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MAGISTRADO PONENTE: LEVIS IGNACIO ZERPA
Exp. N° 1993-10.2082003-1443
Por decisión de fecha 22 de enero de 2004, esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, aceptó la competencia que le fuera declinada por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Occidental, en el juicio que por resolución de contrato intentó la ALCALDÍA DEL MUNICIPIO JESÚS MARÍA SEMPRÚN DEL ESTADO ZULIA, contra la sociedad mercantil CONSTRUCTORA GARCÍA GARCÍA C.A., inscrita en el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira en fecha 19 de octubre de 1999, anotada bajo el N° 63, Tomo 21-A, cuarto trimestre. En la referida decisión se ordenó remitir el expediente al Juzgado de Sustanciación de la Sala a los efectos de la admisión de la demanda.
En el escrito de la demanda, el Municipio demandante solicitó una medida preventiva de embargo de conformidad con lo previsto en el artículo 593 del Código de Procedimiento Civil.
Por auto del 03 de marzo de 2004, el Juzgado de Sustanciación admitió la demanda interpuesta y ordenó emplazar a la sociedad mercantil demandada en la persona de su Director ciudadano Félix Alfredo García García. En cuanto a la medida preventiva solicitada, se acordó abrir un acuerdo separado y remitirlo a esta Sala para el pronunciamiento correspondiente.
El abogado ELIO GUANIPA RODRÍGUEZ, El 11 de abril de 2002, se dio cuenta en Sala y se designó ponente al Magistrado Levis Ignacio Zerpa, a los fines de decidir la solicitud de medida cautelar.
Por oficio N° 0318, de fecha 17 de marzo de 2004, el Juzgado de Sustanciación remitió a esta Sala el cuaderno separado abierto con ocasión de la medida preventiva solicitada.
En fecha 30 de marzo de 2004, se dio cuenta en Sala y por auto de la misma fecha se designó ponente al Magistrado Levis Ignacio Zerpa, a los fines de decidir la solicitud de medida de embargo solicitada de conformidad con el artículo 593 del Código de Procedimiento Civil.
I
PUNTO PREVIO
En fecha 20 de mayo del presente año, entró en vigencia la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 37.942 de la misma fecha, la cual en su artículo 5 estableció un nuevo régimen de competencias, que inciden en el funcionamiento de esta Sala en ejercicio de su labor jurisdiccional.
Ahora bien, los artículos 2 y 26 de la Constitución consagran derechos y principios que resguardan los valores que deben imperar en la sociedad, como es el reconocimiento del Estado de Derecho y de Justicia, y es así como debe garantizarse en el proceso una justicia expedita y sin reposiciones inútiles, todo lo cual hace que esta Sala analice previamente su competencia para continuar el conocimiento del presente caso.
Visto lo anterior, con fundamento en el artículo 3 del Código de Procedimiento Civil, que reza: La jurisdicción y la competencia se determinan conforme a la situación de hecho existente para el momento de la presentación de la demanda, y no tienen efecto respecto de ellas los cambios posteriores de dicha situación, salvo que la ley disponga otra cosa., aplicable por mandato del artículo 19 de la Ley que rige este Máximo Tribunal, la competencia se determina de acuerdo a la situación de hecho existente para el momento en que es presentada la demanda, pudiendo ser modificado posteriormente sólo por disposición de ley.
Al respecto, la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, como antes se dijo, modificó las competencias que habían sido atribuidas a esta Sala, pero no estableció ninguna norma que ordenase se desprendiera del conocimiento de aquellas causas que se encontraban en curso.
En el mismo sentido, conviene destacar la solución contenida en el Código Procesal Civil Modelo para Iberoamérica, elaborado por el Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal, Proyecto que dispone:
Artículo 12. (Aplicación de la norma procesal en el tiempo).
Las normas procesales son de aplicación inmediata y alcanzan a los procesos en trámite.
No obstante, no regirán para los recursos interpuestos ni en los casos en que se supriman instancias, ni para los trámites, diligencias o plazos que hubieren empezado a correr o tenido principio de ejecución antes de su entrada en vigor, los cuales se regirán por la norma precedente.
Asimismo, el Tribunal que esté conociendo en un asunto, continuará en el mismo hasta su terminación, aunque la nueva norma modifique las reglas de competencia.(Biblioteca de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, Serie Estudios, Caracas, 1994, pág. 93).
Es por ello, que esta Sala confirma su competencia para conocer del presente caso, por cuanto al momento de interposición de la acción era competente, todo ello en resguardo del derecho a la defensa, la celeridad procesal y a la tutela judicial efectiva que deben imperar en el proceso judicial venezolano, dando así cumplimiento a los mencionados artículos 2 y 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 17.814, actuando en su propio nombre, interpuso ante esta Sala en fecha 26 de noviembre de 1998, demanda por intimación de honorarios contra los ciudadanos OSWALDO GOTILLA, CLEMENTE ESCALONA, JUAN FONSECA Y OTROS, que prestaron sus servicios en el suprimido Instituto Nacional de Obras Sanitarias (INOS), los cuales se causaron en el procedimiento que por: complemento de prestaciones sociales y otros conceptos derivados de la relación laboral que los vinculó al mencionado instituto. En el mismo escrito solicitó medida cautelar de embargo.
La Sala por auto de fecha 01 de diciembre de 1998, acordó abrir cuaderno separado para la tramitación de la incidencia y de conformidad con lo previsto en el numeral 16 del artículo 46 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia delegó en el Juzgado de Sustanciación el conocimiento de la misma.
Por diligencia del 03 de abril de 1999, la parte intimante reformó el escrito de intimación.
El Juzgado de Sustanciación mediante auto de fecha 22 de julio de 1999, declaró inadmisible la demanda en cuanto a los costos y admitió cuanto ha lugar en derecho la intimación por honorarios profesionales acordando de conformidad al artículo 22 de la Ley de Abogados intimar a los ciudadanos Oswaldo Gotilla, Clemente Escalona, Juan Fonseca y Otros, informándoles que al décimo día de despacho siguiente a su intimación podrían ejercer la retasa; por último acordó resolver la medida cautelar de embargo por auto separado.
En fecha 09 de noviembre de 1999, la parte intimante ratificó su pretensión y en cuanto a la medida cautelar solicitada señaló: (...) En virtud de que en la mencionada reforma del libelo de demanda se solicitó que de conformidad con los artículos 585 y 588 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el artículo 646 eiusdem se decretara medida preventiva de embargo sobre bienes muebles, títulos valores y acciones propiedad de los INTIMADOS hasta por el doble de la cantidad demandada más lo estimado por costas, costos y honorarios profesionales de la presente intimación, solicitamos a este digno Juzgado de Sustanciación se pronuncie sobre la medida de embargo solicitada y en consecuencia libre comisión de embargo, amplia y suficiente al Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario, del Tránsito y del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Falcón, con sede en Punto Fijo, a los fines de que se practique el embargo contra los bienes muebles propiedad de los INTIMADOS. (...)
Mediante auto de fecha 09 de febrero de 2000, el Juzgado de Sustanciación declaró improcedente la medida de embargo solicitada, en los términos siguientes: (...) Ahora bien, en el caso concreto, se constata el cumplimiento del primero de éstos requisitos, esto es, el fomus boni iuris o la presunción del buen derecho, pues éste deviene como consecuencia directa de las actuaciones procesales realizadas por el intimante y que constan en el expediente; sin embargo, por lo que al riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución del fallo, se observa, que el solicitante no explana las razones por las cuales considera que quedaría ilusoria la ejecución del fallo, y limitándose a señalar que la medida solicitada a fin de garantizar las resultas de esta intimación de honorarios, siendo necesario pues, -como ha quedado sentado en la jurisprudencia, -la estricta sujeción que debe existir entre la procedencia de la medida y los alegatos y pruebas que el solicitante traiga a los autos para demostrar el cumplimiento de los requisitos exigidos. (...)
(...) Así pues, al recaer sobre el solicitante, la carga de alegar y probar las razones de hecho y de derecho en la cual fundamenta la procedencia de la medida, e impedido como se encuentra este Juzgado de suplir su omisión declara improcedente la medida cautelar de embargo solicitada. (...)
El Juzgado de Sustanciación por auto de fecha 06 de diciembre de 2001, declaró improcedente la medida de embargo solicitada.
Mediante diligencia de fecha 13 de diciembre de 2001, el abogado José Luis Rodríguez, inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 57.163, en su carácter de apoderado judicial del solicitante se dio por notificado del auto del Juzgado de Sustanciación antes descrito.
Por diligencia de fecha 18 de diciembre de 2001, la parte intimante apeló del auto de fecha 06 de diciembre de 2001.
El Juzgado de Sustanciación por auto de fecha 26 de febrero de 2002, acordó oír la apelación interpuesta y ordenó remitir el expediente a la Sala.
El 02 de abril de 2002, se dio cuenta en Sala y se designó ponente al Magistrado Levis Ignacio Zerpa, a los fines de decidir la apelación planteada.
(...) Por diligencia de fecha 18.9.01, el abogado José Luis Rodríguez Piña, actuando con el carácter de apoderado del abogado Elio Guanipa Rodríguez, intimante en el presente juicio, solicitó se decretara medida cautelar de embargo preventivo, toda vez que en fecha 9.2.00 este Juzgado de Sustanciación declaró improcedente la medida cautelar de embargo solicitada en aquél entonces, por considerar entre otras razones- que la misma no... había cumplido con el requisito de riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución del fallo... periculum in mora. (
)
(
) Narra el apoderado del intimante que, en la decisión de este Juzgado que declaró improcedente la medida de embargo solicitada en fecha 26.11.98, se estimó que no estaba suficientemente probado el riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución de la sentencia; ahora bien, comparece nuevamente a solicitar se decrete medida de embargo, fundamentándose en la insolvencia de los intimados, toda vez que les fueron canceladas las deudas a que se refirió el fallo de la demanda principal de fecha 10.3.98, lo que a su decir- constituye el riesgo manifiesto de que la ejecución del fallo que se produzca en este juicio de intimación se haga ilusorio, por insolvencia de los intimados. (...)
(...) Ahora bien, al examinar los requisitos de procedencia en este caso concreto, este Juzgado constata la presunción de buen derecho evidenciada en las actuaciones procesales que el intimante ejerció en el juicio principal; no obstante los anterior, al revisar el cumplimiento del otro requisito legal, esto es el periculum in mora, este Juzgado, considera que el intimante no trajo a los autos prueba de la aparente insolvencia de los intimantes, limitándose a indicar que la cancelación de sus acreencias con ocasión de la ejecución del fallo acarrean la mencionada insolvencia; en cuya virtud por las razones expuestas, este Juzgado declara improcedente la medida de embargo solicitada; por considerarla infundada toda vez que no llena los extremos legales exigidos en forma acumulativa en el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil. (...) ALCALDÍA DEL MUNICIPIO JESÚS MARÍA SEMPRÚN DEL ESTADO ZULIA, solicitó la resolución del contrato suscrito por su representada en fecha 10 de octubre de 2001, con la sociedad mercantil Constructora García García C.A., para la ejecución de la obra denominada Engranzonado de la vía principal del asentamiento campesino Raúl Leoni.
Señaló que a los efectos de dar cumplimiento a lo establecido en el contrato, la sociedad mercantil demandada presentó las fianzas de anticipo y fiel cumplimiento números FA-90415 y FC-90416, de la empresa Seguros Los Andes, por los montos de veinticinco millones veinticinco mil ciento setenta y siete bolívares con veinticinco céntimos (Bs. 25.025.177,25), y ocho millones trescientos cuarenta y un mil setecientos veinticinco bolívares con setenta y cinco céntimos (Bs. 8.341.725,75).
Igualmente refirió que en fecha 15 de noviembre de 2001, la Alcaldía que representa entregó a la sociedad mercantil demandada un anticipo sobre el monto total de la obra por la cantidad de veinticinco millones veinticinco mil ciento setenta y siete bolívares con veinticinco céntimos (Bs. 25.025.177,25), según orden de pago N° 10622, de fecha 15 de noviembre de 2001.
Indicó que en fecha 23 de enero de 2003, su representada procedió a rescindir unilateralmente el contrato, en virtud de que la sociedad mercantil Constructora García García, C.A., no había comenzado a ejecutar la obra contratada, y solicitó la ejecución de las fianzas presentadas.
Que en fecha 04 de agosto de 2003, la Coordinación de Fianzas de la empresa Seguros Los Andes, negó el pago de la fianza.
Por tal motivo solicitó una medida preventiva de embargo sobre los créditos que la sociedad mercantil demandada posee, de conformidad con lo establecido en el artículo 593 del Código de Procedimiento Civil.
Para decidir observa la Sala:
Solicita el apoderado judicial de la parte actora, se decrete a favor de su representada una medida preventiva de embargo, en los siguientes términos:
... con el fin de asegurar los intereses del Municipio Jesús María Semprún del Estado Zulia, pido se decrete de conformidad con lo previsto en el artículo 593 del Código de Procedimiento Civil, embargo sobre los créditos que dicha empresa tiene en el (sic) EJECUTIVO DEL ESTADO TÁCHIRA, en el contrato N° V-F3-048-02, por la obra PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA PRINCIPAL DE LA ALDEA PERNÍA DEL MUNICIPIO JOSÉ MARÍA VARGAS DEL ESTADO TÁCHIRA, cuyo monto es la cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS TRECE BOLÍVARES CON TRECE CÉNTIMOS (Bs. 489.363.813,13), y que a tal efecto dicho decreto de embargo sea hasta por la cantidad de SESENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SEIS BOLIVARES (Bs. 66.733.806,oo) doble de la cantidad demandada más las costas prudencialmente calculadas en un 30% por ciento del monto reclamado.
Es criterio de este Alto Tribunal que el poder cautelar debe ejercerse con sujeción estricta a las disposiciones legales que lo confieren, y por ello la providencia cautelar sólo se concede cuando existan en autos, medios de prueba que constituyan presunción grave de la existencia concurrente del riesgo manifiesto de quedar ilusoria la ejecución del fallo y del derecho que se reclama, por tal razón es imperativo examinar los requisitos exigidos en el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil, esto es, la presunción grave del derecho que se reclama (fumus boni iuris) y el peligro grave de que resulte ilusoria la ejecución de la decisión definitiva (periculum in mora).
Con referencia al primero de los requisitos (fumus boni iuris), su confirmación consiste en la existencia de apariencia de buen derecho, pues cuando se acuerda la tutela cautelar no puede prejuzgarse sobre el fondo del asunto planteado. Puede comprenderse entonces como un cálculo preventivo o juicio de probabilidad y verosimilitud sobre la pretensión del demandante; correspondiéndole al Juez analizar los recaudos o elementos presentados junto con el libelo de la demanda, a los fines de indagar sobre la existencia del derecho que se reclama.
En cuanto al segundo de los requisitos mencionados (periculum in mora), ha sido reiterado pacíficamente por la doctrina y la jurisprudencia, que su verificación no se limita a la mera hipótesis o suposición, sino a la presunción grave del temor al daño por violación o desconocimiento del derecho si éste existiese, bien por la tardanza de la tramitación del juicio, bien por los hechos del demandado durante ese tiempo tendentes a burlar o desmejorar la efectividad de la sentencia esperada.
Aplicando los postulados antes expuestos al examen de la medida cautelar a que se contrae la presente solicitud, la Sala del análisis efectuado sobre el contenido del expediente y atendiendo a los alegatos del accionante, no encontró elemento alguno que sirviera de convicción acerca del riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución del fallo, pues se advierte que el recurrente se limitó a solicitar la medida preventiva de embargo sobre créditos que presuntamente pertenecen a la demandada, alegando de manera genérica, la protección de los intereses del Municipio; además, sin sustentar el riesgopeligro de incumplimiento por parte de la demandada una vez que se produzca el eventual fallo de condena;, por lo que no se evidencia la existencia de un riesgo manifiesto de que la sociedad mercantil CONSTRUCTORA GARCÍA GARCÍA C.A.., incumplirá con sus obligaciones, en caso declarase con lugar la demanda interpuesta; por tanto, no encuentra esta Sala satisfecho el requisito de periculum in mora en el presente caso.
Expuesto lo anterior, examinados los elementos presentes en el caso concreto, juzga la Sala que las razones invocadas por el peticionante son insuficientes, siendo inoficioso el análisis y pronunciamiento respecto del otro supuesto de procedencia, pues su cumplimiento debe ser concurrente, motivo por el cual debe necesariamente desestimarse la solicitud de medida preventiva de embargo. Así se declara.
En primer lugar la Sala antes de entrar a decidir sobre el fondo de la apelación interpuesta, debe determinar si la misma fue ejercida tempestivamente, al efecto observa:
El último aparte del artículo 84 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, señala: Del auto por el cual el Juzgado de Sustanciación declare inadmisible la demanda o solicitud, podrá apelarse para ante la Corte o la Sala respectiva dentro de las cinco audiencias siguientes.
En tal sentido, advierte la Sala como bien se desprende de lo antes narrado que el auto apelado mediante el cual se inadmitió el recurso, fue dictado por el Juzgado de Sustanciación en fecha 15 de noviembre de 2001 y que la parte recurrente apeló del mismo mediante diligencia de fecha 24 de enero de 2002; por tanto, es evidente que la apelación fue ejercida fuera del lapso previsto en la disposición antes señalada, siendo forzoso para esta Sala declarar la extemporaneidad de la misma. Así se decide.
IVIV
DECISIÓN
Por las razones antes expuestas, esta Sala Político- Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara IMPROCEDENTE IMPROCEDENTE la apelación interpuesta por la abogada Luisa Carreyó Gómez, actuando en su propio nombre.medida cautelar solicitada por el abogado Gabriel A. Puche Urdaneta, actuando en su condición de apoderado judicial de la ALCALDÍA DEL MUNICIPIO JESÚS MARÍA SEMPRÚN DEL ESTADO ZULIA.
En consecuencia, queda firme el auto del Juzgado de Sustanciación de fecha 15 de noviembre de 2001.
Publíquese, regístrese y comuníquese. Archívese el Devuélvase el presente cuaderno de medidas al Juzgado de Sustanciación y agréguese copia certificada de la presente decisión a la pieza principalexpediente judicial y devuélvase el administrativo. Cúmplase lo ordenado.
Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los veintisiete días del mes de mayo de dos mil cuatro. Caracas a los días del mes de del año dos mil doscuatro. Años 1911943º de la Independencia y 1435º de la Federación.
El Presidente Ponente,
El Vicepresidente
HADEL MOSTAFÁ PAOLINI
La Magistrada,
La Secretaria,
Exp. Nº 2003-1443
En primero (01) de junio del año dos mil cuatro, se publicó y registró la anterior sentencia bajo el Nº 00532.
La Secretaria,
ANAIS MEJÍA CALZADILLAEl Presidente -Ponente,
LEVIS IGNACIO ZERPA
El Vice-Ppresidente,
HADEL MOSTAFÁ PAOLINI Magistrada,
La Magistrada,
Magistrada
La Secretaria,
ANAÍS MEJIA CALZADILLA
Exp. Nº 1993-10.2082003-14143
LIZ/vwblmb.-