Venley

Sentencia N.º 00634

Sentencia
N.º 00634
Fecha
06/06/2012
Sala
Político Administrativa
Expediente
2005-5351
Ponente
Trina Omaira Zurita
Procedimiento
Demanda

ACCIDENTAL

Magistrada Ponente: TRINA OMAIRA ZURITA

Exp. Nº 2005-5351

 

            Mediante Oficio N° 07-0482 de fecha 19 de marzo de 2007, la Sala Constitucional de este máximo Tribunal remitió a esta Sala, el expediente contentivo de la Sentencia N° 245 dictada el 15 de febrero de 2007, a través de la cual declaró “HA LUGAR la solicitud de revisión presentada por los abogados JUAN VICENTE ARDILA y Jesús Alberto Márquez (Sic) Mancera, el primero actuando en nombre propio y ambos en representación de los ciudadanos ENOÉ RODRÍGUEZ DE HERNÁNDEZ y SILVESTRE TOVAR LEOPARDI, de la sentencia N° 1170 del 9 de mayo de 2006 dictada por la Sala Político-Administrativa de este Máximo Tribunal”; en consecuencia, anuló el mencionado fallo y ordenó “…remitir copia de la presente decisión a la Sala Político-Administrativa de este Máximo Tribunal, que deberá decidir de nuevo, de acuerdo con la doctrina constitucional de esta Sala, la consulta prevista en los artículos 59 y 62 del Código de Procedimiento Civil, con ocasión de la sentencia dictada el 5 de octubre de 2005 por el Juzgado Noveno de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil Bancario con Competencia Nacional, y con sede en la ciudad de Caracas”.

            Por escrito del 18 de abril de 2007, la abogada Joelle Vegas Rivas, inscrita en el INPREABOGADO bajo el número 64.368, actuando en su carácter de apoderada judicial de los abogados Enoe Rodríguez de Hernández, Silvestre Tovar Leopardi y Jesús Alberto Vásquez Mancera, inscritos en el INPREABOGADO bajo los Nos. 15.083, 27.853 y 1.004, respectivamente, según se desprende de instrumento poder autenticado ante la Notaría Pública Octava del Municipio Chacao del entonces Distrito Metropolitano de Caracas en fecha 8 de enero de 2003, bajo el N° 40, Tomo 01 de los Libros de Autenticaciones llevados por esa Notaría, solicitó que se procediera a la constitución de la Sala Accidental para que decidiera la consulta de jurisdicción “…elevada por el Juzgado Noveno de Primera Instancia Civil, Mercantil y Bancario con Competencia Nacional y sede en la ciudad de Caracas…”.

            En fechas 8 de mayo, 28 de junio y 3, 10 y 18 de julio de 2007, los Magistrados Yolanda Jaimes Guerrero, Evelyn Marrero Ortíz, Levis Ignacio Zerpa, Hadel Mostafá Paolini y Emiro García Rosas, respectivamente, manifestaron su voluntad de inhibirse en el presente juicio.

            El 1° de agosto de 2007, fueron declaradas con lugar las prenombradas inhibiciones.

Realizadas las convocatorias a los Suplentes, el 12 de abril de 2011, se constituyó la Sala Accidental quedando integrada de la siguiente forma: Presidenta: Magistrada Trina Omaira Zurita; Vicepresidenta: Magistrada Suplente Mónica Misticchio Tortorella; Magistrado Suplente: Emilio Ramos González; Magistradas Suplentes: María Carolina Ameliach y Suying Olivares García; Secretaria: Sofía Yamile Guzmán. Se designó ponente a la Magistrada Trina Omaira Zurita.

Realizado el estudio del expediente, pasa esta Sala a decidir, previas las siguientes consideraciones:

I

ANTECEDENTES

            i) Antecedentes procesales:

            En fecha 19 de junio de 2003, los abogados Jesús Alberto Vásquez Mancera y Joelle Vegas Rivas, actuando en representación de sus propios intereses y con el carácter de apoderados judiciales de los abogados Enoe Rodríguez de Hernández y Silvestre Tovar Leopardi, todos identificados previamente, interpusieron ante el Juzgado Noveno de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil Bancario con Competencia Nacional y sede en la Ciudad de Caracas, demanda por estimación e intimación de honorarios profesionales contra la sociedad mercantil Banco Latino, C.A.

            Por auto de fecha 14 de julio de 2003, el mencionado Juzgado admitió la causa, ordenó intimar a la sociedad mercantil Banco Latino, C.A. y acordó la notificación a la entonces Procuradora General de la República, de conformidad con el artículo 94 del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica que rige sus funciones, aplicable ratione temporis.

            En fecha 14 de agosto de 2003, el Alguacil del referido Juzgado dejó constancia de la notificación a la entonces Procuradora General de la República. Posteriormente, el 11 de septiembre de 2003 consignó la boleta de intimación firmada por el abogado René Faría Colotto, inscrito en el INPREABOGADO bajo el No. 1.547, apoderado judicial de la sociedad mercantil Banco Latino, C.A.

El 23 de septiembre de 2003, compareció el abogado René Faría Colotto, antes identificado, y presentó “escrito de contestación de la demanda” a través del cual: 1) Apeló del auto de admisión de la demanda; 2) Se opuso al procedimiento de intimación y; 3) Ejerció el derecho de retasa.

En fecha 18 de diciembre de 2003, la parte intimante indicó que la apelación y la oposición formulada por la parte intimada fueron presentadas extemporáneamente; asimismo, requirió al Tribunal ordenar de oficio dicha retasa y fijar la oportunidad para que las partes designaran a los jueces retasadores.

Por auto de fecha 27 de enero de 2004, el Juzgado Noveno de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil Bancario con Competencia Nacional, declaró la extemporaneidad del escrito consignado por el apoderado judicial de la sociedad mercantil intimada y ordenó “RETASAR DE OFICIO las sumas intimadas por los abogados”; a tal efecto, fijó la oportunidad para el nombramiento de los jueces retasadores.

El 26 de febrero de 2004, el referido Juzgado, constituido como tribunal de retasa, previo al nombramiento y aceptación de los jueces designados al efecto, realizó el análisis de las actuaciones practicadas por los abogados intimantes y dictó sentencia considerando como “remuneración justa por tales actuaciones la suma de  SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES DE BOLÍVARES SIN CÉNTIMOS (Bs. 636.000.000,00) en estricto acatamiento al porcentaje del artículo 286 del Código de Procedimiento Civil”.

A través de auto de fecha 8 de marzo de 2004, se ordenó notificar de la referida sentencia a la Procuradora General de la República y a la sociedad mercantil intimada.

En fecha 9 de marzo de 2004, el apoderado judicial de la sociedad mercantil Banco Latino, C.A., apeló del auto dictado por el Juzgado de la causa el 27 de enero de 2004 que declaró la extemporaneidad del escrito consignado en nombre de su representada y ordenó “RETASAR DE OFICIO las sumas intimadas por los abogados”.

Mediante auto de fecha 10 de marzo de 2004, el Juzgado Noveno de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil Bancario con Competencia Nacional y sede en la Ciudad de Caracas, se pronunció negando la apelación interpuesta “por tardía” y, en consecuencia, declaró “que se consolidó el derecho de los intimantes a cobrar honorarios profesionales, dada la firmeza del decreto intimatorio y del fallo que lo reconoce”.

Posteriormente, a través de diligencia de fecha 21 de abril de 2004, la parte intimante solicitó que se decretara la ejecución de la sentencia dictada por el Tribunal retasador.

Por auto del 26 de abril de 2004, el precitado Juzgado decretó la ejecución de la sentencia definitivamente firme de fecha 26 de febrero de 2004 y otorgó al Banco Latino, C.A., el plazo de ocho (8) días de despacho para su cumplimiento voluntario.

El 10 de mayo de 2004, los abogados intimantes solicitaron la expedición del mandamiento de ejecución.

El 7 de junio de 2004, el Juzgado de la causa verificó el transcurso del lapso otorgado para el cumplimiento voluntario de la sentencia, y a tal efecto acordó la ejecución forzosa. En consecuencia, decretó la medida de embargo ejecutivo sobre bienes muebles e inmuebles propiedad del Banco Latino, C.A. Asimismo se ordenó la notificación de la Procuradora General de la República, la cual fue practicada el 8 de ese mes y año.

A través de escrito de fecha 19 de agosto de 2004, la representación judicial de la sociedad mercantil Banco Latino, C.A., solicitó la suspensión de la ejecución forzosa de la sentencia, en virtud de la “aplicación de los artículos 253 de la entonces vigente Ley General de Bancos y  33 de la Ley de Regulación de la Emergencia Financiera, pues la institución financiera demandada, Banco Latino, C.A., S.A.C.A.  a partir del 23 de agosto de 2000, había entrado en fase de liquidación, según resolución de esa misma fecha emanada de la Junta de Emergencia Financiera, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 37.027, del 1° de septiembre de 2000”.

En fecha 23 de agosto de 2004, los abogados intimantes contestaron el escrito precedentemente citado, indicando que los hechos demandados ocurrieron después de la intervención y liquidación del banco y en consecuencia alegaron que “…el derecho a cobrar al Banco Latino C.A. las costas a las cuales fue condenado por sentencias del Juzgado Octavo Superior en lo Civil y Mercantil Bancario y por la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, corresponden a hechos ocurridos después de la intervención y liquidación del Banco, los cuales por tanto están comprendidos dentro de la excepción contemplada en los artículos 322 y 383 de la Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras…”. (Subrayado de la cita).

Mediante decisión de fecha 30 de agosto de 2004, el Juzgado Noveno de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil Bancario con Competencia Nacional y Sede en la Ciudad de Caracas, declaró “INFUNDADA e IMPROCEDENTE y por tanto NIEGA, la solicitud de suspensión de la ejecución presentada por el BANCO LATINO, C.A., y ordena proseguir, sin más dilación, con los trámites de ejecución de la sentencia dictada por el Tribunal de Retasa.”

En fechas 30 de agosto, 7 y 8 de septiembre de 2004, la parte intimante, solicitó se expidiera el correspondiente mandamiento de ejecución para la práctica de la medida ejecutiva de embargo.

En fecha 17 de septiembre de 2004, el citado Juzgado libró el correspondiente mandamiento de ejecución.

El 20 de septiembre de 2004, el Juzgado Octavo de Municipio Ejecutor de Medidas de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, recibió el precitado mandamiento de ejecución y fijó la oportunidad para la práctica de la medida ejecutiva de embargo.

El 22 de septiembre de 2004, se practicó la medida ejecutiva de embargo en el Banco Occidental de Descuento, sobre el certificado de depósito N° 0116-0118-91-0069425477, a nombre del Banco Latino, C.A., por un monto de un mil trescientos cincuenta y tres millones cuatrocientos un mil setecientos cincuenta y dos bolívares con noventa y ocho céntimos (Bs. 1.353.401.752,98), reexpresados en la cantidad de un millón trescientos cincuenta y tres mil cuatrocientos un bolívar con setenta y cinco céntimos (Bs. 1.353.401,75).

Mediante diligencia de fecha 24 de septiembre de 2004, la representación judicial del Banco Latino, C.A., solicitó la reposición de la causa, toda vez que la sentencia emanada del Juzgado Noveno de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil Bancario con Competencia Nacional y Sede en la Ciudad de Caracas el 30 de agosto de 2004, fue dictada extemporáneamente y requirió la notificación a la Procuradora General de la República.

En la misma fecha, la apoderada judicial de la parte intimante, informó al Tribunal Ejecutor que no le fue entregado el cheque embargado, en virtud de que los representantes del Banco Latino, C.A. y FOGADE, manifestaron que la entidad bancaria intimada se encontraba en estado de liquidación.

Posteriormente, a través de escritos de fechas 5 y 19 de octubre de 2004, la parte actora alegó la improcedencia de los alegatos expuestos por los representantes del Banco Latino, C.A., en relación a la reposición solicitada y  requirió la entrega efectiva del cheque embargado.

El 25 de octubre de 2004, la representación judicial del Banco Latino, C.A., indicó que “el dinero embargado en el Certificado de Participación a Plazo, no forma parte de la prenda común de los acreedores del fiduciario, en este caso Banco Latino C.A., quien sólo está obligado a cumplir con las obligaciones que se deriven del fideicomiso o de su realización”,  por lo que solicitó desestimar la petición del intimante.

El 3 de noviembre de 2004, la parte intimante consignó escrito solicitando, nuevamente, la continuación de la ejecución.

Mediante escrito del 22 de noviembre de 2004, los abogados Jesús Escudero Estévez, Andrés Chumaceiro Villasmil y Oslyn Salazar Aguilera, inscritos en el INPREABOGADO bajo los números 65.548, 76.433 y 83.980 respectivamente, actuando con el carácter de apoderados judiciales del Banco Occidental de Descuento, Banco Universal, C.A., señalaron que “los haberes depositados en la institución bancaria que representamos, según consta en el Certificado de Depósito N° 0116-0118-91-0069425477, pertenecen al Banco Latino, C.A. actuando en su condición de fiduciario de los Fideicomisos”, por lo que solicitaron requerirle información a la Junta Liquidadora del Banco Latino, C.A. y al Fondo de Garantía de Depósitos y Protección Bancaria (FOGADE), para que se les relevara de la obligación de entregar los fondos mantenidos en depósito hasta que se aclare la titularidad sobre los mismos.

En fechas 30 de noviembre de 2004, 13 de junio, 6 y 20 de julio de 2005, la parte intimante solicitó al Tribunal que continuara con la ejecución forzosa.

Por sentencia del 5 de octubre de 2005, el Juzgado Noveno de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil Bancario con Competencia Nacional y Sede en la Ciudad de Caracas, declaró su falta de jurisdicción respecto a la Administración Pública, para conocer del asunto planteado, fundamentándose en lo dispuesto en los artículos 322 y 383 de la Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras, (publicada en la Gaceta Oficial N° 5.555, Extraordinario de fecha 13 de noviembre de 2001), en los siguientes términos:

“... siendo el caso que los accionantes en intimación de honorarios profesionales solicitan que el tribunal ordene al Banco Occidental de Descuento la entrega del cheque embargado y el pago de las demás cantidades de dinero que correspondan por intereses e indexación, y siendo el caso que tal orden de pago corresponde a la  liquidación de una deuda, este tribunal no puede fuera de su competencia y jurisdicción como lo ha reiterado la doctrina antes citado ordenar ese pago en detrimento de los intereses de la masa de acreedores del Banco intervenido y en proceso de liquidación, sin que esto signifique que los acreedores no puedan presentar su crédito para su calificación ante el órgano encargado de la liquidación en este caso, el órgano interventor (FOGADE).

De manera que en conocimiento de la doctrina reiterada de las Salas Civil, Político-Administrativa y Constitucional, respecto a la competencia de los Tribunales y la pérdida de la jurisdicción para continuar conociendo de los casos donde sea demandado un Banco u otra Entidad Financiera que se encuentre en etapa de liquidación, es que el poder judicial pierde la jurisdicción para conocer de los casos de cobros y liquidar el patrimonio de estos entes financieros intervenidos y en etapa de liquidación, por lo que  cualquier juez de la República en conocimiento de esta situación, debe en cualquier estado del proceso, declarar su falta de jurisdicción y dar por terminado el juicio y de conformidad con lo previsto en el artículo 59 y 3 del Código de Procedimiento Civil pasar la causa a la entidad administrativa competente, por lo que la satisfacción de la pretensión de los abogados accionantes debe gestionarse a través del procedimiento de liquidación administrativa, previsto en la Ley de Regulación de la Emergencia Financiera y en la Ley General de Bancos y otras Instituciones financieras. Así se decide.

…omissis…

      En razonamiento a lo anteriormente expuesto, este Juzgado Noveno de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil Bancario con Competencia Nacional en Sede en la Ciudad de Caracas, de conformidad con lo establecido el (sic) artículo 322 y 383 de la Ley General de Bancos y otras Instituciones Financieras y artículos 3 y 59 del Código de Procedimiento Civil, declara su falta de jurisdicción para seguir conociendo de la presente causa por lo que da por terminado el presente juicio, ordenándose remitir el presente expediente al Tribunal Supremo de Justicia, Sala Político- Administrativa, a fin de la consulta obligatoria a que se contrae la norma prevista en el artículo 59 del Código de Procedimiento Civil. (Resaltado de la Cita). (Sic).

En fecha 18 de octubre de 2005, se dio cuenta en Sala y se designó ponente a la Magistrada YOLANDA JAIMES GUERRERO, a los fines de decidir la consulta prevista en los artículos 59 y 62 del Código de Procedimiento Civil.

Mediante escrito de fecha 26 de octubre de 2005, la parte intimante alegó que “…se está ante una falsa declaratoria de falta de jurisdicción…”.

El 25 de abril de 2006, la parte intimante presentó escrito indicando entre otras consideraciones que “ El Juzgado Noveno en lo Civil y Mercantil Bancario con Competencia Nacional y sede en la ciudad de Caracas VIOLÓ LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES DE LOS EJECUTANTES A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA, AL DEBIDO PROCESO Y A LA DEFENSA, AL DECLINAR LA JURISDICCIÓN EN ETAPA DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA…”.(Resaltado de la cita).

Mediante sentencia N° 01170 publicada el 10 de mayo de 2006, la Sala Político Administrativa declaró que el Poder Judicial no tenía jurisdicción para conocer el presente juicio, anuló todas las actuaciones y, en consecuencia, declaró terminado el presente juicio.

            Por escrito presentado el 18 de mayo de 2006, la parte intimante solicitó la aclaratoria de la sentencia citada supra, invocando “un error judicial”.

            A través de diligencia del 7 de junio de 2006, el apoderado judicial de la parte intimada solicitó a esta Sala que “…ordenar[a] el levantamiento de la medida ejecutiva acordada en el presente juicio, en virtud de la anulación de todo lo actuado en el presente expediente…”

            ii) De los fundamentos de la demanda:

            En fecha 19 de junio de 2003, los abogados Jesús Alberto Vásquez Mancera y Joelle Vegas Rivas, actuando en representación de sus propios intereses y con el carácter de apoderados judiciales de los abogados Enoe Rodríguez de Hernández y Silvestre Tovar Leopardi, todos identificados previamente, interpusieron ante el Juzgado Noveno de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil Bancario con Competencia Nacional y sede en la Ciudad de Caracas, demanda por estimación e intimación de honorarios profesionales contra la sociedad mercantil Banco Latino, C.A., en virtud de los siguientes hechos:

            Señalaron que el 18 de noviembre de 1996, el Juzgado Noveno de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil Bancario con Competencia Nacional y sede en la Ciudad de Caracas, admitió demanda de intimación por cobro de bolívares interpuesta por la sociedad mercantil Banco Latino, C.A., contra la empresa Iveco Venezuela C.A., por la cantidad de mil setecientos millones setecientos cincuenta y cinco mil cinco bolívares con cuarenta y un céntimos (Bs. 1.700.755.005,41) reexpresados en un millón setecientos mil setecientos cincuenta y cinco bolívares con un céntimo (Bs. 1.700.755,01) por concepto de capital e intereses.

            Expusieron que la empresa demandada Iveco Venezuela C.A., se opuso al procedimiento intimatorio, rechazó la demanda en todas sus partes y reconvino al Banco Latino, C.A., por la cantidad de quinientos seis millones ochocientos setenta y siete mil ochocientos cincuenta y un bolívares con cuarenta céntimos (Bs. 506.877.851,40) reexpresados en quinientos seis mil ochocientos setenta y siete bolívares con ochenta y cinco céntimos (Bs. 506.877,85).

            Adujeron que en fecha 12 de diciembre de 2000, el Juzgado Superior Octavo Accidental en lo Civil y Mercantil Bancario con Competencia Nacional y sede en la Ciudad de Caracas, declaró con lugar la apelación interpuesta por la sociedad mercantil Iveco Venezuela C.A., contra la sentencia dictada por el Juzgado Noveno de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil Bancario con Competencia Nacional y sede en la Ciudad de Caracas el 28 de julio de 1999 y, en consecuencia “…revocó aquella sentencia; declaró sin lugar la acción de cobro de bolívares intentada por el BANCO LATINO, C.A. y con lugar la reconvención propuesta por IVECO VENEZUELA C.A., condenando al BANCO LATINO, C.A. al pago de las costas procesales tanto de la acción como de la reconvención.”

            Afirmaron que la representación judicial del Banco Latino, C.A., ejerció ante la Sala de Casación Civil de este máximo Tribunal, recurso de casación contra la decisión emanada del Juzgado Superior Octavo Accidental en lo Civil y Mercantil Bancario con Competencia Nacional y sede en la Ciudad de Caracas, el cual fue declarado perecido en fecha 15 de noviembre de 2002 y “…nuevamente fue condenado el Banco Latino, C.A., al pago de las costas…”.

            Alegaron que las condenas en costas al Banco Latino, C.A., acordadas en las referidas sentencias, le otorgaron el derecho a la sociedad mercantil Iveco Venezuela C.A. a reclamarlas judicialmente “…ya que fueron dictadas con posterioridad a la Resolución N° 265, de fecha 23 de agosto de 2000 que ordenó la liquidación del Banco Latino, C.A. y varios años después de haberse acordado (9 de Enero de 1994) su intervención administrativa. Tienen pues su causa en hechos posteriores a la intervención del Banco Latino C.A., y propios de la gestión de los interventores y liquidadores…”.

            Finalmente, estimaron la cuantía de los honorarios profesionales de los abogados que representaron a la sociedad mercantil Iveco Venezuela C.A., en la cantidad de seiscientos cincuenta y dos millones de bolívares (Bs. 652.000.000,00) reexpresados en seiscientos cincuenta y dos mil bolívares (Bs. 652.000,00), monto al cual le solicitaron el cálculo del impuesto al valor agregado, así como la corrección monetaria.

            iii) De la contestación de la demanda:

   El 23 de septiembre de 2003, compareció el abogado René Faría Colotto, antes identificado, y presentó “escrito de contestación de la demanda” a través del cual:

1) Apeló del auto de admisión de la demanda, invocando que la deuda no era liquida y exigible, toda vez que -a su decir- no existía una sentencia definitivamente firme que hiciera exigible el cobro de los honorarios profesionales. A ello agregó, que no se le puede ordenar a su representada pagar el treinta por ciento (30%) del monto litigado por concepto de costas procesales, puesto que la ley que regula la materia establece que dichas costas “…no podrán exceder del treinta (30%) del monto de lo litigado” pero que ello no implica que dicho porcentaje sea el definitivo.

2) Se opuso al procedimiento de intimación, señalando al respecto, que resultaba inadmisible una acción judicial intentada contra un ente financiero en estado de liquidación, supuesto en el cual se encontraba su representada, todo ello con fundamento en el contenido del artículo 484 de la Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financiera promulgada en el Decreto con Fuerza de Ley 1.526 de fecha 13 de noviembre de 2001, publicado en la Gaceta Oficial N° 5.555.

3) Ejerció el derecho de retasa “…estipulado en el artículo 22 de la Ley de Abogados, en concordancia con el artículo 22 del Reglamento de la citada Ley.”.

            iv) De la decisión emanada de la Sala Político Administrativa:

Mediante sentencia N° 01170 publicada el 10 de mayo de 2006, la Sala Político Administrativa declaró que el Poder Judicial no tenía jurisdicción para conocer el presente juicio, anuló todas las actuaciones y, en consecuencia, declaró terminado el presente juicio en los términos expresados a continuación:

“ (…)

Sobre la base de dichas condenatorias en costas, surgió el derecho de los apoderados judiciales de la empresa IVECO C.A., a estimar e intimar honorarios, acción que se realiza a través del procedimiento intimatorio iniciado el 19 de junio de 2003, en escrito presentado ante el Juzgado Noveno de Primera Instancia Civil y Mercantil Bancario con Competencia Nacional y Sede en la Ciudad de Caracas. En el presente caso, el precitado Juzgado declaró su falta de jurisdicción respecto a la Administración Pública, fundamentándose en lo dispuesto en los artículos 322 y 383 de la Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras, (publicada en la Gaceta Oficial N° 5.555, Extraordinario de fecha 13 de noviembre de 2001).

Ahora bien, a los fines de regular la jurisdicción es imperante determinar si la reclamación interpuesta por los abogados por estimación e intimación de honorarios profesionales, se produjo con ocasión a hechos posteriores a la intervención o liquidación de la Institución Financiera intimada o si surgió de obligaciones cuya procedencia haya sido decidida por sentencia definitivamente firme, antes de la medida respectiva, con el objeto de establecer si el presente caso se encuentra dentro de las excepciones previstas en los artículos 322, 383 y 484 Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras…

…omissis…

En este sentido, resulta conveniente precisar que las actuaciones de los abogados surgieron encontrándose el Banco Latino, C.A. intervenido, y los actos y hechos generadores de las obligaciones que reclaman los abogados intimantes se ocasionaron con anterioridad a la liquidación de la referida entidad financiera, por lo que para esa época procedía la suspensión de los juicios llevados a cabo en contra la referida institución financiera, con fundamento en el entonces vigente artículo 33 de la Ley de Regulación de de la Emergencia Financiera (promulgada en 1996) y posteriormente el artículo 27 de la Ley de Regulación Financiera, publicada en la Gaceta Oficial N° 36.868 de fecha 12 de enero de 2000, en concordancia con el artículo 253 de la Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras hoy derogada, la cual  establecía  disposiciones análogas a los artículos 383 y 484 de la vigente Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras.

Al respecto, ha sido el criterio de esta Sala Político-Administrativa (casos: Banco de los Trabajadores del 6 de mayo de 1999, y Banco Latino C.A., del 21 de octubre de 2003), que  no es posible intentar ninguna gestión o acción de cobro contra una institución financiera afectada de intervención o en liquidación, por lo que desde que fue declarada la intervención del Banco Latino y su consecuente liquidación se configuró la prohibición legal contenida en los artículos 383 y 484 de la Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras, de no continuar ninguna gestión judicial de cobro, deviniendo, de conformidad con el artículo 59 del Código de Procedimiento Civil, en una causal sobrevenida de pérdida de jurisdicción, que podrá declararse de oficio y en cualquier instancia y grado del proceso. Así se decide.

Ahora bien, habida cuenta, del carácter definitivo de la medida de liquidación adoptada para el Banco Latino, C.A., puesto que no existe posibilidad de rehabilitar a un banco sometido a liquidación administrativa, resulta forzoso para esta Sala declarar anulas todas las actuaciones realizadas en la presente causa. Así se decide.

Sin embargo, la declaratoria anterior no produce de pleno derecho la pérdida de la potestad de reclamar las acreencias adeudadas por el ente sometido a liquidación administrativa, toda vez que la falta sobrevenida de jurisdicción analizada anteriormente, trae como consecuencia, que no sea el Poder Judicial el llamado a proferir un pronunciamiento sobre el derecho reclamado y que sea la instancia administrativa designada por la ley a tales fines, la encargada de llevar a cabo la liquidación del patrimonio social y su distribución proporcional entre el universo de acreedores de la entidad financiera afectada.

En consecuencia, la pretensión de los abogados intimantes debe gestionarse ante el Fondo de Garantía de Depósitos y Protección Bancaria (FOGADE), ente que determinará el orden en que se pagarán las obligaciones de la entidad financiera sometida a liquidación a través del procedimiento de liquidación administrativa, previsto en el artículo 400 de Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras. Así se decide.

…omissis…

Atendiendo a los razonamientos antes señalados, esta Sala Político- Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara que el PODER JUDICIAL NO TIENE JURISDICCIÓN para conocer el presente caso, por tanto se anulan todas las actuaciones judiciales realizadas en el presente procedimiento y en consecuencia se declara terminado el presente juicio.

Se confirma la decisión consultada de fecha 5 de octubre de 2005, dictada por el Juzgado remitente”.

II

DE LA REVISIÓN CONSTITUCIONAL

            i) De los fundamentos de la solicitud de revisión constitucional:

            En fecha 6 de noviembre de 2006, los abogados Juan Vicente Ardila y Jesús Alberto Vásquez Mancera, actuando el primero de ellos en representación de sus propios derechos y, ambos como apoderados judiciales de los abogados Enoe Rodríguez de Hernández y Silvestre Tovar Leopardi, ambos identificados previamente, interpusieron ante la Sala Constitucional de este máximo Tribunal, recurso de revisión de la Sentencia N° 01170 dictada el 10 de mayo de 2006 por la Sala Político Administrativa, fundamentándose en los siguientes argumentos:

       Señalaron que “en el caso de autos, con motivo y en ejecución de las condenas en costas declaradas contra el Banco Latino y a favor de quien fuera nuestro defendido en el juicio, cumplimos con los procedimientos exigidos por el legislador, estimando los honorarios causados y solicitando al tribunal ejecutor la intimación del respectivo obligado, todo lo cual condujo a la sentencia de retasa de fecha 26/02/2004”.

       Expusieron “que el asunto se encontraba en fase de ejecución desde el 15/11/2002, fecha de la decisión de la Sala de Casación Civil que declaró perecido el recurso de casación anunciado por el Banco Latino, resulta manifiesto que la honorable Sala Político Administrativa, no podía declarar su falta de jurisdicción del poder judicial respecto a la administración pública, ni anular la sentencia de retasa dictada por el Juzgado Noveno de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil Bancario con Competencia Nacional y sede en la ciudad de Caracas”.

       Alegaron que la Sala Político-Administrativa “contradijo su misma doctrina, lesionando el principio de expectativa plausible o confianza legítima, que le obligaba a declarar extemporánea la falta de jurisdicción en ejecución de sentencia”.

       Sostuvieron que “en la etapa de ejecución, resulta imposible dar entrada a una falta de jurisdicción porque (...) no obstante que podrá invocarse en cualquier estado e instancia del proceso, deberá comprenderse que ya en un proceso de ejecución significa que terminó la controversia, por lo que si se quiere enervar los efectos de una sentencia firme, dotada de la autoridad de la cosa juzgada, habrá de acudirse a otros medios procesales”.

       En tal sentido, denunciaron que la sentencia objeto de revisión vulneró el principio de la cosa juzgada “al anular un fallo definitivo, bajo el argumento de que el Poder Judicial no tuvo la autoridad y jurisdicción para conocer de la causa, no obstante que ese fallo definitivo y firme no admite impugnación dentro de ese mismo proceso, y que no puede revisarse en etapa de ejecución, la verificación de los presupuestos procesales de la acción”.

       Igualmente, denunciaron la violación del derecho al debido proceso “cuando la Sala Político Administrativa volvió a reabrir brechas de nuevas discusiones sobre un asunto que por su especial estado jurídico estaba ya exento de toda revisión”.

       Afirmaron que la referida sentencia quebrantó formas sustanciales del proceso y transgredió el artículo 253 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela “porque arrebató a mis representados el ‘ejecutar y hacer ejecutar’ la sentencia que le había declarado con lugar su derecho”.

       Adicionalmente, sostuvieron que la Sala Político-Administrativa desaplicó el “principio de continuidad de la ejecución, consagrado en el artículo 532 del Código de Procedimiento Civil, puesto que la aludida Sala, solidarizándose con el Juez Noveno de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil Bancario, suspendió ‘la ejecución de la sentencia sin que se hubieren verificado ninguno de los supuestos previstos en el 532 del Código de Procedimiento Civil’”.

       Con fundamento en las consideraciones anteriores, solicitaron que se declarase ha lugar la solicitud de revisión, se anulara la Sentencia dictada el 9 de mayo de 2006 por la Sala Político-Administrativa de este Máximo Tribunal y, en consecuencia, se ordenara la reposición de la causa a la fase de ejecución de la sentencia de retasa.

            ii) De la decisión dictada por la Sala Constitucional:

            Mediante sentencia N° 245 publicada el 15 de febrero de 2007, la Sala Constitucional de este Máximo Tribunal, declaró “ha lugar” la solicitud de Revisión presentada por los abogados Juan Vicente Ardila y Jesús Alberto Vásquez Mancera, el primero actuando en nombre propio y ambos en representación de los ciudadanos Enoé Rodríguez de Hernández y Silvestre Tovar Leopardi, contra la sentencia N° 1170 del 9 de mayo de 2006 dictada por la Sala Político-Administrativa, que declaró que el Poder Judicial no tenía jurisdicción para conocer del juicio de estimación e intimación de honorarios profesionales incoado por los prenombrados ciudadanos, contra la sociedad mercantil Banco Latino, C.A., y, en consecuencia, anuló todas las actuaciones y declaró terminado el juicio. La referida decisión es del tenor siguiente:

“…omissis…

Conforme al criterio señalado en el fallo antes transcrito, la falta de jurisdicción puede ser declarada en cualquier estado y grado del proceso de conformidad con lo establecido en el artículo 59 del Código de Procedimiento Civil, salvo aquellas causas en las que ha sido dictada sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada.

En tal sentido, la Sala observa que, el 27 de enero de 2004 el Juzgado Noveno de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil Bancario y con sede en la ciudad de Caracas, dictó sentencia en la cual declaró extemporánea la “APELACIÓN y OPOSICIÓN” realizada por el apoderado judicial de la parte intimada, y en consecuencia, procedente el derecho de los intimantes a cobrar los honorarios profesionales. Asimismo, ordenó “RETASAR DE OFICIO las sumas intimadas por los abogados”.

En consecuencia, el fallo que determinó el derecho de la parte intimante a cobrar los honorarios profesionales demandados adquirió el carácter de sentencia ´pasada en autoridad de cosa juzgada´, motivo por el cual se procedió a decretar su ejecución.

Así las cosas, la decisión cuya revisión se solicita desaplicó al criterio establecido por esta Sala en relación a la imposibilidad de declarar la falta de jurisdicción una vez que el proceso ha culminado mediante sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada, tal como ocurre en el presente caso, pues de las actas que conforman el expediente se evidencia que, una vez dictada la sentencia que declaró procedente el cobro de los honorarios profesionales intimados, el tribunal de la causa decretó la ejecución de la misma. En tal sentido la decisión dictada el 9 de mayo de 2006 por la Sala Político-Administrativa de este Máximo Tribunal -conociendo en consulta de la decisión dictada por el Juzgado Noveno de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil Bancario con Competencia Nacional, y con sede en la ciudad de Caracas- incurrió en una violación al derecho fundamental al debido proceso y a la tutela judicial efectiva de los solicitantes, al haber anulado todas las actuaciones llevadas a cabo en el juicio por ellos incoado, y declarar la falta de jurisdicción en la fase de ejecución de un fallo que había adquirido carácter de cosa juzgada.

Por lo antes expuesto, esta Sala declara que ha lugar a la solicitud de revisión presentada contra la sentencia dictada el del 9 de mayo de 2006 por la Sala Político-Administrativa de este Máximo Tribunal, la cual se anula a fin de que dicha Sala se pronuncie de nuevo, de conformidad con el criterio establecido en el presente fallo. Así se decide.”

 

III

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

Vista la sentencia dictada por la Sala Constitucional en fecha 15 de febrero de 2007, -citada supra- que ordenó a esta Sala que se “pronuncie de nuevo, de conformidad con el criterio establecido en el presente fallo”, corresponde resolver sobre la consulta planteada por el Juzgado Noveno de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil Bancario con Competencia Nacional y Sede en la Ciudad de Caracas, en virtud de la Sentencia dictada en fecha 5 de octubre de 2005, mediante la cual declaró su falta de jurisdicción respecto a la Administración Pública para conocer del presente juicio.

Al respecto, es menester indicar que el derecho al cobro de honorarios profesionales por parte de los abogados intimantes se derivó -a su decir- en virtud de las siguientes decisiones: 1) La sentencia dictada por el Juzgado Superior Octavo Accidental en lo Civil y Mercantil Bancario con Competencia Nacional, en fecha 12 de diciembre de 2000, que declaró con lugar la reconvención propuesta por la sociedad mercantil Iveco Venezuela C.A., (representada por los abogados intimantes) procediéndose a condenar en costas al Banco Latino, C.A. y; 2) La sentencia del 15 de noviembre de 2002, dictada por la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, que declaró perecido el Recurso de Casación ejercido por la sociedad mercantil Banco Latino C.A., y, en consecuencia, se procedió a condenar nuevamente en costas a la mencionada entidad financiera.

            En tal sentido, se observa que el 19 de junio de 2003, los apoderados judiciales de la empresa Iveco Venezuela C.A., interpusieron ante el Juzgado Noveno de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil Bancario con Competencia Nacional y Sede en la Ciudad de Caracas, demanda de estimación e intimación de honorarios profesionales contra la sociedad mercantil Banco Latino C.A.

También se observa que el prenombrado Juzgado, constituido como Tribunal de Retasa, declaró en fecha 26 de febrero de 2004, como “remuneración justa por tales actuaciones la suma de  SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES DE BOLÍVARES SIN CÉNTIMOS (Bs. 636.000.000,00) en estricto acatamiento al porcentaje del artículo 286 del Código de Procedimiento Civil” y; el 7 de junio de 2004 -verificado el transcurso del lapso otorgado para el cumplimiento voluntario de la sentencia- se acordó la ejecución forzosa, se decretó la medida de embargo ejecutivo sobre bienes muebles e inmuebles propiedad del Banco Latino, C.A., hasta que finalmente, el 17 de septiembre de 2004, se libró el correspondiente mandamiento de ejecución para la práctica de la medida ejecutiva de embargo.

De los anteriores señalamientos se aprecia que para el momento en que el Juzgado Noveno de Primera Instancia Civil y Mercantil Bancario con Competencia Nacional y Sede en la Ciudad de Caracas, declaró su falta de jurisdicción respecto a la Administración Pública, ya dicho procedimiento se encontraba en fase de ejecución, incluso, se había remitido el mandato de ejecución a los Juzgados Ejecutores de Medidas de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.

En tal sentido, es pertinente precisar que aun cuando, según lo dispone el encabezado del artículo 59 del Código de Procedimiento Civil: “La falta de jurisdicción del Juez respecto de la administración pública, se declarará aun de oficio en cualquier estado e instancia del proceso”, la Sala Constitucional de este Máximo Tribunal ha establecido una excepción en aquellos casos en los cuales ha sido dictada sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada. Así, en el fallo N° 874 del 29 de mayo de 2001, caso: Santa Fe Drilling Venezuela C.A, esa Sala determinó lo siguiente:

“Para el primer supuesto, es decir, cuando existe un conflicto del Poder Jurisdiccional con la Administración Pública, y, por ejemplo, se pretende llevar al conocimiento de un Tribunal, una cuestión que corresponde a la exclusiva competencia del Poder Ejecutivo, tal y como sucede en el presente caso, este defecto de jurisdicción, es denunciable en cualquier estado y grado de la causa, pues con ello se trata de preservar que el ejercicio de los poderes públicos se mantenga dentro de los límites que la Constitución y la ley le han establecido, salvo, que el respectivo proceso, haya terminado con sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada, pues la ley procesal estima que en aras de la seguridad jurídica, ésta debe prevalecer, ya que su inmutabilidad deriva del mandato contenido en la sentencia. Así, lo enseña Enrico Tullio Liebman :

 

‘Sólo una razón de utilidad política y social - como se ha recordado ya - interviene para evitar esta posibilidad haciendo el mandato inmutable cuando el proceso haya llegado a su conclusión con la preclusión de las impugnaciones contra la sentencia pronunciada en el mismo.

(omissis)

 

Y esta característica inmutabilidad del mandato, dentro de los límites  en que está dispuesta por la ley , opera no ya respecto de determinadas personas  sino respecto de todos aquéllos  que en el ámbito del ordenamiento jurídico tienen institucionalmente el cometido de establecer, de interpretar o de aplicar la voluntad del Estado, sin excluir al mismo legislador, que ni siquiera él podrá cambiar la concreta regulación de la relación, según resulta ya sellada por la autoridad de la cosa juzgada.’ (Ver. Enrico Tullio Liebman. Eficacia y Autoridad de la Sentencia. Ediar S.A., Editores. Buenos Aires.1946. páginas 71 y 72).

Mediante la inmutabilidad que otorga la cosa juzgada a la sentencia (la certeza del derecho), se desarrolla la seguridad jurídica, principio que inspira el ordenamiento jurídico, y sobre el cual se desarrollan las relaciones entre los particulares y el Estado, aspecto en el cual se encuentra interesado el orden público” (Negrillas de la Sala).

Así fue declarado el 15 de febrero de 2007 por la referida Sala en la oportunidad de pronunciarse sobre la solicitud de Revisión opuesta por los abogados Juan Vicente Ardila y Jesús Alberto Vásquez Mancera, contra la sentencia N° 1170 del 9 de mayo de 2006 dictada por esta Sala Político-Administrativa, a la cual se hizo referencia supra.

            Según lo expuesto precedentemente, visto que en el presente caso ya había sido dictada sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada, no resulta aplicable lo previsto en el artículo 59 del Código de Procedimiento Civil, conforme al cual, la falta de jurisdicción puede ser declarada en cualquier estado y grado del proceso. Así se decide.

            Con fundamento en los argumentos antes expuestos, en el caso concreto, esta Sala declara que el Poder Judicial sí tiene jurisdicción para conocer y decidir la demanda que por estimación e intimación de honorarios profesionales incoaron los abogados Jesús Alberto Vásquez Mancera y Joelle Vegas Rivas, actuando en representación de sus propios intereses y con el carácter de apoderados judiciales de los abogados Enoé Rodríguez de Hernández y Silvestre Tovar Leopardi, contra la sociedad mercantil Banco Latino, C.A. En consecuencia, estando el juicio en fase de ejecución, corresponde su conocimiento al Juzgado Noveno de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil Bancario con Competencia Nacional y sede en la Ciudad de Caracas, el cual venía conociendo del caso. Así se decide.

IV

DECISIÓN

Por las razones anteriormente expuestas, esta Sala Político-Administrativa Accidental del Tribunal Supremo de Justicia, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara: que el PODER JUDICIAL SÍ TIENE JURISDICCIÓN para conocer y decidir la demanda que por estimación e intimación de honorarios profesionales incoaron los abogados JESÚS ALBERTO VÁSQUEZ MANCERA y JOELLE VEGAS RIVAS, actuando en representación de sus propios intereses y con el carácter de apoderados judiciales de los abogados ENOÉ RODRÍGUEZ de HERNÁNDEZ y SILVESTRE TOVAR LEOPARDI, contra la sociedad mercantil BANCO LATINO, C.A.

En consecuencia, se REVOCA la decisión consultada de fecha 5 de octubre de 2005, mediante la cual el Juzgado Noveno de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil Bancario con Competencia Nacional y sede en la Ciudad de Caracas, declaró la falta de jurisdicción del Poder Judicial frente a la Administración Pública.

Se ordena al precitado Juzgado, previa notificación de las partes, continuar con la ejecución del fallo.

Publíquese, regístrese y comuníquese. Devuélvase el expediente al prenombrado Juzgado. Cúmplase lo ordenado.

Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los cinco (05) días del mes de junio del año dos mil doce (2012). Años 202º de la Independencia y 153º de la Federación.

          La Presidenta,

TRINA OMAIRA ZURITA

            Ponente

                                                                                                                                                                                                                             La Vicepresidenta,

                                                                                                                                                                                                                                        MÓNICA MISTICCHIO TORTORELLA

Los Magistrados,

 

EMILIO RAMOS GONZÁLEZ

            Suplente

                                                                                                                                                                                                                                         MARÍA CAROLINA AMELIACH

                                                                                                                                                                                                                                                                                            Suplente

SUYING OLIVARES GARCÍA

            Suplente

La Secretaria,

SOFÍA YAMILE GUZMÁN

 

En seis (06) de junio del año dos mil doce, se publicó y registró la anterior sentencia bajo el Nº 00634, la cual no está firmada por la Magistrada Suplente Suying Olivares García, por motivos justificados.

 

La Secretaria,

SOFÍA YAMILE GUZMÁN

Busca más sentencias en Venley

Búsqueda avanzada, colecciones personalizadas y consultas a Kelsen.

Buscar sentencias