Venley

Sentencia N.º 00553

Sentencia
N.º 00553
Fecha
29/05/2013
Sala
Político Administrativa
Expediente
2013-0206
Ponente
Emilio Ramos González
Procedimiento
Consulta de jurisdicción

    

Magistrado Ponente: EMILIO RAMOS GONZÁLEZ

Exp. Nº  2013-0206

 

 

Adjunto a Oficio N° 2480-39 de fecha 22 de enero de 2013,  el Juzgado Primero de los Municipios Falcón y Los Taques de la Circunscripción Judicial del estado Falcón con sede en Pueblo Nuevo, remitió a esta Sala copias certificadas del expediente contentivo de la “acción para la defensa y mantenimiento del orden urbanístico”, interpuesta por los abogados Néstor José Palacios Darwich, Esther Bigott de Loaiza, Juan Pablo Livinalli Arcas, Jorge Kiriakidis Lonhi, Fidel Alejandro Montañéz Pastor y Juan Pablo Vargas  inscritos en el INPREABOGADO bajo los números  56.945, 18.410, 47.910, 50.886, 56.444 y 154.717, respectivamente, actuando con el carácter de apoderados judiciales de  la sociedad mercantil PROTINAL DEL ZULIA C.A., inscrita en el  Registro de Comercio que llevaba el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del estado Zulia , en fecha 8 de febrero de 1999, bajo el N° 65, Tomo 7-A, cuya última modificación estatutaria fue inscrita en el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del estado Zulia, el 18 de enero de 2012, bajo el N° 51 Tomo 4-A RM1, contra la sociedad mercantil GRANJA DAVID C.A., inscrita en el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del estado Falcón, el 19 de enero de 2012 bajo el N° 22, Tomo 3-A.

La remisión se efectuó a los fines de que esta Sala se pronuncie sobre la consulta prevista en los artículos 59 y 62 del Código de Procedimiento Civil, por haber declarado el prenombrado Tribunal, en fecha 22 de enero de 2013, “la falta de jurisdicción del Poder Judicial en la presente causa:”

En fecha 5 de febrero de de 2013, se dio cuenta en Sala y se designó ponente al Magistrado Emilio Ramos González, a los fines de decidir la consulta.

En fecha 8 de mayo de 2013, se eligió la nueva Junta Directiva del Tribunal Supremo de Justicia y quedó conformada esta Sala Político Administrativa de la siguiente manera: Presidente, Magistrado Emiro García Rosas, Vicepresidenta, Magistrada Evelyn Marrero Ortíz; las Magistradas Trina Omaira Zurita y Mónica Misticchio Tortorella y el Magistrado Emilio Ramos González.

I

ANTECEDENTES

El 13 de diciembre de 2012, los apoderados judiciales de la sociedad mercantil  Protinal del Zulia C.A., interpusieron ante el Juzgado Segundo (Distribuidor) de los Municipios Falcón y Los Taques de la Circunscripción Judicial del estado Falcón, con sede en Pueblo Nuevo, “acción para la defensa y mantenimiento del orden urbanístico” contra la empresa  Granja David, C.A.

En dicho escrito manifestaron que la empresa que representan es propietaria del inmueble denominado “Granja Balzamal” la cual se ha dedicado desde hace 37 años a la cría de gallinas reproductoras, con  lo “que atiende la demanda de gallinas ponedoras de cría de carne del más del ochenta por ciento  (80%) del occidente del país, lo que hace que esta actividad sea estratégicamente relevante desde el punto de vista de la seguridad alimentaria de la República.”

Manifiestan que a “escasos 2.24 kilómetros de la Granja Balzamal  (…) se estan ejecutando obras civiles para establecer una granja de gallinas ponedoras” lo que en su opinión vulnera “una serie de parámetros de seguridad y protección ambiental, que aplica la administración sanitaria a los establecimientos y a la propiedad urbana que se pretende dedicar a dicha actividad, entre los cuales se encuentran las NORMAS SOBRE LOCALIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS AVÍCOLAS” publicada en GACETA OFICIAL N° 38.042 de fecha 13 de octubre de 2004.” (Sic). (Mayúsculas de la cita).

 Explican que tales normas determinan “la distancia mínima -en espacios no boscosos- entre una explotación avícola o establecimiento tipo 1 y una explotación avícola  o establecimiento tipo 3, debe existir una zona de BIOSEGURIDAD que comprende una distancia mínima de tres mil (3.000,00) metros, es decir 3 kilómetros”, lo cual no se cumple, tal como lo demuestra en la inspección judicial realizada el 13 de noviembre de 2012 por el Juzgado Segundo de los Municipios Falcón y Los Taques del estado Falcón y del expediente administrativo contentivo del procedimiento seguido por el Ministerio del Poder Popular para el Ambiente, los cuales anexa.

Argumentan que el referido Ministerio, observó la situación denunciada y a través de la Providencia Administrativa N° 10 del 17 de septiembre de 2012 suscrita por el Director Estadal Ambiental del estado Falcón, ordenó la paralización de las obras, sin embargo, a decir de la empresa recurrente “las construcciones y obras han continuado, siendo que los presuntos propietarios de dicho inmueble han decidido hacer caso omiso e irrespetar la orden impartida, continuando así con la ilegal instalación de un establecimiento avícola”.

Invocan como fundamento legal de su acción los artículos 115 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que establece limitaciones al derecho de propiedad entre las cuales se encuentran “aquellas relacionadas con la regulación urbanística, principalmente contenida en la Ley Orgánica de Ordenación Urbanística y en las ordenanzas Municipales dedicadas a la materia de urbanismo y construcciones”

Que de acuerdo a lo anterior, solicitan conforme a los artículos 102 y 103 de la Ley Orgánica de Ordenación Urbanística se “proceda a ordenar la paralización de las actividades de construcción que se están realizando en el inmueble denominado ‘LOS CALLEJONES’ (recientemente conocido e identificado como Granja David) (…) así como el cierre o clausura del establecimiento que está siendo construido en dicha parcela”.

Previa distribución, correspondió el conocimiento del asunto al Juzgado Primero de los Municipios Falcón y Los Taques de la referida Circunscripción Judicial, el cual por auto del 18 de diciembre de 2012,  solicitó a los efectos de practicar la citación de la sociedad mercantil demandada, “la dirección exacta de los representantes legales de la accionada”. Por diligencia del 17 de enero de 2013, el representante judicial de la empresa accionante indicó el domicilio requerido.

Mediante sentencia del 22 de enero de 2013, el referido tribunal señaló lo siguiente:

“(…) Con la presente acción, la parte actora PROTINAL DEL ZULIA C.A. pretende que se ordene la paralización de las actividades de construcción que se están realizando en el inmueble denominado ‘Los Callejones (…).

Observa quien aquí decide que el cuerpo normativo en el cual fundamenta la acción la representación judicial de PROTINAL DEL ZULIA C.A., quedó derogada con la entrada en vigencia de la Ley Orgánica para la Planificación y Gestión de la Ordenación del Territorio de fecha 31 de agosto de 2006. A tales efectos, la mencionada ley en el Título XI, Disposición derogatoria única establece lo siguiente:

 Única. Quedan derogadas la Ley Orgánica para la Ordenación del Territorio (Gaceta oficial N° 3.238 del 11 de agosto de 1983), la Ley Orgánica de Ordenación Urbanística (Gaceta Oficial N° 33.868 del 16 de diciembre de 1987) y todas las disposiciones contrarias a la normativa de la presente Ley (negritas del tribunal).

 Ahora bien, esta juzgadora en su deber de analizar exhaustivamente la causa y estricta aplicación del principio iura Novit curia, según el cual el Juez conocedor del derecho, está además facultado para apoyarse en texto legales aún cuando no hayan sido citados por las partes, observa que la Ley Orgánica para la Planificación y Gestión de la Ordenación del Territorio no prevé el procedimiento para la defensa de la Zonificación incoado por la accionante, estableciendo solo procedimientos administrativos, cuya competencia es atribuida según el artículo 174 de esta ley, al funcionario u órgano que tenga a su cargo el control y ejecución de los planes de Ordenación del Territorio.

Todo lo anterior acarrea la Falta de Jurisdicción del Poder Judicial en la presente causa, la cual es declarada en este acto, según lo consagra el artículo 59 del Código de Procedimiento Civil, razón por la cual le resulta forzoso a esta Juzgadora declarar INADMISIBLE, la acción incoada y ASÍ SE DECIDE.”

Conforme a la sentencia anterior, el 5 de febrero de 2013, fue recibido el expediente en esta Sala.

II

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

   Corresponde a esta Sala pronunciarse acerca de la consulta planteada por el Juzgado Primero de los Municipios Falcón y Los Taques de la Circunscripción Judicial del estado Falcón, con sede en Pueblo Nuevo  en virtud de la sentencia que dictara en fecha 22 de enero de 2013, mediante la cual declaró su falta de jurisdicción respecto a la Administración Pública.

En el libelo de demanda la actora indicó textualmente que  “se están ejecutando obras civiles para establecer una granja de gallinas ponedoras” lo que vulnera “una serie de parámetros de seguridad y protección ambiental, que aplica la administración sanitaria a los establecimientos y a la propiedad urbana que se pretende dedicar a dicha actividad, entre los cuales se encuentran las NORMAS SOBRE LOCALIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS AVÍCOLAS”

Solicita, en protección de la legalidad Urbanística, “ordene la paralización de las actividades de construcción que se están realizando en el inmueble denominado ‘Los Callejones’, presuntamente propiedad de la sociedad Granja David C.A., así como el cierre o clausura del establecimiento que está siendo construido en dicha parcela.”, conforme a los artículos 102 y 103 de la Ley Orgánica de Ordenación Urbanística.

De acuerdo a lo anterior observa la Sala que la demandante pidió conforme a lo dispuesto en el artículo 102 de la Ley Orgánica de Ordenación Urbanística, la paralización de las obras construidas por la demandada “para establecer una granja de gallinas ponedoras”, debido a la presunta ilegalidad de éstas.

Al respecto, previamente debe señalar este Máximo Tribunal que  contrario a lo expuesto por el Tribunal remitente, la Ley Orgánica de Ordenación Urbanística, se encuentra en vigencia a pesar de que posterior a ésta fue publicada en Gaceta Oficial N° 38.388 del 1° de marzo de 2006, la Ley Orgánica para la Planificación y Gestión de la Ordenación del Territorio, (reformada parcialmente mediante Gaceta Oficial N° 5.820 Extraordinario,  del 1° de septiembre de 2006)  la cual contemplaba la derogatoria expresa de la Ley Orgánica para la Ordenación del Territorio publicada en Gaceta Oficial N° 3.238 del 11 de agosto de 1983 y de la Ley Orgánica de Ordenación Urbanística, publicada en la Gaceta Oficial N° 33.868 del 16 de diciembre de 1987. Tal aseveración se sustenta en la Gaceta Oficial N° 38.633 del 27 de febrero de 2007, mediante la cual se dictó la “Ley Orgánica Derogatoria de la Ley Orgánica para la Planificación y Gestión de la Ordenación del Territorio”.

A mayor abundamiento, debe señalarse que la Sala Constitucional en sentencia N° 1562 de fecha 4 de diciembre de 2012, se pronunció en relación a la vigencia de los descritos textos legales y dejó establecido que:

“(…), resulta determinante pronunciarse en relación a los efectos de la Ley Orgánica para la Planificación y Gestión de la Ordenación del Territorio, la cual en su Disposición Derogatoria contemplaba la derogatoria de la Ley Orgánica para la Ordenación del Territorio y la Ley Orgánica de Ordenación Urbanística (N1), en este sentido, es de destacar que las disposiciones derogatorias contenidas en este misma Ley (N2), se encontraban supeditadas al intervalo de vigencia de esta norma, como se expuso anteriormente, por lo que, al sobrevenir la cesación de la norma previamente a su intervalo de vigencia, los efectos derogatorios contenidos en esta nueva norma (N2), no produjeron efecto jurídico alguno al igual que el resto de su contenido normativo (N2).

En consecuencia, siendo de aplicación inmediata los supuestos establecidos en la Ley Orgánica para la Ordenación del Territorio y la Ley Orgánica de Ordenación Urbanística (N1), los cuales nunca cesaron en sus efectos, por no haber producido una sucesión de leyes en el tiempo (N1-N2), debe esta Sala resaltar que las disposiciones normativas contenidas en la Ley Orgánica para la Ordenación del Territorio y la Ley Orgánica de Ordenación Urbanística se mantienen en plena vigencia al no haber entrado en vigencia la cláusula derogatoria de éstas.” (Resaltado de esta Sala).

De acuerdo a las consideraciones precedentes, se colige que la Ley Orgánica de Ordenación Urbanística, con respecto a la cual la parte actora sustentó su demanda se encuentra en vigencia, motivo por el cual a los fines de determinar si el Poder judicial  tiene jurisdicción en el caso de autos, debe atenderse a las disposiciones legales previstas en los artículos  102  y 103 eiusdem.

Las citadas normas de la Ley Orgánica de Ordenación Urbanística disponen:

“Artículo 102.- Si un inmueble se destinare presuntamente a un uso contrario al que le corresponda conforme al plan o a la ordenanza de zonificación o si en dicho inmueble se realizaren construcciones ilegales, la Asociación de Vecinos o cualquier persona con interés legítimo, personal y directo podrá solicitar de un Juez de Distrito, Departamento o de equivalente jerarquía, según el caso, de la respectiva Circunscripción Judicial la paralización de las actividades y el cierre o clausura del establecimiento.

El interesado motivará suficientemente su solicitud y acompañará las evidencias que fueren pertinentes al caso. La Fiscalía General de la República podrá intervenir en el procedimiento a solicitud de la Asociación de Vecinos afectada.”

“Artículo 103.- Recibida la solicitud a que se refiere el artículo anterior, el Juez citará al ocupante del inmueble a objeto de que éste presente, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes, original o copia certificada de los documentos o actas que evidencien la legalidad del uso dado al inmueble.

Si no se evidenciare dicha legalidad y el Juez considerase que el destino dado al inmueble es contrario al plan o a la ordenanza de zonificación, deberá ordenar la paralización de las actividades o el cierre o clausura del establecimiento. De esta decisión podrá apelarse libremente ante el Juez de Primera Instancia en lo Civil quien deberá resolver en un plazo de diez (10) días hábiles.

El Juez revocará la medida dictada cuando el interesado presentare original o copia certificada del documento o acto que evidencie la legalidad del uso dado al inmueble, sin perjuicio de los recursos administrativos o contencioso administrativos que puedan interponerse contra los actos relativos al caso.” (Resaltado de la Sala).

Conforme a las normas citadas, el transcrito artículo 102 de la Ley Orgánica de Ordenación Urbanística prevé dos supuestos, el primero se refiere a los inmuebles que se destinen a un uso contrario al que les corresponde de acuerdo al plan o a la ordenanza de zonificación, y el segundo cuando en un inmueble se están realizando construcciones ilegales. En cualquiera de estas dos circunstancias, el Juez de Municipio de la Circunscripción Judicial correspondiente a la ubicación del inmueble, puede, a petición de parte interesada, ordenar la paralización de la construcción, y la clausura del establecimiento.

Como puede observarse de las normas señaladas, la petición de la demandante se subsume en el supuesto de hecho del artículo 102 de la Ley Orgánica de Ordenación Urbanística, por cuanto están dirigidas a obtener la paralización de las actividades de construcción, en virtud de que  a su decir resultan ilegales, y consignó documentos que aparentemente prueban la situación denunciada.

De acuerdo a lo anterior, debe esta Sala declarar que el Poder Judicial sí tiene jurisdicción para conocer  y decidir la solicitud planteada por la parte actora, correspondiendo sustanciar el procedimiento establecido en el artículo 103 eiusdem al Juzgado Primero de los Municipios Falcón y Los Taques de la Circunscripción Judicial del estado Falcón, con sede en Pueblo Nuevo, en consecuencia, se revoca el fallo consultado, dictado el 22 de enero de 2013 por el Juzgado remitente.  Así se decide.

 III

      DECISIÓN

Atendiendo a los razonamientos antes señalados, esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara que el PODER JUDICIAL SÍ TIENE JURISDICCIÓN para conocer y decidir la acción intentada por la representación judicial de la sociedad mercantil PROTINAL DEL ZULIA C.A., contra la empresa GRANJA DAVID C.A. En consecuencia, se revoca la decisión de fecha 22 de enero de 2013, mediante la cual el Tribunal remitente declaró la falta de jurisdicción del Poder Judicial respecto a la Administración Pública.

Publíquese, regístrese y comuníquese. Devuélvase el expediente al Juzgado consultante. Cúmplase lo ordenado.

Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los veintiocho (28) días del mes de mayo del año dos mil trece (2013). Años 203º de la Independencia y 154º de la Federación.

 

El Presidente

EMIRO GARCÍA ROSAS

 

 

 

 

 

 

La Vicepresidenta

EVELYN MARRERO ORTÍZ

 

 

Las Magistradas,

 

 

 

TRINA OMAIRA ZURITA

 

 

 

 

 

 

 

MÓNICA MISTICCHIO

TORTORELLA

 

El Magistrado

EMILIO RAMOS GONZÁLEZ

Ponente

 

 

 

 

La Secretaria,

SOFÍA YAMILE GUZMÁN

 

 

 

En veintinueve (29) de mayo del año dos mil trece, se publicó y registró la anterior sentencia bajo el Nº 00553, la cual no está firmada por la Magistrada Trina Omaira Zurita, por motivos justificados.

 

 

 

 

 

La Secretaria,

SOFÍA YAMILE GUZMÁN

 

 

 

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