Venley

Sentencia N.º 00546

Sentencia
N.º 00546
Fecha
18/04/2007
Sala
Político Administrativa
Expediente
2007-0237
Ponente
Yolanda Jaimes Guerrero
Procedimiento
Consulta de jurisdicción

MAGISTRADA PONENTE: YOLANDA JAIMES GUERRERO

EXP. Nº 2007-0237

 

El Juzgado Tercero de Primera Instancia de Juicio de la Coordinación Laboral de la Circunscripción Judicial del Estado Barinas, remitió a esta Sala Político-Administrativa, mediante Oficio Nº 32-2007, de fecha 9 de febrero de 2007, el expediente contentivo de la solicitud de calificación de despido, reenganche y pago de salarios caídos, ejercida por el ciudadano PEDRO ALEJANDRO RODRÍGUEZ DÍAZ, con cédula de identidad
N° 8.196.789, asistido por la abogada Mary Betsabé Leal, inscrita en el INPREABOGADO bajo el Nº 97.430, contra la sociedad mercantil PDVSA PETRÓLEO, S.A., inscrita en el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, en fecha 16 de noviembre de 1978, bajo el No. 26, Tomo 127-A Sgdo.; cuyo documento Constitutivo-Estatutario ha sido objeto de varias reformas, estando la última de ellas registrada en el mencionado Registro Mercantil, en fecha 17 de junio de 2003, bajo el No. 11, Tomo 14-A, Sgdo.

Dicha remisión fue efectuada a los fines de que esta Sala se pronuncie acerca de la consulta de jurisdicción planteada por el mencionado juzgado, de conformidad con lo previsto en los artículos 59 y 62 del Código de Procedimiento Civil, en virtud de la sentencia de fecha 2 de febrero de 2007, mediante la cual declaró la falta de jurisdicción del órgano jurisdiccional  frente a la Administración Pública para conocer de la demanda incoada.

En fecha 7 de marzo de 2007, se dio cuenta en Sala y se designó ponente a la Magistrada YOLANDA JAIMES GUERRERO, a los fines de decidir la consulta de jurisdicción.         

Al respecto, la Sala observa:

I

ANTECEDENTES

En fecha 31 de enero de 2003, el ciudadano PEDRO ALEJANDRO RODRÍGUEZ DÍAZ, asistido por la abogada Mary Betsabe Leal, antes identificados, interpuso ante el Juzgado de Primera Instancia del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Barinas, solicitud de calificación de despido, reenganche y pago de salarios caídos, con ocasión de su despido efectuado en fecha 24 de enero de ese año.

Señala el actor, que comenzó a prestar servicios en la sociedad mercantil PDVSA PETRÓLEO, S.A., el 30 de octubre de 1989, ocupando para el momento de su despido el cargo de “Mentor de Proceso de Superficie e Infraestructura del Centro de Excelencia del Distrito Sur, Barinas”.

Alega que su despido fue injustificado en virtud de no haber incurrido en alguna de las causales previstas en el artículo 102 de la Ley Orgánica del Trabajo. Igualmente invocó lo dispuesto en los artículos 116 de la referida Ley, 32 del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de Hidrocarburos y solicitó la calificación del despido y el reenganche con el correspondiente pago de los salarios caídos.

El 6 de febrero de 2003, el referido juzgado admitió la solicitud, ordenando el emplazamiento de la parte demandada y la notificación de la Procuradora General de la República.

Mediante diligencia del 7 de febrero de 2003, la parte actora confirió poder apud acta a los abogados Juan Pedro Manrique López, Luis Manuel Spaziani Peñalver, Mary Betsabé Leal Molina, Carlos Miguel Ramírez Espinoza, Juan Carlos Montilla Michelena, Trina Goitía Díaz, Arturo Camejo López, Mary Grace Marinelli Devlin y Rosalía Cammarata, inscritos en el INPREABOGADO bajo los Nros. 31.249, 20.481, 97.430, 67.149, 66.699, 32.297, 25.544, 28.059 y 63.047, respectivamente.

Luego, en virtud de la entrada en vigencia de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, las actuaciones fueron remitidas al Juzgado Primero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución para el Régimen Procesal Transitorio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Barinas, el cual por auto de fecha 5 de mayo de 2005, se abocó al conocimiento de la causa, ordenó la notificación de las partes, así como de la ciudadana Procuradora General de la República, de conformidad con lo establecido en el artículo 94 de la ley que rige sus funciones y suspendió la causa por treinta días continuos. Asimismo, fijó la oportunidad para que tuviera lugar la audiencia preliminar.

En fecha 19 de septiembre de 2005, el Juzgado Primero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución para el Régimen Procesal Transitorio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Barinas, indicó: “…en vista de que se acuerda no dar despacho en los Tribunales de la República Bolivariana de Venezuela, en el período comprendido desde el 15 de agosto del 2005, hasta el 15 de septiembre de 2005, ambas fechas inclusive, los cuales no se computarán para ningún lapso procesal, es por lo cual se fija nueva oportunidad para la celebración de la audiencia preliminar…”.

Por auto de fecha 19 de enero de 2006, el Juzgado Tercero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución para el Régimen Procesal Transitorio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Barinas indicó: “Vista la resolución Nº 2005-00012, de fecha 20 de abril de 2005, emanada de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia (…) en la cual se resolvió suprimirle la función al Tribunal Cuarto de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Barinas y atribuirle funciones de Sustanciación, Mediación y Ejecución (…) es por lo que me avoco (sic) al conocimiento de la causa”.

Luego de haberse verificado en distintas oportunidades  la continuación de la audiencia preliminar, finalmente el 19 de enero de 2007, se dejó constancia de la imposibilidad de lograr la mediación en el presente caso y de la consignación que hicieren las partes de los escritos de promoción de pruebas. Asimismo, se dio por concluida la audiencia preliminar.

En fecha 24 de enero de 2007, la abogada María Alejandra Hung Zambrano, inscrita en el INPREABOGADO bajo el número 93.588, actuando con el carácter de apoderada judicial de la sociedad mercantil PDVSA PETRÓLEO, S.A., dio contestación a la demanda incoada.

Instruida la causa, la Coordinación Judicial del Régimen Procesal Transitorio, en fecha 31 de enero de 2007, asignó el expediente al Juzgado Tercero de Primera Instancia de Juicio de la Coordinación Laboral de la Circunscripción Judicial del Estado Barinas.

En fecha 2 de febrero de 2007, el mencionado juzgado declaró la falta de jurisdicción del órgano jurisdiccional frente a la Administración Pública para conocer de la demanda incoada, bajo el fundamento siguiente:

“…Observa este tribunal que del escrito de promoción de pruebas de la parte demandante  se desprende lo siguiente: Pido a este tribunal se sirva oficiar al…con la finalidad de que informen al tribunal sobre los reportes de novedades relacionadas con las manifestaciones de calle…frente al acceso a las instalaciones de la parte patronal (PDVSA). Tales alteraciones impidieron el acceso de mi mandante y de muchos otros a sus instalaciones…

…Ante tal situación, de que pudiera existir una suspensión de la relación de trabajo motivado a caso fortuito o fuerza mayor conforme a lo dispuesto en el literal h del artículo 94 de la Ley Orgánica del Trabajo, se produce como efecto inmediato una causal de inamovilidad laboral…

…en atención a lo antes expuesto este Juzgado (…) se declara sin jurisdicción para conocer y decidir el presente procedimiento…”.

 

II

         CONSIDERACIONES PARA DECIDIR      

Corresponde a esta Sala pronunciarse sobre la consulta de jurisdicción planteada por el Juzgado Tercero de Primera Instancia de Juicio de la Coordinación Laboral de la Circunscripción Judicial del Estado Barinas, el cual mediante decisión de fecha 2 de febrero de 2007, declaró la falta de jurisdicción del órgano jurisdiccional frente a la Administración Pública para conocer la solicitud de calificación de despido, reenganche y pago de salarios caídos, incoada por el ciudadano PEDRO ALEJANDRO RODRÍGUEZ DÍAZ.

Ahora bien, a fin de determinar si efectivamente corresponde a la Administración Pública el conocimiento de la solicitud incoada, observa la Sala que el artículo 187 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo consagra entre otras facultades, la que tiene el trabajador despedido de acudir ante el Juez de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Circuito Judicial del Trabajo, si considera que el despido no está fundamentado en algunas de las causas justificadas establecidas en la Ley para que el Juez de Juicio lo califique y en caso de constatar que el mismo se produjo sin causa legal que lo hiciere procedente, ordene su reenganche y pago de salarios caídos.

No obstante, en la Ley Orgánica del Trabajo se establecen situaciones en las cuales, vista la inamovilidad de que podría disfrutar en un momento determinado un trabajador, la calificación previa del despido le corresponde a las Inspectorías del Trabajo. Entre los trabajadores que para ser despedidos necesitan la calificación de despido previa por el ente administrativo figuran: a) la mujer en estado de gravidez; b) los trabajadores que gocen de fuero sindical; c) los trabajadores que tengan suspendida su relación laboral; y d) los que estén discutiendo convenciones colectivas. Adicionalmente a estos supuestos de inamovilidad que requieren la calificación de despido por ante el respectivo órgano administrativo, se agrega el caso de inamovilidad laboral cuando es decretada por el Ejecutivo Nacional en uso de las potestades que la Constitución y la ley le confieren.

En el presente caso, esta Sala observa que la representación judicial de la parte actora, mediante escrito contentivo de las pruebas promovidas, señaló:

“(…) promuevo la prueba de informes y al efecto pido a ese Tribunal se sirva oficiar al Destacamento o Comando de la Guardia Nacional con sede en esta ciudad de Barinas, a la Comandancia de Policía del Estado Barinas, a la Policía del Municipio Barinas del mismo Estado, a la Guarnición Militar de la misma jurisdicción territorial y al Cuerpo de Bomberos del Municipio Barinas, con la finalidad de que informen al tribunal sobre los reportes de novedades relacionadas con las manifestaciones de calle, hechos de alteración del orden público y emergencias suscitadas durante el mes de enero del año 2003, frente al acceso a las instalaciones o sede administrativa de la parte patronal (PDVSA) en Campo La Mesa de esta ciudad de Barinas. Tales alteraciones del orden público y la propia intervención de las fuerzas militares, policiales y de resguardo fueron capaces de impedir el acceso de mi mandante y de muchos otros trabajadores de la patronal a sus instalaciones (…). (Resaltado de la Sala).

Al respecto, los artículos 94 y 96 de la Ley Orgánica del Trabajo, establecen:

“Artículo 94. Serán causas de suspensión:

…omissis…

h) casos fortuito o de fuerza mayor que tengan como consecuencia necesaria, inmediata y directa, la suspensión temporal de las labores. 

Artículo 96. Pendiente la suspensión, el patrono no podrá despedir al trabajador afectado por ella, sin causa justificada debidamente comprobada mediante el procedimiento establecido en el Capítulo II del Título VII de esta Ley. Si por necesidades de la empresa tuviere que proveer su vacante temporalmente, el trabajador será reintegrado a su cargo al cesar la suspensión”.

 

            Establecido lo anterior y por cuanto de la revisión de las actas que conforman el expediente se observa que la parte actora alegó, que para el momento de su despido estaba impedido de tener acceso a su puesto de trabajo, es decir, que se encontraba ante un supuesto de suspensión de la relación laboral por fuerza mayor, circunstancia ésta que puede encuadrarse en la causal de suspensión de la relación laboral prevista en el artículo 94 literal  “h” de la Ley Orgánica del Trabajo, considera la Sala que corresponderá determinar, a la Inspectoría del Trabajo del Estado Barinas, si la parte accionante para el momento del despido se encontraba amparada por las referida causal. Así se decide.

            En consecuencia de lo anteriormente expuesto debe esta Sala declarar que el Poder Judicial no tiene jurisdicción para conocer de la solicitud de calificación de despido, reenganche y pago de salarios caídos incoada. Así se decide.

III

DECISIÓN

Atendiendo a los razonamientos antes señalados, esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara que el PODER JUDICIAL NO TIENE JURISDICCIÓN para conocer y decidir la solicitud de calificación de despido, reenganche y pago de los salarios caídos, incoada por el ciudadano PEDRO ALEJANDRO RODRÍGUEZ DÍAZ, contra la sociedad mercantil PDVSA PETRÓLEO, S.A.

En consecuencia, se confirma la decisión consultada de fecha 2 de febrero de 2007, dictada por el Juzgado Tercero de Primera Instancia de Juicio de la Coordinación Laboral de la Circunscripción Judicial del Estado Barinas.

Publíquese, regístrese y comuníquese. Devuélvase el expediente al juzgado de origen. Cúmplase lo ordenado.

Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los diecisiete (17) días del mes de abril del año dos mil siete (2007). Años 196º de la Independencia y 148º de la Federación.

 

La Presidenta

EVELYN MARRERO ORTÍZ

La Vicepresidenta - Ponente

 YOLANDA JAIMES GUERRERO

 

Los Magistrados,

LEVIS IGNACIO ZERPA                                             

 

HADEL MOSTAFÁ PAOLINI

 

EMIRO GARCÍA ROSAS

 

La Secretaria,

SOFÍA YAMILE GUZMÁN

En dieciocho (18) de abril del año dos mil siete, se publicó y registró la anterior sentencia bajo el Nº 00546

 

 

La Secretaria,

SOFÍA YAMILE GUZMÁN

 

 

 

 

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