Sentencia N.º 00618
- Sentencia
- N.º 00618
- Fecha
- 17/04/2002
- Sala
- Político Administrativa
- Expediente
- 0157
- Ponente
- Hadel Mostafá Paolini
- Procedimiento
- Apelación del Auto del Juzgado de Sustanciación
- Enlace fuente oficial
- Ver en sitio web oficial del TSJ
Magistrado Ponente HADEL MOSTAFÁ PAOLINI
Exp. No. 2000-0157
En fecha 29 de noviembre de 2001, la abogada Mercedes Ochoa inscrita en el Inpreabogado bajo el Nº 45.346, actuando en representación de la ciudadana NIEVES SEMIDEY SANTAMARÍA, titular de la cédula de identidad Nº 3.014.555, interpuso recurso de apelación contra el auto dictado por el Juzgado de Sustanciación de esta Sala el 20 de noviembre de 2001, por medio del cual se declaró inadmisible la demanda interpuesta por indemnización de daños y perjuicios intentada por los abogados Abraham Grosman K. y Luis Eduardo Colmenares Sánchez, inscritos en el Inpreabogado bajo los Nros. 40.370 y 28.216, respectivamente, actuando con el carácter de apoderados judiciales de la demandante antes identificada contra la República de Venezuela (Ministerio de la Defensa).
En fecha 4 de diciembre de 2001, el Juzgado de Sustanciación oyó libremente la apelación interpuesta. En esa misma fecha se acordó remitir el expediente a esta Sala.
En fecha 11 de diciembre de 2001 se dio cuenta en Sala y se designó ponente al Magistrado Hadel Mostafá Paolini, a los fines de decidir la apelación planteada. En esa misma fecha la apoderada judicial de la apelante presentó escrito a los fines de fundamentar la apelación.
Realizado el estudio del expediente, pasa esta Sala a decidir previas las siguientes consideraciones.
I
ANTECEDENTES
En fecha 6 de diciembre de 1995, los abogados Abraham Grosman K. y Luis Eduardo Colmenares Sánchez, actuando en su carácter de apoderados judiciales de la ciudadana Nieves Semidey Santamaría, interpusieron ante el Tribunal de la Carrera Administrativa demanda por indemnización de daños y perjuicios contra la República de Venezuela (Ministerio de la Defensa). Dicha demanda fue estimada en la cantidad de doce mil cuatrocientos ochenta y cinco dólares de los Estados Unidos de América con sesenta y ocho centavos (US$ 12.485, 68).
Alegó la recurrente que se dirigió a varias instancias del Ministerio de la Defensa a objeto de obtener una reparación del daño pecuniario sufrido, en respuesta a lo cual recibió el oficio Nº 4210 de fecha 21 de noviembre de 1994, donde el Director de Personal del Ejército le manifestó que no existía deuda alguna con su persona. El 12 de diciembre del mismo año, ejerció recurso de reconsideración contra el precitado acto, del cual no recibió respuesta, por lo que procedió a interponer el recurso jerárquico correspondiente ante el Ministro de la Defensa.
Señaló que presentó comunicación ante la Junta de Avenimiento del referido Ministerio a fin de agotar la vía administrativa. Sostuvo también, que el Ministerio de la Defensa no dio cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 82 del Reglamento General de la Ley de Carrera Administrativa, relativo a los pagos que el Ejecutivo está obligado a efectuar a los funcionarios trasladados; por tal razón, y con fundamento en el artículo 1185 del Código Civil, demandó a la República de Venezuela, por órgano del precitado Ministerio, a objeto de que convenga o a ello sea condenada, al pago de la cantidad de doce mil cuatrocientos ochenta y cinco dólares de los Estados Unidos de América con sesenta y ocho centavos (US$ 12.485,00), por indemnización de los daños y perjuicios que, en su criterio, le fueron causados por la parte demandada.
Del mismo modo, solicitó la corrección monetaria de la suma demandada en el sentido de que ...una vez concedida deberá ser calculada al valor del U.S.$ a la cotización oficial para ese momento.
Por sentencia de fecha 2 de noviembre de 1999, el Tribunal de la Carrera Administrativa, se declaró incompetente para conocer de la demanda interpuesta y ordenó remitir el expediente a la Sala Político-Administrativa de la entonces Corte Suprema de Justicia, ...por ser el Tribunal competente....
En fecha 17 de octubre de 2000, esta Sala dictó sentencia por medio de la cual acordó notificar a la ciudadana Nieves Semidey Santamaría, a fin de que determinara la cuantía de la demanda interpuesta en el monto equivalente en moneda nacional.
El 13 de diciembre de 2000, la abogada Mercedes Ochoa, actuando en su carácter de apoderada judicial de la demandante expuso lo siguiente:
Cumpliendo con la decisión de este honorable tribunal y encontrándome en la oportunidad para determinar la cuantía de la presente demanda, lo hago de la forma siguiente. La demanda en el juicio se estima por el monto de ocho millones setecientos diez y ocho mil ciento veintiséis bolívares con cero céntimos (Bs. 8.718.126,oo), equivalente a la multiplicación de doce mil cuatrocientos ochenta y cinco dólares con sesenta y ocho céntimos ($ 12.485,68) por seiscientos noventa y ocho bolívares con veinticinco céntimos (Bs. 698,25), que es la tasa de cambio para el día de hoy, según el Banco Central de Venezuela. Igualmente, según lo solicitado en el libelo de la demanda, este monto en bolívares deberá ser ajustado al cambio oficial del día que se haga efectivo el pago de los daños y perjuicios.
El 8 de febrero de 2001 vista la reconstitución de esta Sala, la parte actora solicitó que se reasignara el expediente.
En virtud de la designación de los Magistrados Hadel Mostafá Paolini y Yolanda Jaimes Guerrero, y la ratificación del Magistrado Levis Ignacio Zerpa, por la Asamblea Nacional en sesión de fecha 20 de diciembre de 2000, publicada en la Gaceta Oficial Nº 37.105 del día 22 de diciembre del mismo mes y año, se reconstituyó la Sala Político Administrativa el 27 de diciembre de dicho año, se ordenó la continuación de la causa en el estado en que se encontraba, y se designó ponente al Magistrado Hadel Mostafá Paolini.
En fecha 24 de abril de 2001, la parte actora solicitó que se dictara sentencia en la presente causa.
Por sentencia dictada el 25 de septiembre de 2001, esta Sala aceptó la competencia que le fuere declinada por el Tribunal de la Carrera Administrativa mediante sentencia de fecha 2 de noviembre de 1999, para conocer de la demanda que cursa en autos. Asimismo, se repuso la causa al estado de admisión de la demanda. En consecuencia, se ordenó remitir el expediente al Juzgado de Sustanciación a los fines de que fueran examinadas las causales de admisión.
II
Del auto apelado
El Juzgado de Sustanciación en el momento de pronunciarse sobre la admisión de la demanda que cursa en autos, indicó en relación a la norma prevista en el artículo 30 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, que ...quien pretenda instaurar un juicio en contra de la República, debe agotar previamente el procedimiento administrativo exigido por la referida Ley, toda vez que su incumplimiento impide dar curso a la demanda interpuesta.
A tal efecto, señaló que ...de la revisión de las actas procesales, se evidencia que el demandante no acompañó ningún documento que permita inferir que cumplió con el procedimiento administrativo previo a que hacen referencia las normas mencionadas, en cuya virtud, este Juzgado a tenor de lo dispuesto en las referidas disposiciones en concordancia con lo establecido en el ordinal 5º del artículo 84 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, declara inadmisible la presente demanda, y así lo decide.
III
Argumentos de la representación
de lA RECURRENTE
Indicó la apoderada judicial de la apelante, que no es cierto que no se agotó la vía administrativa, ...ya que consta en el expediente, los diferentes recursos intentados por mi representada, ante el Ministerio de la Defensa, como lo son el RECURSO DE RECONSIDERACIÓN (folio Nº 85), RECURSO JERÁRQUICO (folio Nº 86 y 87/126 y 127) y por último el RECURSO ANTE LA JUNTA DE AVENIMIENTO (folio Nº 88), los cuales cabe señalar fueron interpuestos en su debida oportunidad, como consta en los sellos de recepción por parte del respectivo Ministerio y con lo cual se agota la vía administrativa.
Ante tal situación, afirmó que ...el caso que nos atañe es de una relación laboral y no de una relación comercial, es el caso que nuestra representada fue enviada a trabajar a la oficina de las Fuerzas Armadas ubicadas en la ciudad de Miami-Floria, U.S.A., y en virtud de lo narrado en el libelo de la demanda que se desprende el daño causado a la misma, y en virtud (sic) de esa relación y su jurisdicción correspondiente es que se procede según lo pautado en la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, Ley de Carrera Administrativa y su Reglamento;. (destacado del recurrente)
En este orden de ideas, indicó que en el presente caso se presente ...un daño y perjuicio ocasionado producto de una relación laboral y no otra cosa, y que en su oportunidad hace siete (7) años, se cumplieron con todos los requisitos de ley para su debida admisión. (destacado del recurrente)
IV
Motivación para decidir
Corresponde a esta Sala pronunciarse sobre la apelación interpuesta por la representación de la ciudadana Nieves Semidey Santamaría contra el auto dictado por el Juzgado de Sustanciación el 20 de noviembre de 2001, por medio del cual se declaró inadmisible la demanda interpuesta.
En tal sentido, se observa que el fundamento para la declaratoria de inadmisibilidad de la demanda interpuesta, es la falta de cumplimiento del procedimiento administrativo previo a las demandas que se pretendan instaurar contra la República, de conformidad con lo señalado en el artículo 30 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República de 1965.
Ante tal situación, señaló la apoderada judicial de la recurrente, que no existía tal incumplimiento, por cuanto consta en el expediente la interposición del recurso de reconsideración, del recurso jerárquico y de las gestiones por ante la Junta de Avenimiento del Ministerio de Defensa.
Planteado lo anterior, esta Sala pasa a resolver la apelación interpuesta y a tal efecto, observa lo siguiente:
Del contenido del escrito libelar presentado por ante el Tribunal de la Carrera Administrativa, se constata que la pretensión de la demandante es la siguiente:
Por las razones anteriormente expuestas, es por lo cual ocurrimos ante su competente autoridad, para DEMANDAR como en efecto DEMANDAMOS en nombre de la ciudadana NIEVES SEMIDEY SANTAMARÍA, antes identificada a la República de Venezuela, específicamente al MINISTERIO DE LA DEFENSA, para que convenga en la presente demanda o en su defecto a ello sea condenado por este tribunal, a cancelar la cantidad de US$ DOCE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS (U.S.$ 12.485,68), por daños y perjuicios causados a nuestra representada. (destacado de la parte actora)
Ahora bien, tal como se estableciera en la sentencia de fecha 25 de septiembre de 2001, número 2005, dictada con ocasión al pronunciamiento sobre la competencia para conocer de la presente acción, se constata que la misma constituye una demanda por cobro de bolívares intentada contra la República, no obstante, haber sido sustanciada en su totalidad en el Tribunal de la Carrera Administrativa de conformidad con lo previsto en el artículo 73 y siguientes de la Ley de Carrera Administrativa, es decir, como si se tratara de una querella funcionarial. En tal sentido, observa esta Sala, que era necesario el cumplimiento del requisito del antejuicio administrativo previsto en la norma dispuesta en el artículo 30 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, aplicable rationae temporis y según la cual: Quienes pretendan instaurar judicialmente una acción en contra de la República deberán dirigirse, previamente y por escrito al Ministerio al cual corresponda el asunto y exponer concretamente sus pretensiones en el caso.
Con fundamento en lo anterior y de la revisión de las actas que cursan en el expediente, considera esta Sala que no existe documento alguno que permita inferir el cumplimiento del procedimiento administrativo previo a las demandas que se intenten contra la República, por lo que resulta forzoso declarar la inadmisibilidad de la demanda interpuesta, de conformidad con lo previsto en el artículo 84 ordinal 5º de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia. Así se decide.
Asimismo, considera oportuno esta Sala advertir a la parte actora, que en casos en los que se pretenda demandar a la República por cobro de bolívares, el procedimiento administrativo previo a esta sede jurisdiccional, no es el contemplado en la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos -recurso de reconsideración y recurso jerárquico- sino el previsto en las normas dispuestas en los artículos 54 y siguientes de la vigente Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República. Así se establece.
V
Decisión
En virtud de lo anteriormente expuesto, este Tribunal Supremo de Justicia en Sala Político-Administrativa, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, decide en los siguientes términos:
1.- SIN LUGAR la apelación interpuesta en fecha 29 de noviembre de 2001, por la abogada Mercedes Ochoa, actuando en su carácter de apoderada judicial de la ciudadana NIEVES SEMIDEY SANTAMARÍA, contra el auto dictado por el Juzgado de Sustanciación, en fecha 20 de noviembre de 2001.
2.- CONFIRMA la decisión antes referida por medio de la cual se declaró INADMISIBLE la demanda interpuesta por indemnización de daños y perjuicios intentada por los abogados Abraham Grosman K. y Luis Eduardo Colmenares Sánchez, actuando con el carácter de apoderados judiciales de la ciudadana NIEVES SEMIDEY SANTAMARÍA contra la República de Venezuela (Ministerio de la Defensa).
Publíquese, regístrese y comuníquese. Archívese el expediente. Cúmplase lo ordenado.
Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas a los dieciseis (16) días del mes de abril de dos mil dos (2002). Años: 191º de la Independencia y 143º de la Federación.
El Presidente,
LEVIS IGNACIO ZERPA
El Vicepresidente-Ponente,
HADEL MOSTAFÁ PAOLINI
Magistrada,
YOLANDA JAIMES GUERRERO
La Secretaria,
ANAÍS MEJÍA CALZADILLA
Exp. N° 2000-0157
En diecisiete (17) de abril del año dos mil dos, se publicó y registró la anterior sentencia bajo el Nº 00618.
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