Sentencia N.º 00554
- Sentencia
- N.º 00554
- Fecha
- 29/05/2013
- Sala
- Político Administrativa
- Expediente
- 2013-0361
- Ponente
- Emilio Ramos González
- Procedimiento
- Regulación de jurisdicción
- Enlace fuente oficial
- Ver en sitio web oficial del TSJ
Magistrado Ponente: EMILIO RAMOS GONZÁLEZ
Exp. N° 2013-0361
El Juzgado Segundo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, mediante oficio N° 1730/2013 de fecha 20 de febrero de 2013, remitió a esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, el expediente contentivo de la demanda por cobro de prestaciones sociales y otros conceptos laborales, incoada por la abogada Carmen Salvatierra, titular de la cédula de identidad N° 7.103.270, INPREABOGADO N° 67.383, actuando con el carácter de apoderada judicial del ciudadano TOMAS ENRIQUE ARAUJO MONTILLA, titular de la cédula de identidad N° 15.829.308, contra la sociedad mercantil TRABAJOS INDUSTRIALES Y MECÁNICOS, C.A. (TRIME, C.A.), inscrita en fecha 12 de febrero de 1976, ante el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, bajo el N° 37, Tomo 15-B.
La remisión se efectuó para que esta Sala se pronuncie sobre el recurso de regulación de jurisdicción ejercido el 18 de febrero de 2013, por la representación judicial de la parte demandada contra la decisión de fecha 7 de enero de 2013, dictada por el Juzgado remitente, que afirmó su jurisdicción para conocer el presente caso.
El 12 de marzo de 2013, se dio cuenta en Sala y se designó ponente al Magistrado EMILIO RAMOS GONZÁLEZ, a los fines de decidir la regulación jurisdicción.
El 08 de mayo de 2013, se eligió la nueva Junta Directiva del Tribunal Supremo de Justicia y quedó conformada esta Sala Político-Administrativa de la siguiente manera: Presidente, Magistrado Emiro García Rosas; Vicepresidenta, Magistrada Evelyn Marrero Ortíz; las Magistradas Trina Omaira Zurita y Mónica Misticchio Tortorella y el Magistrado Emilio Ramos González. Asimismo, se reasignó como Ponente al Magistrado Emilio Ramos González.
Realizado el estudio de las actas que conforman el expediente, pasa esta Sala a decidir, previas las siguientes consideraciones:
I
ANTECEDENTES
Mediante escrito consignado en fecha 18 de diciembre de 2012, ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (U.R.D.D.) del Circuito Judicial Laboral de Valencia, Estado Carabobo, la abogada Carmen Salvatierra, actuando con el carácter de apoderada judicial del ciudadano TOMAS ENRIQUE ARAUJO MONTILLA, interpuso demanda por cobro de prestaciones sociales y otros conceptos laborales contra la sociedad mercantil TRABAJOS INDUSTRIALES Y MECÁNICOS, C.A. (TRIME, C.A.), argumentando lo siguiente:
Que a partir de la publicación de la derogada Ley Orgánica del Trabajo de 1997, en su artículo 216, establecía que el descanso semanal será remunerado por el patrono a los trabajadores que presten servicios durante los días hábiles de la jornada semanal de trabajo en la empresa, con el pago de una cantidad equivalente al salario de un (01) día, igualmente será remunerado el día de descanso adicional semanal convenido por las partes conforme a lo establecido en el artículo 144 de la Ley Orgánica del Trabajo. Cuando se trate de trabajadores con remuneración variable el salario del día feriado será el promedio de lo devengado en la respectiva semana.
Manifestó que su representado, tenía expectativas de derechos en que el pago del descanso convencional y legal debía ser pagado tomando en cuenta lo devengado por el trabajador durante su jornada laboral, esperando que la empresa respondiera desde el punto de vista económico sus expectativas.
Denunció que la empresa accionada, nunca cumplió con su compromiso en pagarle a los trabajadores dichos beneficios para el año 2003, en la discusión de la Convención Colectiva se comprometió a pagar esos pasivos laborales ( ) y hasta la presente fecha la empresa no ha querido cumplir con la totalidad del pago de los días de descanso, viéndose obligado [su] representado a realizar el reclamo ( ) vía administrativa.
Indicó que, en una consulta realizada por el Presidente de la Federación Unitaria Nacional de Trabajadores Bolivarianos de la Construcción, Afines y Conexos (F.U.N.T.B.C.A.C.) (sic) a la Consultoría Jurídica del Ministerio del Poder Popular para el Trabajo y Seguridad Social, solicitó la interpretación del contenido, alcance y límites de las cláusulas Nro. 5 y Nro. 37 de la Convención Colectiva de Trabajo de la Industria de la Construcción del período 2007-2009 contentiva de Jornada de Trabajo y Jornada extraordinaria de Trabajo y Bono Nocturno.
En virtud de lo anterior, sostuvo que la Consultoría Jurídica, señaló: Que siendo así no cabe duda para este Órgano Consultor que tal como lo establece la cláusula 5 dichos días deben cancelarse a salario normal y en consecuencia opera la aplicación del literal E de la cláusula 37 de la Convención Colectiva objeto de esta consulta. (Sic).
Sostuvo que su reclamación no es desacertada, sino que está sustentada conforme a derecho, pero la empresa insiste en desconocer dicho pago, actuando con una conducta írrita que va en contra de los principios constitucionales y legales de [su] representado al no darle cumplimiento a las obligaciones laborales.
Señaló que en fecha 23 de agosto de 2010, los representantes sindicales consignaron ante la Inspectoría del Trabajo de los Municipios Autónomos Valencia, Naguanagua, Libertador, San Diego, Carlos Arvelo, Bejuma, Miranda y Montalbán del Estado Carabobo, (César Pipo Arteaga), Pliego de Peticiones de carácter conciliatorio, donde se reclamó el incumplimiento por parte de la empresa demandada, de la cláusula N° 5 de la Convención Colectiva de Trabajo de la Industria de la Construcción 2007/2009, denominada JORNADA DE TRABAJO, en consecuencia, la empresa se encuentra OBLIGADA A PAGAR CONTRACTUALMENTE DOS (02) DÍAS DE DESCANSO (CONVENCIONAL Y LEGAL) A SALARIO NORMAL al cumplir con la jornada de cuarenta y cuatro (44) horas de trabajo, como lo establece el acuerdo suscrito entre las partes. (Mayúsculas del texto).
Adujo que, el pago de los días de descanso semanal, convencional y legal se genera por lo establecido en el artículo 90 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y los artículos 144, 196 y 216 de la derogada Ley Orgánica del Trabajo, concatenado con la cláusula N° 5 de la Convención Colectiva de Trabajo de la Industria de la Construcción del período 2007/2009, el descanso semanal será remunerado por el patrono a los trabajadores que presten servicio durante los días hábiles de la jornada semanal de trabajo en la empresa, con el pago de una cantidad equivalente al salario de un día, igualmente será remunerado el día de descanso adicional semanal convenido por las partes conforme al artículo 196 de la derogada Ley Orgánica del Trabajo.
Indicó la apoderada actora, que a los efectos de esta reclamación se deberá tomar en cuenta el salario normal, siendo éste aquel que se refiere a la remuneración devengada por el trabajador en forma regular y permanente como retribución por la labor que ejecuta durante su jornada ordinaria de trabajo, en el transcurso de una semana, un mes, o más tiempo, según fuere el concepto o factor que se quiera calcular, incluye el salario básico, la prima por tiempo de viaje, la prima por trabajos especiales, y cualquier otro beneficio salarial establecido en la Convención Colectiva siempre que sea devengado en forma regular y permanente.
Sostuvo que la empresa demandada, no ha cumplido con la cláusula 1 en sus literales k contentivo del salario, salario normal y salario básico ordinario, denominación transcrita en la Convención Colectiva del año 2003-2006; en el literal n contentivo del salario, o contentivo del salario básico y p contentivo del salario normal, denominaciones transcritas en las Convención Colectiva del año 2007-2009 y las mismas fueron repetidas en la cláusula 1 en su literal q contentivo de salario básico, o contentivo del salario y p contentivo del Salario Normal, denominaciones transcrita en la Convención Colectiva del año 2010-2012, por lo que el beneficio otorgado a los trabajadores denominado ASISTENCIA PUNTUAL Y PERFECTA fundamentado a través de las cláusulas 10 de la Convención Colectiva del año 2003-2006, cláusula 36 de la Convención Colectiva del año 2007-2009 y la cláusula 37 de la Convención Colectiva del año 2010-2012, en dichas cláusulas [se] establece una bonificación por haber cumplido a cabalidad los horarios establecidos, ( ) que este beneficio tiene carácter salarial, considerando que este entra dentro de los conceptos especificados normal, que es el salario que establece la cláusula 5 para el pago de los días de descanso convencional y legal. (Mayúsculas del texto).
Denunció igualmente que, la accionada ha incumplido con lo establecido en el artículo 157 de la derogada Ley Orgánica del Trabajo, que estipula: Los días comprendidos DENTRO DE LOS DÍAS DE VACACIONES, sean hábiles, feriados de remuneración obligatoria o de descanso semanal, serán remunerados. ( ) que hasta la fecha la empresa no ha cumplido con esta obligación desde el año 2003, cercenando este derecho cuando [su] representado sale de vacaciones, sin incluirle este beneficio en su recibo de pago porque omite el pago de los días de descanso convencional, legal o feriado. (Sic).
Continuó expresando, que la empresa no ha cumplido con el artículo 139 de la derogada Ley Orgánica del Trabajo y el artículo 171 de la vigente Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, contentivo del TRANSPORTE DE LOS TRABAJADORES, concatenada con la Convención Colectiva de Trabajo de la Industria de la Construcción del período 2010-2012, que establece, el patrono está obligado legal y convencionalmente a EL PAGO POR EL TIEMPO DE VIAJE ya que la empresa está obligada a remunerar la duración del recorrido que realiza [su] representado para acudir a su puesto del trabajo, tal como lo establece la convención cuando señala que la empresa remunerará el tiempo utilizado en ir y venir del trabajo el cual se computará desde su domicilio hasta el lugar de trabajo y el mismo se considerará como jornada efectiva. (Mayúsculas y negrillas del texto).
Alegó la apoderada judicial del trabajador, que la empresa no cumple con el salario semanal por cuanto procede a descontar el pago del día de descanso convencional y legal en su recibo de pago a los trabajadores cuando ESTOS FALTEN TRES (3) DÍAS en la semana, a pesar de que estos días de ausencia sean por enfermedad o por permiso contractuales, entiéndase que dichas faltas están debidamente justificadas. (Sic).
Asimismo, denunció que la empresa no cumple con el pago DEL BONO DE ASISTENCIA PUNTUAL Y PERFECTA bajo el pretexto de que por razones técnicas no quedó registrado en el marcaje de control de asistencia.
Precisó que el 23 de agosto de 2010, los representantes sindicales introdujeron un pliego de peticiones reclamando derechos laborales, antes explanados, dicho pliego tenía un carácter conciliatorio al principio que duró catorce (14) meses aproximadamente que después se convirtió en conflicto , el cual duró dos (2) meses aproximadamente y hasta la fecha tampoco se obtuvo solución ( ) después de largas discusiones en el área de mediación de la Inspectoría, no se llegó a un acuerdo conciliatorio por lo que procedió la Inspectoría César Pipo Arteaga (sic) a remitir copia certificada del expediente contentivo del pliego conflictivo a la dirección de consultoría jurídica en la ciudad de Caracas. (Sic).
En virtud de lo anterior, la apoderada judicial actora, estipuló los conceptos y las cantidades que le adeuda, la sociedad mercantil Trabajos Industriales y Mecánicos, C.A. (Trime, C.A.), a su representado, siendo éstos los siguientes:
TOMAS ENRIQUE ARAUJO MONTILLA
SABADOS Y DOMINGOS EN LA JORNADA 806.351,04 |
SALARIO APLICADO PARA EL PAGO DE LAS VACACIONES 251.636,74 |
SABADOS Y DOMINGOS EN VACACIONES 45.815,40 |
TIEMPO DE VIAJE 228.349,55 |
DIFERENCIA DE LA CESTA TICKET 16.038,00 |
TOTAL 1.348.190,73 |
Luego de realizar la discriminación de los montos que consideran se les adeudan a su representado, solicitó que se ordene a la empresa demandada, el pago de la cantidad de UN MILLÓN TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO NOVENTA BOLÍVARES CON SETENTA Y TRES CÉNTIMOS (Bs. 1.348.190,73), por los conceptos antes señalados.
Previa distribución y por auto del 21 de diciembre de 2012, el Juzgado Segundo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, admitió la demanda incoada, de conformidad con lo estipulado en el artículo 124 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, ordenando emplazar a la sociedad mercantil demandada y fijó la oportunidad para la realización de la Audiencia Preliminar.
Por diligencia del 31 de enero de 2013, el abogado Daniel Armando Medina Táriba, titular de la cédula de identidad N° 17.892.273, INPREABOGADO N° 146.556, apoderado judicial del ciudadano, Tomas Enrique Araujo Montilla, antes identificado, confirió poder apud-acta, a los abogados (as) Carlos Alberto García Bohorquez, Anell Patricia López Gómez, Angélica Carolina Brandt Vargas, Alicia Alejandra Lourenca de Azevedo y Tulio Barreto, titulares de las cédulas de identidad números 17.192.485, 18.627.764, 19.920.603, 19.667.214 y 11.183.217, respectivamente, e INPREABOGADO números 186.531, 186.530, 176.895, 186.586 y 152.982, en este orden.
Mediante escrito de fecha 4 de febrero de 2013, el ciudadano José Gregorio Mora Mijares, titular de la cédula de identidad N° 7.951.743, INPREABOGADO N° 48.773, actuando con el carácter de apoderado judicial de la sociedad mercantil Trabajos Industriales y Mecánicos, C.A. (Trime, C.A.), solicitó se declare la falta de jurisdicción del Juez laboral frente a la Administración Pública, de conformidad con lo previsto en el artículo 59 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el artículo 11 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, en los siguientes términos:
En fecha 23 de agosto de 2010, la Organización Sindical SINDICATO UNIÓN DE TRABAJADORES Y TRABAJADORAS SOCIALISTAS DE TRIMECA (SUSTRASTRIMECA), interpuso ante la Inspectoría del Trabajo del Estado Carabobo, sede Pipo Arteaga ( ) un pliego conflictivo de carácter Conciliatorio ( ) donde entre otros particulares señalaba que [su] representada se encontraba presuntamente incursa en el incumplimiento de ciertas disposiciones legales derivadas de la Convención Colectiva de la Industria de la Construcción, situación esta que ( ) luego de diversas reuniones y por haber posiciones encontradas entre los criterios de las partes, generó que dicho pliego se convirtiese de conciliatorio a Conflictivo, debidamente admitida por el despacho ( ) dada la naturaleza de la actividad económica de la entidad de trabajo, la cual consiste en la ejecución de obras civiles ( ) en un ochenta por ciento (80%) para obras del estado venezolano, ( ) de mutuo acuerdo, decidieron suspender el mencionado pliego de carácter conflictivo y someterlo a consideración y dictamen de la Consultoría Jurídica del Ministerio del Trabajo, en la ciudad de Caracas, para que esta se pronunciase acerca de la procedencia o no de los puntos objetos del pliego de peticiones, es decir, que dicho despacho funja como árbitro del conflicto ( ). Ahora bien, los puntos objetos de la presente demanda, tiene la misma identidad que los sometidos actualmente a la consideración del Árbitro, ( ) puntos estos que el despacho puede evidenciar su identidad, del pliego de carácter conflictivo ( ) no de manera colectiva, sino de forma individual, con lo cual pretende obtener un pronunciamiento en sede judicial, acerca de algo que ya se han planteado en otra jurisdicción, es decir, a la Jurisdicción administrativa y sometiéndose en tal sentido a su dictamen arbitral, actuando de mala fe, porque de haber acudido a esta instancia judicial en representación de la Organización Sindical, era evidente la Falta de Jurisdicción, frente al conflicto planteado, y por consecuencia, pretenden sorprender al órgano jurisdiccional que conoce la demanda.
( ) En ese mismo sentido, nos encontramos con una circunstancia de orden público, como lo es el hecho, de que tal y como se encuentra establecido en la nueva Ley Orgánica de Trabajadores y Trabajadoras (sic), en sus artículos 509 numeral 10 en concordancia con los artículos 472 y 474, esta, confiere al Órgano Administrativo (Inspectoría del Trabajo), para que el cumplimiento de los compromisos contraídos por medio de acuerdos colectivos y los conflictos que de él se deriven, son de exclusiva jurisdicción de dicho organismo y mal pueden plantearse en sede Judicial.(Sic). (Mayúsculas y negrillas del escrito).
Por auto del 5 de febrero de 2013, el referido Juzgado, suspendió la realización de la Audiencia Preliminar, en virtud de la solicitud de falta de jurisdicción interpuesta por la representación de la empresa accionada.
En fecha 7 de enero de 2013, el Juzgado Segundo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, afirmó su jurisdicción para conocer del caso.
Por diligencia del 18 de febrero de 2013, el apoderado judicial de la sociedad mercantil accionada, solicitó la regulación de jurisdicción y solicitó la remisión del expediente a esta Sala.
Mediante auto del 20 de febrero de 2013, el mencionado Juzgado ordenó remitir el expediente a la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, a los fines de su pronunciamiento.
El 5 de marzo de 2013, fue recibido el expediente en esta Sala.
II
DE LA SENTENCIA IMPUGNADA
El Juzgado Segundo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, afirmó su jurisdicción para conocer del caso, con fundamento en lo siguiente:
Puede observar este Tribunal que del libelo no se infiere que el hoy accionante esté planteando un conflicto colectivo, el cual deba ser resuelto por el procedimiento conciliatorio previsto en el artículo 472 y siguientes de la Ley Orgánica del Trabajo, Las Trabajadoras y Los Trabajadores (sic); sino que se trata de una demanda por el pago de unas cantidades de dinero, en beneficio e interés directo del trabajador demandante.
De la revisión de las actas procesales, se evidencia que del escrito libelar el demandante expuso: Por lo que pido a éste Tribunal ordene a pagar a la empresa demandada la cantidad de UN MILLÓN TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO NOVENTA CON SETENTE Y TRES CÉNTIMOS (Bs. 1.348.190,73) equivalente DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES CON OCHENTA Y SEIS UNIDADES TRIBUTARIAS (19.473,86 U.T.) discriminado así:
Sábados y domingos en la jornada Bs. 806.351,04, salario aplicado para el pago de las vacaciones Bs. 251.636,74, sábados y domingos en vacaciones Bs. 45.815,40, tiempo de viaje Bs. 228.349,55, diferencia cesta ticket Bs. 16.038,oo Total demandado Bs. 1.348.190,73.
De lo antes expuesto, quien aquí decide observa que lo planteado por el accionante en el caso bajo examen no podría calificarse como un conflicto colectivo de trabajo, ya que no ha sido planteada acción alguna por un sindicato en nombre de sus integrantes, sino por el contrario se trata de una petición individualizada de cumplimiento de ciertos beneficios laborales derivados directamente de la Convención Colectiva de Trabajo, que se traducen en el caso concreto a una demanda el cobro de Sábados y domingos en la jornada, salario aplicado para el pago de las vacaciones, Sábados y domingos en vacaciones, bono de asistencia, tiempo de viaje, diferencia cesta ticket, motivo por el cual queda de manifiesto, de conformidad con lo establecido en el artículo 29 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, que los Tribunales del Trabajo sí tienen jurisdicción para conocer de la presente causa, cuyo objeto es una reclamación de carácter pecuniario y de índole laboral.
La Ley Orgánica Procesal del Trabajo, atribuye en su artículo 29, la competencia de los órganos jurisdiccionales y, en concreto a los Tribunales del Trabajo, para conocer de diversas materias tales como:
Artículo 29. Los Tribunales del Trabajo son competentes para sustanciar y decidir:
1. Los asuntos contenciosos del trabajo, que no correspondan a la conciliación ni al arbitraje;
4. Los asuntos de carácter contencioso que se susciten con ocasión de las relaciones laborales como hecho social, de las estipulaciones del contrato de trabajo y de la seguridad social;
De la norma parcialmente transcrita se aprecia la competencia de los Tribunales de la jurisdicción laboral para conocer aquellos asuntos que se susciten con ocasión de las relaciones laborales, que no correspondan a la conciliación o al arbitraje.
En tal sentido, se evidencia de las actas procesales copia simple del pliego de peticiones con carácter conciliatorio y de lo concerniente al pliego con carácter conflictivo presentado por el SINDICATO UNIÓN DE TRABAJADORES Y TRABAJADORAS SOCIALISTAS DE TRIMECA (SUTRASTRIMECA) ante la Inspectoría del Trabajo CÉSAR PIPO ARTEAGA del Estado Carabobo, del cual se desprende que los trabajadores de la referida empresa solicitaron el patrono el cumplimiento de ciertas cláusulas de la Convención Colectiva de Trabajo, así como incumplimiento Art. 157 derogada Ley Orgánica del Trabajo, referente a los días comprendidos dentro de los días de vacaciones, incumplimiento Art. 193 derogada Ley Orgánica del Trabajo referente al pago por el tiempo de viaje, no cumple con el salario semanal por cuanto procede a descontar el pago del día de descanso convencional y legal en su recibo de pago a los trabajadores cuanto estos falten 3 días en la semana, a pesar de que estos días de ausencia sean por enfermedad o permiso contractual, la empresa no cumple con el bono de asistencia puntual y perfecta.-
En este sentido, de conformidad con el artículo 469 de la Ley Orgánica del Trabajo, el cual prevé que: las negociaciones y conflictos colectivos que surjan entre uno (1) o más sindicatos de trabajadores y uno (1) o más patronos, para modificar las condiciones de trabajo, para reclamar el cumplimiento de las convenciones colectivas, o para oponerse a que se adopten determinadas medidas que afecten a las trabajadores de la respectiva empresa, explotación o establecimiento, se tramitarás de acuerdo con lo dispuesto en este Capítulo, es decir, a través del procedimiento de negociación y conciliación lo cual fue debidamente tramitado por ante el órgano administrativo del trabajo como ya se indicó con la debida presentación del Pliego Conciliatorio y posteriormente Pliego Conflictivo siendo representada la masa de trabajadores por la organización sindical con cualidad para ello y como establece las normas supra citadas.
Ahora bien ante la pretendida solución del conflicto mediante ARBITRAJE manifestada por la representación judicial de la parte demandada, lo que generaría la falta de jurisdicción de éste órgano frente a la administración pública de conformidad con lo establecido en el artículo 29 ejusdem es preciso hacer las siguientes consideraciones:
Se evidencia de Acta de fecha 16/08/2011 levantada por ante la Inspectoría del Trabajo César Pipo Arteaga del estado Carabobo, emanada de la Junta de Conciliación constituida con ocasión a la tramitación del Pliego Conflictivo presentado por la Organización Sindical SINDICATO UNIÓN DE TRABAJADORES Y TRABAJADORAS SOCIALISTAS DE TRIMECA (SUTRASTRIMECA) y la EMPRESA TRABAJOS INDUSTRIALES Y MECÁNICOS (TRIME, CA)., acordaron SOMETER A CONSULTA de la Consultoría Jurídica del Ministerio del Poder Popular para el Trabajo y la Seguridad Social los puntos reclamados por considerarlos puntos de derecho y una vez producido el dictamen pondrían fin al procedimiento.
A fin de analizar la procedencia de la falta de jurisdicción por la existencia del sometimiento de las partes al medio de heterocomposición procesal ARBITRAJE no aporta la representación judicial de la demandada el compromiso arbitral el cual debe surgir de manera unánime de la Junta de Conciliación, plasmado, necesariamente los términos de ese compromiso, que permita a éste órgano jurisdiccional establecer indubitablemente, que en efecto el hoy accionante, decidió someterse a tal medio de solución de conflicto lo que le impidiese accionar por ante los Tribunales Laborales.
En opinión de quien decide debió aportarse a los autos el compromiso arbitral en el que se pudiese verificar:
a) El mandato de los árbitros para actuar como tales
b) La delimitación competencial sobre que materias podría decidir
c) La adhesión al laudo que recaiga.
De modo que someter a consulta puntos de derecho por ante la Consultoría Jurídica del Ministerio Popular para el Trabajo y la Seguridad (sic) no evidencia el compromiso de las partes de someterse a tal medio de heterocomposición de conflictos que pudiera producir la falta de jurisdicción de éste órgano jurisdiccional frente a la administración pública. Y ASÍ SE DECIDE.
Por las razones anteriormente expuestas este JUZGADO ( ), declara:
PRIMERO: SIN LUGAR LA FALTA DE JURISDICCIÓN FRENTE A LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.
SEGUNDO: AFIRMA TENER JURISDICCIÓN, para conocer del presente juicio por cobro de prestaciones sociales incoado . (Sic). (Mayúsculas y negrillas de la sentencia).
III
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
Corresponde a esta Sala Político-Administrativa emitir pronunciamiento en el recurso de regulación de jurisdicción ejercido por la representación judicial de la empresa demandada, de conformidad con la competencia que le es atribuida en los artículos 23, numeral 20 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa; 26, numeral 20 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia; en concordancia con lo establecido en los artículos 59 y 62 del Código de Procedimiento Civil.
En el presente caso, la representación judicial de la sociedad mercantil Trabajos Industriales y Mecánicos, C.A. (TRIME, C.A.), impugnó el fallo dictado el 7 de enero de 2013, por el Juzgado Segundo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, mediante el cual afirmó su jurisdicción para conocer de la demanda por cobro de diferencia de prestaciones sociales y otros conceptos laborales incoada por el ciudadano Tomás Enrique Araujo Montilla.
En el caso de autos, el aludido Juzgado declaró que lo planteado por el accionante en el caso bajo examen no podría calificarse como un conflicto colectivo de trabajo, ya que no ha sido planteada acción alguna por un sindicato en nombre de sus integrantes, sino por el contrario se trata de una petición individualizada de cumplimiento de ciertos beneficios laborales derivados directamente de la Convención Colectiva de Trabajo, que se traducen en el caso concreto a una demanda el cobro de Sábados y domingos en la jornada, salario aplicado para el pago de las vacaciones, Sábados y domingos en vacaciones, bono de asistencia, tiempo de viaje, diferencia cesta ticket y conforme a lo anteriormente expuesto, afirmó su jurisdicción para conocer el presente caso.
Ahora bien, se observa que las normas invocadas por el tribunal laboral para fundamentar su decisión, se encuentran consagradas en el Capítulo II De la Convención Colectiva de Trabajo del Decreto N° 8.938 mediante el cual se dicta el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.076 Extraordinario del 7 de mayo de 2012, aplicable para la fecha de interposición de la acción; referidas al procedimiento administrativo que debe llevarse a cabo para la celebración de las convenciones colectivas de trabajo.
Establecido lo anterior, aprecia la Sala que en la causa bajo estudio la apoderada judicial del ciudadano Tomas Enrique Araujo Montilla, demandó a la sociedad mercantil Trabajos Industriales y Mecánicos, C.A. (TRIME, C.A.), con el objeto de que cancelara el pago de la cantidad de UN MILLÓN TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO NOVENTA BOLÍVARES CON SETENTA Y TRES CÉNTIMOS (Bs. 1.348.190,73), por los conceptos de cobro de Sábados y domingos en la jornada, salario aplicado para el pago de las vacaciones, Sábados y domingos en vacaciones, bono de asistencia, tiempo de viaje, diferencia cesta ticket (sic) que a su decir fueron causados desde el 22 de septiembre de 1997, fecha de ingreso del trabajador a la entidad de trabajo.
Asimismo, de la revisión efectuada a las actas procesales que componen el expediente, este Órgano Jurisdiccional observa, que fue consignada copia simple del acta de fecha 16 de agosto de 2011, (ver folio 239 del expediente), suscrita ante el Inspector del Trabajo en el Estado Carabobo, donde tanto el SINDICATO UNIÓN DE TRABAJADORES Y TRABAJADORAS SOCIALISTAS DE TRIMECA (SUTRASTRIMECA) y la EMPRESA TRABAJOS INDUSTRIALES Y MECÁNICOS (TRIME, C.A.), establecieron: En este estado las partes de manera conjunta exponen: La Junta de Conciliación ha resuelto por acuerdo, elevar consulta al Ministerio del Trabajo y la Seguridad Social, concretamente por ante la Consultoría Jurídica, los reclamos y presuntos incumplimientos, contenidos en el Pliego con carácter Conflictivo.
En virtud de lo anterior y tal como lo estableció el Juzgado remitente, esta Sala evidencia que no se haya concretado un compromiso entre las partes para someterse a un medio de heterocomposición de conflictos, toda vez que de conformidad con la mencionada acta, las partes indicaron, que cuando tengamos el resuelve de lo planteado, ambas partes acataran lo dictaminado por el órgano competente (sic). Asimismo, no consta documento alguno que haga suponer que la mencionada Consultoría Jurídica haya resuelto lo solicitado por las partes de manera conjunta.
Al respecto, el artículo 29 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 37.504 de fecha 13 de agosto de 2002, establece lo siguiente:
Artículo 29. Los Tribunales del Trabajo son competentes para sustanciar y decidir:
1. Los asuntos contenciosos del trabajo, que no correspondan a la conciliación y al arbitraje;
2. Las solicitudes de calificación de despido o reenganche, formuladas con base en la estabilidad laboral consagrada en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en la legislación laboral;
3. Las solicitudes de amparo por violación o amenaza de violación de los derechos y garantías constitucionales establecidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela;
4. Los asuntos de carácter contencioso que se susciten con ocasión de las relaciones laborales como hecho social, de las estipulaciones del contrato de trabajo y de la seguridad social; y
5. Los asuntos contenciosos del trabajo relacionados con los intereses colectivos o difusos. (Destacado de esta decisión).
De acuerdo con la norma transcrita, los tribunales del trabajo tienen competencia para conocer, entre otros asuntos, aquellos que se susciten con ocasión de las relaciones laborales, y que no correspondan a la conciliación o al arbitraje.
En relación a lo anterior, considera esta Sala Político-Administrativa necesario traer a colación el contenido de la sentencia N° 01100, de fecha 3 de noviembre de 2010, mediante la cual, en un caso similar al de autos, señaló lo siguiente:
Ahora bien, de la demanda cursante en el expediente se observa que la pretensión del accionante tiene por objeto el cumplimiento de cláusulas contractuales, ( ), a Reconocér[sele] la Estabilidad Contractual que me asiste y a cumplir con el procedimiento para despedir ( ), específicamente con el beneficio de jubilación ( ), y, en consecuencia, se ordene mi reincorporación inmediata a mis labores habituales en las mismas condiciones en que me encontraba, con el correspondiente pago de salarios que deje de percibir y de todos los beneficios contractuales que me asisten, desde la fecha del intempestivo despido hasta que efectivamente se me reincorpore, más la indexación monetaria y el pago de las costas por parte de la accionada.
( omissis )
Determinado lo anterior, debe resaltar esta Sala que lo expuesto por el actor en el caso bajo examen no podría calificarse como un conflicto colectivo de trabajo, ya que no ha sido planteada acción alguna por un sindicato en nombre de sus integrantes, sino más bien se trata de una petición individualizada del cumplimiento de ciertos beneficios laborales, que en su decir, lo amparan, de conformidad con la convención colectiva de trabajo supra indicada. (Vid. sentencia de esta Sala N° 330 y 724 del 28 de febrero de 2007 y 27 de mayo de 2009, respectivamente).
( omissis )
De esta forma, el presente caso encuadra perfectamente dentro de los supuestos establecidos en el antes transcrito artículo 29 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, que atribuye competencia a los tribunales del trabajo para el conocimiento de los asuntos contenciosos que no correspondan a la conciliación y al arbitraje y de aquéllos que se susciten con ocasión de las relaciones laborales como hecho social, de las estipulaciones del contrato de trabajo y de la seguridad social.
En virtud de todo lo antes expuesto, debe esta Sala declarar que el Poder Judicial sí tiene jurisdicción para conocer y decidir el caso de autos, visto que el demandante exige el cumplimiento de una convención colectiva del trabajo, que en su decir, supuestamente le ampara, respecto a la estabilidad laboral, y el beneficio de jubilación. (Subrayado de esta decisión).
Así pues, conforme a la norma transcrita y al criterio jurisprudencial expuesto, esta Sala declara que el Poder Judicial sí tiene jurisdicción para conocer y decidir la demanda interpuesta por la apoderada judicial del ciudadano Tomas Enrique Araujo Montilla, por cobro de prestaciones sociales y otros conceptos laborales contra la sociedad mercantil Trabajos Industriales y Mecánicos, C.A. (Trime, C.A.). Así se decide.
En consecuencia, esta Sala declara sin lugar el recurso de jurisdicción incoado y confirma la sentencia de fecha 7 de enero de 2013, dictada por el Juzgado Segundo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo. Así se declara.
IV
DECISIÓN
Por las razones anteriormente expuestas, esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara:
1.- SIN LUGAR el recurso de regulación de jurisdicción interpuesto.
2.- Que el PODER JUDICIAL SÍ TIENE JURISDICCIÓN para conocer y decidir la demanda por cobro de diferencia de prestaciones sociales y otros conceptos laborales incoada por el ciudadano TOMAS ENRIQUE ARAUJO MONTILLA, contra la sociedad mercantil TRABAJOS INDUSTRIALES Y MECÁNICOS, C.A. (TRIME, C.A.)
3.- Se CONFIRMA la decisión dictada en fecha 7 de enero de 2013, dictada por el Juzgado Segundo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo.
Se CONDENA EN COSTAS a la sociedad mercantil Trabajos Industriales y Mecánicos, C.A., (TRIMECA,C.A.), de conformidad con las disposiciones contenidas en los artículos 274 y 276 del Código de Procedimiento Civil.
Publíquese, regístrese y notifíquese. Devuélvase el expediente al prenombrado Juzgado. Cúmplase lo ordenado.
Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los veintiocho (28) días del mes de mayo del año dos mil trece (2013). Años 203º de la Independencia y 154º de la Federación.
El Presidente EMIRO GARCÍA ROSAS
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| La Vicepresidenta EVELYN MARRERO ORTÍZ |
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Las Magistradas,
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TRINA OMAIRA ZURITA
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| MÓNICA MISTICCHIO TORTORELLA
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El Magistrado EMILIO RAMOS GONZÁLEZ Ponente |
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| La Secretaria, SOFÍA YAMILE GUZMÁN
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| En veintinueve (29) de mayo del año dos mil trece, se publicó y registró la anterior sentencia bajo el Nº 00554, la cual no está firmada por la Magistrada Trina Omaira Zurita, por motivos justificados. |
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La Secretaria, SOFÍA YAMILE GUZMÁN
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