Venley

Sentencia N.º 00548

Sentencia
N.º 00548
Fecha
30/04/2008
Sala
Político Administrativa
Expediente
2008-0199
Ponente
Emiro García Rosas
Procedimiento
Recurso de Nulidad

Magistrado Ponente: EMIRO GARCÍA ROSAS

Exp. Nº 2008-0199

 

            En fecha 11 de marzo de 2008 la abogada Carmen Alejandra Mata Mata, inscrita en el INPREABOGADO bajo el N° 50.512, con el carácter de apoderada judicial de la ciudadana MINERVA MARÍA GIOANNINI GIL, titular de la cédula de identidad N° 5.338.798, interpuso recurso contencioso administrativo de nulidad conjuntamente con pretensión de amparo constitucional cautelar, contra la decisión mediante la cual la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia decidió que “en efecto, la renuncia de la ciudadana Minerva Gioannini, al cargo de Defensora Pública se produjo en el momento mismo de su aceptación del cargo de Juez”.

El 12 de marzo de 2008 se dio cuenta en Sala y se designó ponente al Magistrado Emiro García Rosas, a los fines de decidir sobre la admisibilidad del recurso de nulidad y la pretensión cautelar de amparo constitucional.

Realizado el estudio del expediente, la Sala pasa a decidir, previas las siguientes consideraciones:

I

RECURSO DE NULIDAD

La representación judicial de la recurrente, para fundamentar su pretensión de nulidad, formuló los siguientes alegatos:

            Que su representada se dirigió en innumerables ocasiones verbalmente y por escrito “ante las autoridades que suponía podrían por vía administrativa solucionarle o recomponerle su situación legítima lesionada, llamados de los cuales sólo quedó de prueba en su totalidad dos documentos recibidos en la sede del Tribunal Supremo de Justicia, pero que podríamos suponer se justifica con el contenido de la certificación emitida por la ciudadana Secretaria de la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia, Dra. Olga María Dos Santos Pestana, (…); conformándose además una indefectible violación al Debido Proceso y al Derecho a la Defensa, previsto en nuestra Carta Fundamental en su artículo 49, pues ha sido conculcado en todos y cada uno de sus extremos legales; por cuando [su representada] nunca fue notificada de que su caso estaba siendo revisado o ventilado para que presentara sus alegatos de defensa; nunca fue oída en ninguna actuación del referido proceso, su caso fue juzgado sin garantías” (sic).

            Que las violaciones se sustentan en “el acto administrativo contentivo del acta de fecha 15 de julio de 2001, emanada de la Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial (sic)” en la que se señala que “la renuncia de la ciudadana Minerva Gioannini, al cargo de Defensora Pública se produjo en el momento mismo de su aceptación del cargo de Juez”.

 

            Que el 27 de diciembre de 1986 su representada fue nombrada por el Consejo de la Judicatura en el cargo de Defensora Pública, adscrito a la Unidad de Defensa Pública Penal del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas.

            Que el 24 de febrero de 2000 fue designada para desempeñar el cargo de Jueza de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, con el objeto de sustituir al abogado Pedro Osman Maldonado Vivas, según la Resolución N° 76 publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 5.447 Extraordinario, de fecha 15 de marzo de 2000.

            Que el 3 de marzo de 2000, su representada tomó “posesión del cargo para el cual había sido designada”.

            Que mediante oficio N° 0708 de fecha 17 de mayo de 2001, fue notificada de la orden de restitución del abogado Pedro Osman Maldonado Vivas, al cargo de jueza integrante de la Corte de Apelaciones de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana, según decisión adoptada por la Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial.

            Que los derechos constitucionales “y subjetivos adquiridos” por su representada fueron vulnerados por la Dirección Ejecutiva de la Magistratura al no restituirla en su antiguo cargo manteniéndole su situación jurídica “ajustada al respeto a su estabilidad y su continuidad administrativa”.

            Que fueron vulnerados “los extremos previstos en el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela” y los artículos 87 y 89 eiusdem “desde el instante en que ocurrió la restitución del Dr. Pedro Osman Maldonado Vivas, al cargo de Juez Superior de la Corte de Apelaciones, (…); y no haber regresado [su] representada a su cargo de origen -Defensa Pública Penal- que ostentaba en forma continua y sin interrupción alguna pasados catorce años, sin contar con la suplencia como Juez de la misma Corte de Apelaciones, la cual suma un año y tres meses, para un total de quince (15) años y tres (03) meses en la Administración de Justicia; a la par de haber dejado de percibir su salario como Defensora Pública desde el mes de Noviembre de 2001; se constituyó el cuerpo de la infracción legal, pues de acuerdo a los recibos de pago [su] patrocinada cobraba el sueldo correspondiente al de Defensora Pública Penal más la diferencia inherente al desempeño en las funciones del cargo de Juez Superior (Suplente)de la Corte de Apelaciones”.

            Que “una vez cumplida la suplencia; inmediatamente, regresaría a su cargo de origen, por la cual ingresó al Poder Judicial (sic)” pues el artículo 2 “de la Resolución N° 76 de fecha 24/02/2000, dicta a la letra: ‘La presente designación se hace con carácter de provisorio hasta tanto se provea el cargo con el Concurso Público de Oposición’”.

            Que en “la Constancia de Antecedentes de Servicios (FP-023), en cuyo punto 11 ‘Fundamento Legal’ de la Certificación de Antecedentes de Servicios,” se estableció que se produjo el “RETIRO POR HABER CESADO SUS FUNCIONES, EN VIRTUD DE LA REINCORPORACIÓN DEL JUEZ TITULAR DEL TRIBUNAL, QUIEN SE ENCONTRABA SUSPENDIDO DEL CARGO (sic)”. (Subrayado y mayúsculas del escrito).  

            Que la certificación (de cargos) de fecha 3 de abril de 1998 emanada del Consejo de la Judicatura “ilustra la situación de especies y su conocimiento (…) a la hora de decidir”.

            Que por constituir el trabajo un hecho social, no se le pueden desconocer quince (15) años de servicio, y la estabilidad absoluta como derecho de todo funcionario de conservar su puesto de trabajo.

            Que desde el momento en que su representada dejó de percibir su sueldo correspondiente al de Defensora Pública Penal, se violó el artículo 91 de  la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela “toda vez que no siguió cobrando ni le pagaron periódica y oportunamente, por un ilegal retiro administrativo en menoscabo de sus garantías”.

            Que el artículo 93 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece la estabilidad en el trabajo y que el “retiro” de su representada es un “despido no justificado o una destitución”, pues, en su decir, nunca renunció al cargo y ejerció el de Jueza de la Corte de Apelaciones  con el ánimo de volver al anterior (defensora pública), percibiendo en contraprestación una diferencia de sueldo, como se desprende de los recibos de pago consignados.

            Que no existió alguna de las causales de retiro previstas en la Ley de Carrera Administrativa, de aplicación supletoria a su caso, circunstancia que -en su decir- constituye “ilegalidad en el procedimiento llevado a cabo por la Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial y por ende, de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, a quien le corresponde administrativamente restituir a [su] representada, en el cargo de Defensora Pública Penal, que ostentaba y nunca dejó de ostentar, por cuanto siempre percibió su remuneración más su prima de antigüedad y demás acreencias, como Defensora Pública Penal, y cuando ocupó el cargo de Jueza de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, dada la transitoriedad del cargo, hasta tanto se proveyera sobre la sanción impuesta a su titular (…) cobraba la diferencia de sueldo, por concepto de ‘suplencia efectuada al ciudadano Pedro Osman Maldonado Vivas quien se desempeña como juez en la Sala N° 10 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas’”.

            Que le ha sido vulnerado el derecho al trabajo, en contravención a la Declaración de la Organización Internacional del Trabajo y de la Declaración de los Derechos Universales del Hombre y del Ciudadano.

            Que la Comisión Judicial consideró que su representada había violado el artículo 148 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, cuando en realidad ella había ejercido el cargo con carácter accidental, pues aunque “no diga por ninguna parte que se trata de una comisión de servicio, no quiere decir que no se cumpla, (…) [dado que] se le cancelaba periódicamente como una comisión de servicio de acuerdo con el artículo 74 de la Ley de Carrera Administrativa” es decir, la diferencia entre la remuneración de su cargo y la del cargo que va a suplir.

            Que los actos dictados con prescindencia total y absoluta de procedimiento son nulos, pues la Administración se rige por el principio de legalidad. Para fundamentar tales denuncias se extendió en consideraciones jurisprudenciales y doctrinarias, atinentes además a los supuestos de incompetencia y a los requisitos de los actos administrativos.

            Finalmente, solicitó la restitución de la situación jurídica de su representada, el reconocimiento de su estabilidad como Defensora Pública Penal y que le sean pagados los sueldos dejados de percibir desde el momento que fue excluida de la nómina.

II

PUNTO PREVIO

De acuerdo con la sentencia Nº 402 de fecha 4 de marzo de 2001, caso Marvin Enrique Sierra, esta Sala Político-Administrativa luego de concluir en la necesidad de reforzar la idea de una tutela judicial efectiva, consideró de obligada revisión el trámite que se le ha venido dando a la acción de amparo constitucional ejercida en forma conjunta con el recurso de nulidad de actos administrativos, dado que el procedimiento seguido al efecto se mostraba incompatible con la intención del Constituyente de 1999, orientada a la idea de lograr el restablecimiento de derechos de rango constitucional en la forma más expedita posible.

Atendiendo a tales consideraciones, al poder cautelar del Juez contencioso-administrativo y la celeridad e inmediatez necesarias para atacar la trasgresión de un derecho de naturaleza constitucional, estimó la Sala que en tanto se sancionara la nueva ley que regule lo relacionado con la interposición y tramitación de esta especial figura, era necesaria la inaplicación del trámite previsto en los artículos 23, 24 y 26 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, por considerarlos contrarios a los principios que informan la institución del amparo y decidió darle un tramite similar al seguido en los casos de otras medidas cautelares, por lo que una vez admitida la causa principal por la Sala, debe emitirse al mismo tiempo un pronunciamiento sobre la providencia cautelar de amparo solicitada, con prescindencia de cualquier otro aspecto, cumpliéndose así con el propósito previsto en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Concluyó así la Sala que en caso de ser acordada la medida cautelar de amparo, se abrirá cuaderno separado con el objeto de tramitar la oposición respectiva, remitiéndose éste seguidamente al Juzgado de Sustanciación conjuntamente con la pieza principal contentiva del recurso de nulidad, a fin de que se continúe la tramitación correspondiente.

Afirmó la Sala entonces y aquí lo ratifica, que la tramitación así seguida no reviste en modo alguno, violación del derecho a la defensa de la parte contra quien obra la medida, pues ésta podrá hacer la correspondiente oposición, una vez ejecutada la misma, siguiendo a tal efecto el procedimiento pautado en los artículos 602 y siguientes del Código de Procedimiento Civil; ello ante la ausencia de un iter indicado expresamente por la Ley, conforme a la previsión contenida en el primer aparte del artículo 19 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela; procediendo entonces este Máximo Tribunal, previo el examen de los alegatos y pruebas correspondientes, a la revocación o confirmación de la medida acordada como consecuencia de la solicitud de amparo cautelar.

III

COMPETENCIA DE LA SALA

Corresponde a esta Sala pronunciarse acerca de su competencia para conocer y decidir la pretensión de amparo constitucional, considerando que ha sido interpuesto en forma conjunta con el recurso de nulidad y, en consecuencia, habrá que determinar previamente el órgano jurisdiccional competente para conocer de la pretensión principal.

Por lo tanto pasa la Sala a establecer si le corresponde el conocimiento del recurso de autos, y a tal efecto observa que, según se desprende del contenido del libelo, la pretensión de nulidad se dirige contra el acto administrativo de efectos particulares, emanado de la Comisión Judicial, mediante el cual se consideró que la renuncia de la recurrente al cargo de Defensora Pública se había producido en el momento mismo de la aceptación del cargo de Jueza.

Con el objeto de determinar la competencia para conocer el asunto de autos se advierte, que con la creación de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, mediante la Normativa Sobre la Dirección, Gobierno y Administración del Poder Judicial, dictada por este Alto Tribunal y publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 37.014, de fecha 15 de agosto de 2000, cesó la Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial en las funciones que correspondían al extinto Consejo de la Judicatura en sus Salas Plena y Administrativa, y se creó la Comisión Judicial, según lo dispuesto en su artículo 2, como órgano del Tribunal Supremo de Justicia, para ejercer por delegación las funciones de control y supervisión de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura y las demás previstas en esa normativa.

De tal manera que este Máximo Tribunal le ha asignado a la Comisión Judicial la función de designar y remover jueces, pero siempre sujeta a la determinación de la Sala Plena. En efecto, esta Sala (vid. sentencia N° 01798 del 19 de octubre de 2004) señaló que la Comisión Judicial es “(…) la representación abreviada de la totalidad de los miembros que componen el Tribunal Supremo de Justicia, al punto que se encuentra integrada por un magistrado de cada una de las Salas”, legitimada “para actuar por delegación en las tareas que le sean asignadas por la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, dentro del amplio espectro que conlleva la dirección, gobierno y administración del Poder Judicial”, lo cual implica el ingreso y permanencia de los jueces.

Siendo la Comisión Judicial  una dependencia administrativa de este Tribunal Supremo de Justicia, es necesario atenerse a lo previsto en el numeral 31 del artículo 5 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con el primer aparte del mismo artículo, que atribuye la competencia a esta Sala Político-Administrativa, cuya disposición reza así:

“(…) 31. Declarar la nulidad, cuando sea procedente por razones de inconstitucionalidad o de ilegalidad, de los actos administrativos generales o individuales de los órganos que ejerzan el Poder Público de rango Nacional” (Negrillas de la Sala).

 

Con fundamento en la norma parcialmente transcrita, y en virtud de haberse interpuesto un recurso de nulidad contra un acto dictado por la Comisión Judicial, corresponde a esta Sala la competencia para conocer el presente asunto, y por ende, la pretensión de amparo constitucional. Así se decide.

IV

ADMISIÓN DEL RECURSO

Pasa la Sala a decidir provisoriamente sobre la admisibilidad de la acción principal de nulidad, a los solos fines de revisar la petición cautelar de amparo constitucional. A tal efecto debe examinar las causales de inadmisibilidad de los recursos de nulidad, previstas en el artículo 19, aparte 5 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, sin pronunciamiento alguno en relación con la caducidad de la acción, de conformidad con lo previsto en el parágrafo único del artículo 5 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, cuestión que será verificada al momento de la admisión definitiva que realice el Juzgado de Sustanciación.

Al respecto aprecia la Sala que en el presente caso no se verifica alguna de las restantes causales de inadmisibilidad, esto es: (i) no se advierte prohibición legal de admitir la acción propuesta, (ii) se desprende de autos el interés de la parte recurrente en la interposición del recurso, (iii) no se han acumulado acciones excluyentes, (iv) se ha acompañado la documentación necesaria a los fines de la admisión del recurso, y (v) no se aprecian en el escrito recursivo conceptos ofensivos, irrespetuosos o ininteligibles.

En consecuencia, ante la inexistencia de las causales de inadmisibilidad previstas en el indicado artículo 19, excepto la caducidad de la acción no examinada en el presente fallo, se admite el recurso de nulidad cuanto ha lugar en derecho. Así se declara.

V

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

            Admitido provisionalmente el recurso contencioso administrativo y con el propósito de evitar una lesión irreparable o de difícil reparación en el orden constitucional por la ejecución del acto recurrido que posteriormente deviniera en inconstitucional, que pudiera constituirse en atentado al derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, corresponde a la Sala pronunciarse acerca de la medida de amparo cautelar solicitada, y a tal efecto observa lo siguiente:

Debe verificar este Máximo Tribunal la existencia del fumus boni iuris, es decir, si de autos se desprende la presunción grave de violación o amenaza de violación del derecho o derechos constitucionales alegados como vulnerados, para lo cual es necesario no un simple alegato de perjuicio, sino la argumentación y la acreditación de hechos concretos de los cuales nazca la apariencia de las violaciones denunciadas.

En cuanto al periculum in mora, se reitera que en estos casos es determinable por la sola verificación del extremo anterior, pues la circunstancia de que exista una presunción grave de violación de un derecho de orden constitucional, o su limitación fuera de los parámetros permitidos en el Texto Fundamental, conduce a la convicción de que por la naturaleza de los intereses debatidos, debe preservarse in limine su ejercicio pleno, ante el riesgo inminente de causar un perjuicio irreparable en la definitiva a la parte que alega la violación.

Sobre esta base pasa la Sala a pronunciarse acerca del amparo constitucional cautelar interpuesto, y a tal efecto observa que de la lectura del escrito recursivo se desprende que el acto administrativo objeto de la pretensión de nulidad es la certificación  emitida por la abogada Olga Dos Santos, Secretaria para ese entonces de la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia, de la minuta de reunión celebrada por dicha Comisión el 15 de julio de 2002, cuyo texto es el que sigue:

“En el día de hoy, 15 de julio de dos mil dos se reunieron en el salón de sesiones de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, los Magistrados Iván Rincón Urdaneta, Juan Rafael Perdomo, Luis Enrique Martínez Hernández, Rafael Pérez Perdomo, miembros de la Comisión Judicial. Con la ausencia justificada de los Magistrados Carlos Oberto Vélez y Hadel Mostafá Paolini. Abierta la sesión procedieron los presentes al estudio de la agenda del día en el orden siguiente: (…Omissis…) Oficio N° 55 de fecha 3-7-2002, suscrito por el Dr. Rafael Ernesto Robersi Thomas, Director General de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, mediante el cual elevó a consideración de esta Comisión Judicial, informe elaborado por la Oficina de Asesoría Jurídica de esa Dirección Ejecutiva, relacionado con la situación laboral de la Dra. Minerva Gioannini, Defensora Pública Provisoria de la Unidad de Defensoría Pública Penal del Circuito Judicial de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. Analizado el caso en cuestión y, vista la decisión emanada de esta Comisión Judicial en fecha 1º de julio de 2002, en el recurso jerárquico interpuesto por la ciudadana Nancy Toyo Yanci, contra acto administrativo dictado por el Director del Sistema Autónomo de la Defensa Pública, (Exp. DJ-2002-003); se acordó aplicar al presente caso dicho criterio, entendiéndose que, en efecto, la renuncia de la ciudadana Minerva Gioannini, al cargo de Defensora Pública se produjo en el momento mismo de su aceptación del cargo de Juez (…Omissis…) (sic)”.

 

Denuncia la recurrente que la decisión de la Comisión Judicial vulneró la garantía del debido proceso y el derecho a la defensa, así como los derechos consagrados en los artículos 87 y 89 del texto constitucional,  porque “nunca fue notificada de que su caso estaba siendo revisado o ventilado para que presentara sus alegatos de defensa; nunca fue oída en ninguna actuación del referido proceso, [y que] fue juzgado sin garantías”, porque no fue restituida en su antiguo cargo de Defensora Pública Penal, vulnerándosele “su estabilidad y su continuidad administrativa”.

            Tal denuncia la fundamenta, entre otros aspectos, en el hecho de que “una vez cumplida la suplencia; inmediatamente, regresaría a su cargo de origen, por la cual ingresó al Poder Judicial (sic)” pues el artículo 2 “de la Resolución N° 76 de fecha 24/02/2000, dicta a la letra: ‘La presente designación se hace con carácter de provisorio hasta tanto se provea el cargo con el Concurso Público de Oposición’”.

Sobre la base de lo expuesto, pasa la Sala a analizar si la pretensión pudiera resultar favorable a la accionante, es decir, si se verifican en autos elementos que permitan constatar preliminarmente la presunción de buen derecho que se reclama, sin que el pronunciamiento que se emita al respeto implique adelantamiento de la decisión de fondo de la petición de nulidad que se ventila en el presente procedimiento.

En relación con el debido proceso es preciso destacar que el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece:

“El debido proceso se aplicará a todas las actuaciones judiciales y administrativas; en consecuencia: (…)

(…) 1. La defensa y la asistencia jurídicas son inviolables en todo estado y grado de la investigación y del proceso. Toda persona tiene derecho a ser notificada de los cargos por los cuales se le investiga, de acceder a las pruebas y de disponer del tiempo y de los medios adecuados para ejercer su defensa. Serán nulas las pruebas obtenidas mediante violación del debido proceso. Toda persona declarada culpable tiene derecho a recurrir del fallo, con las excepciones establecidas en esta Constitución y la ley. (…)

(…) 3. Toda persona tiene derecho a ser oída en cualquier clase de proceso, con las debidas garantías y dentro del plazo razonable determinado legalmente por un tribunal competente, independiente e imparcial establecido con anterioridad. Quien no hable castellano, o no pueda comunicarse de manera verbal, tiene derecho a un intérprete. (…)”

El precepto parcialmente transcrito prohíbe la actuación arbitraria de los órganos del poder público frente a los ciudadanos, en la  producción de sus actos y decisiones, en sede administrativa y jurisdiccional, para garantizar su necesaria participación en todas las fases del proceso.

El derecho a la defensa comprende el derecho a conocer los cargos objeto de investigación, formular alegatos, desplegar las defensas y excepciones frente a dichos cargos imputados, y a probar e informar, entre otros.

Advierte esta Sala, revisadas las documentales que cursan en autos, que la pretensión de la recurrente va dirigida a obtener la nulidad de un acto que no tiene contenido sancionatorio, pues por el contrario, fue dictado en ejercicio de las funciones propias de la Administración Judicial, como se constata en su contenido. Dicho acto administrativo se refiere a la situación en que se encontraba la recurrente para el momento en que aceptó el cargo de jueza provisoria, designada según Resolución N° 76 del 24 de febrero de 2000, dictada por la Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial.

De lo expuesto no puede considerarse como violatoria de derechos constitucionales la decisión de la Comisión Judicial, determinando que “la renuncia (…) al cargo de Defensora Pública (Penal) se produjo en el momento mismo de su aceptación del cargo de Juez”. En principio -sin entrar al fondo del asunto- no puede colegirse que al haber sido nombrada jueza, y debiendo  -en consecuencia- dejar el cargo de defensora pública penal, por el mero hecho de su cese en el ejercicio del cargo de jueza ello implicase conculcamiento de sus derechos a la defensa y al debido proceso.

            Por otra parte, alega la recurrente que cuando dejó de percibir su sueldo correspondiente al de Defensora Pública Penal, le fue conculcado lo dispuesto en el artículo 91 de  la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela “toda vez que no siguió cobrando ni le pagaron periódica y oportunamente, por un ilegal retiro administrativo en menoscabo de sus garantías”.

            En este particular advierte la Sala que, aparentemente, según afirma la accionante, la suspensión del sueldo a la que hace referencia fue consecuencia de la decisión administrativa recurrida. Al respecto, al menos preliminarmente, y sin que ello implique pronunciamiento acerca del fondo del asunto debatido, este Máximo Tribunal debe resaltar que el derecho a percibir emolumentos es consustancial con el efectivo ejercicio del cargo, salvo las situaciones administrativas previstas en la normativa aplicable.

De manera que no existiendo motivos para concluir que con el acto recurrido se hubieran vulnerado los derechos constitucionales denunciados por la accionante, tal acto mantiene su validez y eficacia y, por lo tanto, las actuaciones subsiguientes de la Administración Judicial efectuadas sobre esta base, siguen la misma suerte del acto administrativo en cuestión, es decir, son válidas hasta tanto sea declarado lo contrario, de ser el caso, en la oportunidad de decidir el fondo del asunto planteado.

En consecuencia, la Sala arriba a la misma conclusión en relación con esta denuncia y además advierte que, en todo caso, en el supuesto de que el recurso de nulidad fuere declarado con lugar, una de las consecuencias sería la orden de pagar los sueldos dejados de percibir, con lo cual la recurrente obtendría, con la sentencia definitiva, el total restablecimiento de la situación jurídica lesionada, incluyendo las indemnizaciones que resultaren procedentes, que ahora reclama le sean otorgadas por vía del amparo cautelar.

            Denunció igualmente la recurrente la violación del artículo 93 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que establece la estabilidad en el trabajo, y que el “retiro” es un “despido no justificado o una destitución”, pues nunca renunció a su cargo y ejerció el cargo de Jueza de la Corte de Apelaciones  con el ánimo de volver a su cargo de origen, percibiendo en contraprestación una diferencia de sueldo, como, según dice, se desprende de los recibos de pago consignados.

            Cabe destacar, en cuanto a esta denuncia, que para analizar si le fue vulnerado el derecho a la estabilidad en el ejercicio del cargo, esta Sala tendría que penetrar en la revisión de normas legales y en la verificación de las distintas situaciones administrativas de la recurrente como Defensora Pública y como Jueza Provisoria, análisis que no corresponde efectuar en fase constitucional cautelar, quedando reservada para cuando se decida el fondo del recurso planteado, de ser el caso, pues al juez constitucional le está vedado pronunciarse acerca de aspectos referidos a la mera legalidad del acto administrativo recurrido. Así se decide.

            Por otra parte, alegó la recurrente la violación de los derechos consagrados en los artículos 87 y 89 del texto constitucional, que se refieren al derecho al trabajo como hecho social protegido por el Estado.

En este particular la Sala advierte que la doctrina ha sido constante al establecer que este derecho no es absoluto, pues se encuentra sometido a limitaciones legales que en modo alguno pueden calificarse como causas de violación o impeditivas de su libre ejercicio. Por lo tanto, siendo que la violación a este derecho la fundamenta la recurrente en el hecho de que la Administración Judicial consideró que la aceptación del cargo de jueza provisoria había implicado la renuncia de aquél que ejercía como defensora pública, y que consta en autos que la recurrente se desempeñó como jueza provisoria, estima este Máximo Tribunal que las consecuencias jurídicas administrativas aplicadas a la recurrente y aceptadas por ella (mejorándole su sueldo), en modo alguno pueden derivar en violación de sus propios derechos, por el hecho de que tuviera que dejar un cargo para ocuparse del que más le interesaba, y por el que optó libremente. En consecuencia, es improcedente la estudiada denuncia constitucional. Así se declara.

De conformidad con lo antes expuesto, no habiendo sido constatada  por esta Sala la presunción de buen derecho alegada, se desestima por infundada la denuncia de violación de derechos constitucionales formulada por la recurrente; declaratoria que hace innecesario estudiar el peligro en la demora. En consecuencia, se declara improcedente la medida de amparo cautelar solicitada.

Finalmente se advierte, que mediante sentencia No. 2545 del 15 de noviembre de 2006, la Sala declaró la perención de la instancia en el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto por la recurrente contra el mismo acto objeto de esta decisión, razón por la cual volvió a incoar su recurso.

VI

DECISIÓN

De conformidad con los razonamientos expuestos, esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara:

1.- Su COMPETENCIA para conocer y decidir el recurso de nulidad interpuesto conjuntamente con pretensión cautelar de amparo constitucional contra la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia.

2.- ADMITE, a los solos efectos de su trámite y verificación por parte del Juzgado de Sustanciación de la Sala, en lo atinente a la caducidad de la acción, el recurso de nulidad interpuesto por la ciudadana MINERVA MARÍA GIOANNINI GIL, contra la decisión mediante la cual la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia decidió que “en efecto, [la renuncia] al cargo de Defensora Pública se produjo en el momento mismo de su aceptación del cargo de Juez”. De ser procedente su admisión, el Juzgado de Sustanciación ordenará la continuación del proceso, con la práctica de las modificaciones de ley y la publicación del cartel de emplazamiento, de conformidad con lo previsto en el artículo 5, aparte 11 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela.

3.- IMPROCEDENTE la medida de amparo constitucional cautelar solicitada.

Publíquese, regístrese, notifíquese. Remítase el expediente al Juzgado de Sustanciación, a los fines de que se pronuncie acerca de la admisibilidad del recurso interpuesto. Cúmplase lo ordenado.

Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los veintinueve (29) días del mes de abril del año dos mil ocho (2008). Años 198º de la Independencia y 149º de la Federación.  

La Presidenta

EVELYN MARRERO ORTÍZ

La Vicepresidenta

YOLANDA JAIMES GUERRERO

 

Los Magistrados,

LEVIS IGNACIO ZERPA

 

HADEL MOSTAFÁ PAOLINI

 

EMIRO GARCÍA ROSAS

Ponente

 

La Secretaria,

SOFÍA YAMILE GUZMÁN

 

En treinta (30) de abril  del año dos mil ocho, se publicó y registró la anterior sentencia bajo el Nº 00548, la cual no esta firmada por el Magistrado Hadel Mostafá Paolini, por no estar presente en la discusión por motivos justificados.

 

La Secretaria,

SOFÍA YAMILE GUZMÁN

 

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