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Sentencia N.º 00585

Sentencia
N.º 00585
Fecha
10/04/2002
Sala
Político Administrativa
Expediente
0934
Ponente
Levis Ignacio Zerpa
Procedimiento
Declinatoria de competencia en recurso de nulidad conjuntamente con amparo

MAGISTRADO PONENTE: LEVIS IGNACIO ZERPA

Exp. Nº 0934-00

 

La Sala Constitucional de este Supremo Tribunal, adjunto a oficio Nº 814   de fecha 16 de agosto de 2000, remitió a esta Sala copias certificadas de las actuaciones relacionadas con el expediente contentivo del recurso contencioso administrativo de anulación ejercido junto con acción de amparo constitucional por los ciudadanos GRECIA DESSIRÉ HARVEY LÓPEZ, SANDRA MARTÍNEZ CERÓN, FIDEL ERNESTO LOZADA ARROYO, EDDY RAFAEL D’ARMAS ESCALANTE, JUAN CARLOS CASTILLO CASTILLO, EDDRYS JOSÉ OLLARVES QUINTERO, JEAN RAFAEL ROMERO HERNÁNDEZ y LORENA PATRICIA MADRIZ RUÍZ, contra los actos administrativos dictados por el  CONSEJO DIRECTIVO DE LA UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR, en sesiones de fechas 2 de abril y 2 de julio de 1998, mediante los cuales se creó el Fondo de Desarrollo Estudiantil y sus Estatutos, en cuyo artículo 6 establece el pago de aportes mensuales obligatorios para ser aplicados a todos los estudiantes de la referida Universidad, como requisito indispensable del derecho a inscripción. Remisión que hizo, en virtud de la sentencia de esa Sala de fecha 2 de agosto de 2000, mediante la cual declinó la competencia a favor de esta Sala.

En fecha 19 de septiembre de 2000 se dio cuenta en Sala y por auto de la misma fecha, se designó ponente al Magistrado Carlos Escarrá Malavé, a los fines de decidir la apelación en acción de amparo.

En virtud de la designación de los Magistrados Hadel Mostafá Paolini y Yolanda Jaimes Guerrero, y la ratificación del Magistrado Levis Ignacio Zerpa, por la Asamblea Nacional en sesión de fecha 20 de diciembre de 2000, publicada en la Gaceta Oficial N° 37.105 del día 22 del mismo mes y año, se reconstituyó la Sala Político Administrativa el 27 de diciembre de dicho año, y se reasignó la ponencia a la Magistrada Yolanda Jaimes Guerrero.

Posteriormente, se reasignó la ponencia al Magistrado Levis Ignacio Zerpa, quien con tal carácter suscribe el presente fallo.

I

ANTECEDENTES

 

Mediante escrito de fecha 11 de agosto de 1998, presentado ante la Corte Primera en lo Contencioso Administrativo, las abogadas Ana Teresa Stengel de Isea y Ninoska Quintero, inscritas en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los números 15.604 y 17.929, respectivamente, actuando con el carácter de apoderadas judiciales de los ciudadanos GRECIA DESSIRÉ HARVEY LÓPEZ, SANDRA MARTÍNEZ CERÓN, FIDEL ERNESTO LOZADA ARROYO, EDDY RAFAEL D’ARMAS ESCALANTE, JUAN CARLOS CASTILLO CASTILLO, EDDRYS JOSÉ OLLARVES QUINTERO, JEAN RAFAEL ROMERO HERNÁNDEZ y LORENA PATRICIA MADRIZ RUÍZ, titulares de las cédulas de identidad números 13.859.449, 13.894.869, 14.073.215, 12.460.655, 13.943.431, 14.142.697, 14.197.934 y 13.865.860, respectivamente, todos estudiantes de la Universidad Simón Bolívar, sede del Litoral, interpusieron recurso de nulidad junto con acción de amparo constitucional  contra los actos administrativos dictados por el  CONSEJO DIRECTIVO DE LA UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR, en sesiones de fechas 2 de abril y 2 de julio de 1998, mediante los cuales se creó el Fondo de Desarrollo Estudiantil y sus Estatutos, estableciendo el pago de aportes mensuales obligatorios para ser aplicados a todos los estudiantes de la referida Universidad, como requisito indispensable del derecho a inscripción, violando así los artículos 78 y 61 de la Constitución de 1961 (hoy 102 y 21 de la Constitución vigente), es decir, el derecho a la educación gratuita y a la no discriminación económica y de clases, en concordancia con los artículos 11 de la Ley de Universidades, que establece que los estudios ordinarios en las instituciones oficiales son gratuitas y 8 de la Ley Orgánica de Educación.

Expresan igualmente, que la acción de amparo constitucional que ejercen tiene carácter de medida cautelar subsidiaria y en consecuencia, solicitan se suspendan los efectos de dichos actos, de conformidad con lo previsto en el Parágrafo Primero del artículo 5, en concordancia con los artículos 22, 23, 24 y 26 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales y 49 y 206 de la Constitución de 1961, hoy 27 y 259 de la vigente Carta Magna.

Subsidiariamente, solicitaron medidas cautelares innominadas en el supuesto de que se considere improcedente la citada petición de amparo constitucional, consistente en que temporalmente se prohiba la implementación del artículo 6 de los Estatutos y se permita realizar el proceso normal de inscripción con el arancel establecido en años anteriores, no con el aporte mensual aprobado. Igualmente, solicitaron, que de conformidad con lo establecido en el artículo 135 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, se declare la urgencia en el presente procedimiento y se reduzcan los lapsos correspondientes. 

En sentencia de fecha 1º de octubre de 1998, la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo declaró improcedentes la petición de amparo cautelar, la medida cautelar innominada y declaró el presente asunto como de mero derecho, es decir, ordenó la reducción de los lapsos procesales respecto del recurso de nulidad.

En diligencia de fecha 22 de octubre de 1998, la abogada Ana Teresa Stengel de Isea, apoderada judicial de los recurrentes, apeló de la antes mencionada sentencia y por auto del 20 de noviembre del mismo año, la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, oyó la misma en un solo efecto y ordenó remitir las copias certificadas respectivas a esta Sala.

El 4 de diciembre de 1998 se dio cuenta en Sala y por auto de la misma fecha, se designó ponente al Magistrado Hermes Harting, a los fines de decidir la apelación en acción de amparo.

En escrito del 11 de diciembre de 1998, las apoderadas judiciales de los recurrentes fundamentaron la apelación interpuesta.

Por auto del 24 de enero de 2000 se reasignó la ponencia al Magistrado Carlos Escarrá Malavé.

En sentencia del 29 de febrero de 2000, esta Sala declinó su competencia para conocer la presente apelación en la Sala Constitucional de este Supremo Tribunal y en sentencia del 2 de agosto de 2000, la mencionada Sala se declaró incompetente para conocer de la misma y, en consecuencia, declinó su competencia en esta Sala y ordenó la remisión del expediente.

II

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN

 

Para decidir, la Sala observa:

Ahora bien, en virtud de lo dispuesto en el mismo artículo 35 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, la Sala pasa a conocer la apelación de la decisión antes descrita, por medio de la cual se declaró improcedente la petición de amparo cautelar ejercida y en tal sentido, observa:

Cuando, como en el caso de autos, se ejerce el amparo constitucional conjuntamente con el recurso contencioso administrativo de anulación de un acto administrativo de efectos particulares, conforme al segundo párrafo del artículo 5 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, esta acción tiene el carácter y la función de una medida cautelar, mediante la cual el Juez con su pronunciamiento, debe evitar que al accionante le sean violentados derechos o garantías de rango constitucional, mientras dure el juicio principal.

Ahora bien, ha señalado reiteradamente la jurisprudencia de esta Sala y la de la Sala Constitucional de este Supremo Tribunal (caso: C.A. Electricidad del Centro ‘ELECENTRO’ y Compañía Anónima de Electricidad de los Andes ‘CADELA’), que es competencia de la Sala Político-Administrativa conocer las apelaciones y consultas de las decisiones de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo en materia de amparo cautelar, por ser éste una cuestión accesoria del recurso de nulidad, que es la acción principal interpuesta y la Sala el tribunal superior natural de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 5 y 35 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales es, en consecuencia, esta Sala la competente para conocer del presente asunto. Así se declara.

V

DECISIÓN

 

Por todas las razones expuestas, esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley:

1.- ACEPTA LA COMPETENCIA que le declinara la Sala Constitucional de este Supremo Tribunal, para conocer la presente apelación de amparo cautelar.

2.- ORDENA la designación de ponente, a los fines de decidir la apelación interpuesta.

Publíquese, regístrese y comuníquese. Cúmplase lo ordenado.

Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los nueve (09) días del mes de abril de dos mil dos.- Años: 191º de la Independencia y 143º de la Federación.

   El Presidente-Ponente,

LEVIS IGNACIO ZERPA

El Vicepresidente,

HADEL MOSTAFÁ PAOLINI

YOLANDA JAIMES GUERRERO

                     Magistrada

 

La Secretaria,

 

 

ANAÍS MEJÍA CALZADILLA

EXP. Nº 0934-00

LIZ/hra.-

En diez (10) de abril del año dos mil dos, se publicó y registró la anterior sentencia bajo el Nº 00585.

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