneficio de jubilación el cual él mismo habría solicitado; iv) en fecha 16 de enero de 2017 el demandante solicitó al Rector de la casa de Estudios antes mencionada que fuese reincorporado al cargo de Decano basado en la sentencia Nro. 59 dictada el 29 de enero de 2012 por la Sala Electoral de este Máximo Tribunal y que además, a su decir, habría cumplido con la sanción previamente impuesta por el órgano de control fiscal.

Pues bien, esta Máxima Instancia observa que uno de los hechos que resulta determinante en el presente caso es que el demandante a partir del 31 de octubre de 2011 adquirió la condición de jubilado, por lo que se entiende que desde esa fecha cesó en sus funciones como Decano de la aludida Facultad, y por tanto, su estatus dentro del recinto universitario cambió, siendo en los actuales momentos profesor jubilado.

De esta manera, es claro para esta Sala que el demandante se separó del cargo para disfrutar del citado beneficio de carácter social y no en cumplimiento de la sanción de suspensión del cargo sin goce de sueldo de la cual fue objeto a través de una decisión emitida en su oportunidad por el Contralor General de la República, ya que en todo caso de haber mediado esta última situación, simplemente no hubiese dejado trascurrir un tiempo excesivo entre que diere cumplimiento a la sanción administrativa (12 meses computados desde el 16 de enero de 2012), y la fecha en la que solicitó nuevamente su “incorporación” como Decano (16 de febrero de 2017).

Sumado a ello, se observa que la decisión judicial por la cual el actor también sustentó su pretensión de que fuese reincorporado al citado cargo, no le es aplicable en su caso por razones de temporalidad.  En este sentido, cabe destacar que la sentencia Nro. 59 dictada el 29 de marzo de 2012, por la Sala Electoral de esta Alto Tribunal analizó la legalidad de la normativa electoral de la Universidad de Los Andes (ULA) y, concluyó que la misma no era compatible con los parámetros de participación contenidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y lo dispuesto en el artículo 34, ordinal 3° de la Ley Orgánica de Educación, de allí que dicho Órgano Jurisdiccional, estableció lo siguiente:

“(...)

Una vez reformado el Reglamento Electoral de la Universidad de Los Andes esta Sala Electoral ordena que se convoque al proceso de elecciones suspendido, en lapso perentorio que no podrá exceder de treinta (30) días hábiles de la Universidad, contados a partir de la publicación del mencionado Reglamento, dejando establecido que se trata de un nuevo proceso electoral, en todas sus fases, por cuanto la conformación del Registro Electoral se encuentra afectado desde su origen. Así se decide. 

El referido proceso electoral deberá ser conducido por la actual Comisión Electoral Central de la Universidad de Los Andes, por cuanto el objeto para el cual fue designada consiste en la realización de un proceso electoral que no se ha consumado, idéntico en cuanto a su fin al nuevo proceso electoral ordenado por esta Sala Electoral. Así se decide.

 

Ante esta situación y, a fin de garantizar el normal desenvolvimiento de la Universidad de Los Andes, esta Sala Electoral ordena a las actuales autoridades decanales que permanezcan en sus cargos, en forma transitoria, hasta que se realice la elección y juramentación de las nuevas autoridades, conforme el nuevo Reglamento Electoral. Así se decide”. (Resaltado de este fallo).

 

Como bien puede observarse, la Sala Electoral ciertamente ordenó a las autoridades que ostentaban el cargo de Decanos de la Universidad de Los Andes (ULA) para el momento en que se dictó el fallo, que permanecieran en los mismos hasta tanto se realizaran la elección y juramentación conforme un nuevo Reglamento Electoral.

Ahora bien, como se refirió en líneas anteriores, el ciudadano Andrey Gromisko Urdaneta Morales dejó de ejercer el cargo de Decano a partir del 31 de octubre de 2011, por lo que resulta obvio que para la fecha en que este Máximo Tribunal dictó la referida sentencia (29 de marzo de 2012), el actor ya se había separado del citado cargo; de allí que no tenga aplicación el mencionado criterio.

Es así, que en virtud de las anteriores consideraciones esta Sala concluye que la Universidad de Los Andes (ULA) obró ajustada a derecho al no reincorporar al referido ciudadano al cargo de Decano de la mencionada Facultad, razón por la cual no se verifican las supuestas actuaciones lesivas invocadas por el actor, esto es, las vías de hecho las cuales se producen “no solo por actuaciones materiales de la Administración en ausencia de una decisión administrativa previa, sino también cuando se materializa un exceso en la propia actividad de ejecución en sí misma considerada, lesionando un derecho o garantía constitucional del particular”. (Vid., sentencia Nro. 952 de esta Máxima Instancia dictada el 9 de agosto de 2017). Así se decide.

Corolario de lo que antecede, es que la presente demanda debe ser declara sin lugar. Así se determina.

 

IV

DECISIÓN

 

Por las razones anteriormente expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia en Sala Político-Administrativa, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, se declara SIN LUGAR la demanda por vías de hecho ejercida conjuntamente con solicitud de amparo cautelar  por el ciudadano ANDREY GROMISKO URDANETA MORALES, antes identificado, contra  la DECANA, el CONSEJO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y POLÍTICAS y el CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD DE LOS ANDES (ULA).

Publíquese, regístrese y comuníquese a las partes. Notifíquese a la Procuraduría General de la República. Archívese el expediente. Cúmplase lo ordenado. 

Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, al primer (1) día del mes de agosto del año dos mil diecinueve (2019). Años 209º de la Independencia y 160º de la Federación.

 

La Presidenta –Ponente,

MARÍA CAROLINA AMELIACH VILLARROEL

 

 

 

 

 

 

El Vicepresidente,

MARCO ANTONIO MEDINA SALAS

 

La Magistrada,

BÁRBARA GABRIELA CÉSAR SIERO

 

 

 

 

 

El Magistrado,

INOCENCIO FIGUEROA ARIZALETA

La Magistrada,

EULALIA COROMOTO GUERRERO RIVERO

 

 

 

 

La Secretaria,

GLORIA MARÍA BOUQUET FAYAD

 

 

 

En fecha seis (6) de agosto del año dos mil diecinueve, se publicó y registró la anterior sentencia bajo el Nº 00506.

 

 

La Secretaria,

GLORIA MARÍA BOUQUET FAYAD

 

 

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