Sentencia N.º 00553
- Sentencia
- N.º 00553
- Fecha
- 28/04/2011
- Sala
- Político Administrativa
- Expediente
- 2011-0195
- Ponente
- Trina Omaira Zurita
- Procedimiento
- Conflicto de Competencia
- Enlace fuente oficial
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Magistrada Ponente: TRINA OMAIRA ZURITA
Exp. Nº 2011-0195
El Juzgado Tercero de los Municipios Valencia, Libertador, Los Guayos, Naguanagua y San Diego de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, adjunto al Oficio N° 050-2011 de fecha 20 de enero de 2011, recibido en esta Sala el 24 de febrero de este año, remitió el expediente contentivo del recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto conjuntamente con solicitud de suspensión de efectos por los abogados Luis Eduardo Pulido Canino, Raúl Eduardo González Herrera y Patrizia Impera Caschetto, inscritos en el INPREABOGADO bajo los Nos. 98.377, 146.339 y 144.363, respectivamente, actuando con el carácter de apoderados judiciales de la sociedad mercantil CONSTRUCCIONES JUNCAL C.A., originalmente inscrita en el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo en fecha 22 de diciembre de 2004, bajo el N° 40, Tomo 82-A, folio 15, contra la Providencia Administrativa N° 951 de fecha 1° de julio de 2010, dictada por la INSPECTORÍA DEL TRABAJO CÉSAR PIPO ARTEAGA DE LOS MUNICIPIOS NAGUANAGUA, SAN DIEGO y VALENCIA, PARROQUIAS SAN JOSÉ, SAN BLAS, CATEDRAL y RAFAEL URDANETA DEL ESTADO CARABOBO, mediante la cual se declaró con lugar la solicitud de reenganche y pago de salarios caídos realizada por el ciudadano José Gregorio Fernández, titular de la Cédula de Identidad N° 13.959.213.
La remisión se efectuó en virtud de la decisión de fecha 22 de noviembre de 2010, dictada por el prenombrado Juzgado, en la que declaró su incompetencia para conocer el recurso incoado y planteó ante esta Sala conflicto negativo de competencia.
El 1° de marzo de 2011, se dio cuenta en Sala y se designó ponente a la Magistrada TRINA OMAIRA ZURITA, a los fines de decidir el conflicto de competencia planteado.
Realizado el estudio del expediente, se pasa a emitir pronunciamiento, previas las siguientes consideraciones:
I
ANTECEDENTES
Mediante escrito presentado en fecha 11 de agosto de 2010 ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (U.R.D.D) de la Circunscripción Judicial Laboral del Estado Carabobo, los apoderados judiciales de la sociedad mercantil Construcciones Juncal C.A. interpusieron recurso contencioso administrativo de nulidad conjuntamente con solicitud de suspensión de efectos contra la Providencia Administrativa N° 951 de fecha 1° de julio de 2010, dictada por la Inspectoría del Trabajo César Pipo Arteaga de los Municipios Naguanagua, San Diego y Valencia, Parroquias San José, San Blas, Catedral y Rafael Urdaneta del Estado Carabobo, en la que se declaró con lugar la solicitud de reenganche y pago de salarios caídos realizada por el ciudadano José Gregorio Fernández, titular de la cédula de identidad N° 13.959.213. En el escrito libelar señalaron:
Que el prenombrado ciudadano fue contratado por su representada en virtud de un contrato de obra determinada.
Que el acto administrativo impugnado se produjo con ocasión a la solicitud de reenganche y pago de salarios caídos, efectuada contra su representada.
Que la Providencia Administrativa N° 951 de fecha 1° de julio de 2010, consideró erróneamente que el ciudadano José Gregorio Fernández se encontraba amparado por la inamovilidad laboral establecida en el Decreto N° 7.154, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.334 de fecha 23 de diciembre de 2009.
Que la Inspectoría del Trabajo incurrió en el vicio de falso supuesto de hecho al ignorar la existencia del contrato de trabajo por obra determinada suscrito entre el identificado trabajador y su representada, y atribuirle a tales hechos las mismas consecuencias jurídicas aplicables a un contrato de trabajo a tiempo determinado.
Que la inamovilidad laboral no le es aplicable a esta categoría de trabajadores de la construcción por la naturaleza eventual de su relación contractual.
En fecha 16 de septiembre de 2010, el Tribunal Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, al que le correspondió el conocimiento de la causa previa distribución, declaró su incompetencia para conocer y decidir la presente causa y la declinó en el Juzgado de los Municipios Valencia, Libertador, Los Guayos, Naguanagua y San Diego de la Circunscripció n Judicial del Estado Carabobo, con base en los siguientes argumentos:
PRIMERO: De las actuaciones que conforman el presente expediente se observa que el objeto de la presente acción interpuesta se corresponde a un Recurso de Nulidad en contra de la Providencia Administrativa emanada de la Inspectoría del Trabajo César Pipo Arteaga de los Municipios Naguanagua, San Diego y las Parroquias Rafael Urdaneta, San Blas, Catedral y San José del Municipio Valencia del Estado Carabobo, de lo cual se evidencia que la pretensión del accionante no es otra cosa que la nulidad del acto administrativo atacado.
SEGUNDO: En fecha 22 de junio de 2010, se publicó en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, bajo el N° 30.451, la nueva Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, en cuyo texto normativo se regula la competencia de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, excluyéndose conforme a las previsiones del artículo 25 ordinal 3, de la referida ley, la competencia para conocer de las acciones de nulidad ejercidas contra las decisiones administrativas dictadas por la Administración del Trabajo en materia de inamovilidad con ocasión de una relación de laboral regulada por la Ley Orgánica del Trabajo.
TERCERO: Por cuanto la competencia por la materia es determinada atendiendo la naturaleza del objeto del proceso y por las disposiciones legales que la regulan y en virtud que la demanda interpuesta versa sobre un recurso de nulidad interpuesto en contra de un acto administrativo emanado de la Inspectoría del Trabajo y que màs aun cuando encuadra en el supuesto de exclusión de competencia señalado insupra, (sic) esto no es determinante para establecer que la competencia para el conocimiento de las nulidades le sea correspondiente a los Juzgados de Primera Instancia de Juicio del Trabajo. En este orden de ideas se hace necesario señalar que de conformidad con el artículo 259 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la competencia de la Jurisdicción Contencioso Administrativa corresponde al Tribunal Supremo de Justicia y a los demás Tribunales que señale la Ley.
(Omissis)
En virtud de lo anteriormente expuesto y al no existir en la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, norma alguna que de manera expresa atribuya a los Tribunales de la Jurisdicción Ordinaria del Trabajo, la competencia para conocer de los recursos contenciosos interpuestos en contra de los actos administrativos emanados de las Inspectorías del Trabajo, en materia de inamovilidad con ocasión de una relación laboral regulada por la Ley Orgánica del Trabajo, es por lo que, resulta fuera del ámbito de competencia que por la materia le corresponde a este Juzgado Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, el conocimiento de la acción interpuesta. De lo antes señalado, se infiere que la competencia para dilucidar si el acto atacado se encuentra viciado de nulidad es del conocimiento del Juzgado de Municipio de la Jurisdicción Contencioso Administrativa y no de los Tribunales Laborales. En virtud que aún no han entrado en funcionamiento los Juzgados de Municipio de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, de conformidad con lo establecido en la disposición transitoria sexta de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, le corresponde conocer y resolver la presente causa al Juzgado de los Municipios Valencia, Libertador, Los Guayos, Naguanagua y San Diego de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo. (Resaltado del texto).
El 13 de octubre de 2010, el Juzgado Primero de los Municipios Valencia, Libertador, Los Guayos, Naguanagua y San Diego de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, en funciones de Distribuidor, recibió la presente causa.
El 22 de noviembre de 2010, el Juzgado Tercero de los Municipios Valencia, Libertador, Los Guayos, Naguanagua y San Diego de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, al que correspondió decidir luego de haberse efectuado la distribución de causas, dictó sentencia en la declaró su incompetencia para conocer el caso de autos y planteó conflicto negativo de competencia, con base en el artículo 26 y la Disposición Transitoria Sexta de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, con fundamento en lo siguiente:
Revisadas como han sido las actas que conforman el expediente, este Tribunal observa que la materia objeto de litigio versa sobre la NULIDAD DE ACTO ADMINISTRATIVO, en tal sentido, es necesario traer a colación, el artículo 26 de la novísima Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa ( ) que establece la competencia de los Tribunales de Municipios:
Los Juzgados de Municipio de la Jurisdicción Contencioso Administrativa son competentes para conocer de:
1. Las demandas que interpongan los usuarios o usuarias o las organizaciones públicas o privadas que los representen, por la prestación de servicios públicos.
2. Cualquier otra demanda o recurso que le atribuyan las leyes.
Asimismo, la Disposición transitoria sexta, establece:
Hasta tanto entren en funcionamiento los Juzgados de Municipio de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, conocerán de las competencias atribuidas por esta Ley a dichos tribunales, los Juzgados de Municipio.
Lo expuesto lleva a concluir que este Tribunal Tercero de los Municipios Valencia, Libertador, Los Guayos, Naguanagua y San Diego de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, administrando justicia, en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela, de los ciudadanos que la integran, SE DECLARA INCOMPETENTE EN RAZÓN DE LA MATERIA, para conocer y tramitar la presente Demanda ( ) por lo que este Tribunal PLANTEA EL CONFLICTO NEGATIVO DE COMPETENCIA por resultar ser el Segundo Juzgado en declararse incompetente. (Resaltado y subrayado del texto).
II
COMPETENCIA
En primer término, debe la Sala establecer su competencia para resolver el conflicto planteado y, en tal sentido, se observa que los artículos 70 y 71 del Código de Procedimiento Civil, aplicables por remisión expresa del artículo 31 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa y 98 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de 2010, consagran lo siguiente:
Artículo 70. Cuando la sentencia declare la incompetencia del Juez que previno, por razón de la materia o por el territorio en los casos indicados en el artículo 47, si el Juez o Tribunal que haya de suplirle se considerare a su vez incompetente, solicitará de oficio la regulación de la competencia ( ).
Artículo 71. La solicitud de regulación de la competencia se propondrá ante el Juez que se haya pronunciado sobre la competencia, aun en los casos de los artículos 51 y 61, expresándose las razones o fundamentos que se alegan. El Juez remitirá inmediatamente copia de la solicitud al Tribunal Superior de la Circunscripción Judicial para que decida la regulación. En los casos del artículo 70, dicha copia se remitirá a la Corte Suprema de Justicia si no hubiere un Tribunal Superior común a ambos jueces en la Circunscripción. De la misma manera procederá cuando la incompetencia sea declarada por un Tribunal Superior (...). (Resaltado de la Sala).
De las normas citadas se desprende que el conflicto de competencia se produce cuando el juez que previno se declara incompetente por el territorio o por la materia, y el tribunal que haya de suplirle se considera a su vez incompetente, siendo este último el que habrá de solicitar de oficio dicha regulación.
Ahora bien, La Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa estableció el régimen de competencias atribuido a esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia. En orden a lo antes expuesto, esta Sala considera pertinente atender al dispositivo contenido en el artículo 23, numeral 19, el cual prevé:
Artículo 23. La Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia es competente para conocer de:
omissis
19. Los conflictos de competencia que surjan entre los tribunales de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Asimismo dicha competencia fue establecida en el artículo 26 numeral 19 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia vigente, que dispone:
Artículo 26. Son competencias de la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia:
omissis
19. Los conflictos de competencia que surjan entre los tribunales de la jurisdicción contencioso administrativa.
De las normas parcialmente transcritas se desprende que la Sala Político-Administrativa de este Alto Tribunal de la República es competente para conocer los conflictos de competencia que surjan entre los tribunales con competencia en materia contencioso-administrativa.
En el presente caso se ha planteado un conflicto negativo de competencia entre el Tribunal Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo y el Juzgado Tercero de los Municipios Valencia, Libertador, Los Guayos, Naguanagua y San Diego de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, los cuales se declararon incompetentes para conocer el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto conjuntamente con solicitud de suspensión de efectos por la sociedad mercantil Construcciones Juncal C.A., contra la Providencia Administrativa N° 951 de fecha 1° de julio de 2010, dictada por la Inspectoría del Trabajo César Pipo Arteaga de los Municipios Naguanagua, San Diego y Valencia, Parroquias San José, San Blas, Catedral y Rafael Urdaneta del Estado Carabobo.
Observa esta Máxima Instancia que el primero de ellos tiene atribuida competencia en materia laboral, mientras que el segundo tiene competencia civil y transitoriamente contencioso-administrativa en materia de prestación de servicios públicos de conformidad con el artículo 26 y la Disposición Transitoria Sexta de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.
Determinado lo anterior, debe esta Sala traer a colación lo dispuesto en el artículo 24, numeral 3 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de 2010, que prevé:
Artículo 24. Son competencias de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia:
(...)
3. Dirimir los conflictos de no conocer que se planteen entre tribunales de instancia con distintas competencias materiales, cuando no exista una Sala con competencia por la materia afín a la de ambos.
Con fundamento en la norma citada y visto que los Tribunales involucrados en el conflicto de competencia bajo examen no tienen un Tribunal superior común a ellos; a saber, el Tribunal Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo y el Juzgado Tercero de los Municipios Valencia, Libertador, Los Guayos, Naguanagua y San Diego de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, esta Sala resulta incompetente para conocer y decidir el conflicto planteado, por corresponderle a la Sala Plena de este Máximo Tribunal, a la cual se declina. (Vid., Sentencias de esta Sala N° 511 del 02 de junio de 2010, 862 del 22 de septiembre de 2010, 967 del 6 de octubre de 2010 y 0097 del 26 de enero de 2011). Así se declara.
III
DECISIÓN
Atendiendo a los razonamientos anteriormente expuestos, esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLINA en la SALA PLENA DE ESTE TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA la competencia para conocer el conflicto negativo de competencia planteado en la presente causa.
Publíquese, regístrese y notifíquese. Remítase el expediente a la Sala Plena. Cúmplase lo ordenado.
Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los veintisiete (27) días del mes de abril del año dos mil once (2011). Años 201º de la Independencia y 152º de la Federación.
La Presidenta
EVELYN MARRERO ORTÍZ
La Vicepresidenta
YOLANDA JAIMES GUERRERO
Los Magistrados,
LEVIS IGNACIO ZERPA
EMIRO GARCÍA ROSAS
TRINA OMAIRA ZURITA
Ponente
La Secretaria,
SOFÍA YAMILE GUZMÁN
En veintiocho (28) de abril del año dos mil once, se publicó y registró la anterior sentencia bajo el Nº 00553.
La Secretaria,
SOFÍA YAMILE GUZMÁN
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