Venley

Sentencia N.º 00507

Sentencia
N.º 00507
Fecha
22/03/2007
Sala
Político Administrativa
Expediente
2006-0615
Ponente
Emiro García Rosas
Procedimiento
Declinatoria de competencia

MAGISTRADO PONENTE: EMIRO GARCÍA ROSAS              

  EXP. Nº 2006-0615

 

Mediante oficio N° 06-1216 de fecha 8 de marzo de 2006, la Sala Constitucional, remitió a esta Sala el expediente contentivo del recurso de interpretación solicitado por el abogado BRAULIO JATAR ALONSO, titular de la cédula de identidad N° 5.422.790 e inscrito en el INPREABOGADO bajo el Nº 18.342, actuando en su propio nombre, sobre el sentido y alcance del artículo 192 del Decreto con Fuerza de Ley General de Bancos y otras Instituciones Financieras, publicada en la Gaceta Oficial Nº 5.555 Extraordinario del 13 de noviembre de 2001, así como de las Normas Relativas al Funcionamiento del Sistema de Información Central de Riesgos (SICRI), dictadas por la Junta de Emergencia Financiera, publicadas en la Gaceta Oficial Nº 36.484 de fecha 26 de junio de 1998.

Dicha remisión se efectuó en virtud de la decisión de fecha 15 de diciembre de 2005, dictada por la referida Sala mediante la cual se declaró incompetente para el conocimiento de la presente causa y declinó la competencia en esta Sala Político-Administrativa.

            El 23 de marzo de 2006 se dio cuenta en Sala y se designó ponente al Magistrado Emiro García Rosas, a los fines de decidir la declinatoria de competencia.

El 7 de febrero de 2007 se eligió la actual Junta Directiva del Tribunal Supremo de Justicia, quedando conformada la Sala Político-Administrativa de la siguiente manera: Presidenta, Magistrada Evelyn Marrero Ortíz; Vicepresidenta, Magistrada Yolanda Jaimes Guerrero; y Magistrados Levis Ignacio Zerpa, Hadel Mostafá Paolini y Emiro García Rosas.  

Pasa la Sala a decidir, previas las siguientes consideraciones:

I

DEL RECURSO  DE INTERPRETACIÓN

El 25 de mayo de 2005, el abogado BRAULIO JATAR ALONSO, actuando en su propio nombre, antes identificado, interpuso ante la Sala Constitucional de este Máximo Tribunal, recurso de interpretación, de conformidad con las siguientes consideraciones:

Que  la “permanencia” de las normas relativas al Funcionamiento del Sistema de Información Central de Riesgos (SICRI) “empieza a hacerse dudosa”, desaparecida la crisis financiera que le dio origen.

            Que “…el SICRI está asociado a toda conducta que ponga en riesgo al sistema financiero venezolano y no cualquier conducta”.

            Que en dicha normativa “…no se autoriza a entidad privada o publica alguna para actuar en contra de usuario de cualquier tipo de servicios financieros y, mucho menos en violencia de sus derechos constitucionales, tal y como actualmente se hace amparado en una arbitraria interpretación de los textos legales objeto del presente Recurso de Interpretación” (sic).

            Que “…no entendemos que peligro puede correr un banco, cuando, por ejemplo, una persona acude al sistema a dar apertura a una cuenta bancaria. ¿Que daño se previene con tal conducta?. El cuenta corrientista no tiene acceso a ningún crédito por el solo hecho de tener una cuenta bancaria; por lo que la negativa a la apertura, es una sanción (in anima vili) que busca obligar al deudor a ponerse al día con la entidad bancaria que alega unilateralmente e inaudita parte, ser su acreedor, lo que es violatorio al fuero jurisdiccional venezolano, ya que el pago de la deuda viene impuesto por un ‘sistema interbancario de justicia extra judicial’; distinto y ajeno al de los Tribunales de la República” (sic).

            Que dicha prohibición “…constituye un abuso o exceso de derecho por parte de la banca, (…), todo lo cual desvirtúa el SICRI hacia un proceso inconstitucional de condena extrajudicial, sumaria y arbitraria”.

            Que el Defensor del Pueblo, “…presentó Recurso de Nulidad por Inconstitucionalidad en contra el Artículo 192 de la Ley General de Bancos y otras Instituciones Financieras, pero de forma respetuosa disentimos del referido criterio, ya que consideramos que no es la norma en cuestión la que el que debe ser atacada por inconstitucionalidad, sino el uso interpretativo que del referido Artículo ejusdem y de las NORMAS RELATIVAS AL FUNCIONAMIENTO DELSISTEMA DE INFORMACIÓN CENTRAL DE RIESGO (SICRI), se viene haciendo por parte de la SUPERINTENDENCIA DE BANCOS (SUDEBAN) y de las entidades bancarias en violencia de la Constitución Nacional…” (sic).

            Igualmente señaló que “…más que la nulidad de una norma, se busca la nulidad de la posible inconstitucionalidad de una determinada interpretación o la obligación de interpretar la norma de una forma constitucional”.

            Alega que debido a la “…abusiva interpretación que se ha hecho del texto legal se ha creado un sistema de hacer justicia por mano propia (…) en donde se producen ejecuciones extrajudiciales de carácter punitivos que inhabilitan AD FINEM a los usuarios incorporados al SICRI por cualquier acreedor, sin que medie proceso, ni defensa, ni condena judicial de ningún tipo”.

            Continúa exponiendo que “…no persigue la obtención de un bien que constituye el núcleo del derecho subjetivo,  sino otro tipo de bien, en este caso el que se fije el contenido o alcance de un texto legal… (…) El interés constitucional (como interés legitimador) es de esta categoría de intereses generales, por lo que los fallos que se dicen aprovechan a toda la colectividad”.

            Finalmente señala que el objeto “…de tal acción de interpretación constitucional será una declaración de certeza sobre los alcances y el contenido de una norma constitucional, y formaría un sector de la participación ciudadana, que podría hacerse incluso como paso previo a la acción de inconstitucionalidad”.

El 15 de diciembre de 2005, la referida Sala se declaró incompetente para el conocimiento del caso, y al efecto expuso:

”... las normas cuya interpretación se solicita pertenecen al régimen de derecho público que regula el sistema financiero nacional, y se pretende además que ello sea extensivo a todos los artículos que integran la normativa indicada, en aras de una armonización de éstas y, en consecuencia, la Sala juzga que no es competente para evacuar la solicitud formulada, debido a que la facultad interpretativa de la misma está sujeta a que la norma cuya interpretación se solicita se encuentre en la Constitución (Vid. Sentencia del 22 de noviembre de 2000, caso: “Freddy Rangel Rojas”) o integre el llamado bloque de la constitucionalidad  (Vid. Sentencia del 5 de octubre de 2001, caso: “Consejo Legislativo del Estado Barinas”), en las que se encuentran lo estipulado en tratados o convenios internacionales dada la emisión de normas por parte de organismos multiestatales (Vid. Sentencia del 22 de septiembre de 2000, caso: “Servio Tulio León”) y las normas dictadas por la Asamblea Nacional Constituyente (Vid. Sentencia del 13 de diciembre de 2000, caso: “Alfredo Peña”).

 

En razón de lo expuesto, y considerando que el artículo 192 del Decreto con Fuerza de la Ley General de Bancos y otras Instituciones Financieras, así como el artículo 1º de las Normas Relativas al Funcionamiento del Sistema de Información Central de Riesgos (SICRI), no se encuentran dentro de ninguno de los supuestos antes indicados, ya que nos encontramos ante instrumentos normativos de rango legal, el primero, y sublegal el segundo y, en consecuencia, con jerarquía inferior a la Constitución, la Sala declara su incompetencia para examinar la solicitud propuesta. Así se decide”.

 

 

II

COMPETENCIA DE LA SALA

Corresponde a esta Sala pronunciarse previamente acerca de la competencia para conocer del recurso de interpretación interpuesto; al respecto observa:

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela prevé en su artículo 262, la creación del Tribunal Supremo de Justicia y de las Salas que lo integran. Asimismo otorga, en forma expresa, ciertas competencias a sus distintas Salas, las cuales están obligadas a conocer y decidir todos aquellos casos que cursaban en la extinta Corte Suprema de Justicia, así como aquellos que ingresen, atendiendo a la afinidad existente entre la materia debatida en el caso concreto y la especialidad de cada una de  las Salas (véase decisión de esta Sala del 17 de enero del año 2000, caso: José Ramírez Córdoba vs. Consejo Nacional Electoral).

En este sentido, el numeral 6 del artículo 266 de nuestra Constitución dispone que son atribuciones del Tribunal Supremo de Justicia: “Conocer de los recursos de interpretación sobre el contenido y alcance de los textos legales, en los términos contemplados en la ley”, igualmente señala en su aparte único que dicha atribución será ejercida por las diversas Salas conforme a lo previsto en la Constitución y la ley.

Así, puede inferirse de la citada norma constitucional que al no indicarse específicamente a cuál de las Salas corresponde conocer sobre el recurso de interpretación de textos legales, la intención del constituyente fue ampliar el criterio atributivo que había adoptado el legislador en la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia (ordinal 24° artículo 42, en concordancia con el artículo 43), que reservaba la decisión en esta materia a la Sala Político-Administrativa.

En ese orden de ideas, este Máximo Tribunal Supremo de Justicia, particularmente en Salas Constitucional y Político-Administrativa, en atención a los aludidos numeral 6 y aparte único del artículo 266 de nuestra Constitución, en concordancia con el artículo 262 eiusdem, a través de su jurisprudencia ha venido precisando que “como quiera que la creación de nuevas Salas es reveladora del ánimo de especializar sus funciones con respecto a las áreas que constituyen su ámbito de competencia, debe entenderse que la intención del constituyente es que dicho mecanismo, dirigido a resolver las consultas que se formulen acerca del alcance e inteligencia de los textos legales, lo conozca y resuelva la Sala cuya competencia sea afín con la materia del caso concreto”(Véase sentencia de esta Sala de fecha 13 de junio de 2000, fallo Nº 1.344).

En fecha 20 de mayo de 2004 entró en vigencia la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, publicada en Gaceta Oficial N° 37.942 de la misma fecha, la cual en su artículo 5 estableció un nuevo régimen de competencias, que inciden en el funcionamiento de las Salas que conforman este Máximo Tribunal, en el ejercicio de su labor jurisdiccional.

El mencionado artículo 5 numeral 52 de esa Ley, señala que es de la competencia de este Tribunal Supremo de Justicia “Conocer del recurso de interpretación y resolver las consultas que se le formulen acerca del alcance e inteligencia de los textos legales, en los casos previstos en la ley, siempre que dicho conocimiento no signifique una sustitución del mecanismo, medio o recurso previsto en la ley para dirimir la situación si la hubiere”. En tal sentido, el primer aparte del mismo artículo 5 in fine dispone: “En los casos previstos en los numerales 47 al 52 su conocimiento corresponderá a la Sala afín con la materia debatida”.

Conforme a lo antes expuesto, observa esta Sala que en el caso de autos el abogado BRAULIO JATAR ALONSO, actuando en su propio nombre, interpuso ante la Secretaría de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, recurso de interpretación sobre el alcance y contenido del artículo 192 del Decreto con Fuerza de Ley General de Bancos y otras Instituciones Financieras, así como de las Normas Relativas al Funcionamiento del Sistema de Información Central de Riesgos (SICRI), dictadas por la Junta de Emergencia Financiera, los cuales establecen:

Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras

Artículo 192. “Los bancos, entidades de ahorro y préstamo, otras instituciones financieras y demás personas jurídicas cuyas leyes especiales les permitan o atribuyan facultades crediticias y que hayan sido autorizadas para ingresar al Sistema de Información Central de Riesgos, deberán enviar a la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras, en los plazos y con las especificaciones que ésta indique, una relación pormenorizada de sus deudores, a los fines de mantener actualizado dicho sistema.

Toda la información contenida en este sistema tendrá carácter confidencial en los términos que señalen las normas que dicte al efecto la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras.

La información contenida en el Sistema de Información Central de Riesgos podrá ser suministrada a los clientes de los bancos, entidades de ahorro y préstamo, y demás instituciones financieras directamente afectados, o en su defecto a sus apoderados, debidamente facultados para ello; sin menoscabo de lo previsto en el artículo 233 de el presente Decreto Ley.

Dicha información será proporcionada en forma sistemática, integrada y oportuna.”

Resolución por la cual se dictan las Normas Relativas al Funcionamiento del Sistema de Información Central de Riesgos.

“Artículo 1.- El Sistema de Información Central de Riesgos (SICRI), previsto en el artículo 304 de la Ley General de Bancos y otras Instituciones Financieras tiene por objeto la recepción, compilación, procesamiento y posterior suministro, de acuerdo con las disposiciones de las presentes normas, de la información relativa a las obligaciones que cualquier persona natural o jurídica mantenga en calidad de deudor principal o como garante, fiador o avalista, con los bancos, instituciones financieras, entidades y demás entes integrantes del Sistema, a los fines de efectuar un monitoreo adecuado de los niveles de riesgo del sistema financiero nacional.

 

Los datos suministrados, deberán reflejar la información relativa a las carteras de créditos de las Instituciones, contenida en el balance general de publicación forma "A", y en el balance general forma "E" enviados mensualmente a la Superintendencia de Bancos y otras Instituciones Financieras.

 

Artículo 2.-El Sistema de Información Central de Riesgos (SICRI) está integrado por:

1 Los bancos e instituciones financieras regidas por la Ley General de Bancos y otras Instituciones Financieras o por leyes especiales.

2 Las Entidades de Ahorro y Préstamo regidas por la Ley del Sistema Nacional de Ahorro y Préstamo, la Ley General de Bancos y otras Instituciones Financieras o por leyes especiales.

3 Los entes o instituciones no financieras, cuyas leyes especiales les permitan o atribuyan facultades crediticias, previa autorización de la Superintendencia de Bancos y otras Instituciones Financieras.

 

Artículo 3.- Es competencia de la Superintendencia de Bancos y otras Instituciones Financieras, regular mediante las normas que al efecto sean dictadas, todo lo relativo a los detalles sobre el funcionamiento y operación del Sistema, precisando las diferentes vías de comunicación, mecanismos, medidas, fases y pasos a seguir para la compilación, procesamiento, manejo y posterior suministro de los datos e informaciones procesados por el Sistema; así como determinar en cada caso particular su esfera de actuación

 

Artículo 4.- La Superintendencia de Bancos y otras Instituciones Financieras incorporará dentro del Sistema de Información Central de Riesgos (SICRI) al Banco Central de Venezuela, el cual podrá igualmente utilizar la información obtenida para fines estadísticos.

La Superintendencia de Bancos y otras Instituciones Financieras podrá incorporar al Sistema de Información Central de Riesgos (SICRI) a otros entes u organismos cuando lo considere conveniente.

 

TITULO II

Del Funcionamiento del Sistema

 

Artículo 5.- Los integrantes del Sistema, estarán obligados a suministrar a la Superintendencia de Bancos y otras Instituciones Financieras, con la periodicidad y en los términos que ésta indique, información sobre sus deudores.

 

Artículo 6.- La Superintendencia de Bancos y otras Instituciones Financieras suministrará a los integrantes del Sistema la información procesada, la cual incluirá los datos de identificación del beneficiario del crédito, si se trata de un deudor principal o de un garante, fiador o avalista, que comprenda además un resumen de la deuda y situación de morosidad; en ningún momento se identificarán a las Instituciones acreedoras.

 

Artículo 7.- Los integrantes del Sistema de Información Central de Riesgos (SICRI), deberán participar a la Superintendencia de Bancos y otras Instituciones Financieras, la designación de las personas autorizadas para suministrar y recibir la información del referido Sistema, con indicación de los nombres completos, cédulas de identidad, cargos, firmas y medias firmas respectivas. Igual participación deberán realizar cuando ocurra cualquier modificación en este aspecto.

 

Artículo 8.- Los integrantes del Sistema, deberán velar por el correcto uso de la información consolidada; la cual se utilizará a los únicos fines de la evaluación crediticia. Por lo tanto, se prohibe a los mismos, suministrar total o parcialmente a sus clientes o a terceras personas la información recibida con fines distintos.

 

TITULO III

De la Confidencialidad del Sistema

 

Artículo 9.- Toda la información que se obtenga a los fines de alimentar el Sistema de Información Central de Riesgos (SICRI), así como aquella resultante de la posterior compilación, procesamiento y manejo de la información obtenida, es de estricto carácter confidencial. En consecuencia, la Superintendencia de Bancos y otras Instituciones Financieras implementará los mecanismos y medidas internas que garanticen de forma absoluta la confidencialidad de los datos e informaciones que forman parte del Sistema.

 

Artículo 10.- Los deudores tendrán derecho a obtener del Sistema, una relación detallada sobre su situación, a los fines de poder proceder a regularizar la misma con las Instituciones acreedoras, y obtener las rectificaciones o supresiones adecuadas, cuando la información existente en el Sistema sea injustificada o inexacta.

 

En este sentido, la relación se emitirá previa solicitud debidamente motivada por el particular. De tratarse de personas naturales, el trámite podrá ser realizado por el interesado o a través de persona debidamente autorizada; en el caso de las personas jurídicas, dicho trámite será realizado por el Representante Legal de dicha sociedad, debidamente facultado por los Estatutos Sociales de la misma.

 

Artículo 11.- La obligación del suministro de información, por parte de los bancos, instituciones financieras, entidades de ahorro y préstamo y otros entes integrantes del Sistema, a los fines de alimentar el mismo, establecida en el artículo 133 de la Ley General de Bancos y otras Instituciones Financieras, debe ser cumplida en los términos que al efecto establezca la Superintendencia de Bancos y otras Instituciones Financieras. El incumplimiento de la misma acarreará la sanción administrativa contemplada en el artículo 276 ejusdem y en el artículo 88 de la Ley del Sistema Nacional de Ahorro y Préstamo.

Igualmente, determinará el diferimiento de la prestación del servicio al miembro del Sistema que se encuentre en el supuesto aquí previsto, hasta tanto no se regularice el cumplimiento de la obligación señalada en este artículo.

 

TITULO IV

Disposiciones Finales

 

Artículo 12.- La Superintendencia de Bancos y otras Instituciones Financieras no será responsable por la información errada o inexacta que al efecto le suministraren los miembros del Sistema de Información Central de Riesgos (SICRI).

 

Artículo 13.- Las dudas que se susciten de la interpretación y aplicación de la presente Resolución, así como de los casos no previstos, serán resueltos por la Superintendencia de Bancos y otras Instituciones Financieras.

 

Artículo 14.- Las presentes normas entrarán en vigencia a partir del día de su publicación en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela.”

Al respecto, considera la Sala que la pretensión del solicitante está dirigida a obtener una interpretación sobre el alcance e inteligencia del artículo 192 de Decreto con Fuerza de Ley General de Bancos y otras Instituciones Financieras, así como, de las Normas Relativas al Funcionamiento del Sistema de Información Central de Riesgos (SICRI); por lo que, la materia a tratar reviste un carácter afín con las competencias atribuidas a esta Sala Político Administrativa, razón por la cual se declara competente para conocer el recurso de interpretación interpuesto. Así se decide.

Esta Sala advierte que en fecha 6 de diciembre de 2005, la Sala Constitucional de este Máximo Tribunal con ocasión del recurso de nulidad parcial por inconstitucionalidad del artículo 192 del DECRETO N° 1.526 CON FUERZA DE LEY DE REFORMA DE LA LEY GENERAL DE BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS, interpuesto por los ciudadanos GERMÁN JOSÉ MUNDARAIN HERNÁNDEZ, actuando en su carácter de Defensor del Pueblo, y los abogados Luz Patricia Mejía Guerrero, Alberto José Rossi Palencia, Sacha Rohán Fernández y Verónica Cuervo Soto, actuando como abogados adscritos a la Dirección de Recursos Judiciales de la referida Defensoría, ordenó suspender los efectos del artículo 192 del citado Decreto, sólo en lo que se refiere a que las instituciones financieras de carácter privado puedan obtener la información de los ciudadanos contenida en el Sistema de Información Central de Riesgos (SICRI), así como suspendió los efectos de la Resolución N° 001-06-98, publicada en la Gaceta Oficial N° 36.484, de fecha 26 de junio de 1998, emitida por la Junta de Emergencia Financiera, hasta tanto se dicte la sentencia de fondo.

III

ADMISIBILIDAD DEL RECURSO

Declarada la competencia de esta Sala para conocer del recurso interpuesto, se observa:

Tal y como se indicó supra, la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, en su artículo 5 numeral 52, establece que es competencia de este Máximo Tribunal conocer de los recursos de interpretación de leyes, observándose adicionalmente que en el mismo numeral están dispuestos expresamente algunos supuestos de admisibilidad de tales recursos, los cuales son:

a)    Que la interpretación solicitada verse sobre un texto legal; y

b) Que dicho conocimiento no signifique una sustitución del mecanismo, medio o recurso previsto en la ley para dirimir la situación si la hubiere.

En este orden de ideas, se aprecia, que tales exigencias para la admisión y tramitación de los recursos de interpretación de la Ley, ya habían sido desarrolladas por la jurisprudencia de esta Sala, estableciéndose incluso otras que resultan igualmente necesarias para su admisión.

En efecto, la Sala en sentencia N° 708 de fecha 22 de mayo de 2002, en cuanto a los requisitos exigidos para la admisión del recurso de interpretación, y con el fin de preservar la uniformidad de la interpretación de las leyes y la jurisprudencia, estableció que los requisitos para la admisibilidad del referido recurso son los siguientes:

1.   Legitimación para recurrir.

2. Que la interpretación solicitada verse sobre un texto legal, aun cuando el mismo no establezca expresamente la posibilidad de interpretarse.

3.  Que se precise en qué consiste el motivo de la interpretación.

4.  Que la Sala no se haya pronunciado con anterioridad sobre el punto requerido y en tal caso, que no sea necesario modificar el criterio sostenido.

5.  Que el recurso de interpretación no persiga sustituir los recursos procesales existentes, u obtener una declaratoria con carácter de condena o constitutiva.

6.  Que no se acumule a la pretensión otro recurso o acción de naturaleza diferente, o acciones incompatibles, excluyentes o contradictorias.

7.  Que el objeto de la interpretación no sea obtener una opinión previa del órgano jurisdiccional para la solución de un caso concreto que esté siendo conocido por otro órgano jurisdiccional, bien sea entre particulares o entre éstos y los órganos públicos.

            Resulta evidente que si bien la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela en su artículo 5 numeral 52, sólo incluyó expresamente dentro de los supuestos de admisibilidad los relativos a que: a) la interpretación solicitada verse sobre un texto legal, y b) que dicho conocimiento no signifique una sustitución del mecanismo, medio o recurso previsto en la ley para dirimir la situación si la hubiere; tal situación no obsta para que igualmente sean exigidos todos los requisitos establecidos por vía jurisprudencial, señalados supra, ya que además de contener supuestos generales de admisión para el ejercicio de cualquier acción que se presente ante este Tribunal Supremo de Justicia, regula de una forma idónea los requisitos esenciales para la posterior interpretación de la ley.  

En el presente caso, la pretensión del solicitante está dirigida a obtener una interpretación, sobre el alcance e inteligencia del artículo 192 de Decreto con Fuerza de Ley General de Bancos y otras Instituciones Financieras, e igualmente sobre las Normas Relativas al Funcionamiento del Sistema de Información Central de Riesgos (SICRI).

En atención a lo expuesto, pasa esta Sala a revisar en primer lugar, el cumplimiento de los requisitos necesarios para la procedencia del recurso de interpretación del artículo 192 del Decreto con Fuerza de Ley General de Bancos y otras Instituciones Financieras, y luego pasará a revisar el cumplimiento de dichos requisitos en la solicitud de interpretación de las Normas Relativas al Funcionamiento del Sistema de Información Central de Riesgos (SICRI).

Respecto del requisito de que el recurso verse sobre un cuerpo o texto legal, la Sala observa que ha sido peticionada la interpretación del artículo 192 del Decreto con Fuerza de Ley General de Bancos y otras Instituciones Financieras, publicada en la Gaceta Oficial Nº 5.555 Extraordinario del 13 de noviembre de 2001, resultando de esta forma incuestionable el rango y fuerza de ley formal, que dicho cuerpo normativo encierra, quedando así, satisfecho el requisito antes indicado.

Acerca de la legitimación para recurrir y a la necesidad de que la petición o solicitud sea planteada frente a un caso concreto o específico al cual debe circunscribirse la labor interpretativa, lo que persigue es evitar el mero ejercicio académico de este particular mecanismo, restringiéndolo a aquellos casos en que esté demostrada la existencia de un interés jurídico que en criterio de la Sala, ha de ser personal y directo, es decir, cuya situación jurídica particular hace relevante el pronunciamiento que sobre el alcance y aplicación del dispositivo objeto del recurso emita el Alto Tribunal.

En el caso de autos, el abogado BRAULIO JATAR ALONSO ha manifestado que en el ejercicio de su profesión, ha observado que la prohibición impuesta a un ciudadano de abrir una cuenta bancaria, o la imposición de cualquier sanción por el solo hecho de aparecer en el SICRI, sin que la referida deuda sea determinada por un órgano jurisdiccional, constituye “…un abuso o exceso de derecho por parte de la banca…”, los cuales, alega, se presentan en términos de una errada interpretación.

Al respecto, observa esta Sala que de los alegatos expuestos por la parte actora en el recurso formulado por el precitado ciudadano, no se evidencia la existencia de una situación jurídica particular que lo afecte de manera personal y directa, que haga relevante el pronunciamiento de esta Sala sobre el alcance y aplicación del dispositivo objeto de la presente acción, tal y como lo exigen los requisitos aludidos supra, pues en todo caso, el actor hace referencia al “interés colectivo y difuso” con respecto a la “correcta” interpretación de la referida norma y a su condición de abogado, para ejercer el recurso, sin indicar de forma específica cuál es su interés personal y directo en requerir la labor interpretativa de esta Sala.

En ese sentido, se insiste que el recurso de interpretación no debe ser utilizado como un mecanismo con fines meramente académicos, sino que debe existir un interés como el señalado previamente. Por tanto, resulta forzoso  para esta Sala declarar inadmisible el recurso de interpretación solicitado. Así se declara.

Como quiera que los requisitos necesarios para la procedencia de este recurso de interpretación del artículo 192 de Decreto con Fuerza de Ley General de Bancos y otras Instituciones Financieras, son de carácter concurrente, considera inoficioso la Sala examinar el cumplimiento del resto de ellos, pues con la inobservancia de uno sólo de los  requisitos, procede su declaratoria de inadmisibilidad. (Vid. Sentencia Nº 01207, de fecha 11 de mayo de 2006, de esta Sala). Así se decide.

 

Visto lo anterior, tal y como se expresó en las líneas que anteceden, esta Sala pasa a examinar los requisitos de admisibilidad, respecto de la interpretación de la Resolución por la cual se dictan las Normas Relativas al Funcionamiento del Sistema de Información Central de Riesgos (SICRI), publicadas en la Gaceta Oficial Nº 36.484 de fecha 26 de junio de 1998, en los términos que de seguidas se expresan:

El accionante pretende la interpretación de la Resolución Administrativa contentiva de las Normas Relativas al Funcionamiento del Sistema de Información Central de Riesgos (SICRI), dictadas por la Junta de Emergencia Financiera. Al respecto, observa esta Sala que, el recurso de interpretación debe versar sobre un texto legal, y como la presente petición se contrae a las referidas normas, que son de carácter sublegal, la misma resulta inadmisible.  

Visto que los requisitos necesarios para la procedencia de este recurso son de carácter concurrente, considera inoficioso la Sala examinar el cumplimiento de cada uno de los restantes, pues con la inobservancia de uno sólo procede su declaratoria de inadmisibilidad. En consecuencia, debe declararse inadmisible la solicitud de interpretación de la Normas Relativas al Funcionamiento del Sistema de Información Central de Riesgos (SICRI). Así se declara.

IV

DECISIÓN

En virtud de las precedentes consideraciones, esta Sala Político- Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara:

1. ACEPTA LA COMPETENCIA para conocer y decidir el recurso de interpretación solicitado por el abogado BRAULIO JATAR ALONSO.

2. INADMISIBLE la presente solicitud de interpretación tanto del artículo 192 del Decreto con Fuerza de Ley General de Bancos y otras Instituciones Financieras, así como de las Normas Relativas al Funcionamiento del Sistema de Información Central de Riesgos (SICRI), en los términos expuestos en el presente fallo.

Publíquese, regístrese y notifíquese. Archívese el expediente. Cúmplase lo ordenado.

Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los veintiún (21) días del mes de marzo del año dos mil siete (2007). Años 196º de la Independencia y 148º de la Federación.

 

La Presidenta

EVELYN MARRERO ORTÍZ

La Vicepresidenta

YOLANDA JAIMES GUERRERO

 

Los Magistrados,

LEVIS IGNACIO ZERPA                                             

HADEL MOSTAFÁ PAOLINI

 

EMIRO GARCÍA ROSAS

Ponente

 

La Secretaria,

SOFÍA YAMILE GUZMÁN

En veintidós (22) de marzo del año dos mil siete, se publicó y registró la anterior sentencia bajo el Nº 00507.

La Secretaria,

                                                                                            SOFÍA YAMILE GUZMÁN

 

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