Sentencia N.º 00546
- Sentencia
- N.º 00546
- Fecha
- 01/06/2004
- Sala
- Político Administrativa
- Expediente
- 2004-0087
- Ponente
- Hadel Mostafá Paolini
- Procedimiento
- Declinatoria de competencia en demanda
- Enlace fuente oficial
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Magistrado Ponente HADEL MOSTAFÁ PAOLINI
Exp. 2004-0087
El Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de Circunscripción Judicial del Estado Aragua, adjunto a oficio N° 1560-1189 de fecha 26 de noviembre de 2003, remitió a esta Sala el expediente contentivo de la demanda que por cumplimiento de contrato incoara el ciudadano BENNY DAVID FLORES RÍOS, titular de la cédula de identidad N° 8.729.649, asistido por el abogado Luis Alfonso Castillo González, inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 14.119, contra la sociedad mercantil LA FACULTAD BAR RESTAURANT, C.A., inscrita en el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, bajo el N° 44, Tomo 5-B de fecha 6 de septiembre de 1977, y el INSTITUTO NACIONAL DE HIPÓDROMOS creado mediante Decreto N° 357, de fecha 3 de septiembre de 1958, publicado en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 25.750, de esa misma fecha, reformado por Decreto N° 675, de fecha 21 de junio de 1985, publicado en la Gaceta Oficial N° 33.309, de fecha 16 de septiembre de 1985, por la cantidad de diez millones cuatrocientos setenta y cinco mil sesenta bolívares (Bs. 10.474.060,00).
Asimismo, solicitó medida cautelar de embargo sobre los bienes propiedad de los demandados.
Dicha remisión fue efectuada ya que por auto de fecha 23 de septiembre de 2003, el prenombrado Juzgado se declaró incompetente para conocer la causa y declinó la competencia en esta Sala.
El 4 de febrero de 2003, se dio cuenta en Sala y se designó ponente a los fines de decidir la declinatoria de competencia.
Mediante sentencia N° 231 del 23 de marzo de 2004, esta Sala aceptó la declinatoria de competencia planteada y ordenó designar ponente a los fines de decidir las cuestiones previas opuestas.
El 20 de abril de 2004, se designó ponente al Magistrado Hadel Mostafá Paolini, a los fines expuestos en la sentencia anterior.
Realizado el estudio del expediente, pasa esta Sala a decidir, de conformidad con las siguientes consideraciones:
I
ANTECEDENTES
Por escrito de fecha 18 de noviembre de 2002, presentado ante el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, el ciudadano Benny David Flores Ríos, asistido por el abogado Luis Alfonso Castillo González, anteriormente identificados, demandaron a la sociedad mercantil la Facultad Bar Restaurant, C.A. y al Instituto Nacional de Hipódromos, por la cantidad de diez millones cuatrocientos setenta y cinco mil sesenta bolívares (Bs. 10.474.060,oo).
El 4 de diciembre de 2002, el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, a quien por distribución le correspondió conocer del caso, admitió la demanda cuanto ha lugar en derecho, y en consecuencia, ordenó emplazar al ciudadano Oscar Luis Coelho, titular de la cédula de identidad N° E-82.012.650, actuando en su carácter de representante de la sociedad mercantil la Facultad Bar Restaurant, C.A. y al ciudadano Miguel Ángel Paz, titular de la cédula de identidad N° 3.778.917, en su carácter de representante del Instituto Nacional de Hipódromos. En lo que se refiere a la medida solicitada, el Juzgado ordenó la apertura del cuaderno de medidas.
El 26 de marzo de 2003, el ciudadano Benny David Flores Rios, otorgó poder apud acta a los abogados Luis Alfonso Castillo González, José Ramón Ramírez Molina y Gilberto Omar Aguirre Cervellon, inscritos en el Inpreabogado bajo los Nos. 14.119, 77.623 y 78.764, respectivamente.
Practicadas las actuaciones necesarias a los fines de efectuar la citación de los co-demandados, el 11 de julio de 2003, la abogada María José Rodríguez Márquez, inscrita en el Inpreabogado bajo el N° 94.563, actuando en su carácter de apoderada judicial del Instituto Nacional de Hipódromos, estando en la oportunidad de dar contestación a la demanda, opuso las cuestiones previas contenidas en los ordinales 1° y 8° del artículo 346 del Código de Procedimiento Civil.
El 15 de julio de 2003, el abogado Luis Alfonso Castillo González, actuando con el carácter de apoderado judicial del demandante, solicitó la designación de un defensor ad litem a la sociedad mercantil La Facultad Bar Restaurant C.A., de conformidad con lo establecido en el artículo 223 del Código de Procedimiento Civil.
El 23 de julio de 2003, el a quo designó como defensor judicial a la abogada Luisa Antonieta Agüero Escalona, inscrita en el Inpreabogado bajo el N° 89.195.
El 30 de julio de 2003, el ciudadano Oscar Luis Coelho, titular de la cédula de identidad N° 82.012.650, actuando en su carácter de representante de la sociedad mercantil La Facultad Bar Restaurant C.A., asistido de abogado, se dio por citado en el presente juicio.
Posteriormente, el 6 de agosto de 2003, el ciudadano Oscar Luis Coelho, actuando en su carácter de representante de la sociedad mercantil La Facultad Bar Restaurant C.A., asistido por el abogado Ferdinando Tommaso, inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 17.516, opuso las cuestiones previas contenidas en los ordinales 6° y 8° del artículo 346 del Código de Procedimiento Civil.
El 21 de agosto de 2003, la abogada María José Rodríguez Márquez, actuando en su carácter de apoderada judicial del Instituto Nacional de Hipódromos, ratificó la oposición de las cuestiones previas contenidas en los ordinales 1° y 8°, y opuso la contenida en el ordinal 6° todas del artículo 346 del Código de Procedimiento Civil.
El 17 de septiembre de 2003, el apoderado judicial de la parte actora contradijo las cuestiones previas opuestas tanto por la sociedad mercantil La Facultad Bar Restaurant, C.A., así como por el Instituto Nacional de Hipódromos.
Por escrito presentado en la misma fecha, el apoderado judicial de la parte actora impugnó la representación de la abogada María José Rodríguez Márquez, quien actúa como apoderada judicial del Instituto Nacional de Hipódromos, solicitando la exhibición del instrumento poder de conformidad con lo dispuesto en el artículo 156 del Código de Procedimiento Civil.
El 23 de septiembre de 2003, el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, declaró con lugar la cuestión previa de falta de competencia opuesta, declinando la competencia en esta Sala para conocer la causa, de conformidad con lo dispuesto en el ordinal 15 del artículo 42 de la entonces vigente Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia.
Remitido el expediente a esta Sala, por sentencia de fecha 23 de marzo de 2004, se aceptó la competencia para conocer del caso.
II
DE LA DEMANDA
En el escrito contentivo de la demanda que por cumplimiento de contrato incoara el ciudadano BENNY DAVID FLORES RÍOS, asistido por el abogado Luis Alfonso Castillo González, contra la sociedad mercantil LA FACULTAD BAR RESTAURANT, C.A., y el INSTITUTO NACIONAL DE HIPÓDROMOS, expuso el demandante lo siguiente:
Que el 19 de mayo de 2002, se dirigió a la sociedad de comercio denominada LA FACULTAD BAR RESTAURANT, C.A., en cuya fachada exterior había un aviso que decía CENTRO HIPICO, y realizó una serie de apuestas.
Que una de esas apuestas fue en la modalidad de 5 y 6 Electrónico, por un monto de ciento ocho mil bolívares (Bs. 108.000,oo), que canceló en el acto y en dinero efectivo, por lo que le fue entregado por el operador como comprobante un boleto que identificaba la operación.
Afirma, que acertó las dos primeras carreras del 5 y 6 Electrónico, lo cual le consta incluso a varios testigos que estuvieron con él en las operaciones realizadas.
Que finalizada la jornada y sin llamar la atención esperamos los escrutinios definitivos, al saberme ganador de la cantidad de siete millones cuatrocientos setenta y cinco mil sesenta bolívares (Bs. 7.475.060), por lo que posteriormente se retiró del local, y en el estacionamiento fue alcanzado por el operador de la máquina vende paga, quien le manifestó que por error al querer anular una TRIFECTA, invalidó (su) boleto intentando reintegrarle la cantidad de ciento ocho mil bolívares (Bs. 108.000,oo), lo cual no aceptó.
Que en virtud de la mencionada situación, ha sostenido distintas conversaciones con los representantes del local, a fin de que se le cancele su boleto, pero sin obtener ningún resultado.
Expone que vista la solidaridad existente entre la sociedad de comercio LA FACULTAD BAR RESTAURANT, C.A., y el INSTITUTO NACIONAL DE HIPÓDROMOS, en virtud del contrato de concesión celebrado entre ellos, específicamente de su cláusula vigésima, que establece que los boletos ganadores hasta por un monto de un millón de bolívares deberán ser cancelados por el concesionario, siendo obligación del Instituto pagar el excedente, se trasladó a la sede del INH, donde luego de una serie de reuniones con sus distintas autoridades, se determinó que era el concesionario quien debía pagar el boleto, pues no se había dado cumplimiento a lo dispuesto en el contrato de concesión, respecto a la notificación que debe realizar el concesionario al Instituto en estos casos.
Posteriormente, y nuevamente habiéndose concertado una reunión con los abogados de la sociedad de comercio, se acordó que el boleto sería cancelado en dos partes: 50% en una sola parte en efectivo y 50% en cuotas.
Sin embargo, luego de tal acuerdo, el 6 de junio de 2002 el ciudadano Oscar Coelho (representante de la sociedad mercantil demandada) interpuso una denuncia ante la Fiscalía Quinta del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, señalando un supuesto fraude ocurrido en su negocio el 19 de mayo de 2002, en el cual se encuentran involucrados el operador y el ciudadano Benny David Flores Ríos, por lo que se inició la respectiva investigación ante los organismos competentes.
Por lo expuesto, y visto que hasta la presente no ha obtenido respuesta ni del Instituto Nacional de Hipódromos o de la sociedad de comercio La Facultad Bar Restaurant, C.A., a los fines de hacer efectivo el boleto ganador, es por lo que demanda en esta oportunidad, con fundamento en lo siguiente:
Sostiene que el boleto emitido en virtud de la apuesta que realizó el 19 de mayo de 2002, constituye un contrato bilateral, sinalagmático, oneroso, aleatorio, y creador de obligaciones, cuya causa es lícita, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1.137, 1.138, 1.141, 1.157, 1.158, 1.197 y 1.394 del Código Civil, encuadrando además el presente caso en la excepción contenida en el artículo 1.801 eiusdem, por depender la obligación de una jugada del 5 y 6 electrónico, respaldada por un Instituto Autónomo creado por el Estado.
Que además resulta procedente demandar solidariamente al Instituto Nacional de Hipódromos y a la sociedad mercantil La Facultad Bar Restaurant, C.A., en virtud del contrato de concesión celebrado entre ellos.
Que la conducta dolosa del operador que le dio el boleto, encuadra perfectamente en el dispositivo legal previsto en el artículo 1.197 del Código Civil, hecho que concatenado con la falta de cumplimiento por parte de la sociedad mercantil La Facultad Bar Restaurant, C.A., de la cláusula vigésima segunda del contrato de concesión, referida a la notificación que debe efectuar el concesionario al Instituto de este tipo de situaciones, hace evidente la responsabilidad de esta última de pagar el boleto.
Igualmente, según expone la parte actora, procede el pago de los daños y perjuicios consistentes en todas las diligencias extrajudiciales que se realizaron a los fines de obtener el pago.
Por las razones expuestas, solicita lo siguiente:
1.- Que se declare la existencia de un contrato entre la sociedad mercantil La Facultad Bar Restaurant, C.A. y el demandante, cuyo soporte es el boleto ganador, y que a su vez el Instituto reconozca la obligación solidaria nacida del Contrato de Concesión antes referido.
2.- Que se le cancele la cantidad de siete millones cuatrocientos setenta cinco mil sesenta bolívares (Bs. 7.475.060,oo) producto de lo ganado con el boleto antes descrito, en virtud de la jugada del día domingo 19 de mayo de 2002, en el 5 y 6 electrónico, más la suma de tres millones de bolívares (Bs. 3.000.000,oo) por concepto de daños y perjuicios.
3.- Que se reconozca el boleto tantas veces mencionado, como el ganador del día 19 de mayo de 2002.
4.- Los intereses moratorios causados y calculados conforme a los dispuesto en el artículo 108 del Código de Comercio, y los intereses que se sigan causando hasta la definitiva y total cancelación de la obligación.
5.- Las costas y costos que genere el presente juicio.
Finalmente, solicitó se decrete medida preventiva de embargo sobre bienes propiedad de los demandados, de conformidad con lo establecido en los artículos 585 y 588 del Código de Procedimiento Civil, a los fines de que no que quede ilusoria la ejecución del fallo, hasta por la suma de diez millones cuatrocientos setenta y cinco mil sesenta bolívares (Bs. 10.475.060,oo).
III
DE LAS CUESTIONES PREVIAS OPUESTAS POR EL INSTITUTO NACIONAL DE HIPÓDROMOS
Mediante escritos de fecha 11 de julio y 21 de agosto de 2003, la abogada María José Rodríguez Márquez, actuando en su carácter de apoderada judicial del Instituto Nacional de Hipódromos, opuso las cuestiones previas contenidas en los ordinales 1°, 6 y 8° del artículo 346 del Código de Procedimiento Civil.
En los referidos escritos expuso, además de las consideraciones referidas a la incompetencia del tribunal que en principio conocía de la causa, lo siguiente:
Con relación a la cuestión previa contenida en el ordinal 6º del artículo 346 del Código de Procedimiento Civil, por haberse hecho la acumulación prohibida del artículo 78 eiusdem, expuso que en el presente caso la parte actora acumuló dos pretensiones que tienen procedimientos diferentes y que por la materia corresponden a tribunales distintos, toda vez que, la acción contra la sociedad mercantil La Facultad Bar Restaurant C.A., es competencia de un tribunal mercantil, y por otra parte, la acción incoada contra el Instituto Nacional de Hipódromos, corresponde conocerla a la Sala Político- Administrativa.
Respecto a la cuestión previa contenida en el ordinal 8° del artículo 346 del Código de Procedimiento Civil, que establece la existencia de una cuestión prejudicial que resolverse en un proceso distinto, afirmó que cursa ante el Cuerpo Técnico de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas Región Aragua, denuncia interpuesta por la sociedad mercantil La Facultad Bar Restaurant C.A., relacionada con los mismos hechos narrados en el libelo, la cual está siendo instruida mediante expediente N° G-207.198.
Alega que resulta primordial dilucidar la validez o no de ese instrumento, pues en caso de determinarse en el procedimiento penal en curso, la comisión de un delito en torno al mismo (refiérase al boleto) el conocimiento de la presente causa carecería de objeto lícito.
Por lo expuesto, solicita se declaren con lugar las cuestiones previas opuestas.
IV
DE LAS CUESTIONES PREVIAS OPUESTAS POR LA SOCIEDAD MERCANTIL LA FACULTAD BAR RESTAURANT C.A.
Igualmente, mediante escrito de fecha 6 de agosto de 2003, el ciudadano Oscar Luis Coelho, actuando en su carácter de representante de la sociedad mercantil La Facultad Bar Restaurant C.A., asistido por el abogado Ferdinando Tommaso, opuso las cuestiones previas contenidas en los ordinales 6° y 8° del artículo 346 del Código de Procedimiento Civil.
Con relación a la cuestión previa prevista en el ordinal 6° por haberse hecho la acumulación prohibida en el artículo 78 eiusdem, argumentó que la parte actora acumuló en el presente caso dos pretensiones que son incompatibles, toda vez que por la materia debatida le corresponde su conocimiento a tribunales distintos, y en consecuencia, debe declararse la inadmisibilidad de la demanda.
Por otra parte, y con relación a esta mismo argumento, sostiene que del contrato de concesión existente entre su representada y el Instituto Nacional de Hipódromos, no se evidencia que exista solidaridad alguna entre las partes, por el contrario, el referido contrato en sus distintas cláusulas establece una serie de obligaciones y responsabilidades a cargo de la sociedad mercantil La Facultad Bar Restaurant, C.A., que aseguran su cumplimiento, pero que en ningún modo implican solidaridad.
Además, afirma que conforme a los artículos 1.221 y 1.223 del Código Civil, la solidaridad debe manifestarse por acto expreso, y en este caso no existe pacto alguno en este sentido, por lo que no era procedente demandar solidariamente al Instituto y a su representada.
Opuso también la cuestión previa contenida en el ordinal 6° del artículo 346 del Código de Procedimiento Civil, referida al defecto de forma de la demanda por no cumplir con el requisito previsto en el ordinal 5° del artículo 340 eiusdem, relativo a la debida relación de los hechos y los fundamentos de derecho en que se base la pretensión, con las pertinentes conclusiones.
En tal sentido, indica que si bien la parte actora señala unos supuestos y negados hechos los mismos no guardan la adecuación con el derecho alegado ni las conclusiones, todo lo cual lo observamos cuando el demandante acumula en una misma demanda acciones cuyos procedimientos son incompatibles.
Agrega que la relación de los hechos expuestos en la demanda, se encuentran fundamentados en hipótesis falsas ya que señala una inexistente solidaridad entre (su) representada y el citado Instituto.
Por otra parte, se niegan los hechos expuestos en el libelo de demanda, para fundamentar la referida cuestión previa.
Finalmente, se opuso la cuestión previa contenida en el ordinal 8° del artículo 346 del Código de Procedimiento Civil, es decir, la existencia de una cuestión prejudicial que deba resolverse en un proceso distinto.
Al respecto, se alegó que cursa ante la Fiscalía del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, denuncia efectuada por su representada contenida en el expediente N° G-207.198, referida a los hechos ocurridos el 19 de mayo de 2002, los cuales pueden revestir carácter penal, por lo que es evidente que la cuestión previa alegada debe ser declarada con lugar.
V
DEL ESCRITO DE CONTESTACIÓN A LAS CUESTIONES PREVIAS OPUESTAS
El 17 de septiembre de 2003, el apoderado judicial de la parte actora contradijo las cuestiones previas opuestas tanto por la sociedad mercantil La Facultad Bar Restaurant, C.A así como por el Instituto Nacional de Hipódromos. En tal sentido expuso:
Con respecto a la cuestión previa contenida en el ordinal 6° del artículo 346 del Código de Procedimiento Civil, por supuestamente haberse hecho la acumulación prohibida prevista en el artículo 78 eiusdem, aduce que su representado no acumuló pretensiones incompatibles, toda vez que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 52 ordinal 3° del Código de Procedimiento Civil y la cláusula vigésima del contrato de concesión suscrito entre la sociedad mercantil La Facultad Bar Restaurant, C.A. y el Instituto Nacional de Hipódromos, es evidente que existe solidaridad entre los co-demandados, y por ende es procedente intentar la presente demanda contra ambos.
Con relación a la cuestión previa prevista igualmente en el ordinal 6° del artículo 346 del Código de Procedimiento Civil, por no haberse llenado los requisitos que indica el artículo 340 ordinal 5° eiusdem, expone que en el escrito libelar sí se cumplieron con tales requisitos, pues se indicaron los hechos, los fundamentos de derecho y las conclusiones, insistiendo además en la solidaridad existente entre los co-demandados.
Por otra parte, con respecto a la cuestión previa de prejudicialidad, afirma que si bien es cierto que existe una denuncia ante la Fiscalía Quinta del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, por un supuesto fraude, la misma se encuentra en fase de investigación y hasta la presente fecha dicha investigación no ha proporcionado fundamento serio para que se enjuicie a (su) mandante.
Finalmente, y en escrito de igual fecha, el apoderado judicial de la parte actora impugnó la representación de la abogada María José Rodríguez Márquez, quien actúa como apoderada judicial del Instituto Nacional de Hipódromos, solicitando la exhibición del instrumento poder de conformidad con lo dispuesto en el artículo 156 del Código de Procedimiento Civil, a los fines de corroborar la veracidad de la representación que aduce tener. En tal sentido expuso que la referida abogada no presentó el documento original (PODER AUTENTICADO) sino que acompañó con su escrito copia simple del mandato, y sin que conste en autos que fue presentado el original al secretario para su certificación y devolución, así mismo no consta en dicha copia simple que el sustituido cumplió con las formalidades del 162 del Código de Procedimiento Civil Venezolano y tampoco se trascribe en el mandato sustituido el texto completo de la sustitución.
VI
MOTIVACIONES PARA DECIDIR
En primer lugar y como punto previo, debe esta Sala pronunciarse respecto de la impugnación formulada por el abogado de la parte actora en fecha 17 de septiembre de 2003, contra el poder que acredita la representación de la abogada María José Rodríguez Márquez, apoderada judicial del Instituto Nacional de Hipódromos.
En efecto, se alega que la representante del Instituto demandado no presentó el documento original, sino que acompañó con su escrito copia simple del mandato, sin que el Secretario certificara que tuvo a su vista el original. Por otra parte, sostiene que al ser el referido poder una sustitución, no se cumplió con las formalidades previstas en el artículo 162 del Código de Procedimiento Civil Venezolano, toda vez que no se trascribe en el mandato sustituido el texto completo de la sustitución. Como consecuencia de lo expuesto, solicita la exhibición del instrumento poder de conformidad con lo dispuesto en el artículo 156 del Código de Procedimiento Civil, a los fines de corroborar la veracidad de la representación que aduce tener.
Visto lo anterior, observa la Sala que la apoderada judicial del Instituto Nacional de Hipódromos consignó junto con el escrito de cuestiones previas de fecha 11 de julio de 2003, copia simple del poder que acredita su representación, autenticado por ante la Notaría Pública Cuadragésima Quinta del Municipio Libertador del Distrito Capital, en fecha 25 de junio de 2003, quedando anotado bajo el número 43, Tomo 33 de los libros de autenticaciones llevados por esa Notaría, según se evidencia de los folios 124 al 125 de este expediente.
Posteriormente, el 15 de julio de 2003, el abogado Luis Alfonso Castillo González, actuando con el carácter de apoderado judicial del demandante, solicitó la designación de un defensor ad litem a la sociedad mercantil La Facultad Bar Restaurant C.A., y fue luego, el 17 de septiembre del mismo año, cuando además de contradecir las cuestiones previas opuestas tanto por la sociedad mercantil La Facultad Bar Restaurant, C.A así como por el Instituto Nacional de Hipódromos, formuló las observaciones que consideró pertinentes contra el poder de la representante del Instituto demandado.
Ahora bien, la impugnación de los poderes que acrediten la representación judicial de un profesional del derecho, ha de verificarse en la primera oportunidad, inmediatamente después de su consignación autos, en la cual la parte interesada en impugnar actúe en el procedimiento; conforme a lo dispuesto en la regla general contenida en el artículo 213 del Código de Procedimiento Civil, cuyo texto expresa:
Artículo 213.- Las nulidades que sólo pueden declararse a instancia de parte, quedarán subsanadas si la parte contra quien obre la falta no pidiere la nulidad en la primera oportunidad en que se haga presente en autos. (Destacado de la Sala).
De no verificarse la impugnación en la primera oportunidad después de consignado el poder en autos, en la cual la parte interesada actúe en el procedimiento, debe presumirse que se ha admitido como buena la representación que ha invocado quien se dice apoderado judicial, tal y como lo ha sostenido la reiterada jurisprudencia de esta Sala (entre otras, sentencia N° 1.280 del 27 de junio de 2001).
En el presente caso, como quedó descrito supra, el apoderado judicial de la parte actora, no impugnó el poder en la primera oportunidad en que actuó en el procedimiento, después de haberse consignado el mismo, por lo cual resulta improcedente por extemporánea la presente impugnación, y por ende debe tenerse como fidedigna la copia fotostática del poder que acredita la representación de la abogada María José Rodríguez Márquez, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil. Así se decide.
No obstante lo expuesto, la Sala verifica, como se desprende de las actas de este expediente, que el poder consignado en copia simple por la apoderada judicial del Instituto Nacional de Hipódromos, contiene las formalidades que deben aparecer en el cuerpo del instrumento para que el otorgamiento del mismo sea válido, como son la identidad del otorgante del poder y la exhibición de los documentos auténticos, gacetas, libros o registros que acreditan la representación del otorgante, conforme lo prevé al artículo 155 del Código de Procedimiento Civil, cuyo texto expresa:
Artículo 155.- Si el poder fuere otorgado a nombre de otra persona natural o jurídica, o fuere sustituido por el mandatario, el otorgante deberá enunciar en el poder y exhibir al funcionario los documentos auténticos, gacetas, libros o registros que acrediten la representación que ejerce. El funcionario que autorice el acto hará constar en la nota respectiva, los documentos, gacetas, libros o registros que le han sido exhibidos, con expresión de sus fechas, origen o procedencia y demás datos que concurran a identificarlos, sin adelantar ninguna apreciación o interpretación jurídica de los mismos. (destacado de la Sala)
Por su parte, el artículo 162 eiusdem expresa que las sustituciones de poderes deben hacerse con las mismas formalidades que el otorgamiento de los poderes, conforme lo prevé el artículo 155 ibidem.
En efecto, consta al folio 125 de este expediente que el funcionario ante el cual se otorgó el poder, dejó constancia que tuvo a su vista el poder que se sustituía, el cual había sido debidamente autenticado ante la Notaría Pública Primera del Municipio Libertador bajo el N° 5, Tomo 81 de los Libros de Autenticaciones de esa Notaría, no siendo necesaria la transcripción del mismo.
De allí que, visto que la impugnación del poder se hizo extemporáneamente, razón por la cual de conformidad con lo dispuesto en el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, su consignación en copia fotostática debe tenerse como fidedigna, debe concluirse que fueron cumplidas en el poder cuestionado las formalidades esenciales para que el otorgamiento respectivo resulte válido, por lo cual se considera el poder otorgado como jurídicamente existente. Así se declara.
No obstante lo anterior, no puede pasar inadvertido para esta Sala que en casos como el de autos, la falta de consignación del poder que acredita la representación del Instituto Nacional de Hipódromos, pudiera dar lugar a un estado de inseguridad jurídica en el que cualquier persona podría ejercer derechos ajenos en juicio sin la debida legitimación. De manera que, debe la Sala en esta oportunidad exhortar a la apoderada judicial del Instituto Nacional de Hipódromos, a los fines de que en lo sucesivo cumpla con las formalidades esenciales del proceso, a fin de evitar incidencias inútiles, que van en detrimento de la buen administración de justicia.
Determinado lo anterior, pasa esta Sala a pronunciarse sobre las cuestiones previas opuestas por los co-demandados en el presente juicio, y al respecto observa:
En primer lugar, fue alegada por ambos co-demandados la cuestión previa contenida en el ordinal 6° del artículo 346 del Código de Procedimiento Civil, por haberse hecho la acumulación prohibida en el artículo 78 eiusdem.
En tal sentido, coinciden los co-demandados al sostener que en el presente caso la parte actora acumuló dos pretensiones que tienen procedimientos diferentes y que por la materia corresponden a tribunales distintos, toda vez que, la acción contra la sociedad mercantil La Facultad Bar Restaurant C.A., es competencia de un tribunal mercantil, y por otra parte, la acción incoada contra el Instituto Nacional de Hipódromos, corresponde conocerla a la Sala Político- Administrativa.
Se afirmó además, que no existe entre los co-demandados solidaridad alguna en virtud del contrato de concesión suscrito entre ellos, por el contrario, el referido contrato en sus distintas cláusulas establece una serie de obligaciones y responsabilidades a cargo de la sociedad mercantil La Facultad Bar Restaurant, C.A., que aseguran su cumplimiento, pero que en ningún modo implican solidaridad.
Además, se alega que conforme a los artículos 1.221 y 1.223 del Código Civil, la solidaridad debe manifestarse por acto expreso, y en este caso no existe pacto alguno en este sentido, por lo que no era procedente demandar solidariamente al Instituto y a su representada.
Por su parte, el apoderado judicial de la parte actora negó la cuestión previa opuesta, señalando que sí era procedente demandar solidariamente al Instituto Nacional de Hipódromos y a la sociedad mercantil La Facultad Bar Restaurant, C.A., de conformidad con lo dispuesto en el ordinal 3° del artículo 52 del Código de Procedimiento Civil y la cláusula vigésima del contrato de concesión suscrito entre ellos.
Sobre el anterior particular, debe señalarse que el artículo 78 del Código de Procedimiento Civil, establece que: No podrán acumularse en el mismo libelo pretensiones que se excluyan mutuamente o que sean contrarias entre sí; ni las que por razón de la materia no correspondan al conocimiento del mismo Tribunal; ni aquellas cuyos procedimientos sean incompatibles entre sí ....
Ahora bien, en el presente caso, se observa que la demanda está dirigida contra la sociedad mercantil La Facultad Bar Restaurant, C.A., y el Instituto Nacional de Hipódromos, en virtud del contrato de concesión suscrito entre ellos, que a decir del demandante, los obliga solidariamente a pagar el boleto del cual se considera ganador.
Por tanto, si bien se ha demandado a dos personas jurídicas distintas por su naturaleza, a saber, una de carácter privado y otra de carácter público, es evidente que al demandarse solidariamente a las mismas, la causa debe ser conocida por un mismo tribunal, en concreto, por esta Sala Político- Administrativa, conforme precedentemente en este proceso lo estableció esta misma Sala en sentencia de fecha 23 de marzo de 2004, en la cual se aceptó la competencia para conocer de acuerdo con lo dispuesto en el ordinal 15 del artículo 42 de la entonces vigente Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, tomando como base el criterio del fuero público atrayente que conlleva, al estarse demandando un ente público, conocer igualmente de la acción que se ejerce contra una sociedad mercantil de carácter privado.
Ahora bien, como se observa, cuando esta Sala aceptó la competencia lo hizo con base a una norma contenida en una Ley que actualmente ha sido derogada por la novísima Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, publicada en la Gaceta Oficial N° 37.942 del 20 de mayo de 2004, siendo el caso que esta última en su artículo 5 estableció un nuevo régimen de competencias que, por incidir en el funcionamiento de esta Sala en el ejercicio de su labor jurisdiccional, exige al respecto una nueva evaluación en el presente caso, y a tal efecto se observa:
La novísima Ley del Tribunal Supremo de Justicia, en el numeral 24 de su artículo 5, establece:
Artículo 5. Es de la competencia del Tribunal Supremo de Justicia como más alto Tribunal de la República:
omissis
24. Conocer de las demandas que se propongan contra la República, los Estados, los Municipios, o algún Instituto Autónomo, ente público o empresa, en la cual la República ejerza un control decisivo y permanente, en cuanto a su dirección o administración se refiere, si su cuantía excede de setenta mil una unidades tributarias (70.001 U.T.)
Por su parte, el primer aparte del mismo artículo define que esa competencia corresponde a esta Sala Político Administrativa.
A la vista del trascrito numeral 24 del artículo 5 de la nueva Ley, y comparándolo con la disposición contenida en el ordinal 15 del artículo 42 de la derogada Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, traslucen dos importantes novedades, cuales son, por una parte que se incorpora como competencia de esta Sala Político Administrativa conocer de las demandas que se interpongan contra los Estados y los Municipios, así como contra cualquier ente público en el cual la República ejerza un control decisivo y permanente en su dirección o administración (competencia ésta en adición a la que ya tenía esta Sala, conforme a la ley derogada y que se mantiene en la nueva ley, respecto de las demandas contra la República, los Institutos Autónomos y las empresas en las cuales el Estado tenga participación decisiva), y por la otra, que ahora el cálculo para definir la cuantía para dicho conocimiento se efectúa con base a unidades tributarias y, en tal contexto, concretamente la mencionada competencia se circunscribe a las demandas cuya cuantía sea superior a setenta mil una unidades tributarias (70.001 U.T.), es decir, en la actualidad equivalentes a un mil setecientos veintinueve millones veinticuatro mil setecientos bolívares (Bs. 1.729.024.700,oo), a diferencia de lo establecido en la derogada ley que refería a las demandas cuya cuantía era superior a cinco millos de bolívares (Bs. 5.000.000,oo).
Esta última particularidad, es decir, la relativa a la cuantía, tiene especial significación en el caso de autos, en tanto que pudiera pensarse que como la cuantía de la presente demanda es por la cantidad de diez millones cuatrocientos setenta y cinco mil sesenta bolívares (Bs. 10.474.060,oo), esta Sala ya no sería competente para seguir conociendo de la misma.
Sin embargo, a los efectos evaluados se impone exaltar, que el artículo 2 de la Constitución consagra derechos y principios que resguardan los valores que deben imperar en la sociedad, entre ellos, el reconocimiento del Estado de Derecho y de Justicia, y bajo ese marco principista el artículo 26 eiusdem, precisa que toda persona tiene derecho a una tutela efectiva de sus derechos e intereses y que a tal fin el Estado garantizará una justicia expedita y sin dilaciones indebidas.
En armonía con los precedentes derechos y principios, observa la Sala que el Código de Procedimiento Civil en su artículo 3, aplicable al presente caso de conformidad con lo dispuesto en el artículo 19 de la novísima Ley que rige este Máximo Tribunal, establece: La jurisdicción y la competencia se determinan conforme a la situación de hecho existente para el momento de la presentación de la demanda, y no tienen efecto respecto de ellas los cambios posteriores de dicha situación, salvo que la ley disponga otra cosa.; es decir, la competencia se determina de acuerdo a la situación de hecho existente para el momento en que es presentada la demanda, pudiendo ser modificado posteriormente sólo por disposición de ley.
De tal manera que, si bien la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, como antes se expresó, modificó las competencias que habían sido atribuidas a esta Sala, no estableció ninguna norma que ordenase se desprendiera del conocimiento de aquellas causas que se encontraban en curso.
En el mismo sentido, conviene destacar la solución contenida en el Código Procesal Civil Modelo para Iberoamérica, elaborado por el Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal, Proyecto que dispone:
Artículo 12. (Aplicación de la norma procesal en el tiempo).
Las normas procesales son de aplicación inmediata y alcanzan a los procesos en trámite.
No obstante, no regirán para los recursos interpuestos ni en los casos en que se supriman instancias, ni para los trámites, diligencias o plazos que hubieren empezado a correr o tenido principio de ejecución antes de su entrada en vigor, los cuales se regirán por la norma precedente.
Asimismo, el Tribunal que esté conociendo en un asunto, continuará en el mismo hasta su terminación, aunque la nueva norma modifique las reglas de competencia.(Biblioteca de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, Serie Estudios, Caracas, 1994, pág. 93).
En atención de lo expuesto, esta Sala confirma su competencia para conocer del presente caso, por cuanto al momento de interposición de la acción, conforme al ordenamiento jurídico aplicable, así estaba definido; todo ello en resguardo del derecho a la defensa, la celeridad procesal y a la tutela judicial efectiva que deben imperar en el proceso judicial venezolano, dando así cumplimiento a los mencionados artículos 2 y 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Así se declara.
Así, determinada la competencia de esta Sala para conocer y decidir el caso, no puede afirmarse que se han planteado pretensiones incompatibles, toda vez que la pretensión en esta acción es una, vale decir, obtener el pago por un supuesto boleto ganador de un juego al azar, por lo que la demanda contra ambas personas no puede considerarse per se como pretensiones que se excluyan entre sí, o que sus procedimientos sean incompatibles, supuestos estos de la acumulación prohibida prevista en el artículo 78 eiusdem. En todo caso, los alegatos esgrimidos por los co-demandados referidos a que no puede demandarse solidariamente a la sociedad mercantil La Facultad Bar Restaurant, C.A., y al Instituto Nacional de Hipódromos, por cuanto en el contrato de concesión suscrito entre ellos nada se señala al respecto, van dirigidos más bien a obtener un pronunciamiento respecto del fondo del asunto, y por ende a la forma de cumplir la demanda, en el caso de que sea declarada con lugar. Por lo expuesto, esta Sala debe desestimar la cuestión previa opuesta en este sentido y así se decide.
Con relación a la cuestión previa contenida en el ordinal 6° del artículo 346 del Código de Procedimiento Civil, referida al defecto de forma de la demanda por no cumplir con el requisito previsto en el ordinal 5° del artículo 340 eiusdem, relativo a la debida relación de los hechos y los fundamentos de derecho en que se base la pretensión, con las pertinentes conclusiones, opuesta sólo por la representación de la sociedad mercantil La Facultad Bar Restaurant, C.A, observa la Sala que el fundamento de dicha cuestión previa, es en esencia el mismo expuesto para fundamentar la acumulación prohibida prevista en el artículo 78 eiusdem ya analizada supra, toda vez que se insiste en la supuesta inexistencia de la solidaridad entre los co-demandados y en la improcedencia de acumular dos pretensiones incompatibles; en consecuencia, verificado como ha sido por esta Sala que en el libelo de demanda se expuso la relación de los hechos y los fundamentos de derecho en que se base la pretensión, con las pertinentes conclusiones, resulta forzoso declarar sin lugar la cuestión previa opuesta por defecto de forma de la demanda, prevista en el ordinal 6º del artículo 346 eiusdem. Así se decide.
Finalmente, los co-demandados coinciden en alegar la cuestión previa contenida en el ordinal 8° del artículo 346 del Código de Procedimiento Civil, referida a la existencia de una cuestión prejudicial que deba resolverse en un proceso distinto. En tal sentido, afirman que cursa ante la Fiscalía del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, denuncia efectuada por la sociedad mercantil La Facultad Bar Restaurant, C.A., contenida en el expediente N° G-207.198, referida a los hechos ocurridos el 19 de mayo de 2002, los cuales pueden revestir carácter penal.
Por su parte, el apoderado judicial del actor, afirma que si bien es cierto que existe la mencionada denuncia por un supuesto fraude, la misma se encuentra en fase de investigación y hasta la presente fecha dicha investigación no ha proporcionado fundamento serio para que se enjuicie a (su) mandante.
Al respecto resulta necesario señalar, que la jurisprudencia de esta Sala ha exigido para que se verifique la cuestión previa de prejudicialidad, la concurrencia de los siguientes supuestos:
La existencia de una cuestión prejudicial pendiente, contenida en el ordinal 8° del artículo 346 del Código de Procedimiento Civil, exige lo siguiente:
a.- La existencia efectiva de una cuestión vinculada con la materia de la pretensión a ser debatida ante la jurisdicción civil.
b.- Que esa cuestión curse en un procedimiento distinto de aquel cual se ventilará dicha pretensión.
c.- Que la vinculación entre la cuestión planteada en el otro proceso y la pretensión reclamada en el presente proceso, influya de tal modo en la decisión de ésta, que sea necesario resolverla con carácter previo, a la sentencia del juez civil, sin posibilidad de desprenderse de aquella ... (Sentencia de esta Sala N° 456, caso Citicorp Internacional Trade Indemnity y otra del 13 de mayo de 1999).
En efecto, la existencia de los elementos antes indicados debe demostrarse, en el caso de la prejudicialidad y en criterio de esta Sala, a través de la prueba documental o la de informes.
En el caso bajo análisis, no encuentra la Sala, de la revisión de las actas que conforman el presente expediente, elemento alguno más que los alegatos de las partes, que le hagan deducir la existencia de un proceso judicial instaurado ante la jurisdicción penal que obligue a este sentenciador a declarar la existencia de una cuestión prejudicial que se esté tramitando.
En conclusión, afirma la Sala que no hay en autos prueba alguna de la existencia de otro proceso distinto que tenga influencia en el juicio en curso, motivo por el cual debe declararse sin lugar la cuestión previa de prejudicialidad opuesta por los co-demandados. Así se declara.
Finalmente, considera necesario la Sala hacer un llamado a las partes y a sus apoderados, para evitar el uso indebido de los medios de defensas, que por su exagerado formalismo tienden a retardar el curso normal del juicio, ello en atención a la aplicación concreta de los principios contenidos en el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, conforme a los cuales: El Estado garantizará una justicia gratuita, accesible, imparcial, idónea, transparente, autónoma, independiente, responsable, equitativa y expedita, sin dilaciones indebidas, sin formalismos o reposiciones inútiles; principios que obligan a realizar una nueva y progresiva interpretación de nuestro ordenamiento jurídico.
VII
DECISIÓN
Por las razones antes expuestas, esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara:
1.- IMPROCEDENTE la impugnación formulada por el apoderado judicial de la parte actora en fecha 17 de septiembre de 2003, contra el poder que acredita la representación de la abogada María José Rodríguez Márquez, apoderada judicial del Instituto Nacional de Hipódromos.
2.- SIN LUGAR las cuestiones previas opuestas por los co-demandados sociedad mercantil LA FACULTAD BAR RESTAURANT, C.A. y el INSTITUTO NACIONAL DE HIPÓDROMOS, en la demanda que por cumplimiento de contrato sigue en su contra el ciudadano BENNY DAVID FLORES RÍOS.
Publíquese, regístrese y notifíquese. Remítase el expediente al Juzgado de Sustanciación de la Sala, a los fines de que previa notificación de las partes, así como la del Procurador General de la República, fije la oportunidad para dar contestación a la demanda de conformidad con lo dispuesto el artículo 358 del Código de Procedimiento Civil. Cúmplase lo ordenado.
Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los veintisiete días del mes de mayo de dos mil cuatro 2004. Años: 194° de la Independencia y 145° de la Federación.
El Presidente,
LEVIS IGNACIO ZERPA
El Vicepresidente-Ponente,
HADEL MOSTAFÁ PAOLINI
La Magistrada,
YOLANDA JAIMES GUERRERO
La Secretaria,
ANAÍS MEJÍA CALZADILLA
Exp. Nº 2004-0087
En primero (01) de junio del año dos mil cuatro, se publicó y registró la anterior sentencia bajo el Nº 00546.
La Secretaria,
ANAIS MEJÍA CALZADILLA
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