Sentencia N.º 00647
- Sentencia
- N.º 00647
- Fecha
- 04/06/2015
- Sala
- Político Administrativa
- Expediente
- 2009-0981
- Ponente
- Evelyn Margarita Marrero Ortiz
- Procedimiento
- Recurso de Nulidad
- Enlace fuente oficial
- Ver en sitio web oficial del TSJ
MAGISTRADA PONENTE: EVELYN MARRERO ORTÍZ
EXP. Nº 2009-0981
En fecha 10 de noviembre de 2010 la abogada Catherine Lilue, inscrita en el INPREABOGADO bajo el N° 71.165, actuando con el carácter de apoderada judicial del abogado JORGE ENRIQUE QUERALES GUERRERO, titular de la cédula de identidad N° 7.360.096, interpuso ante esta Sala Político-Administrativa el recurso contencioso administrativo de nulidad contra la Resolución N° 105-2009 del 8 de octubre de 2009 dictada por la COMISIÓN DE FUNCIONAMIENTO Y REESTRUCTURACIÓN DEL SISTEMA JUDICIAL, que declaró Sin Lugar el recurso de reconsideración ejercido el 30 de septiembre de 2009 contra el acto administrativo dictado el 4 de agosto de 2009 por la referida Comisión, mediante el cual fue aplicada al recurrente la sanción de destitución del cargo de Juez Suplente Especial del Juzgado Quinto de Primera Instancia en funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Lara así como de cualquier otro dentro del Poder Judicial, por haber incurrido presuntamente en la falta disciplinaria prevista en el numeral 11 del artículo 40 de la Ley de Carrera Judicial.
El 12 de noviembre de 2009 se dio cuenta en Sala y se ordenó oficiar a la Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial, a fin de solicitar la remisión del expediente administrativo correspondiente, de acuerdo con lo establecido en el artículo 21 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela de 2004, aplicable en razón del tiempo.
Adjunto al Oficio Nº 2377-2009 del 27 de noviembre de 2009, la Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial, remitió a esta Sala el expediente administrativo solicitado y, por auto del 15 de diciembre de 2009, se ordenó formar pieza separada.
Mediante auto del 27 de enero de 2010 el Juzgado de Sustanciación admitió el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto y ordenó la notificación de la Presidenta de la Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial, de la Fiscal General de la República y de la Procuradora General de la República; esta última conforme a lo previsto en el artículo 86 del Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República de 2008. Igualmente, ordenó librar el cartel a que se refiere el artículo 21 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela de 2004 aplicable en razón del tiempo, en el tercer (3er) día de despacho siguiente a aquél en que constasen en autos las notificaciones ordenadas.
Cumplidas las notificaciones ordenadas, en fecha 19 de mayo de 2010 se libró el cartel de emplazamiento a los terceros interesados, el cual fue retirado y consignado tempestivamente por el recurrente un ejemplar de su publicación en el diario El Nacional.
Por autos separados del 26 de octubre de 2010 se dio cuenta en Sala, la Magistrada Evelyn Marrero Ortíz fue ratificada Ponente y se fijó para el 2 de diciembre de 2010 a las once de la mañana (11:00 a.m.) la Audiencia de Juicio, conforme a lo dispuesto en el artículo 82 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.
En fecha 2 de diciembre de 2010 se celebró la Audiencia de Juicio y se dejó constancia de la comparecencia de la parte recurrente así como de la representación de la Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial quienes consignaron sus escritos de promoción de pruebas, los cuales fueron admitidos por autos del Juzgado de Sustanciación del 18 de enero de 2011.
Concluida la sustanciación de la causa, el 25 de octubre de 2011 se remitieron las actuaciones a esta Sala Político-Administrativa.
El 1° de noviembre de 2011 se dio cuenta en Sala y, por auto de la misma fecha, se fijó la oportunidad para la presentación de los informes, de acuerdo a lo previsto en el artículo 85 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.
En fecha 3 de noviembre de 2011 la abogada Eira María Torres Castro, inscrita en el INPREABOGADO bajo el N° 39.288, actuando con el carácter de representante del Ministerio Público, presentó el escrito de informes.
La causa entró en estado de sentencia el 15 de noviembre de 2011, según lo preceptuado en el artículo 86 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.
El 29 de diciembre de 2014 se incorporaron a esta Sala Político- Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia las Magistradas María Carolina Ameliach Villarroel, Bárbara Gabriela César Siero y el Magistrado Inocencio Figueroa Arizaleta, designados y juramentados por la Asamblea Nacional el 28 del mismo mes y año.
En fecha 11 de febrero de 2015 fue electa la Junta Directiva de este Supremo Tribunal, conforme a lo estatuido en el artículo 20 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, quedando integrada esta Sala de la siguiente manera: Presidente, Magistrado Emiro García Rosas; Vicepresidenta, Magistrada María Carolina Ameliach Villarroel; las Magistradas, Evelyn Marrero Ortíz y Bárbara Gabriela César Siero y el Magistrado, Inocencio Figueroa Arizaleta. La Magistrada Evelyn Marrero Ortíz fue ratificada Ponente.
Revisadas las actas que conforman el expediente, esta Máxima Instancia pasa a decidir previas las siguientes consideraciones:
I
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
Correspondería a este Alto Tribunal emitir pronunciamiento con relación al recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto ante esta Sala el 10 de noviembre de 2010 por la abogada Catherine Lilue, actuando con el carácter de apoderada judicial del abogado Jorge Enrique Querales Guerrero, ambos antes identificados, contra la Resolución N° 105-2009 de fecha 8 de octubre de 2009 dictada por la Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial, que declaró Sin Lugar el recurso de reconsideración ejercido el 30 de septiembre de 2009 contra el acto administrativo dictado el 4 de agosto de 2009 por la mencionada Comisión, mediante el cual fue aplicada al recurrente la sanción de destitución del cargo de Juez Suplente Especial del Juzgado Quinto de Primera Instancia en funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Lara así como de cualquier otro dentro del Poder Judicial, por haber incurrido presuntamente en la falta disciplinaria prevista en el numeral 11 del artículo 40 de la Ley de Carrera Judicial.
Sin embargo, revisadas las actas del expediente se observa que con posterioridad al 2 de diciembre de 2010, oportunidad cuando la parte recurrente presentó su escrito de pruebas, hasta la presente fecha, el abogado Jorge Enrique Querales Guerrero ni ningún abogado en su representación ha realizado algún acto de procedimiento a los fines de impulsar y mantener el curso del proceso. (Folios 116 al 119 del expediente judicial).
Ante esta circunstancia, la Sala trae a colación el criterio sentado en la decisión N° 00075 del 23 de enero de 2003, en la cual se estableció que cuando el justiciable estime insatisfechos sus derechos, puede acudir a los órganos jurisdiccionales para solicitar la tutela judicial a su pretensión (esto es, cuando tenga interés procesal para accionar a fin satisfacer la pretensión demandada). Se trata del denominado derecho de acción procesal, consagrado y garantizado expresamente en el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. (Vid., sentencia de esta Sala Político-Administrativa N° 00099 del 29 de enero de 2014).
Por otra parte, la Sala Constitucional de este Máximo Tribunal (decisión N° 416 del 28 de abril de 2009) dispuso que el derecho de acceso a los órganos de administración de justicia, se cumple mediante la acción cuyo ejercicio se concreta en la proposición de la demanda y la realización de los actos necesarios para el debido impulso del proceso. El requisito del interés procesal como elemento de la acción deviene de la esfera del derecho individual del solicitante, que le permite elevar el conocimiento de la infracción constitucional o legal ante los órganos de administración de justicia. No es una abstracción para el particular que lo invoca, mientras que sí puede serlo para el resto de la colectividad. Tal presupuesto se entiende como requisito de un acto procesal cuya ausencia imposibilita el examen de la pretensión.
Asimismo, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia ha sostenido que no puede presumirse la pérdida del interés procesal ni siquiera en casos en los que ha transcurrido largo tiempo sin sentencia definitiva, pero sí puede suponerse, salvo prueba en contrario, que haya desaparecido el interés procesal cuando no hay constancia en el expediente de la comparecencia de las partes, lo cual ha ocurrido en el caso de autos. (Vid., sentencias de la Sala Constitucional Nros. 1.153 del 8 de junio de 2006 y 1.097 del 5 de junio de 2007, y fallos de la Sala Político-Administrativa Nros. 180 del 7 de marzo de 2012 y 01484 del 17 de diciembre de 2013).
En atención a lo antes expresado, este Alto Tribunal a fin de resguardar el derecho a la tutela judicial efectiva, estima necesario ordenar la notificación del recurrente, concediéndole un lapso prudencial para que en caso de tener interés en la continuación de la causa, así lo manifieste expresamente.
Vinculado a lo anterior, respecto a la forma cómo ha de practicarse la notificación, la prenombrada Sala Constitucional, en decisión N° 4294 del 12 de diciembre de 2005, dejó sentado que la misma debe realizarse en cualquiera de las formas previstas en el artículo 233 del Código de Procedimiento Civil, si ello fuere posible, y de no serlo, por no conocer el tribunal dónde realizar la notificación, o por no poder publicar el cartel, con la fijación de un cartel en las puertas del tribunal.
De esta manera, en aplicación del criterio fijado por la Sala Constitucional de este Máximo Tribunal, esta Sala Político-Administrativa ordena la notificación personal del abogado Jorge Enrique Querales Guerrero, o en su defecto, mediante boleta publicada en la cartelera de esta Sala, conforme a lo dispuesto en el artículo 93 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, para que dentro de un lapso de diez (10) días de despacho contados a partir de la constancia en autos de su notificación, manifieste su interés, de ser el caso, en que se conozca y decida la causa. Así se establece.
Transcurrido el lapso indicado sin que la parte recurrente haya manifestado su interés en que se conozca y decida la controversia, esta Sala procederá a dictar el pronunciamiento correspondiente. (Vid., entre otras, sentencias de esta Sala Nros. 01144, 00387, 00180, 00458 y 01021 de fechas 4 de agosto de 2009, 5 de mayo de 2010, 7 de marzo y 8 de mayo de 2012 y 19 de septiembre de 2013, respectivamente). Así se declara.
II
DECISIÓN
Con fundamento en las razones anteriormente expuestas, esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, ORDENA la notificación personal del abogado JORGE ENRIQUE QUERALES GUERRERO, antes identificado, para que dentro del lapso de diez (10) días de despacho contados a partir de que conste en autos su notificación, manifieste su interés en que se decida la presente causa. En caso de no ser posible la notificación, ésta deberá practicarse mediante boleta publicada en la cartelera de esta Sala, en los mismos términos.
Transcurrido dicho lapso sin que la parte recurrente manifieste su interés en que se decida la causa, esta Máxima Instancia dictará el pronunciamiento correspondiente.
Publíquese, regístrese y comuníquese. Cúmplase lo ordenado.
Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los tres (03) días del mes de junio del año dos mil quince (2015). Años 205º de la Independencia y 156º de la Federación.
El Presidente EMIRO GARCÍA ROSAS |
|
|
|
| La Vicepresidenta MARÍA CAROLINA AMELIACH VILLARROEL |
EVELYN MARRERO ORTÍZ Ponente | Las Magistradas, |
|
|
|
BÁRBARA GABRIELA CÉSAR SIERO |
El Magistrado INOCENCIO FIGUEROA ARIZALETA
|
|
|
| La Secretaria, YRMA ROSENDO MONASTERIO
|
|
|
En cuatro (04) de junio del año dos mil quince, se publicó y registró la anterior sentencia bajo el Nº 00647.
|
|
|
La Secretaria, YRMA ROSENDO MONASTERIO |
|
Busca más sentencias en Venley
Búsqueda avanzada, colecciones personalizadas y consultas a Kelsen.
Buscar sentencias