Venley

Sentencia N.º 00553

Sentencia
N.º 00553
Fecha
18/04/2007
Sala
Político Administrativa
Expediente
2004-1035
Ponente
Hadel Mostafá Paolini
Procedimiento
Recurso de Nulidad

MAGISTRADO PONENTE HADEL MOSTAFÁ PAOLINI

EXP. Nº 2004-1035

 

Mediante escrito presentado el 12 de agosto de 2004, los abogados Gerardo Fernández y Víctor Robayo de la Rosa, inscritos en el INPREABOGADO bajo los números 20.802 y 70.933, respectivamente, actuando con el carácter de apoderados judiciales de la sociedad mercantil BANCO DE VENEZUELA, S.A., BANCO UNIVERSAL, domiciliada en Caracas, constituida originalmente ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil del Distrito Federal, en el Tercer Trimestre de 1890, bajo el N° 33, folio 36 vuelto, del Libro Protocolo Duplicado, inscrita en el Registro de Comercio del Distrito Federal, el día 2 de septiembre de 1890, bajo el N° 56, modificados sus estatutos sociales en diversas oportunidades, siendo su última reforma la que consta en asiento inscrito en el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda, el 17 de mayo de 2002, bajo el N° 22, Tomo 70-A-Segundo, interpusieron ante esta Sala Político-Administrativa recurso contencioso administrativo de nulidad contra la Resolución N° 053 dictada por el MINISTRO DE LA PRODUCCIÓN Y EL COMERCIO (ahora Ministro del Poder Popular para las Industrias Ligeras y Comercio), en fecha 18 de febrero de 2004, notificada el 27 del mismo mes y año, que ratificó el acto administrativo dictado por el Presidente del Instituto para la Defensa y Educación del Consumidor y del Usuario (INDECU), en fecha 28 de abril de 2002, mediante el cual se sancionó a la entidad bancaria a pagar una multa por la cantidad de cinco millones doscientos ochenta mil bolívares (Bs. 5.280.000,oo), por haber infringido lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley de Protección al Consumidor y al Usuario, aplicable ratione temporis.

En fecha 17 de agosto de 2004, se dio cuenta en la Sala y de conformidad con el artículo 21 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, se ordenó oficiar al Ministerio de la Producción y el Comercio (actualmente Ministerio del Poder Popular para las Industrias Ligeras y Comercio), solicitando la remisión del expediente administrativo correspondiente.

Por diligencia del 14 de octubre de 2004, el abogado Víctor Robayo de la Rosa, actuando con el carácter de apoderado judicial de la parte actora, solicitó el pase del expediente al Juzgado de Sustanciación a los fines del pronunciamiento sobre la admisibilidad del recurso.

El 19 de octubre de 2004, se acordó lo solicitado y el 25 del mismo mes y año, se pasó el expediente al  Juzgado de Sustanciación.

En fecha 4 de noviembre de 2004, el referido Juzgado admitió el recurso interpuesto cuanto ha lugar en derecho, ordenando, de conformidad con el aparte 11 del artículo 21 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, la notificación mediante oficio del Fiscal General de la República, de la Procuradora General de la República y del Ministro de la Producción y el Comercio, así como la citación de la ciudadana Yulitzy María Millán, quien fue parte en el procedimiento administrativo que dio origen a la presente solicitud.

Asimismo, en dicho auto se ordenó expedir el cartel a que hace referencia el aparte 11 del artículo 21 eiusdem, y solicitar de conformidad con el aparte 10 del mencionado artículo, el expediente administrativo relacionado con este juicio.

Mediante diligencia presentada el 18 de noviembre de 2004, el abogado Víctor Robayo de la Rosa, actuando en representación de la parte recurrente, solicitó se “abandone” el criterio de gestionar la citación personal de la ciudadana Yulitzy María Millán, y se realice conforme a lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia  de la República Bolivariana de Venezuela.

El 18 de enero de 2005, se ordenó formar pieza separada con el expediente administrativo recibido.

El 1° de febrero de 2005 el Alguacil del Juzgado de Sustanciación consignó recibo de notificación dirigido al Ministro de la Producción y el Comercio y el 16 del mismo mes y año, los recibos dirigidos tanto a la Procuradora General de la República como al Fiscal General de la República.

El 31 de mayo de 2005, el Alguacil consignó el recibo de la citación efectuada a la ciudadana Yulitzy  María Millán.

El 8 de marzo de 2006, se libró el cartel de emplazamiento a los interesados, el cual fue retirado por la parte actora el 16 de marzo de 2006, siendo consignada su respectiva publicación por la abogada María Giovanna Mascetti, inscrita en el INPREABOGADO bajo el N° 77.469, el 23 del mismo mes y año.

Por autos de fechas 2 y 3 de mayo de 2006, se reservaron hasta el día siguiente al vencimiento del lapso de promoción de pruebas, los escritos presentados por el apoderado judicial del Banco de Venezuela, S.A., y la representante de la Procuraduría General de la República, respectivamente.

Vencido el lapso de promoción de pruebas, por autos del 17 de mayo de 2006, el Juzgado de Sustanciación, admitió cuanto ha lugar en derecho las documentales promovidas por la parte actora, las cuales se contraen a reproducir el mérito favorable de los autos, así como las promovidas por la representante de la Procuraduría General de la República. En el auto de admisión de las pruebas promovidas por la Procuradora General de la República, se ordenó notificar a ésta a tenor de lo dispuesto en el artículo 84 del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.

El 20 de junio de 2006, el Alguacil del Juzgado de Sustanciación dejó constancia de haber practicado el día 9 del mismo mes y año, la notificación de la Procuradora General de la República.

En la misma fecha, concluida la sustanciación de la causa se pasó el expediente a la Sala.

Por auto del 29 de junio de 2006, se dejó constancia que el 17 de enero de 2005, se incorporaron a esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, los Magistrados Emiro García Rosas y Evelyn Marrero Ortíz, designados por la Asamblea Nacional el 13 de diciembre de 2004, eligiéndose en fecha 02 de febrero de 2005, la Junta Directiva del Tribunal Supremo de Justicia, quedando conformada la Sala Político-Administrativa de la siguiente forma: Presidenta, Magistrada Evelyn Marrero Ortíz; Vicepresidenta, Magistrada Yolanda Jaimes Guerrero; Magistrados Levis Ignacio Zerpa, Hadel Mostafá Paolini y Emiro García Rosas.

En fecha 29 de junio de 2006, se dio cuenta en la Sala, se designó Ponente al Magistrado Hadel Mostafá Paolini y se fijó el tercer día de despacho para comenzar la relación.

El 11 de julio de 2006, comenzó la relación de la causa y el 2 de agosto de ese mismo año, se difirió el acto de informes para el día 2 de noviembre de 2006, el cual a su vez se difirió para el 9 del mismo mes y año.

En la oportunidad fijada para el acto de informes, comparecieron la parte recurrente y la representante de la Procuraduría General de la República y expusieron sus argumentos orales, posteriormente consignaron en la Secretaría de la Sala sendos escritos de conclusiones.

El 9 de noviembre de 2006, la abogada Eira María Torres Castro, inscrita en el INPREABOGADO bajo el N° 39.288, actuando con el carácter de Suplente Especial  de la Fiscalía Primera del Ministerio Público ante el Tribunal Supremo de Justicia en Sala Plena y ante las Salas Constitucional, Político-Administrativa y Electoral, consignó opinión del Ministerio Público, respecto al presente proceso.

En fecha 11 de enero de 2007, terminada la relación de la causa, se dijo “Vistos”.

Luego, el 7 de febrero de 2007, se eligió la Junta Directiva de esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, quedando conformada de la siguiente manera: Presidenta, Magistrada Evelyn Marrero Ortíz; Vicepresidenta, Magistrada Yolanda Jaimes Guerrero; y Magistrados Levis Ignacio Zerpa, Hadel Mostafá Paolini y Emiro García Rosas.

Realizado el estudio de las actas que conforman el presente expediente, pasa la Sala a decidir con fundamento en las siguientes consideraciones:

I

DEL RECURSO DE NULIDAD

Los apoderados judiciales de la parte recurrente solicitan se declare con lugar el recurso de nulidad ejercido contra la Resolución N° 053 dictada por el Ministro de la Producción y el Comercio (ahora Ministro del Poder Popular para las Industrias Ligeras y Comercio) en fecha 18 de febrero de 2004, notificada al Banco de Venezuela, S.A., Banco Universal, el 27 del mismo mes y año, mediante la cual se confirma la multa impuesta por la cantidad de cinco millones doscientos ochenta mil bolívares (Bs. 5.280.000,00), dictada por el Presidente del Instituto para la Defensa y Educación del Consumidor y del Usuario (INDECU) en fecha 28 de abril de 2002 y, en consecuencia, se anule la citada multa por estar viciada de nulidad absoluta de conformidad con lo dispuesto en los numerales 1, 3 y 4 del artículo 19 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. Como fundamento del recurso interpuesto esgrimieron los alegatos de hecho y de derecho que a continuación se exponen:

Que con ocasión a una supuesta denuncia formulada por la ciudadana Yulitza María Millán ante el INDECU, en fecha 21 de junio de 2000, en la que afirmó que “le fueron sustraídos Bs. 265.549,81 a través de telecajero”, su representada fue sometida a un procedimiento sancionatorio.

Narran que luego de la notificación del inicio del procedimiento, la institución bancaria que representan consignó escrito de defensas y las pruebas a través de las cuales fundamentaron la desestimación del reclamo presentado por la denunciante.

Concluido el procedimiento sin haberse logrado la conciliación de las partes, el 28 de abril de 2002 el Presidente del Instituto para la Defensa y Educación del Consumidor y del Usuario (INDECU), sancionó a su representada con multa por la cantidad de cinco millones doscientos ochenta mil bolívares (Bs. 5.280.000,00), por haber transgredido el artículo 15 de la ley que rige la materia.

Afirman que contra la mencionada decisión interpusieron recurso de reconsideración ante el Presidente del INDECU el cual fue declarado sin lugar mediante acto administrativo de fecha 9 de mayo de 2003.

Indican que el 26 de junio de 2003, ejercieron recurso “administrativo jerárquico contra el acto administrativo emanado de la Presidencia del INDECU”, el cual fue resuelto por el Consejo Directivo del INDECU en fecha 28 de julio de 2003, notificado el “28 de agosto de 2003” .

Que el 18 de septiembre de 2003, su representado ejerció recurso jerárquico impropio ante el Ministro de la Producción y el Comercio, quien mediante la Resolución impugnada, dictada el 18 de febrero de 2004, declaró sin lugar el recurso, ratificando el acto administrativo sancionatorio impuesto a su representada, decisión que señalan le fue notificada al Banco de Venezuela el  27 del mismo mes y año.

Afirman que el acto administrativo recurrido incurrió en el vicio de falso supuesto de hecho y de derecho, así como en la violación de los derechos constitucionales referidos a la defensa, al debido proceso y a la presunción de inocencia, los cuales describen de la siguiente forma:

1.- Denuncian que el Ministro de la Producción y el Comercio incurrió en el vicio de falso supuesto de hecho y, en consecuencia, violó el derecho a la defensa de su representada, por las siguientes razones:

a) Que el acto administrativo impugnado para fundamentar su decisión partió de la errada apreciación de los hechos contenidos en el expediente administrativo, pues “(…) consideró que aún cuando el Banco haya intervenido en el procedimiento administrativo respectivo, haya podido alegar y probar en su defensa y haya sido notificado de las distintas resoluciones dictadas por la administración, permitiéndosele impugnarlas en tiempo oportuno, era suficiente para desestimar la violación de los mencionados derechos fundamentales. Incluso consideró, que la violación al derecho a la defensa sólo podía ocurrir cuando el recurrente desconociere el procedimiento respectivo o se le impidiere intervenir en el mismo o se le prohibiere probar dentro de él o se omitiere su notificación”.

b) Que el Ministro de la Producción y el Comercio consideró que la denuncia de violación al derecho a la defensa y a ser notificados de los cargos que se le imputan, se refería a una falta de notificación, cuando lo cierto es que tal defensa se opuso porque la notificación fue defectuosa, al no haberse indicado los hechos por los cuales fue llamado a formar parte del procedimiento sancionatorio, situación que -según afirman- produjo igualmente la violación del derecho a la defensa de su representada.

c) Adicionalmente, denuncian la existencia del vicio de falso supuesto de hecho, el cual señalan se originó cuando el Ministro de la Producción y el Comercio estableció que el INDECU demostró la existencia de ilícitos administrativos, sin ser ello cierto.

Al respecto, indican que de conformidad con lo establecido en el artículo 129 de la Ley de Protección al Consumidor y al Usuario, el INDECU está obligado a ejecutar todas las actuaciones necesarias para comprobar la realidad de los hechos imputados antes de imponer las sanciones.

Así, denuncian que el Ministro de la Producción y el Comercio consideró probados adecuadamente los hechos que fundamentaron la decisión del INDECU, cuando dicho instituto “no ordenó, como al efecto prevén los artículos 127 y 129 de la Ley de Protección al Consumidor y al Usuario, la práctica de las actuaciones probatorias que considerara necesarias para el mejor conocimiento de los asuntos que debía decidir (…)”. (Resaltado del texto).

d) Por último, y relacionado también con el vicio de falso supuesto de hecho, señalan que el referido Ministro consideró erróneamente que en el caso concreto el procedimiento sancionatorio se inició mediante denuncia escrita, cuando lo cierto es que tal denuncia no existe, y ello puede apreciarse en el expediente administrativo correspondiente.

Afirman que en el presente caso, “(…) se evidencia el incumplimiento de todos los requisitos legales que debe contener el escrito de solicitud dirigido a la administración pública, debido a que la ciudadana Yulitza Millán  no presentó denuncia alguna”, agregando que “(…) en el supuesto negado de que pudiera admitirse que el formulario ‘Recepción de Servicios’ pueda tenerse como ‘solicitud escrita’, la misma continuaría siendo irregular”, pues en la misma se “(…) omiten los requisitos exigidos por el numeral 4° del artículo 49, a saber, los hechos, razones y pedimentos correspondientes, expresando con toda claridad la materia objeto de la solicitud.”

2.- De otro lugar, imputan al acto impugnado el vicio de falso supuesto de derecho, con fundamento en los siguientes argumentos:

a) Existió una errada interpretación del artículo 128 de la Ley de Protección al Consumidor y al Usuario, al considerarse en el acto recurrido que la notificación a que se refiere la mencionada norma se limita a llamar al notificado a comparecer por ante la Sala de Sustanciación, dentro de un lapso determinado para ejercer su defensa.

Sostienen que sin conocer los cargos o, al menos, los hechos, nadie puede ejercer propiamente su derecho a la defensa en un lapso de diez (10) días hábiles como lo establece la ley, por lo que consideran que el señalado artículo 128 de la Ley de Protección al Consumidor y al Usuario, en concordancia con los artículos 48 y 73 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, así como el artículo 49, numeral 1 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, “(…) obligan al INDECU a notificar los cargos que se imputan al investigado o, a todo evento, a contar los diez días que se otorgan para el ejercicio del derecho a la defensa, a partir del momento en que el investigado se imponga de los hechos que se le imputan. (…)”.

Asimismo, afirman que “(…) Otro error de derecho en el que incurrió el INDECU deriva de la interpretación del artículo 129 de la Ley de Protección al Consumidor y al Usuario. El autor del acto que se impugna, afirma que la carga probatoria le corresponde bajo ciertas premisas a la Administración Pública, pero que no obstante, en el caso que nos ocupa, la carga de la prueba le correspondía al Banco, ya que mal podía pretender que la Administración se convierta en juez y parte, por el sólo hecho de estarle atribuido en la Constitución y en la Ley que rige el procedimiento, la facultad y/o deber de llegar a la verdad de los hechos, para así derivar el derecho.”

b) Vinculado igualmente con el vicio de falso supuesto de derecho, denuncian que el Ministro de la Producción y el Comercio interpretó erradamente los artículos 15 y 95 de la Ley de Protección al Consumidor y al Usuario, toda vez que dichas normas establecen una obligación general para todos los proveedores de bienes y prestadores de servicios, esto es, respetar los términos, plazos, fechas, condiciones, modalidades, garantías, reservas o circunstancias ofrecidas o convenidas con los consumidores o usuarios. Añaden, que la misma norma señala que si el proveedor incumple con esa obligación general en un caso particular, el consumidor o usuario tiene derecho a desistir de la compra o de la contratación del servicio, quedando el proveedor obligado a reembolsarle el pago recibido.

Sostienen que, lo anteriormente expresado, constituye el principio que debe regir la interpretación de lo establecido en el artículo 95 de la Ley de Protección al Consumidor y al Usuario, por lo que “(…) la sanción allí establecida es aplicable a los proveedores de bienes o prestadores de servicios que incumplan la obligación general establecida en el artículo 15, es decir, la de respetar los términos, plazos, fechas, condiciones,  modalidades, garantías, reservas o circunstancias ofrecidas o convenidas con los consumidores o usuarios, de manera sistemática, por cuanto su incumplimiento en un caso particular produce otras consecuencias jurídicas.”

Aducen, que “(…) no se desprende que nuestro representado haya incumplido alguna de las obligaciones antes mencionadas en los términos del contrato de cuenta de ahorros suscrito ni en los términos y condiciones inherentes a la actividad que realiza como prestador de servicios de interés colectivo. De manera que, el supuesto de hecho del caso que nos ocupa, no se adecúa con lo prescrito en el citado artículo 15 de la Ley de Protección al Consumidor y al Usuario.”

Concluyen la anterior denuncia señalando que “(…) el hecho de que no haya sido satisfactoria la respuesta para el denunciante no significa que el Banco haya incumplido la obligación prevista en el artículo 15 de la Ley de Protección al Consumidor y al Usuario (…)”.

c) Expresan que el Ministro de la Producción y el Comercio incurrió en un falso supuesto de derecho al afirmar, con base en los artículos 1.354 del Código Civil y 506 del Código de Procedimiento Civil, que el Banco debía demostrar que la cantidad de dinero reclamada por el denunciante no fue debitada indebidamente de su cuenta.

Además, exponen que para el momento en que se inició el procedimiento administrativo sancionatorio y se dictó el acto administrativo que imponía la multa a su representado, no estaban vigentes las “Normas Relativas a la Protección de los Usuarios de los Servicios Financieros”, por lo que no podría el Ministro de la Producción y el Comercio sustentar el acto impugnado en tales normas, ni podía cuestionar su supuesto incumplimiento por parte del Banco.

3.- Denuncian también los vicios de inconstitucionalidad contenidos en el acto administrativo impugnado, a saber, violación del derecho a la defensa, debido proceso y a la presunción de inocencia, señalando para ello que:

a) El Ministro de la Producción y el Comercio incurrió en una flagrante violación del derecho a la defensa del Banco de Venezuela, al sancionar a dicha institución sin motivos ni base legal alguna que sirva de fundamento para dictar la multa que se impugna en el presente recurso.

Al respecto, señalan que prueba de lo anterior “lo constituye el Auto de Proceder y la Boleta de Citación, (…) mediante la cual se le informa a nuestro representado la apertura de la correspondiente averiguación administrativa; la formación, instrucción y sustanciación del expediente; asimismo, se le emplaza a comparecer en un lapso de 10 días hábiles para imponerlo de los hechos, rinda declaración y promueva sus pruebas con relación al procedimiento iniciado (…)”.

b) Alegan la violación del derecho a la presunción de inocencia de su representado, por cuanto tanto el Ministro de la Producción y el Comercio como el INDECU, al sancionar al Banco de Venezuela con fundamento en la llamada responsabilidad objetiva, infringieron el principio de legalidad administrativa que rige este tipo de procedimientos, según el cual, para aplicar una sanción previamente debe existir la certeza de la autoría de la infracción, lo cual -aducen- no fue determinado por el autor del acto que se impugna.

4.- En cuarto lugar, denuncian que se produjo la prescindencia total y absoluta del procedimiento legalmente establecido para dictar la multa impuesta al Banco de Venezuela, toda vez que el acto administrativo sancionatorio estuvo precedido de un procedimiento, pero no del establecido en la ley, por cuanto:

a) El Instituto para la Defensa y Educación del Consumidor y del Usuario inició una averiguación a raíz de la presentación de una solicitud de la parte afectada que no cumple con los requisitos legales de existencia y eficacia.

b) El procedimiento administrativo que dio lugar al acto que se impugna está viciado desde el inicio, pues su representado nunca fue notificado de los cargos que se le imputaban, violando de esta forma lo previsto en el artículo 128 de la Ley de Protección al Consumidor y al Usuario.

c) Tanto el INDECU como el Ministro de la Producción y el Comercio, incumplieron la obligación de realizar todas las actuaciones necesarias para el mejor conocimiento del asunto que debía ser decidido.

Fundamentan el anterior alegato, señalando que en el presente caso se “(…) hizo recaer en nuestro representado los efectos de la confesión ficta regulada en el Código de Procedimiento Civil, lo cual es absolutamente contrario a la ley”.

d) Por último, con relación a la denuncia de violación del procedimiento legal, advierten que el INDECU notificó al Síndico Procurador del Municipio Libertador, quien no tiene competencia alguna en lo que respecta a los procedimientos establecidos en la Ley de Protección al Consumidor y al Usuario.

Así, afirman que de acuerdo con la mencionada ley, “(…) en los municipios donde no funcionan oficinas del INDECU, el Alcalde o quien éste delegue, es la autoridad competente para conocer de la aplicación de la misma, hasta tanto dichas funciones sean asumidas por el Instituto. En estos supuestos, para comprobar las infracciones a la ley, ha de constituirse una Junta de Sustanciación, integrada por el Síndico Procurador Municipal, el Presidente de la Junta Parroquial de la localidad donde se cometió la infracción y el Presidente del Asociación de Consumidores y Usuarios, elegido por las directivas de las asociaciones que funcionen en dicha localidad. Esta Junta está presidida por el Síndico Procurador Municipal y tiene como función principal la sustanciación de las averiguaciones incoadas, en los mismos términos que la Sala de Sustanciación del INDECU”. (Resaltado del escrito recursivo).

Señalado lo anterior, aducen que estando ubicado el INDECU en el Municipio Libertador, no debió la Sala de Sustanciación considerar que el Alcalde sustituye al Presidente de dicho Instituto en su competencia sancionatoria, o que existe una Junta de Sustanciación en dicho Municipio. Agregan que “(…) no puede pretender el INDECU que la Sala de Sustanciación o la Junta de Sustanciación Municipal rindan el informe sobre el cual habrá de fundarse la decisión que tome el Presidente de dicho Instituto dentro de los veinte días siguientes a su notificación, si esa notificación tiene lugar antes de que el presunto infractor haya ejercido su derecho a la defensa o, de que hayan sido cumplidas todas las actuaciones probatorias necesarias para el mejor conocimiento del asunto.”

Finalizadas las denuncias, los apoderados judiciales del Banco de Venezuela, S.A. solicitaron se declare con lugar el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto.

II

ALEGATOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL

DE LA REPÚBLICA

            En el escrito contentivo de las conclusiones consignadas por la Procuraduría General de la República a través de sus representantes judiciales, éstas rechazaron las denuncias realizadas por la representación judicial de la recurrente, enfatizando principalmente la existencia de un procedimiento administrativo en el cual se le garantizó a la institución financiera su derecho a la defensa, en la oportunidad en que compareció al mismo. 

            Finalmente, solicitó sea declarado sin lugar el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto.

 

III

OPINIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO

La abogada Eira María Torres Castro, actuando con el carácter de Suplente Especial de la Fiscalía Primera del Ministerio Público ante el Tribunal Supremo de Justicia en Sala Plena y ante las Salas Constitucional, Político-Administrativa y Electoral, consignó la opinión del Ministerio Público en el presente caso, en los términos siguientes:

Con relación a la denuncia de ausencia absoluta del procedimiento legalmente establecido, así como el falso supuesto de derecho por la errada interpretación de los artículos 128 y 129 de la Ley de Protección al Consumidor y al Usuario y el falso supuesto de hecho en que supuestamente incurrió el Ministro de la Producción y el Comercio al considerar que no se le había violentado su derecho al debido proceso y a la defensa, indicó que tales alegatos debían ser desestimados, por cuanto el INDECU cumplió con el procedimiento y las potestades legalmente establecidas, agregando que “en ningún caso pueden considerarse violatorias del derecho a la defensa y al debido proceso del Banco de Venezuela, ya que con  ello sólo se hace del conocimiento del denunciado que se va a tramitar un procedimiento en su contra, y por otra parte, la apertura de la correspondiente averiguación administrativa ocurrida en fecha 17 de mayo de 2001, es posterior al agotamiento de la fase conciliatoria donde el recurrente pudo conocer los fundamentos de la denuncia de la ciudadana Yulitzy Millán…”.

En cuanto al alegato de falso supuesto de hecho y de derecho en que incurrió el INDECU al dar por ciertos los hechos contenidos en la denuncia, “sin valorar las pruebas que constan en el expediente y omitiendo la realización de las actividades necesarias para demostrar los hechos denunciados e imputados a su mandante”, con lo cual -agregó- se incurrió en una errada interpretación del artículo 129 de la Ley de Protección al Consumidor y al Usuario, así como la supuesta violación de la presunción de inocencia, manifestó que el INDECU analizó las pruebas cursantes en el expediente y las valoró de acuerdo con su criterio y que además dejó expresamente señalado “la falta de pruebas aportadas por el recurrente que desvirtuaran la reclamación formulada por el denunciante…”.

En lo que respecta al falso supuesto de hecho en que incurrió el INDECU “al considerar que  la Planilla de Recepción de Servicios cumple con los requisitos de una denuncia”, indicó que independientemente de las carencias que pudiera tener la planilla de recepción de servicios, “dicho mecanismo fue suficiente para hacer del conocimiento del INDECU la existencia de una posible irregularidad cometida por el Banco de Venezuela”, con lo cual solicita que dicho argumento sea desestimado.

Respecto al alegato de errada interpretación de los artículos 15 y 95 de la Ley de Protección al Consumidor y al Usuario, 1.354 del Código Civil y 506 del Código de Procedimiento Civil, acotó que el Banco no aportó ningún medio probatorio que desvirtuara el reclamo formulado por la denunciante, por lo que tal actuación encuadró en el supuesto contenido en el artículo 15 de la Ley de Protección al Consumidor y al Usuario en concordancia con el artículo 95 ejusdem. Respecto de los restantes artículos (1.354 del Código Civil y 506 del Código de Procedimiento Civil) señaló que “…quien quiera excusarse del cumplimiento de una obligación contractual” tiene la obligación  “de demostrar el pago o extinción de la misma, y por otra parte, las Normas Relativas a la Protección de los Usuarios de los Servicios Financieros, sólo sirvieron como elemento de interpretación para el Ministro de la Producción y el Comercio sin que pueda considerarse que su sola mención haya sido determinante…”.

Finalmente y en cuanto al alegato de ausencia total y absoluta del procedimiento legalmente establecido como consecuencia de la notificación del Síndico Procurador Municipal del Distrito Capital, manifestó que tal alegato debe desestimarse por cuanto dicho funcionario no emitió informe alguno que haya sido objeto de valoración por parte del INDECU a los fines de la imposición de la sanción.

Dicho lo anterior, en opinión del Ministerio Público el presente recurso de nulidad debe declararse sin lugar.

IV

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

            Efectuada la lectura del expediente y analizados los alegatos formulados por la parte recurrente y por la Procuraduría General de la República, así como la opinión presentada por la representación del Ministerio Público, corresponde a la Sala pronunciarse sobre el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto por los apoderados judiciales de la sociedad mercantil Banco de Venezuela, S.A. Banco Universal, contra la Resolución Nº 053 de fecha 18 de febrero de 2004, dictada por el entonces Ministro de la Producción y el Comercio, que declaró sin lugar el recurso jerárquico impropio interpuesto por la mencionada sociedad mercantil, contra el acto administrativo de fecha 28 de julio de 2003, emanado del Consejo Directivo del Instituto para la Defensa y Educación del Consumidor y del Usuario (INDECU), mediante la cual dicho órgano confirmó la decisión del Presidente del referido Instituto del 9 de mayo de 2003, que a su vez ratificó la decisión de ese despacho de fecha 28 de abril de 2002 que impuso multa a la recurrente por la suma de cinco millones doscientos ochenta mil bolívares (Bs. 5.280.000,00), por haber transgredido el artículo 15 de la Ley de Protección al Consumidor y al Usuario, vigente para esa fecha, publicada en la Gaceta Oficial Nº 4.898 Extraordinario del 17 de mayo de 1995, y a tal efecto observa:

1.- En primer lugar, debe la Sala analizar la denuncia del vicio de falso supuesto de hecho, articulada a la violación del derecho a la defensa, en los que afirma la representación judicial de la recurrente incurrió el Ministro de la Producción y el Comercio. Se alega el señalado vicio, argumentándose que la Administración partió de la errada apreciación de los hechos contenidos en el expediente administrativo, cuando consideró “(…) que aún cuando el Banco haya intervenido en el procedimiento administrativo respectivo, haya podido alegar y probar en su defensa y haya sido notificado de las distintas resoluciones dictadas por la administración, permitiéndosele impugnarlas en tiempo oportuno, era suficiente desestimar la violación de los mencionados derechos fundamentales. Incluso consideró, que la violación al derecho a la defensa sólo podía ocurrir cuando el recurrente desconociere el procedimiento respectivo o se le impidiere intervenir en el mismo o se le prohibiere probar dentro de él o se omitiere su notificación”.

Al respecto, señalan que la violación del derecho constitucional indicado tuvo lugar cuando la defensa ejercida por el Banco se vio limitada por “la ilegal actuación del INDECU (…)”, toda vez que se practicó una notificación defectuosa por incompleta, omitiendo la especificación de los cargos imputados y la normativa transgredida, lo cual -a su decir- restringió gravemente su defensa pues “es evidente que el Banco de Venezuela no fue oído y, en consecuencia, no obtuvo oportuna respuesta respecto de alegatos esenciales…”. (Resaltado del escrito recursivo).

Asimismo, afirman que el Ministro de la Producción y el Comercio incurrió en el señalado vicio cuando interpretó que el Banco de Venezuela, S.A. Banco Universal alegó “falta de notificación”, cuando lo cierto es que fue invocada la violación del derecho a la defensa y al debido proceso, al haber sido notificado en forma defectuosa, pues no se indicaron en el texto contentivo de la notificación de la apertura del procedimiento administrativo,  los hechos por los cuales se daba inicio a dicha averiguación.

Finalmente, indican que todo lo anterior demuestra que el Ministro de la Producción y el Comercio, al dejar sentado que la notificación realizada a su representado era válida y eficaz, vició al acto en su causa, pues partió de un hecho que es falso y que carece de respaldo probatorio en el expediente administrativo, situación que generó igualmente violación del derecho a la defensa del banco recurrente.

A objeto de analizar las anteriores denuncias, observa la Sala que de las actas procesales se desprende, que el Instituto para la Defensa y Educación del Consumidor y del Usuario (INDECU) dio inicio a un procedimiento administrativo con motivo de la denuncia signada con el Nro. 0332-00, interpuesta en fecha 21 de junio de 2000 por la ciudadana Yulitzy María Millán, titular de la cedula de identidad Nro. 12.221.143, contra el Banco de Venezuela, S.A. Banco Universal, por la sustracción de doscientos sesenta y cinco mil quinientos cuarenta y nueve bolívares con ochenta y un céntimos (Bs. 265.549,81) de su cuenta de ahorros N° 458-0048792.

Asimismo, la Sala constata que el mencionado procedimiento culminó con la decisión del Presidente del referido instituto de imponer multa a la entidad bancaria recurrente, por la cantidad de cinco millones doscientos ochenta mil bolívares (Bs. 5.280.000,00), al considerar que ésta infringió con su conducta lo previsto en el artículo 15 de la Ley de Protección al Consumidor y al Usuario de 1995 aplicable ratione temporis.

Ahora bien, aun cuando la notificación para comparecer a ser impuesto de los cargos, no incluyó información de los hechos que dieron origen a la apertura de éste, de la revisión del expediente administrativo (folios 11 al 14) se aprecia que la representación judicial de la recurrente consignó un escrito en el que solicitó que “luego de imponer a su representado de los hechos que fundamentan la denuncia incoada en su contra, declare iniciado el lapso de diez días hábiles” para ejercer el derecho a la defensa y promover pruebas, previsto en la Ley de Protección al Consumidor y al Usuario.

Igualmente, se desprende de las actas que conforman el expediente administrativo, que con posterioridad a dicho escrito, en forma extemporánea solicitó prórroga del lapso de diez (10) días hábiles previsto en el artículo 128 eiusdem.

Asimismo, mediante escrito consignado en fecha 22 de agosto de 2001, realizó peticiones de nulidad de las actuaciones realizadas, y solicitó, que de ser consideradas improcedentes tales peticiones, declarara sin lugar la denuncia formulada por la ciudadana Yulitzy María Millán, “(…) por cuanto no existe prueba de que mi representado haya incurrido en alguna falta que amerite la aplicación de alguna de las sanciones previstas en la Ley de Protección al Consumidor y al Usuario (…)”.

En las referidas actuaciones realizadas en sede administrativa, esa representación judicial no esgrimió argumentos de mérito ni aportó pruebas con relación a los hechos que ya para ese momento le habían sido formulados. Esto es, los apoderados judiciales de la recurrente se limitaron a realizar alegatos con relación a la no inclusión en la notificación, de los hechos que dieron origen a la apertura del procedimiento, sin esgrimir ningún argumento de mérito del asunto, dirigido a dilucidar la falsedad o no de la denuncia interpuesta.

Asimismo se constata que culminada la sustanciación, el Presidente del Instituto para la Defensa y Protección del Consumidor y del Usuario (INDECU), impuso multa a la recurrente por haber transgredido el artículo 15 de la Ley de Protección al Consumidor y al Usuario, decisión que le fue notificada, y contra la cual interpuso recurso de reconsideración.

El referido recurso fue declarado sin lugar por el Presidente del mencionado instituto, y contra dicho acto seguidamente fue ejercido recurso jerárquico ante el Consejo Directivo del INDECU.

Igualmente se observa, que el Consejo Directivo del Instituto para la Defensa y Protección del Consumidor y del Usuario (INDECU), declaró sin lugar el recurso jerárquico interpuesto y, una vez notificada la interesada de tal circunstancia, procedió a interponer el recurso correspondiente, esto es, el recurso jerárquico impropio ante el ciudadano Ministro de la Producción y el Comercio (actualmente Ministro del Poder Popular para las Industrias Ligeras y Comercio).

Como puede colegirse, la recurrente participó en el procedimiento administrativo que se le seguía, fue notificada de los actos administrativos dictados con ocasión de éste y finalmente tuvo oportunidad para ejercer en vía administrativa todos los recursos que prevé la ley; limitándose únicamente a invocar vicios en la práctica de la notificación de apertura del procedimiento administrativo y a alegar que la denuncia presentada por la ciudadana María Millán no debía ser considerada como tal, por no cumplir -a juicio de dichos apoderados- los requisitos previstos en la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.

Ahora bien, reiteradamente esta Sala ha señalado que en el marco de un procedimiento administrativo se produce la violación del derecho a la defensa cuando se haya impedido de manera absoluta, que los particulares, cuyos derechos e intereses puedan resultar afectados por un acto administrativo, pudieran haber participado en la formación del mismo.

Así, en el presente caso observa la Sala que aun cuando la notificación de la apertura del procedimiento administrativo se realizó en forma defectuosa, ésta cumplió el objetivo al cual estaba dirigida, pues la recurrente tuvo conocimiento de la existencia de éste, tuvo acceso al expediente, pudo exponer lo que consideró conveniente para la mejor defensa de sus derechos e hizo uso de todos los recursos administrativos que el ordenamiento jurídico pone a disposición del justiciable, siendo que -se insiste- la representación judicial del Banco de Venezuela, S.A. Banco Universal, únicamente se limitó a invocar argumentos relativos a la forma de la notificación de apertura del procedimiento administrativo, sin aportar en defensa de su representado, argumentos ni pruebas en descargo de los hechos que le fueron imputados.

Siendo ello así, esta Sala desestima el vicio de falso supuesto de hecho alegado. Así se decide. 

Alegan asimismo, que el acto impugnado incurrió en el vicio de falso supuesto de hecho, al afirmarse que se había demostrado la existencia de ilícitos administrativos, sin ser cierto, pues el INDECU estaba obligado a ejecutar todas las actuaciones necesarias para comprobar la realidad de los hechos, y sin embargo no señaló las pruebas utilizadas para sustentar el acto sancionador, omitiendo toda consideración sobre los hechos que quedaron fijados con tales pruebas.

Al respecto, esta Sala reitera lo que anteriormente ha establecido al efecto, señalándose así que el hecho que la Administración tenga potestad para indagar la verdad de los hechos, desplegando la actividad probatoria que considere adecuada, no implica que el administrado no tenga la carga de traer al expediente administrativo las pruebas que permitan evidenciar ante la Administración, la licitud de su actuación. (Vid. sentencias de esta Sala Nros. 2.110 y 2.127 ambas del 27 de septiembre de 2006).

En el caso de autos, tal y como ha sido señalado, los hechos se subsumen en la norma prevista en el artículo 15 de la Ley de Protección al Consumidor y al Usuario de 1995, el cual establece:

“Artículo 15. Todo proveedor de bienes o servicios estará obligado a respetar los términos, plazos, fechas, condiciones, modalidades, garantías, reservas o circunstancias, ofrecidas o convenidas con el consumidor o el usuario para la entrega del bien o la prestación del servicio. Si el proveedor incumpliere con las obligaciones antes mencionadas, el consumidor o usuario tendrá el derecho de desistir de la compra o de la contratación del servicio, quedando el proveedor obligado a reembolsarle el pago recibido.”

Así pues, con fundamento en el análisis efectuado precedentemente sobre el cumplimiento del procedimiento legalmente establecido, en el cual la parte recurrente no aportó ningún elemento probatorio que permitiera demostrar lo contrario a los hechos imputados por el INDECU, considera la Sala que no se verifica el vicio de falso supuesto invocado y tampoco existe violación del derecho a la defensa de la parte actora. Así se declara.

Finaliza la representación judicial de la recurrente las denuncias de falso supuesto de hecho, refiriéndose al “(…) falso supuesto de hecho en que incurrió el Consejo Directivo del INDECU al considerar que contra el Banco de Venezuela existía una denuncia, cuando lo cierto es que la actuación de la ciudadana Yulitza Millán no cumple con los requisitos de las denuncias (…)”  

Al respecto se observa que, según se evidencia de las actas procesales (folio 1 del expediente administrativo), en fecha 21 de junio de 2000, la ciudadana Yulitza María Millán llenó un formulario ante el Instituto para la Defensa y Educación del Consumidor y del Usuario, Estado “Nueva Esparta” en el que indicó brevemente el motivo de su denuncia.

De las referidas actas se desprende asimismo, que junto con el mencionado formulario  la denunciante anexó copia del reclamo efectuado ante el Banco de Venezuela, S.A. Banco Universal (folio 2 del expediente administrativo).

Ahora bien, la Ley de Protección al Consumidor y al Usuario de 1995, no determina los requisitos que debe cumplir la denuncia que se formule ante el Instituto para la Defensa y Protección del Consumidor y del Usuario (INDECU); sin embargo, ya reiteradamente la Sala ha señalado que ésta debe cumplir con unos requisitos mínimos, que permitan que se le dé curso; entre otros, la identificación del denunciante y del denunciado, así como una explicación breve del caso que dio origen a la denuncia.

Así, en el caso de autos, se observa que sí existió una denuncia, que a juicio del Presidente del mencionado instituto llenaba los requisitos mínimos para ser procesada ante esa instancia administrativa tales como: carta explicativa del problema planteado, identificación del denunciante y constancia del reclamo efectuado al proveedor del bien o del servicio, a la cual -debe destacarse- el Banco de Venezuela, S.A. Banco Universal no probó haber dado ninguna respuesta, por lo que se reitera el criterio sostenido por esta Sala con relación a este tema en sentencia N° 939 del 20 de abril de 2006, en la que se señaló lo siguiente:

“ (…) la inexistencia o posible deficiencia de la denuncia por la cual se inicie un procedimiento administrativo de naturaleza sancionatoria por la eventual violación de los derechos de los consumidores o usuarios -denuncia ésta para la cual la Ley de Protección al Consumidor y al Usuario aplicable al caso no exige requisitos específicos-, no es óbice para que el órgano administrativo ordene abrir dicho procedimiento, toda vez que el artículo 126 de la referida Ley dispone que el procedimiento se iniciará de oficio, bien sea por denuncia de la parte afectada en sus derechos o por iniciativa del propio Instituto para la Defensa y Educación del Consumidor y del Usuario (INDECU), en los casos en que existan elementos suficientes que le hagan presumir la comisión de tales ilícitos; por lo que el alegato formulado debe desestimarse (…).”

De manera que en atención a los argumentos expuestos así como al criterio jurisprudencial citado, estima la Sala que no existe el falso supuesto denunciado, por cuanto la solicitud presentada por la ciudadana Yulitza Millán cumplía con los requisitos mínimos para considerarse como una denuncia y que, además, el Instituto para la Defensa y Protección del Consumidor y del Usuario (INDECU), le dio a la misma el trámite que prevé la ley que regula al mencionado instituto, cumpliendo así con el procedimiento legalmente establecido, razón por la cual se desecha el alegato bajo análisis. Así se decide.

2.- Corresponde ahora a esta Sala entrar a analizar las denuncias de falso supuesto de derecho que han sido formuladas, por la representación judicial de la recurrente. Al respecto se observa:

Afirman los apoderados judiciales del Banco de Venezuela, S.A. Banco Universal, que el Ministro de la Producción y el Comercio incurrió en el vicio de falso supuesto de derecho al interpretar que el artículo 128 de la Ley de Protección al Consumidor y al Usuario, se limita a exigir la simple notificación del banco para comparecer ante la Sala de Sustanciación, dentro de un lapso determinado para ejercer su defensa, sin conocer los cargos o, al menos, los hechos imputados, cuando lo cierto es que dicha norma, en concordancia con los artículos 48 y 73 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, así como el artículo 49, numeral 1 de la Constitución, obligan al INDECU a notificar los cargos que se imputan al investigado o, a todo evento, a contar los diez días que se otorgan para el ejercicio del derecho a la defensa, a partir del momento en que el investigado se imponga de los hechos que se le imputan.

Asimismo, afirman que “(…) Otro error de derecho en el que incurrió el INDECU deriva de la interpretación del artículo 129 de la Ley de Protección al Consumidor y al Usuario. El autor del acto que se impugna, afirma que la carga probatoria le corresponde bajo ciertas premisas a la Administración Pública, pero que no obstante, en el caso que nos ocupa, la carga de la prueba le correspondía al Banco, ya que mal podía pretender que la Administración se convierta en juez y parte, por el sólo hecho de estarle atribuido en la Constitución y en la Ley que rige el procedimiento, la facultad y/o deber de llegar a la verdad de los hechos, para así derivar el derecho.”

Previo a cualquier pronunciamiento considera apropiado esta Sala señalar -como lo ha venido haciendo en  forma pacífica y reiterada-, que  el falso supuesto de derecho tiene lugar cuando la Administración se fundamenta en una norma que no es aplicable al caso concreto o cuando se le da un sentido que ésta no tiene.

Ahora bien, para analizar la denuncia en cuestión, resulta necesario revisar el contenido de las disposiciones que se citan como erróneamente aplicadas. Así, los citados artículos disponen textualmente:

“Artículo 128.- La Sala de Sustanciación notificará al presunto infractor para imponerlo de los hechos por los cuales se inicia el procedimiento y para que exponga sus pruebas y alegue sus razones en un lapso no mayor de diez (10) días hábiles, contado a partir de la fecha en que reciba la referida notificación, conforme lo prevé la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.

En los casos de especial complejidad, determinada por el Instituto para la Defensa y Educación del Consumidor y del Usuario (INDECU), éste podrá prorrogar por una sola vez y hasta por diez (10) días hábiles el lapso señalado en el párrafo anterior”.

 

“Artículo 129.- El Instituto para la Defensa y Educación del Consumidor y del Usuario (INDECU), cumplirá todas las actuaciones necesarias para el mejor conocimiento del asunto que deba decidir, siendo de su responsabilidad impulsar el procedimiento en todos sus trámites”.

 

De la revisión de los elementos que reposan en el expediente administrativo constata la Sala que en el caso de autos se cumplió a cabalidad con lo previsto en las citadas disposiciones legales. En efecto, el presunto infractor Banco de Venezuela, S.A. Banco Universal, fue notificado a objeto de que compareciera para imponerlo de los hechos, y aportara sus alegatos y pruebas, todo ello dentro del lapso de diez (10) días hábiles contados a partir de la fecha de su notificación.

Igualmente observa esta Sala que el Instituto para la Defensa y Protección del Consumidor y del Usuario (INDECU), dio el trámite y diligencia necesaria al mencionado caso, hasta llevarlo a su conclusión definitiva mediante decisión de fecha 28 de abril de 2002, emanada del Presidente de ese Instituto.  En atención a las consideraciones expuestas, no queda más que desechar la denuncia formulada por la actora en este sentido. Así se declara.

Denuncian los representantes judiciales de la recurrente la existencia del vicio de falso supuesto de derecho por errónea interpretación de los artículos 15 y 95 de la Ley de Protección al Consumidor y al Usuario.

Así, señalan que de acuerdo con las referidas disposiciones legales, las obligaciones que debe cumplir su representado consisten en respetar los términos, plazos, fechas, condiciones, modalidades, garantías o circunstancias convenidas con el denunciante en la prestación del servicio. Agregan que el origen de esas obligaciones deriva de las convenidas en el contrato de cuenta suscrito entre las partes, sosteniendo que “(…) Del expediente administrativo no se desprende que nuestro representado haya incumplido alguna de las obligaciones antes mencionadas en los términos del contrato de cuenta de ahorros suscrito ni en los términos y condiciones inherentes a la actividad que realiza como prestador de servicios de interés colectivo. De manera que, el supuesto de hecho del caso que nos ocupa, no se adecua con lo prescrito en el citado artículo 15 de la Ley de Protección al Consumidor y al Usuario”.

En cuanto al señalado alegato, se observa que las precitadas normas prevén: 

“Artículo 15. Todo proveedor de bienes o servicios estará obligado a respetar los términos, plazos, fechas, condiciones, modalidades, garantías, reservas o circunstancias, ofrecidas o convenidas con el consumidor o el usuario para la entrega del bien o la prestación del servicio. Si el proveedor incumpliere con las obligaciones antes mencionadas, el consumidor o usuario tendrá el derecho de desistir de la compra o de la contratación del servicio, quedando el proveedor obligado a reembolsarle el pago recibido”.

 

“Artículo 95. Los proveedores que no respeten las estipulaciones a que se refiere el Artículo 15 serán sancionados con multa, equivalente en bolívares, de veinte (20) a dos mil (2.000) días de salario mínimo urbano”.

 

De lo anterior se desprende que el referido artículo 15 establece una obligación genérica exigible a todo proveedor de bienes y servicios, que consiste en el respeto de los términos, plazos, condiciones, modalidades, garantías, reservas o circunstancias, ofrecidas o convenidas con el consumidor o el usuario.

Dicha obligación general se concreta a partir del momento en que el consumidor o usuario contrata con el proveedor de un bien o servicio, de manera que el incumplimiento de esas obligaciones estipuladas en el contrato, será sancionado con la multa prevista en el precitado en el artículo 95 eiusdem. 

Respecto a este punto, la Sala ha señalado:

 “(…) esta Sala observa que, (…) el artículo 15 de la Ley de Protección al Consumidor y al Usuario de 1995 establece una obligación genérica exigible a todo proveedor de bienes y servicios, que consiste en el respeto de los términos, plazos, condiciones, modalidades, garantías, reservas o circunstancias, ofrecidas o convenidas con el consumidor o el usuario.

Dicha obligación general se concreta a partir del momento en que el consumidor o usuario contrata con el proveedor de un bien o servicio, por lo que es el incumplimiento de la obligación estipulada en el contrato -y no la general-, como lo señalan los representantes de la recurrente, lo que se sancionará de conformidad con lo dispuesto por el aludido artículo 95 eiusdem (…)” (Vid. Sentencia N° 1.731 del 6 de julio de 2006).

 

En el presente caso, del análisis realizado por la Sala a las actas que conforman el expediente administrativo, se observa que el Instituto para la Defensa y Protección del Consumidor y del Usuario (INDECU), al momento de decidir el procedimiento administrativo, consideró que la recurrente incumplió con los deberes que establece el artículo 15 eiusdem, al no brindar al particular las garantías ofrecidas en la custodia del dinero puesto a su cargo. Así las cosas, esta Sala estima que el mencionado instituto empleó las normas que estaban vigentes y que eran perfectamente aplicables al caso de autos, interpretándolas adecuadamente, motivo por el cual debe necesariamente desestimarse la denuncia en este sentido.

Considera la Sala necesario ratificar una vez más que los bancos, y en este caso concreto, el Banco de Venezuela, S.A. Banco Universal, deben garantizar de manera efectiva la vigilancia del dinero y bienes que los clientes colocan bajo su custodia, así como los servicios adicionales que ofrecen para la movilización y uso del dinero confiado, es decir, cajeros automáticos, puntos de venta, consultas y transferencias telefónicas, así como las operaciones bancarias vía Internet; servicios en los que deben implementarse mecanismos de seguridad y control a prueba de errores, con la finalidad de proteger al cliente que deposita en el banco no sólo su dinero sino su confianza.

Por todo lo anteriormente expuesto, esta Sala desecha la denuncia de falso supuesto de derecho por errónea interpretación de los artículos 15 y 95 de la Ley de Protección al Consumidor y el Usuario aplicable ratione temporis. Así se declara.

También denuncian el falso supuesto de derecho al afirmar, con base en los artículos 1.354 del Código Civil y 506 del Código de Procedimiento Civil, que el Banco debía demostrar que la cantidad de dinero reclamada por el denunciante, no fue debitada indebidamente de su cuenta.

A los fines de resolver el anterior alegato, advierte la Sala que en el acto impugnado se indicó textualmente lo siguiente:

“Por consiguiente, los hechos denunciados han sido subsumidos en lo prescrito en la referida norma, de manera que una vez cumplidos los supuestos de hecho a que se refiere la norma transcrita y de conformidad con lo establecido en el artículo 95 de la misma Ley, el INSTITUTO PARA LA DEFENSA Y EDUCACIÓN DEL CONSUMIDOR Y EL USUARIO (INDECU), procedió a aplicar la sanción prevista en dicha norma, con lo cual se demuestra que la sanción impuesta al Banco de Venezuela se debió a hechos descritos como violatorios a la Ley en referencia. Por otra parte, el Artículo 1.354 del Código Civil, dispone: ‘Quien pida la ejecución de una obligación debe probarla, y quien pretenda que ha sido libertado de ella debe por su parte probar el pago  o el hecho que ha producido la extinción de su obligación’., (sic) y el artículo 506 del Código de Procedimiento Civil, dispone: ‘Las partes tienen la carga de probar sus respectivas afirmaciones de hecho. Quien pida la ejecución de una obligación debe probarla y quien pretenda que ha sido libertado de ella, debe por su parte probar el pago o el hecho extintivo de la obligación.’

Por lo tanto, es obligación del Banco de Venezuela demostrar que la cantidad de dinero reclamada por el denunciante, no fue debitada indebidamente de su cuenta, hechos éstos que nunca fueron probados por esta sociedad mercantil”.   

Con base en la afirmación contenida en el último párrafo trascrito, alega la recurrente la existencia de un falso supuesto por la errónea interpretación de los aludidos artículos, por cuanto los mismos, aduce, “…no establecen la carga de demostrar las negaciones de hecho que realicen las partes, sino las afirmaciones de hecho que esta (sic) plasmen en sus escritos…”.

Ahora bien, conforme se desprende de los documentos que cursan en el expediente administrativo, la sociedad mercantil Banco de Venezuela, S.A. Banco Universal sólo se limitó a invocar argumentos relativos a la forma de la notificación de apertura del procedimiento administrativo, sin aportar en defensa de su representado, argumentos ni pruebas en descargo de los hechos que le fueron imputados.

Tomando en consideración lo anterior, la Sala estima que la aseveración realizada por el Ministro de la Producción y el Comercio en el acto impugnado, pretendía indicar que correspondía al Banco probar que la cantidad de dinero reclamada por la denunciante no fue “debitada indebidamente”, es decir, que no se exigió la prueba de un hecho negativo absoluto indefinido en tiempo y espacio, sino que, por el contrario, el acto impugnado alude a la omisión de actividad probatoria por parte del Banco respecto al dinero sustraído de la cuenta de ahorros de la denunciante; por tal razón, estima la Sala que no se tergiversó el sentido del los artículos citados del Código de Procedimiento Civil y del Código Civil y que, por tanto, no existe el falso supuesto alegado por la recurrente. Así se decide.

Por otra parte, aducen los representantes de la recurrente que para el momento en que se inició el procedimiento administrativo sancionatorio y se impuso la multa cuestionada, no estaban vigentes las “Normas Relativas a la Protección de los Usuarios de los Servicios Financieros”, por lo que el Ministro de la Producción y el Comercio no podía sustentar el acto impugnado en tales normas.

Al respecto, observa la Sala que si bien el mencionado Ministro alude a la normativa indicada en el acto impugnado, dichas normas no constituyen el fundamento jurídico de la sanción impuesta a la recurrente, pues por el contrario son los artículos 15 y 95 de la Ley de Protección al Consumidor y al Usuario vigente para el momento en que ocurrieron los hechos, los que sirven de fundamento a la sanción que originalmente impuso el Presidente del INDECU y que, posteriormente, fue ratificada por el aludido Ministro en el acto que puso fin al procedimiento administrativo y cuya revisión es el objeto del presente proceso. Así las cosas, considera la Sala irrelevante el alegato bajo análisis, por cuanto las “Normas Relativas a la Protección de los Usuarios de los Servicios Financieros” sólo se mencionan en el acto recurrido, mas no constituyen la base legal de la decisión administrativa que se cuestiona. Así se declara.

3.- Desechadas las denuncias de falso supuesto de derecho, debe esta Sala entrar a analizar los vicios de inconstitucionalidad que alega la representación judicial de la recurrente, se encuentran contenidos en el acto administrativo impugnado.

Se alegó la violación del derecho a la defensa y al debido proceso, por cuanto se sancionó al Banco de Venezuela, por una parte, sin motivos ni base legal alguna que sirviera de fundamento para dictar la multa que se impugna en el presente recurso, y por la otra, toda vez que los cargos imputados fueron defectuosamente notificados.

Al respecto, considera esta Sala necesario dar por reproducido lo que se advirtió anteriormente con relación a la alegada notificación defectuosa. Así, aun cuando la notificación para comparecer a ser impuesto de los cargos no incluyó información de los hechos que dieron origen a la apertura de éste, de la revisión del expediente administrativo se aprecia que la representación judicial de la recurrente consignó un escrito en el que solicitó que luego de imponer a su representada de los hechos que fundamentaron la denuncia incoada en su contra, se declarara iniciado el lapso de diez (10) días hábiles para alegar lo que creyere conveniente y promoviera las pruebas pertinentes.

Igualmente, se desprende de las actas que conforman el expediente administrativo, que con posterioridad a dicho escrito, en forma extemporánea fue solicitada prórroga del lapso de diez (10) días hábiles previsto en el artículo 128 eiusdem (folio 29).

Asimismo, mediante escrito consignado en fecha 22 de agosto de 2001 (folio 33), se realizaron peticiones de nulidad de las actuaciones realizadas, y se solicitó que, de ser consideradas improcedentes tales peticiones, se declara sin lugar la denuncia formulada por la ciudadana Yulitzy María Millán.

En las referidas actuaciones realizadas en sede administrativa, esa representación judicial no esgrimió argumentos de mérito ni aportó pruebas con relación a los hechos que ya para ese momento le habían sido formulados, habiéndose limitado únicamente a realizar alegatos con relación a la no inclusión en la notificación, de los hechos que dieron origen a la apertura del procedimiento, sin esgrimir ningún argumento con relación al mérito del asunto, dirigido a dilucidar la falsedad o no de la denuncia interpuesta.

Por todo lo anteriormente expuesto, esta Sala desecha la denuncia de violación al derecho a la defensa y al debido proceso. Así se declara.

Por otra parte la recurrente denuncia la violación a su derecho de presunción de inocencia, la cual -de acuerdo con el entender de la representación judicial de la actora-, se produjo cuando “(…) tanto el Ministerio de la Producción y el Comercio como el INDECU, para sancionar a nuestro representado, se fundamentaron en la llamada responsabilidad objetiva, violando de esta forma lo que consagra el principio de legalidad administrativa que rige en este tipo de procedimientos, que consiste en que para aplicar una sanción, previamente debe existir la certeza de quien es el autor de la infracción (…)”. (Subrayado del escrito recursivo).

Al respecto agregan que correspondía al denunciante, al INDECU y al Ministro de la Producción y el Comercio, demostrar que el hecho denunciado existía en realidad y que es imputable al Banco de Venezuela, sin que pudiera imponérsele a éste la carga de probar tales hechos.

En el caso de autos, tal y como ha sido señalado, la institución bancaria fue notificada de la apertura del procedimiento administrativo, al cual compareció sin esgrimir alegatos de fondo o aportar pruebas contundentes tendientes a desvirtuar las imputaciones que se le hicieron, por lo que en consecuencia, estima esta Sala que no se vulneró la presunción de inocencia consagrada constitucionalmente a favor de toda persona.

En atención a lo expuesto, considera esta Sala improcedente la denuncia efectuada en tal sentido por la recurrente. Así se declara.

4.- En cuanto a la denuncia de violación al procedimiento legalmente establecido, adujeron los apoderados judiciales de la empresa recurrente que  “El acto administrativo sancionatorio estuvo precedido de un procedimiento, pero no del procedimiento establecido en la ley.” (Resaltado del escrito recursorio).

Fundamentan tal denuncia en el hecho que el Instituto para la Defensa y Educación del Consumidor y del Usuario, dio inicio a una averiguación a raíz de la presentación de una solicitud de la parte afectada que no cumple con los requisitos legales de existencia y eficacia.

Sobre el particular, esta Sala ratifica lo señalado en otra parte de este fallo respecto a los requisitos de la denuncia, reiterando que la Ley de Protección al Consumidor y al Usuario, no determina los requisitos que debe cumplir la denuncia que se formule ante el Instituto para la Defensa y Protección del Consumidor y del Usuario (INDECU); insistiéndose que ésta debe cumplir con unos requisitos mínimos, que permitan que se le dé curso; entre otros, la identificación del denunciante y del denunciado, así como una explicación breve del caso que dio origen a la denuncia.

En el caso de autos, se insiste que sí existió una denuncia que llenaba los requisitos mínimos para ser presentada ante esa instancia administrativa tales como: carta explicativa del problema planteado, identificación del denunciante, y constancia del reclamo efectuado al proveedor del bien o del servicio.

Por todo lo anteriormente expresado, esta Sala desecha la denuncia realizada. Así se decide.

Debe ahora esta Sala entrar a analizar la denuncia de prescindencia total y absoluta del procedimiento legalmente establecido, el cual -según lo alegado por la representación judicial de la recurrente-, se produjo desde el inicio, pues su representado nunca fue notificado de los cargos que se le imputaban, violando de esta forma lo previsto en el artículo 128 de la Ley de Protección al Consumidor y al Usuario.

Al respecto, reitera esta Sala lo que ya se señaló con relación a la notificación defectuosa de la apertura del procedimiento administrativo por omisión del señalamiento de los cargos que se le imputaban, consideraciones que fueron realizadas al analizar la denuncia del vicio de falso supuesto de hecho, falso supuesto de derecho y de violación del derecho a la defensa y al debido proceso.

Así, siendo aplicables en el análisis de esta denuncia los argumentos ya señalados, esta Sala desestima las imputaciones realizadas. Así se declara.

Vinculada con la alegada denuncia de prescindencia total y absoluta del procedimiento, aduce la representación judicial del Banco de Venezuela, S.A. Banco Universal, que tanto el INDECU como el Ministro de la Producción y el Comercio, hicieron recaer en el denunciado los efectos de la confesión ficta regulada en el Código de Procedimiento Civil, toda vez que incumplieron su obligación de realizar las actuaciones necesarias para el mejor conocimiento y decisión del asunto, lo cual es absolutamente contrario a la Ley.

Al respecto, debe destacarse lo que ya se ha señalado en este mismo fallo con relación a la posibilidad que tuvo el recurrente de esgrimir argumentos de defensa respecto al mérito del asunto, y de aportar las pruebas de sus alegatos, acreditando elementos de convicción que le permitieran declarar al Banco de Venezuela, S.A. Banco Universal, que los hechos objeto de la denuncia no ocurrieron o que no fueron imputables a esa institución financiera, lo cual no se produjo en el presente procedimiento.

De allí que, a juicio de esta Sala, el Instituto para la Defensa y Educación del Consumidor y del Usuario, no hizo recaer en cabeza del recurrente los efectos de la confesión ficta prevista en el Código de Procedimiento Civil, sino que comprobado el incumplimiento de la obligación prevista en el artículo 15 de la Ley de Protección al Consumidor y al Usuario de 1995, y en ausencia de argumentos y pruebas de mérito, forzoso resultaba la aplicación de la sanción, de conformidad con lo previsto en el artículo 133 de la Ley de Protección al Consumidor y al Usuario, aplicable ratione temporis.

Por último, con relación a la denuncia de violación del procedimiento legalmente establecido, adujo además la representación judicial de la recurrente, que no debió notificarse al Síndico Procurador Municipal, ya que esta notificación sólo procede cuando no existan oficinas del Instituto para la Defensa y Educación del Consumidor y del Usuario (INDECU) en el Municipio respectivo, en cuyo caso será el Alcalde o quién éste delegue, la autoridad competente para la aplicación de la Ley de Protección al Consumidor y al Usuario.

Efectivamente como lo señala esa representación judicial, de la revisión del expediente administrativo se evidencia que mediante oficio de fecha 17 de mayo de 2001 emanado de la Sala de Sustanciación del INDECU, se le notificó al Síndico Procurador del Municipio Libertador del Distrito Capital sobre la apertura de un procedimiento administrativo contra la empresa recurrente, de conformidad con lo previsto en el artículo 124 de la Ley de Protección al Consumidor y al Usuario (folio 8).

Sin embargo, de la disposición aludida, ni de las que conforman el Capítulo I del Título VI de dicha Ley, se desprende la obligación de notificar al Síndico Procurador Municipal de la apertura de un procedimiento sancionatorio.

En efecto, la participación que, eventualmente, podría tener el Municipio en los procedimientos como el de autos, es la descrita en el artículo 76 de la Ley de Protección al Consumidor y al Usuario, el cual establece que  ante la ausencia de una oficina del referido Instituto en algún Municipio, será el Alcalde de éste quien conocerá de la aplicación de la normativa sobre protección al consumidor y al usuario, hasta tanto el Organismo competente, esto es, el INDECU, asuma dichas funciones.

Ahora bien, a pesar de que se realizó la notificación al Síndico Procurador Municipal, no consta en el expediente que éste haya emitido un Informe y, mucho menos, que haya sido considerado al momento de que el INDECU impuso la multa recurrida, razón por la que debe ser desechado el alegato analizado, pues dicho funcionario no participó en el procedimiento administrativo, y por ende no se causó con dicha notificación ningún gravamen a la recurrente. Así se decide.

Desestimadas como han sido las denuncias realizadas por la representación judicial del Banco de Venezuela, S.A. Banco Universal, debe esta Sala declarar sin lugar el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto.

V

DECISIÓN

         En virtud de los razonamientos expuestos, esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara SIN LUGAR el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto por la representación judicial del BANCO DE VENEZUELA, S.A. BANCO UNIVERSAL, contra la Resolución N° 053 dictada por el MINISTRO DE LA PRODUCCIÓN Y EL COMERCIO (ahora Ministro del Poder Popular para las Industrias Ligeras y Comercio), en fecha 18 de febrero de 2004, notificada el 27 del mismo mes y año, la cual ratificó el acto administrativo dictado por el Presidente del Instituto para la Defensa y Educación del Consumidor y del Usuario (INDECU), en fecha 28 de abril de 2002, y, en consecuencia, FIRME el acto administrativo impugnado.

            Publíquese, regístrese y comuníquese. Devuélvase el expediente administrativo y archívese el judicial.

Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los diecisiete (17) días del mes de abril del año dos mil siete (2007). Años 196º de la Independencia y 148º de la Federación.

 

La Presidenta

EVELYN MARRERO ORTÍZ

La Vicepresidenta

YOLANDA JAIMES GUERRERO

 

Los Magistrados,

LEVIS IGNACIO ZERPA                                             

 

HADEL MOSTAFÁ PAOLINI

Ponente

EMIRO GARCÍA ROSAS

 

La Secretaria,

SOFÍA YAMILE GUZMÁN

En dieciocho (18) de abril del año dos mil siete, se publicó y registró la anterior sentencia bajo el Nº 00553

 

 

La Secretaria,

SOFÍA YAMILE GUZMÁN

 

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