Sentencia N.º 00649
- Sentencia
- N.º 00649
- Fecha
- 20/05/2009
- Sala
- Político Administrativa
- Expediente
- 2007-0653
- Ponente
- Hadel Mostafá Paolini
- Procedimiento
- Apelación
- Enlace fuente oficial
- Ver en sitio web oficial del TSJ
Magistrado Ponente HADEL MOSTAFÁ PAOLINI
Exp. Nº 2007-0653
En fecha 8 de mayo de 2007, el abogado José Dionisio Morales Báez, inscrito en el INPREABOGADO bajo el No. 13.122, actuando con el carácter de apoderado judicial de la sociedad mercantil CORPORACIÓN INLACA, C.A. (antes Concentrados Carabobo, C.A.), inscrita en el Registro Mercantil Quinto de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, el día 22 de septiembre de 1999, bajo el No. 74, Tomo 350-A-Qto., representación que consta de instrumento poder autenticado ante la Notaría Pública Novena del entonces Municipio Libertador del Distrito Capital el 12 de noviembre de 2001, inserto bajo el No. 82, Tomo 274 de los Libros de Autenticaciones llevados por dicha oficina notarial, interpuso recurso de apelación contra la sentencia No. 0370 de fecha 12 de abril de 2007, dictada por el Tribunal Superior de lo Contencioso Tributario de la Región Central, que declaró sin lugar el recurso contencioso tributario ejercido contra el acto administrativo contenido en la Resolución identificada con las letras y números DA/1762/05 de fecha 11 de julio de 2005, dictada por el Alcalde del MUNICIPIO VALENCIA DEL ESTADO CARABOBO, mediante la cual declaró sin lugar el recurso jerárquico incoado contra la Resolución No. RRc/2004-03-015 del 29 de marzo de 2004, emitida por la Dirección de Hacienda del aludido ente local, que confirmó el reparo fiscal formulado a la mencionada empresa en la cantidad de sesenta millones sesenta y siete mil ochocientos cincuenta y un bolívares sin céntimos (Bs. 60.067.851,00), por concepto de diferencia de impuesto sobre patente de industria y comercio presuntamente causado y no pagado, durante los ejercicios fiscales comprendidos entre el 1° de noviembre de 1998 y el 30 de septiembre de 2002; se le impuso multa por la suma de treinta millones treinta y tres mil quinientos setenta y seis bolívares con cincuenta céntimos (Bs. 30.033.576,50) e intereses moratorios por el monto de veinte millones treinta y tres mil ochocientos bolívares sin céntimos (Bs. 20.033.800,00).
El 11 de junio de 2007, el prenombrado Juzgado Superior oyó libremente la apelación interpuesta y, por oficio No. 1022-07 de la misma fecha, ordenó la remisión del expediente a esta Sala Político-Administrativa, siendo recibido el 26 de junio de 2007.
El 27 del citado mes y año, se dio cuenta en Sala y por auto de la misma fecha, se ordenó aplicar el procedimiento de segunda instancia previsto en el artículo 19 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela. Asimismo, se designó Ponente al Magistrado Hadel Mostafá Paolini y se fijó un lapso de quince (15) días de despacho para fundamentar la apelación.
El día 7 de agosto de 2007, la representación judicial de la contribuyente consignó su respectivo escrito de fundamentación.
Posteriormente, mediante auto del 3 de octubre de 2007, se fijó el quinto (5°) día de despacho siguiente para que tuviera lugar el acto de informes en el presente juicio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, el cual fue diferido por auto del 16 de octubre de 2007.
Siendo la oportunidad fijada para la celebración del aludido acto (29 de mayo de 2008), se dejó constancia de la comparecencia del apoderado judicial de la contribuyente, quien expuso sus argumentos. Seguidamente, se dijo VISTOS.
Realizado el estudio del expediente pasa esta Sala a decidir previas las siguientes consideraciones.
I
ANTECEDENTES
El 21 de febrero de 2003, la Dirección de Hacienda del Municipio Valencia del Estado Carabobo notificó a la sociedad mercantil Corporación Inlaca, C.A., el Acta Fiscal No. AF/2003-001 de fecha 16 de julio de 2002, mediante la cual se formuló reparo a cargo de la aludida contribuyente, en materia de impuesto sobre patente de industria y comercio, por sesenta millones sesenta y siete mil ochocientos cincuenta y un bolívares sin céntimos (Bs. 60.067.851,00), durante los ejercicios fiscales comprendidos entre el 1° de noviembre de 1998 y el 31 de septiembre de 2002.
En fecha 18 de marzo de 2003, la contribuyente presentó escrito de descargos contra el referido acto administrativo, el cual fue decidido mediante la Resolución Culminatoria del Sumario Administrativo No. RL/2003-11-215 del 28 de noviembre de 2003, en la que se determinó que ésta adeudaba al Fisco Municipal por concepto de impuesto sobre patente de industria y comercio el monto de sesenta millones sesenta y siete mil ochocientos cincuenta y un bolívares sin céntimos (Bs. 60.067.851,00), así como treinta millones treinta y tres mil novecientos veinticinco bolívares con cincuenta céntimos (Bs. 30.033.925,50), por multa y veinte millones treinta y tres mil ochocientos bolívares sin céntimos (Bs. 20.033.800,00), por intereses moratorios.
Posteriormente, la contribuyente interpuso recurso de reconsideración contra la mencionada actuación administrativa, siendo decidido por la Dirección de Hacienda del Municipio Valencia del Estado Carabobo el 29 de marzo de 2004, mediante Resolución identificada con las letras y números RRc/2004-03-015, que declaró sin lugar el referido recurso y confirmó la exigencia de las obligaciones tributarias antes indicadas.
En fecha 10 de abril de 2005, la contribuyente ejerció recurso jerárquico contra la Resolución No. RRc/2004-03-015. Luego, el día 11 de julio del mismo año, el Alcalde del Municipio Valencia del Estado Carabobo por medio de la Resolución No. DA/1762/05, declaró sin lugar el aludido recurso, confirmando en su totalidad el acto impugnado.
Seguidamente, el 27 de septiembre de 2005 el apoderado judicial de la sociedad de comercio identificada, interpuso ante el Tribunal Superior de lo Contencioso Tributario de la Región Central, recurso contencioso tributario contra la precitada resolución, argumentando lo siguiente: i) inmotivación del acta fiscal, ii) falta de señalamiento de los fundamentos del reparo por deducción indebida de montos por supuestas pérdidas en ciertos períodos investigados, conformado por ventas de leche cruda y ( ) ganancia en insumos agrícolas y venta de diversos materiales de publicidad y propaganda identificados como BOUTIQUE; iii) falso supuesto y violación de la legalidad tributaria al pretender el Fisco Municipal de Valencia gravar ingresos obtenidos por mi representada fuera de la jurisdicción del Municipio Valencia, y iv) improcedencia del reparo por diferencial cambiario.
II
DECISIÓN APELADA
El Tribunal Superior de lo Contencioso Tributario de la Región Central, mediante sentencia dictada en fecha 12 de abril de 2007, declaró sin lugar el recurso contencioso tributario ejercido por el apoderado judicial de la contribuyente, en atención a los argumentos siguientes:
( ) En el caso bajo análisis, la Resolución N° DA/1762/05 del 11 de julio de 2005, ( ) contiene los elementos de hecho que generaron la obligación tributaria, referido (sic) a omisión de ingresos brutos por las ventas de sus productos elaborados en Valencia y realizados en la Isla de Margarita lo cual trajo como consecuencia el incumplimiento de un deber formal, con el fundamento legal que indica la infracción cometida. Es suficientemente explícito el hecho de que la contribuyente no incluye en sus ingresos brutos las ventas efectuadas en otro municipio y por otra parte, la contribuyente ha tenido conocimiento del contenido de la resolución de imposición del reparo fiscal y como se evidencia en la notificación hecha en la ultima (sic) parte de la resolución, hecho este que le permitió la utilización de las vías idóneas que ha creado el legislador para exponer sus alegatos, y promover las pruebas más contundentes en el juicio contencioso. La resolución impugnada contiene la relación de los elementos de hecho que ocurrieron en la fase de fiscalización, indicación de los ingresos brutos investigados, lo (sic) períodos de imposición, los códigos contables, valor de producciones realizadas, gravamen de exportaciones realizadas, ventas de productos y desperdicios, total de ingresos de fabricación y recuperación, total de los ingresos brutos declarados, diferencia dejada de declarar y otros. Así como también las indicaciones expresas de los fundamentos de hecho y de derecho que dieron lugar a la emisión de dicho acto administrativo. La contribuyente se limita a alegar la inmotivación del acto, la violación del derecho a la defensa sin aportar pruebas que le permitan al juez valorar el cumplimiento de la obligación tributaria, en consecuencia es evidente que una vez notificado el contribuyente de la resolución que declaró sin lugar el recurso jerárquico y confirmo (sic) en todas sus partes el acta fiscal objeto de controversia, le permitió ejercer su derecho a la defensa por medio del recurso contencioso tributario interpuesto, puesto que en el acto administrativo impugnado se puede leer claramente la tipificación de la emisión de los ingresos brutos y el reparo fiscal por concepto de impuestos causados y no liquidados en el ramo de industria y comercio, la fundamentación legal y períodos investigados.
Por las razones anteriormente señaladas, considera este tribunal satisfecho el requisito previsto en el artículo 243, ordinal 4° del Código de Procedimiento Civil, al haber expuesto la administración tributaria de manera suficiente, los motivos de hecho y de derecho que fundamentan la decisión sobre el sujeto administrativo, por todo lo cual el juez rechaza la pretensión de la contribuyente en cuanto a la inmotivación de la resolución se refiere. Así se decide.
Una vez resuelta la incidencia anterior, pasa el juez a analizar el fondo de la controversia:
La controversia se concreta (sic) definir si la contribuyente omitió ingresos brutos por las ventas obtenidas de sus productos fabricados en la ciudad de Valencia Estado Carabobo y vendidos en la Isla de Margarita, que fueron contabilizados en un código diferente a las ventas (sic) según la administración tributaria, deben considerarse dentro de los ingresos brutos correspondiente (sic) actividad económica industrial de la contribuyente en el Municipio Valencia, o por el contrario debe (sic) ser declarados en cada municipio del país de acuerdo a las ventas que realice en cada uno de ellos.
Por otro lado, debe el juez determinar si los ingresos por ventas de diversos materiales publicitarios y propaganda identificados como Boutique deben o no ser incluidas en la base imponible de su actividad principal para la patente de industria y comercio del Municipio Valencia, así como también las ventas de suministros agrícolas, ganancias en ventas de leche cruda y la recuperación y ganancia sobre cajas, tambores, cestas plásticas y desperdicios.
( )
Ahora bien, debe el juez entrar a conocer si la contribuyente debe ser sometida a los impuestos municipales por la actividad comercial específicamente la venta de sus productos en la Isla de Margarita u otro municipio distinto al de la fabricación de sus productos, es decir, en adición a los impuestos por la fabricación de sus productos en el Municipio Valencia, lo que configuraría una doble imposición según la contribuyente.
No cabe duda al juzgador que la actividad principal de fabricación la ejerce la contribuyente en el Municipio Valencia como se dijo con anterioridad y en ella debe cancelar sus impuestos municipales con base a los ingresos brutos totales, ya que es un hecho notorio que es una fábrica de magnitudes importantes que tiene el uso y goce de todas las facilidades que el Municipio Valencia establece para las empresas establecidas en él y que la actividad de la contribuyente es de tal magnitud que representa un importante consumo de las facilidades que suministra dicho municipio a sus habitantes. Entiende el juez que el problema a resolver para la contribuyente, como sería la doble tributación no se generaría en el Municipio Valencia, en el cual tendría que utilizar como base imponible sus ingresos brutos totales, independiente (sic) de donde los despacha a través de que (sic) sedes lo hace.
Tal cual lo ha dictaminado este tribunal en sentencias similares a la de autos, para la contribuyente que realiza sus actividades de fabricación en un municipio y ejerce sus actividades comerciales, como la de ventas de sus productos en otros municipios distintos al de fabricación, es concretar con los diferentes municipios en los cuales tiene sedes comerciales, la deducción de los impuestos pagados en el Municipio Valencia.
En relación a este aspecto, también lo contempla la nueva Ley Orgánica del Poder Público Municipal, y el tribunal ratifica su criterio establecido en la sentencia N° 0195 del 14 de febrero de 2006, correspondiente al Expediente N° 0215 (nomenclatura de este juzgado), la cual fue publicada y redactada en los siguientes términos:
Artículo 221. ( )
( )
Por otra parte, ( ) la Ordenanza sobre Patente de Industria y Comercio estable (sic) en el antepenúltimo párrafo del artículo 7, los ingresos que deben tomarse en cuenta para determinar la base imponible, el cual establece que para todas las actividades industriales la base imponible estará representada por todos los ingresos brutos, independientemente de donde se efectúen las ventas que generen esos ingresos, criterio este que comparte el juzgador respecto al deber que tiene la contribuyente a los efectos del calculo (sic) de la base imponible de la Patente de Industria y Comercio, la cual esta (sic) constituida por la venta de los productos que fabrica, independientemente del lugar donde se haya (sic) efectuado las ventas de tales productos. Así se decide.
Respecto al alegato de la contribuyente sobre la presunta deducción indebida de los montos por supuestas perdidas (sic) en ciertos periodos (sic) fiscales, la administración tributaria municipal observó que el punto cuestionado por la contribuyente referido en el Acta Fiscal N° AF/2003-001 del 07 de julio de 2003 (sic), refleja que la contribuyente no declaró otros ingresos asimilados a su actividad principal identificados dentro de los ingresos por periodos (sic) como inventarios no realizados al deducir indebidamente de todos los ingresos los montos por supuestas pérdida (sic) en ciertos periodos (sic) investigados.
( )
Consta desde los folios números treinta y tres (33) y siguientes del expediente el Acta Fiscal N° AF/2003-001 del 07 de enero de 2003 (sic) la evidencia sobre este aspecto del reparo, al indicar que los ingresos por ventas de materiales de publicidad y propaganda identificados como boutique se encuentran reflejados en los cuadros demostrativos insertos en el acta antes identificada.
En los cuadros mencionados, (sic) relaciones internas de la contribuyente, en los cuales ella misma relaciona el total de los ingresos como fabricación propia, ventas de productos y desperdicios, ventas de inventarios no realizados de leche cruda y ganancia en venta de insumos agrícolas. Actividades estas que se reflejan mes a mes desde enero de 2001 hasta septiembre de 2002, igualmente para los ejercicios 1996-1997, 1997-1998, 1998-1999, 1999-2000 y 2000-2001, con lo cual es evidente que se trata de actividades habituales de ventas y de conformidad con el penúltimo párrafo del artículo 7 de la Ordenanza Para determinar la base imponible conforme a lo previsto en este Artículo, no se permitirá la deducción de ninguno de los ramos que constituyen dicho ingreso ni de las erogaciones hechas para obtenerlos, ni ninguna otra deducción que no esté expresamente prevista en esta Ordenanza .
Por este motivo el Tribunal descarta el alegato de la contribuyente al indicar en su escrito recursorio que no están reflejados (sic) las cantidades por tales conceptos en el acta fiscal, por lo que en consecuencia, al conocer la contribuyente los ingresos determinados en la fiscalización, mal podría alegar la falta de determinación a los efectos de argumentar sus defensas. Así se decide.
En cuanto a la improcedencia de la inclusión de los ingresos financieros, obtenidos por concepto de ganancias por diferencias en cambio neto a los efectos de determinar la base imponible de la Patente de Industria y Comercio alegada por el recurrente, considera oportuno este juzgador de conformidad con lo establecido en el artículo 156, numeral 11 de la Constitución de 1999, indicar la competencia del Poder Público Nacional referida a la regulación de la banca central, preceptuando el numeral lo siguiente:
( )
El juez reitera el criterio de este tribunal y confirma que en este caso el municipio tiene la potestad tributaria de elegir la base imponible para exigir el pago de impuestos sobre las actividades económicas ejercidas en su domicilio ajustados a la normativa (Ordenanza Municipal) de cada municipio, y es innegable que en el domicilio de la contribuyente en el Municipio Valencia se fabricaron los productos para ser vendidos en otro municipio como es el caso del Municipio Nueva Esparta (Isla de Margarita) actividad económicamente gravable por ser los productos fabricados para realizar ventas en otros municipios o a nivel nacional. Por las razones antes expuestas este juzgador declara sin lugar el alegato de la contribuyente. Así se decide.
De acuerdo con los términos de esta decisión y una vez declarado sin lugar el recurso contencioso tributario, el juez considera inoficioso pronunciarse sobre la improcedencia de los recargos, multas e intereses alegada por la contribuyente, puesto que el su (sic) presentante (sic) judicial se limitó en forma sucinta e insustancial a rechazarlos con base a la frase textual: arbitraria interpretación de la normativa tributaria que efectuó el funcionario que practicó la investigación fiscal y que está reñida con la pacífica jurisprudencia de la Sala Político Administrativa de la extinta Corte Suprema de Justicia y la doctrina tributaria, así como de las disposiciones de la reciente Ley Orgánica del Poder Público Municipal .
( ) por las razones expresadas, este Tribunal ( ) declara:
1.- SIN LUGAR el recurso contencioso tributario de nulidad interpuesto por el ( ) apoderado judicial de CORPORACIÓN INLACA, C.A. ( ).
2.- CONDENA a CORPORACIÓN INLACA, C.A. al pago de las costas procesales, por una cantidad equivalente al diez por ciento (10%) de la cuantía del presente recurso, conforme a lo dispuesto en el artículo 327 del Código Orgánico Tributario .
III
FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN
El apoderado judicial de la sociedad mercantil Corporación Inlaca, C.A., fundamentó la apelación interpuesta contra la sentencia antes reseñada, en los términos siguientes:
Indicó que el Sentenciador de la causa incurrió en un error al haber declarado que el Acta Fiscal impugnada no se encontraba afectada de nulidad por inmotivación, ya que en tal acto administrativo no se hace referencia con la debida claridad y certeza de cuáles fueron los ingresos presuntamente omitidos, con indicación de su monto, su gravamen y la imputación al correspondiente ejercicio fiscal investigado, observando violación a lo previsto en el artículo 9 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos; así como tampoco se indica si los ingresos presuntamente omitidos ( ) corresponden a la actividad industrial habitual de mi representada o si se trata de ingresos eventuales, accesorios o extraordinarios. (Subrayados del escrito de fundamentación).
Al respecto, esgrimió que de una manera confusa el auditor fiscal elaboró unos cuadros contentivos de cifras que no guardan relación incluso con el período objeto de la fiscalización, que como se dijo es el comprendido entre el 01-11-98 al 30-09-2002. (Subrayado del apoderado judicial de la contribuyente).
En lo referente al reparo formulado en el rubro de deducción indebida de montos por supuestas pérdidas en ciertos períodos investigados, conformado por: i) ventas de leche cruda y ( ) ganancia en insumos agrícolas y ii) venta de diversos materiales de publicidad y propaganda identificados como BOUTIQUE, sostuvo que no tiene elementos que le permitan identificar cuál es el contenido de los hechos que se le imputan, quedando impedida materialmente para defenderse y haciéndose notorio el vicio de inmotivación que tal señalamiento comporta, así como la infracción al artículo 183, literales c), d), y e) del Código Orgánico Tributario de 2001. (Subrayado de los fundamentos de la apelación).
Así las cosas, expresó que la Dirección de Hacienda alegó que se trataba de inventarios no realizados que se refieren a las ventas de leche cruda y a la ganancia en insumos agrícolas que de acuerdo con su parecer son ingresos gravables de acuerdo a lo dispuesto en el Reglamento Parcial de la Ordenanza sobre Patente de Industria y Comercio, artículo 4°, parágrafo segundo. Independientemente de lo que preceptúe la norma citada, que no es aplicable al caso que nos ocupa, mi representada se pregunta ¿dónde está la indebida deducción por pérdidas? ¿Cuáles fueron esos ciertos períodos investigados que se indicaron al voleo en el Acta Fiscal que la Administración Tributaria omite referir? ¿Podría afirmarse que esto constituye una motivación que permita a mi representada conocer con certeza el hecho que se le imputa a objeto que pueda defenderse?.
Al respecto, afirmó que cuando el Acta Fiscal indica que mi representada omitió ingresos por inventarios de suministros agrícolas, ganancia en venta de leche cruda y la recuperación y ganancia sobre caja, tambores, cestas plásticas y desperdicios, no se determinan con exactitud dichos ingresos supuestamente percibidos ni los ejercicios en que tal omisión ocurrió, alegando [su] representada, además, en todo caso que ellos no corresponden a la actividad industrial habitual que explota Corporación Inlaca, C.A. en jurisdicción del Municipio Valencia. (Subrayado del apoderado judicial de la contribuyente).
En este orden de ideas, alegó en relación al reparo por diversos materiales de publicidad y propaganda identificados como BOUTIQUE, que en el Acta Fiscal no están reflejados en ninguno de los cuadros de cantidades incorporados al Acta Fiscal, lo cual impide su determinación a los efectos que mi representada pueda concretar los alegatos que tuviere, si fuere el caso, para enervar la imputación que le hace la investigación fiscal, observándose que también en este aspecto se violentan las exigencias del citado artículo 183 del Código Orgánico Tributario.
Bajo otro contexto, señaló que el Juez de la causa erró al declarar que no se producía en el presente asunto el vicio de falso supuesto ni la violación del principio de legalidad tributaria por parte del Fisco Municipal denunciada por el apoderado judicial de la contribuyente, al pretender incluir en la base de cálculo del impuesto sobre patente de industria y comercio aquellos ingresos obtenidos de las ventas de los productos que la empresa recurrente fabrica en el Municipio Valencia del Estado Carabobo, en otra jurisdicción territorial distinta a éste.
Sobre este particular, expuso que el a-quo niega los vicios denunciados e invoca la novísima Ley Orgánica del Poder Público Municipal, e (sic) su artículo 221, para establecer que en el presente caso no existe doble imposición ni violación a la legalidad tributaria. Es el caso que, como consta en el Acta Fiscal antecedente del reparo, el período investigado correspondió a los períodos fiscales entre el 01 de noviembre de 1998 al 30 de septiembre de 2002, siendo que para esa oportunidad no estaba vigente la Ley Orgánica del Poder Público Municipal.
Asimismo, indicó que mi representada alegó en la fase administrativa que tenía establecida una sucursal en el Municipio Mariño del Estado Nueva Esparta y que desde el año 1997 tienen un establecimiento permanente en esa jurisdicción con Licencia de Industria y Comercio expedida por la Alcaldía del Municipio Mariño y desde donde se venden directamente los productos que se elaboran en la planta industrial de Valencia, pagándose los impuestos municipales correspondientes a ese Municipio Mariño, quien ha venido expidiendo las solvencias municipales correspondientes; ventas de productos que aparecen registradas en un código contable distinto pues como es sabido en la Isla de Margarita no se cobra IVA.
Con base en lo expuesto, sostuvo que [su] representada no puede ser gravada por el Fisco Municipal de Valencia por las ventas de sus productos que efectúa directamente a través de su sucursal establecida en el Municipio Mariño del Estado Nueva Esparta, en donde obtuvo la correspondiente licencia de Patente de Industria y Comercio y donde paga ese impuesto municipal por las ventas allí realizadas, hecho este que según señala, fue reconocido por el Municipio Valencia del Estado Carabobo. (Agregado de la Sala).
Seguidamente, argumentó respecto del reparo producto de ganancia por diferencia en cambio neta, obtenida en los meses de febrero y mayo de 2002, que tales ingresos obtenidos por diferencial cambiario no pueden ser gravados por el impuesto municipal de Patente de Industria y Comercio, ya que conforme a lo dispuesto en el artículo 156 de la Constitución ( ) lo relativo al régimen cambiario, sistema financiero y mercado de capitales (numeral 11) e impuestos al capital (numeral 12) están (sic) reservados (sic) al Poder Público Nacional y las potestades tributarias que ciertamente el Régimen Constitucional vigente reconoce al Municipio no se (sic) permiten invadir la reserva legal. (Subrayado del apoderado judicial de la contribuyente).
IV
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
En razón de la declaratoria contenida en la sentencia recurrida, así como de los argumentos formulados en su contra por el apoderado judicial de la sociedad mercantil Corporación Inlaca, C.A., observa la Sala que la controversia planteada en el caso de autos se circunscribe a decidir si el juez a quo erró al declarar improcedentes los vicios de inmotivación, falso supuesto y violación del principio de legalidad tributaria invocados por la empresa recurrente, así como los argumentos esgrimidos contra el reparo formulado en el rubro de ganancias por diferencial cambiario.
Delimitada así la litis, pasa esta Alzada a decidir previa las consideraciones siguientes:
1.- Del vicio de inmotivación
El apoderado judicial de la contribuyente Corporación Inlaca, C.A., alegó que el sentenciador de la causa incurrió en un error al haber declarado que el Acta Fiscal impugnada no se encontraba afectada de nulidad por inmotivación, ya que en tal acto administrativo no se hace referencia con la debida claridad y certeza de cuáles fueron los ingresos presuntamente omitidos, con indicación de su monto, su gravamen y la imputación al correspondiente ejercicio fiscal investigado, observando violación a lo previsto en el artículo 9 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos; así como tampoco se indica si los ingresos presuntamente omitidos ( ) corresponden a la actividad industrial habitual de mi representada o si se trata de ingresos eventuales, accesorios o extraordinarios. (Subrayados del escrito de fundamentación).
Al respecto, esgrimió que de una manera confusa el auditor fiscal elaboró unos cuadros contentivos de cifras que no guardan relación incluso con el período objeto de la fiscalización, que como se dijo es el comprendido entre el 01-11-98 al 30-09-2002. (Subrayado del apoderado judicial de la contribuyente).
Frente a tales denuncias, esta Alzada considera necesario señalar que la motivación de los actos administrativos está referida a la expresión formal de los supuestos de hecho y de derecho de éste. Así, el artículo 9 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos en forma expresa exige que los actos administrativos de carácter particular deben estar suficientemente motivados, exceptuando a los de simple trámite o aquellos a los cuales una disposición legal exima de ella, entendiéndose por estas razones la explanación de los presupuestos de hecho y de derecho que tuvo la administración para dictar el proveimiento administrativo.
Ahora bien, de acuerdo con el artículo 149, numerales 3 y 5 del Código Orgánico Tributario de 1994, aplicable con carácter supletorio a la presente causa por tratarse de un tributo municipal, todo acto administrativo deberá contener ...3. Indicación del tributo que corresponda y, si fuera el caso, el período fiscal correspondiente; ( ) 5. Fundamentos de la decisión; ( ) 7. Discriminación de los montos exigibles por tributos, actualización monetaria, recargos, intereses y sanciones que correspondan, según los casos....
De la normativa parcialmente transcrita, se observa la voluntad del legislador de instituir la motivación como uno de los principios rectores de la actividad administrativa, lo cual permite adecuar su función dentro de los límites que la ley le impone. Tal exigencia consiste en que los actos que la Administración emita deberán estar debidamente motivados, es decir, señalar en cada caso el fundamento expreso de la determinación de los hechos que dan lugar a su decisión, de manera que el administrado pueda conocer en forma clara y precisa las razones fácticas y jurídicas que originaron tal solución, permitiéndole oponer las razones que crea pertinentes a fin de ejercer su derecho a la defensa.
En jurisprudencia pacífica y reiterada de este Supremo Tribunal, la nulidad de los actos administrativos por inmotivación sólo se produce cuando no permite a los interesados conocer los fundamentos legales y los supuestos de hecho que constituyeron las bases o motivos en que se apoyó el órgano administrativo para dictar la decisión; pero no, cuando a pesar de la sucinta motivación, permite conocer la fuente legal, las razones y los hechos apreciados por el funcionario.
La motivación que supone toda resolución administrativa, no es necesariamente el hecho de contener dentro del texto que la concreta, una exposición analítica o de expresar los datos o razonamientos en que se funda de manera discriminada, pues un acto puede considerarse motivado cuando ha sido expedido con base en hechos, datos o cifras concretas y cuando éstos consten efectivamente y de manera explícita en el expediente.
Por otra parte, se ha reiterado de manera pacífica que se da también el cumplimiento de tal requisito, cuando la misma esté contenida en su contexto, es decir, que la motivación se encuentre dentro del expediente, considerado en forma íntegra y formado en virtud del acto de que se trate y sus antecedentes, siempre que el administrado haya tenido acceso a ellos y conocimiento oportuno de los mismos; siendo suficiente, en algunos casos, que sólo se cite la fundamentación jurídica, si ésta contiene un supuesto unívoco y simple. (Vid. sentencia Nº 01815, de fecha 3 de agosto de 2000, reiterado entre otras en decisión N° 00387 del 16 de febrero de 2006).
En definitiva, el objetivo de la motivación es, en primer lugar, permitir a los órganos competentes el control de la legalidad del acto emitido y, en segundo lugar, hacer posible a los administrados el ejercicio del derecho a la defensa.
Circunscribiendo el análisis a la presente causa, se observa que en el Acta Fiscal identificada con las letras y números AF/2003-01 de fecha 16 de julio de 2002, emanada de la Dirección de Hacienda del Municipio Valencia del Estado Carabobo, se le formuló reparo fiscal a la contribuyente Corporación Inlaca, C.A., en materia de impuesto sobre patente de industria y comercio, por la suma de sesenta millones sesenta y siete mil ochocientos cincuenta y un bolívares sin céntimos (Bs. 60.067.851,00), durante los ejercicios fiscales comprendidos entre el 1° de noviembre de 1998 y el 31 de septiembre de 2002.
Igualmente, se constata en el referido acto administrativo que el fundamento del reparo fiscal se circunscribió a lo siguiente:
( ) el hecho de que la contribuyente: CORPORACIÓN INLACA, C.A., omitió los ingresos por las ventas de sus productos elaborados en Valencia realizados en la Isla de Margarita, los cuales son contabilizados en un código diferente a las demás ventas por ser una condición especial esta (sic) para la determinación del Impuesto al Valor Agregado, las cuales por encontrarse dentro de su actividad económica de fabricación de otros Productos Lácteos, deben incluirse dentro de esta actividad en Valencia, igualmente declaró parcialmente otros ingresos asimilados a su actividad principal identificados dentro de los ingresos por periodos (sic) como inventarios no realizados al deducir indebidamente de todos los ingresos los montos por supuestas pedidas (sic) en ciertos periodos (sic) investigados, no incorporo (sic) como otros ingresos las ventas de diversos materiales de publicidad y propaganda identificados como BUTIQUE (sic), los cuales fueron asimilados a su actividad principal así como los inventarios de suministros agrícolas, ganancia en venta de leche cruda y la recuperación y ganancia sobre cajas, tambores, cestas plásticas y desperdicios, igualmente la contribuyente omitió en los meses de Febrero y Marzo 2002 la cantidad de ( ) (Bs. 3.532.945.707,00), por concepto de ganancia por diferencia en cambio neta la cual es declarada en los periodos (sic) investigados como otros ingresos Financieros, procediéndose a su inclusión como tal. (Folio 53 del expediente judicial).
Asimismo, se verifica que anexo al acta fiscal antes referida, se acompaña una relación de los ingresos cuya omisión fue considerada por la Administración Municipal, así como los montos, los períodos fiscales respectivos y los códigos sobre los cuales deben tributar. (Folios 36 al 40).
Aunado a lo anterior, se constata a los folios 41 al 53, que en el acta fiscal el funcionario actuante dejó plasmados los montos de impuesto sobre patente de industria y comercio pagado por la contribuyente durante los períodos fiscalizados, los ingresos brutos declarados, así como las diferencias resultantes de la investigación.
Respecto al reparo en el rubro de deducción indebida de montos por supuestas pérdidas en ciertos períodos investigados, conformado por: i) ventas de leche cruda y ( ) ganancia en insumos agrícolas y ii) venta de diversos materiales de publicidad y propaganda identificados como BOUTIQUE, se observa del expediente judicial, especialmente de la referida acta fiscal y sus anexos, que la Administración Municipal consideró que tales actividades las ejercía la contribuyente de forma habitual dentro de la jurisdicción del Municipio Valencia del Estado Carabobo, expresando en los cuadros que acompañan al acto administrativo impugnado los montos de los ingresos y los períodos en los cuales fueron detectados, respaldando tal información en el análisis de los balances de comprobación, las declaraciones de impuesto sobre la renta y de impuesto al valor agregado durante los períodos investigados.
Derivado de lo antes expuesto, observa esta Sala que del Acta Fiscal No. AF/2003-001 de fecha 16 de julio de 2002, ratificada en todas sus partes por la Resolución No. DA/1762/05 dictada por el Alcalde del Municipio Valencia del Estado Carabobo en fecha 11 de julio de 2005, se desprenden suficientes razones de hecho y de derecho para sustentar la pretensión de la Administración Tributaria de formular reparos en materia de impuesto sobre patente de industria y comercio, durante los períodos fiscales comprendidos entre el 1° de noviembre de 1998 y el 31 de septiembre de 2002, por omisión de ingresos, lo que a su vez permitió a la recurrente ejercer su derecho a la defensa, al presentar los respectivos argumentos de mérito en los recursos en sede administrativa y judicial. En consecuencia se desestima el vicio de inmotivación denunciado por el apoderado judicial de la contribuyente y se confirma el pronunciamiento que sobre el particular esgrimió el Juez a quo. Así se declara.
2.- Del vicio en la causa por falso supuesto y de la violación del principio de legalidad tributaria
El apoderado judicial de la sociedad mercantil Corporación Inlaca, C.A., denunció que el Juez de instancia incurrió en el vicio de falso supuesto, así como en violación del principio de legalidad tributaria, al aceptar la inclusión dentro de la base imponible del impuesto sobre patente de industria y comercio, los ingresos brutos obtenidos por la contribuyente por la totalidad de las ventas efectuadas durante los períodos impositivos investigados, sin discriminar entre las actividades comerciales realizadas en o desde la jurisdicción del Municipio Valencia del Estado Carabobo y las efectuadas fuera de aquél.
Frente a tal alegato y con la finalidad de resolver la presente controversia, esta Sala estima pertinente hacer ciertas consideraciones en torno a la autonomía y potestad tributaria de los Municipios, y al respecto observa:
La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999, dispone en su artículo 168 (así como lo establecía el artículo 29 de la Constitución de 1961), que la autonomía del Municipio comprende no sólo la elección de sus autoridades y la gestión de las materias de su competencia, sino la creación, recaudación e inversión de sus ingresos.
Respecto a esta autonomía de los Municipios, se ha establecido que los entes político-territoriales pueden establecer sus propios tributos previstos en el artículo 179 del Texto Constitucional de 1999, con las limitaciones y prohibiciones dispuestas en el artículo 183 eiusdem, a fin de garantizar la autosuficiencia económica de los entes locales. Así las cosas, se desprende que los Municipios, tienen una potestad tributaria originaria más no ilimitada, que deben ejercer dentro de los parámetros constitucionales.
Ahora bien, los ingresos tributarios que pueden percibir estos entes político-territoriales, según lo dispone la norma constitucional antes referida, son los siguientes:
Artículo 179: Los Municipios tendrán los siguientes ingresos:
(...)
2. Las tasas por el uso de sus bienes o servicios; las tasas administrativas por licencias o autorizaciones; los impuestos sobre actividades económicas de industria, comercio, servicios, o de índole similar, con las limitaciones establecidos en esta Constitución; los impuestos sobre inmuebles urbanos, vehículos, espectáculos públicos, juegos y apuestas lícitas, propaganda y publicidad comercial; y la contribución especial sobre plusvalías de las propiedades generadas por cambios de uso o de intensidad de aprovechamiento con que se vean favorecidas por los planes de ordenación urbanística.
3. El impuesto territorial rural o sobre predios rurales, la participación en la contribución por mejoras y otros ramos tributarios nacionales o estadales, conforme a las leyes de creación de dichos tributos.
(...)
6. Los demás que determine la Ley (Destacado de la Sala).
En este orden de ideas, resulta de relevancia señalar que respecto al alcance de la autonomía municipal, la entonces Corte Suprema de Justicia en Pleno, por sentencia de fecha 13 de noviembre de 1989 (caso: Herberto Contreras Cuenca), ratificada por la Sala Constitucional de este Máximo Tribunal mediante el fallo No. 670 del 6 de julio de 2000, y por esta Sala Político-Administrativa en sentencia N° 01565 del 20 de septiembre de 2007, señaló lo siguiente:
( ) La Constitución confiere autonomía normativa limitada a las Municipalidades, entendida ella no como el poder soberano de darse su propia ley y disponer de su existencia, que sólo le corresponde a la República de Venezuela, sino como el poder derivado de las disposiciones constitucionales de dictar normas destinadas a integrar el ordenamiento jurídico general, en las materias de su competencia local, incluso con respecto a aquéllas que son de la reserva legal; circunstancia ésta (sic) que ha dado lugar a que la jurisprudencia de este Supremo Tribunal haya otorgado carácter de `leyes locales´ a las ordenanzas municipales (sic). En cuanto al valor normativo de esas fuentes de derecho emanadas de los Municipios, en algunos casos se equiparan a la Ley Nacional, supuestos en los cuales se da una relación de competencia, mientras que en otros deben subordinase a las leyes nacionales y estadales, supuestos en los cuales se da una relación de jerarquía normativa, todo ello según lo predispuesto en el texto constitucional.
La Constitución atribuye autonomía financiera y tributaria a los Municipios dentro de los parámetros estrictamente señalados en su artículo 31, con las limitaciones y prohibiciones prescritas en los artículos 18, 34 y 136 del mismo texto constitucional, derivadas de las competencias del Poder Nacional, a fin de garantizar la autosuficiencia económica de las entidades locales. No obstante, la Constitución sujeta a la Ley nacional y a las leyes estadales, el aporte que reciben las Municipalidades, por intermedio de los Estados, del Poder Nacional, al cual se denomina Situado Constitucional. Por lo que respecta a los límites de la autonomía tributaria municipal, su ejercicio debe supeditarse a los principios de la legislación reglamentaria de las garantías constitucionales, que corresponden al Poder Nacional, ya que la legalidad tributaria es una garantía ligada al surgimiento mismo del Estado de Derecho. (Subrayado de la cita).
Atendiendo a las consideraciones antes expuestas, se impone a esta Sala verificar si el Sentenciador de la causa al confirmar la pretensión del Municipio Valencia del Estado Carabobo, de gravar con el impuesto sobre patente de industria y comercio la totalidad de los ingresos brutos obtenidos por la actividad de comercialización de bienes propiedad de la sociedad mercantil Corporación Inlaca, C.A., se mantuvo dentro de las limitaciones y parámetros establecidos en la Constitución.
En razón de ello, esta Alzada considera necesario analizar las características del impuesto sobre patente de industria y comercio (ahora impuesto sobre actividades económicas de industria, comercio, servicios, o de índole similar), y al respecto observa:
El impuesto sobre patente de industria y comercio (hoy impuesto sobre actividades económicas de industria, comercio, servicios o de índole similar), es un tributo que grava el ejercicio habitual de las actividades industriales, comerciales o de servicios que realice una persona natural o jurídica, susceptibles de ser vinculadas con el territorio del Municipio por aplicación de los factores de conexión pertinentes, que en el caso de las actividades industriales y comerciales se reconducen a la existencia de un establecimiento permanente.
La base imponible que se tomará para la determinación y liquidación del referido impuesto, está conformada por los ingresos brutos obtenidos por el ejercicio de las actividades industriales, comerciales o económicas de naturaleza similar que se desarrollen en el ámbito territorial del Municipio, o que por su índole se consideren ejercidas en dicha jurisdicción. A tales efectos, se entiende por ingresos brutos, todas las cantidades y proventos que de manera regular reciba el sujeto pasivo por el ejercicio de la actividad económica que explota en la jurisdicción del ente local.
En tal sentido, la doctrina en general caracteriza este tributo como un impuesto real, periódico y territorial, entendiendo por real, la circunstancia que para su cuantificación se toma en cuenta sólo la actividad que los sujetos pasivos ejercen habitualmente, sin atender a las condiciones subjetivas de los contribuyentes para la fijación de la base imponible ni de la alícuota.
Asimismo, es un tributo periódico por existir una alícuota constante relacionada con la actividad cumplida durante el tiempo señalado en la ordenanza respectiva, proyectada sobre el monto de ingresos de un período determinado, por lo que se le considera un impuesto anual, sin que ello obste que las ordenanzas de los diferentes municipios prevean períodos de pagos menores a ese lapso.
Finalmente, es un impuesto territorial en virtud de recaer, exclusivamente, sobre aquellas actividades ejercidas dentro del ámbito físico de la jurisdicción local que lo impone. De tal manera, para que un contribuyente sea sujeto pasivo del aludido tributo, debe existir una conexión entre el territorio del municipio exactor y los elementos objetivos condicionantes del impuesto, esto es, el lugar de la fuente productora y la capacidad contributiva sobre la que recaerá el tributo. (Vid. Sentencia No. 00473 de fecha 23 de abril de 2008, caso: Comercializadora Snacks, S.R.L.).
Aplicando las consideraciones antes expresadas, esta Sala entra a pronunciarse sobre las denuncias efectuadas por el apoderado judicial de la empresa Corporación Inlaca, C.A., al indicar que el Juez de la causa incurrió en un falso supuesto y violación del principio de legalidad tributaria, al confirmar la pretensión del Municipio Valencia del Estado Carabobo de incluir dentro de la base imponible del impuesto sobre patente de industria y comercio el total de ingresos brutos generados por las ventas de los productos comercializados por la contribuyente, no sólo en la jurisdicción del aludido Municipio sino fuera de ésta.
En este contexto, el conflicto se plantea cuando la sociedad mercantil Corporación Inlaca, C.A., fabrica sus productos en el Municipio Valencia del Estado Carabobo y los comercializa no sólo en éste sino en el Municipio Mariño del Estado Nueva Esparta.
Al respecto, se estima necesario citar el contenido de una sentencia dictada por la Sala Político-Administrativa de la entonces Corte Suprema de Justicia en fecha 17 de febrero de 1987 (caso: Dixie Cup de Venezuela, C.A.), en la que se estableció lo siguiente:
( ) 3. La posibilidad de que una empresa sea gravada pro la patente de industria y comercio en el Distrito donde desarrolla su actividad industrial y asimismo sea gravada en jurisdicción desde donde vende sus productos ha sido objeto de repetidas decisiones de la Sala en las cuales se ha sostenido el criterio que se transcribe a continuación: ( ) Así, pues, se puede ser contribuyente de este impuesto, bien porque se explote una industria, o bien porque se ejerza el comercio, sin que obste legalmente a ello, la circunstancia eventual, jurídicamente intrascendente, aun cuando técnicamente pueda ser criticable, de que en uno u otro caso la base de cálculo del impuesto sea la misma, vrg. Las ventas ( ).
En este orden de ideas, la Corte considera que, si, como expresamente lo afirma el representante de la recurrente, `ésta se dedica a la fabricación de telas en distintas variedades´, y , a este fin, tiene instalada su fábrica de productos en la ciudad de Maracay, con sus distintos husos, hilanderías, telares, tipo de acabado y estampado y maquinaria inherente, utilizando alrededor de mi l quinientos trabajadores, es obvio que allí explota o ejerce su industria y por tanto, que a tal título, -de industrial-, es contribuyente del Distrito Girardot del Estado Aragua: entre sus rentas municipales, el ordinal primero del artículo séptimo de su respectiva ordenanza señal, `el impuesto sobre el ejercicio en el Distrito de las diferentes industrias´.
Luego, si conforme al numeral 65 del artículo 8° ejusdem, cuya infracción precisamente se denuncia, la base de cálculo del impuesto que grava aquellas industrias entre las cuales está la que el recurrente ejerce, son las ventas, es intrascendente, a los fines fiscales, cuál o cuáles sean los lugares en que se efectúen tales ventas.
Y, a la inversa, si como también lo afirma la recurrente y lo habían determinado ya las autoridades fiscales municipales del Distrito Federal, `la empresa tiene además en Caracas, sus Oficinas Principales de Administración y Ventas, así como un depósito desde donde se efectúa la distribución de las mercancías vendidas en esta jurisdicción, y no lógicamente las efectuadas en otras jurisdicciones. En síntesis, la recurrente es contribuyente en Maracay por la industria que allí ejerce y la base de cálculo de impuesto que lo grava son las ventas, independientemente de donde se efectúe. En cambio, es contribuyente en caracas, por el comercio que ejerce acá y la base del impuesto que lo grava son también las ventas, pero sólo las efectuadas también acá (ver sentencia del 15 de marzo de 1967 en Gaceta Forense N° 55, página 165 al 1668).
( ) Si una misma persona tiene una fábrica de cualquier clase de artículos en algunos de los Estados o Territorios Federales y un negocio donde vende los mismos en el Distrito Sucre, no puede obtener aquí una patente como industrial sino como comerciante, atendiendo al carácter de las actividades a que se dedica ( ).
Pero si, como lo expresa su apoderado judicial, WYANDOTTE DE VENEZUELA, C.A., es una industria nacional dedicada a la fabricación y manufactura y venta de detergentes industriales, que tiene en Tejerías sus sede industrial, y posee en el Distrito Sucre un establecimiento dedicado a la venta de productos nacionales, es lógico que las autoridades del Distrito Sucre del Estado Miranda, no le reconozcan en su jurisdicción otra condición que la de comerciante y se niegue a aplicar la tarifa que pretende la empresa alegando su condición de industria nacional.
( ) En base a las consideraciones que anteceden, considera la Sala que cuando una empresa industrial vende en jurisdicción distinta a aquella en la que realiza su actividad industria, a través de establecimientos, agencias o sucursales ubicadas en esas otras jurisdicciones, la tarifa que deben aplicarle los Concejos Municipales en la patente de industria y comercio es la misma que corresponda a las industrias que produzcan bienes semejantes en jurisdicción de ese municipio, ya que si bien es verdad que, desde el punto de vista económico, la actividad que se desarrolla en ese distrito no es industrial sino comercial, no es menos cierto que la uniformidad en la tarifa aplicable a las industrias se impone por mandato de lo establecido en el artículo 18 -ordinal 3°- de la Constitución, aplicable a los municipio por efecto de lo establecido en el artículo 34 de la misma ( ). (Destacados de la Sala).
En atención al precitado criterio jurisprudencial, esta Sala podría en principio concluir que en aquellos casos en que los contribuyentes ejerzan dos actividades distintas, como son la industria y el comercio en diferentes municipios, ambas actividades deberían recibir el mismo tratamiento fiscal, es decir, ser gravadas en cada ente local bajo la calificación de actividad industrial, tomando la misma base imponible, por así disponerlo el artículo 18, numeral 3 de la derogada Constitución de la República de Venezuela, previsto en similares términos en el artículo 183, numeral 3 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
Sin embargo, a los fines debatidos resulta necesario efectuar un análisis de la naturaleza de las actividades que conforman el hecho imponible del impuesto sobre patente de industria y comercio, esto es, la industria y el comercio.
Al respecto, se observa que la actividad industrial constituye la obtención y/o transformación de elementos primarios o de productos prefabricados, y actividad comercial atiende a la intermediación en el tráfico de mercaderías (bienes y servicios).
En este orden de ideas, conviene citar el contenido del artículo 2 de la Ordenanza sobre Patente de Industria y Comercio del Municipio Valencia del Estado Carabobo de fecha 30 de septiembre de 1993, reproducida en términos similares en el artículo 2 de la Ordenanza Sobre Patente de Industria y Comercio del 23 de agosto de 2000 y el cual establece:
"Artículo 2: El hecho imponible del impuesto de patente de industria y comercio es el ejercicio, en o desde la jurisdicción de este Municipio, de una actividad industrial, comercial o económica de índole similar, con fines de lucro o remuneración.
PARÁGRAFO ÚNICO: A los efectos de esta Ordenanza se considera:
1.-ACTIVIDAD COMERCIAL: Toda actividad que tenga por objeto la circulación v distribución de productos, bienes y servicios entre productores y consumidores, para la obtención de lucro o remuneración, y los derivados de los actos de comercio considerados, objetiva o subjetivamente, como tales por la legislación mercantil, salvo prueba en contrario.
2.- ACTIVIDAD INDUSTRIAL: Toda actividad dirigida a producir, obtener, transformar o perfeccionar uno o varios productos naturales o sometidos ya a otro proceso industrial preparatorio (...). (Destacado de la Sala).
En atención a lo antes expuesto, esta Sala considera pertinente señalar que a pesar de estar tales actividades diferenciadas entre sí, a efectos económicos concretamente contables, se encuentran relacionadas una a la otra, ya que la actividad industrial debe indefectiblemente valerse de operaciones comerciales, con el objeto de obtener dinero u otros valores de cambio que permitan continuar el giro productivo de la empresa, sin que ello implique la desnaturalización de la labor industrial. En efecto, la base de cálculo del impuesto sobre patente de industria y comercio que debe pagar el contribuyente industrial atiende precisamente a los ingresos brutos obtenidos de la venta de sus productos.
Siendo ello así, se ha admitido pacíficamente que el contribuyente que fabrica y distribuye sus productos dentro de la misma jurisdicción municipal debe ser gravado con una alícuota industrial, y no ser objeto de imposición por la actividad productiva separadamente de la actividad comercial representada por la venta de los bienes y servicios producidos.
No obstante, en el presente caso, en el cual un mismo contribuyente industrial realiza su actividad comercial fuera de los límites territoriales de su sede de producción, se genera una concurrencia de dos o más entes municipales al gravamen de estas actividades económicas, lo cual trae como consecuencia que se dividan ambas operaciones a efectos fiscales, para gravar con una tarifa industrial el sólo hecho de fabricar en el municipio donde tenga su sede de producción, y con otra comercial en el municipio de destino de los bienes y servicios fabricados.
Lo anterior, pudiera conducir a que los municipios implicados causen una situación de doble o múltiple imposición a los sujetos pasivos incididos por el impuesto sobre patente de industria y comercio, por cuanto varios entes locales gravarían una misma base imponible quebrantando la capacidad económica de los contribuyentes.
Con base en el escenario antes planteado y a los fines de acordar el tratamiento fiscal aplicable en estos casos, la Sala considera que la solución atiende a que el municipio en el cual se comercializan los productos deduzca o impute del gravamen que pretenda exigir conforme a su alícuota comercial, el monto del impuesto que corresponda pagar al contribuyente por razón de la industria en el municipio donde ésta se encuentre ubicada.
Sobre este orden de ideas, a manera ilustrativa y referencial, a pesar de no ser aplicable al presente asunto en razón de su vigencia temporal, esta Alzada considera oportuno traer a colación el mecanismo empleado en la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, publicada en la Gaceta Oficial No. 38.421 de fecha 21 de abril de 2006 (cuya última reforma se encuentra contenida en la Gaceta Oficial No. 39.163, del 22 de abril de 2009), haciendo uso de las facultades de coordinación y armonización tributaria previstas en el artículo 156, numeral 13 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, concretamente en su artículo 218, al disponer lo siguiente:
Artículo 218.- Cuando las actividades de comercialización se ejecuten a través de varios establecimientos permanentes o bases fijas, los ingresos gravables deberán ser imputados a cada establecimiento en función de su volumen de ventas.
Si se trata de servicios prestados o ejecutados en varias jurisdicciones municipales, los ingresos gravables deberán ser imputados a cada una de ellas, en función de la actividad que en cada una se despliegue.
Cuando se trate de un contribuyente industrial que venda los bienes producidos en otros municipios distintos al de la ubicación de la industria, el impuesto pagado por el ejercicio de actividades económicas en el Municipio sede de la industria, podrá deducirse del impuesto a pagar en el Municipio en que se realiza la actividad comercial. En caso que la venta se realice en más de un municipio sólo podrá deducirse el impuesto pagado por el ejercicio de la actividad industrial proporcional a los bienes vendidos en cada Municipio. En ningún caso la cantidad a deducir podrá exceder de la cantidad de impuesto que corresponda pagar en la jurisdicción del establecimiento comercial.
Si se trata de servicios prestados o ejecutados en varias jurisdicciones municipales, los ingresos gravables deberán ser imputados a cada una de ellas, en función de la actividad que en cada una se despliegue. En el caso de servicios que sean totalmente ejecutados en una jurisdicción diferente a aquéllas, en la cual el prestador tenga el establecimiento permanente destinado a funcionar exclusivamente como sede de administración; al Municipio en el cual se ubique la sede de administración, le corresponderá establecer un mínimo tributario fijado en función de criterios con los servicios prestados por el Municipio a ese establecimiento permanente. En el caso de servicios contratados con personas naturales, se considerarán prestados únicamente en el Municipio donde éstas tengan una base fija para sus negocios. (Destacado de la Sala).
En atención a lo señalado supra y visto que la contribuyente Corporación Inlaca, C.A., tiene su planta de producción en el Municipio Valencia del Estado Carabobo lo que demuestra una conexión territorial de su actividad industrial con el mencionado ente local, esta Sala considera procedente el cobro del impuesto sobre patente de industria y comercio con la respectiva alícuota industrial, por los ingresos brutos obtenidos por la distribución de sus productos, aun cuando éstos sean distribuidos a través de uno o varios establecimientos permanentes ubicados en otros municipios distintos al Municipio Valencia del Estado Carabobo, debiendo imputarse el importe generado por esta actividad, al monto del impuesto que deba pagar la referida contribuyente en los entes municipales que sirvan de sede a los mencionados establecimientos. Así se declara.
Con base en lo antes expuesto, esta Máxima Instancia desestima el vicio de falso supuesto y la violación del principio de legalidad tributaria denunciados por el apoderado judicial de la contribuyente, y confirma el pronunciamiento emitido por el Juez a quo, respecto a la procedencia del reparo impuesto por comercialización de productos fuera del referido Municipio así como la multa correspondiente. Así se declara.
3.- Del reparo por ganancias de diferencial cambiario obtenidas en los meses de febrero y mayo de 2002
El apoderado judicial de la contribuyente argumentó que los ingresos obtenidos por diferencial cambiario no pueden ser gravados por el impuesto municipal de Patente de Industria y Comercio, ya que conforme a lo dispuesto en el artículo 156 de la Constitución ( ) lo relativo al régimen cambiario, sistema financiero y mercado de capitales (numeral 11) e impuestos al capital (numeral 12) están reservados al Poder Público Nacional y las potestades tributarias que ciertamente el Régimen Constitucional vigente reconoce al Municipio no se permiten invadir la reserva legal. (Subrayado del apoderado judicial de la contribuyente).
Sobre este particular, la Sala observa del expediente judicial, concretamente del folio 29, que el Alcalde del Municipio Valencia del Estado Carabobo, mediante la Resolución No. DA/1762/05 de fecha 11 de julio de 2005, confirmó el reparo formulado a la contribuyente Corporación Inlaca, C.A., respecto a la obtención de ganancias generadas por diferencial cambiario, al considerar que es de la competencia del Poder Público Nacional la regulación de la banca central, del sistema monetario, del régimen cambiario, del sistema financiero y del mercado de capitales, pero hay que aclarar que una cosa es la regulación, que no se discute que compete al Poder Público Nacional y otra cosa es la potestad tributaria, que en este caso es concurrente, es decir ambos poderes la detentan, solo que se diferencian en razón del hecho imponible que regula el impuesto sobre la renta y el impuesto sobre actividades económicas.
En tal sentido, se observa del Acta Fiscal identificada con las letras y números AF/2003-001 de fecha 16 de julio de 2002, que la Dirección de Hacienda del Municipio Valencia del Estado Carabobo, en atención al documento constitutivo estatutario de la contribuyente, dejó sentado que la actividad de la empresa investigada se circunscribía a cultivo, cosecha e industrialización de frutas, especialmente cítricas, la fabricación de jarabes y concentrados de dichas frutas y otros productos y subproductos del mismo tipo, así en general podrá ejercer cualquier otra actividad comercial que directa o indirectamente se relacione con su objetivo principal. (Folio 34 del expediente).
Ahora bien, visto que la Administración Tributaria Municipal formuló el reparo fiscal a cargo de la contribuyente sobre aquellos ingresos obtenidos por diferencia en cambio, esta Sala considera necesario advertir que el presente análisis se circunscribe a determinar la posibilidad o no de su gravamen con el impuesto sobre patente de industria y comercio, ya que tanto el Fisco Municipal como la contribuyente están contestes respecto a la naturaleza de tales ingresos.
Siendo ello así y a los fines debatidos, se estima necesario reiterar que la base de cálculo del impuesto sobre patente de industria y comercio está conformada por todos los proventos obtenidos por el ejercicio habitual y en territorio del municipio de que se trate, de actividades industriales o comerciales.
El carácter habitual de la actividad que desarrolla el contribuyente en el municipio de que se trate, ostenta un carácter predominante a los efectos del impuesto objeto de análisis, ya que los proventos que puedan generar determinadas actividades aisladas o casuísticas, no podrán ser gravadas por el referido tributo por no estar conectadas con el giro comercial, industrial o de servicios para el que se encuentra autorizado un contribuyente en un determinado ente local, en relación directa con el clasificador de actividades que contienen las Ordenanzas reguladoras del tributo.
En otro aspecto, resulta pertinente traer a colación el criterio sostenido por esta Sala en sentencia de fecha 26 de mayo de 2005, número 03385 (caso: Banco Industrial de Venezuela), respecto a la gravabilidad de la utilidad cambiaria generada por el vencimiento de una obligación contratada en moneda extranjera a los efectos del tributo municipal objeto de análisis. En dicho fallo, se señaló lo siguiente:
De allí, juzga este Alto Tribunal, tal como acertadamente lo indicó el a quo, que la emisión y colocación de los bonos de deuda pública que hiciera el contribuyente a través del Banco Central de Venezuela, ostenta el carácter de préstamo efectuado por la entidad bancaria a la República, cuyos rendimientos si bien comportan beneficios para la entidad bancaria, constituyen propiamente una devolución del capital otorgado en préstamo, registrado como un egreso en la contabilidad de la contribuyente. Ahora bien, éstas cantidades dadas en préstamo a la República fueron registradas en divisa extranjera bajo el tipo de cambio que estaba vigente para el momento en que fueron realizadas las colocaciones en bonos (Bs. 4,30 por Dólar); sin embargo, al ser redimidos los bonos de deuda pública adquiridos por la contribuyente, la paridad cambiaria había variado, situándose la divisa norteamericana a los tipos de cambio de Bs. 37,85 y 38,15, por Dólar para dichas fechas (06 y 09 de septiembre de 1989), originándose en consecuencia, una diferencia cambiaria para las fechas de rescate.
Tal utilidad cambiaria es objetada por la representación municipal, toda vez que en su opinión Cuando al accionante se le reintegra lo equivalente a los bonos, se hace en moneda de curso legal y no en dólares americanos como debía ser, (...).. En este caso la operación debió ser por la misma cantidad en dólares y no en bolívares , y de esto obtuvo ganancia; y no fue en intereses, ya que fue como una conversión de dólares americanos de EEUU. A (sic) bolívares, obteniendo una diferencia que se tiene como un incremento en ganancia.. Al respecto, debe esta Sala destacar que como toda obligación, el pago por parte de la República de las cantidades expresadas en los bonos de la deuda pública nacional en poder de la contribuyente, debía realizarse en los mismos términos en que fuera contratada, vale decir, en dólares americanos; sin embargo, por efecto de las restricciones o limitaciones a la libre convertibilidad de la moneda (control de cambios) impuestas por el propio Estado venezolano para la época, dicho compromiso debía atenderse en bolívares y a la tasa de cambio que hubiese sido fijada por el Banco Central de Venezuela para la fecha.
Derivado de lo anterior, encuentra esta Sala que en esta diferencia en cambio que se produjo al convertir el valor de los bonos a moneda de curso legal, en nada intervino la voluntad de la contribuyente, sino que se produjo como resultado de las propias políticas monetarias y financieras asumidas por el Estado venezolano; motivo por el cual, aun cuando eventualmente se materializó un ingreso para la contribuyente, el mismo sólo puede reputarse a título de devolución de la cantidad dada en préstamo a la República mediante la colocación de los precitados bonos de la deuda pública nacional, siendo improcedente en consecuencia, incluir la cantidad de Bs. 5.149.433.500,00 dentro de la declaración jurada de ingresos brutos del Banco Industrial de Venezuela, C.A., correspondiente al ejercicio fiscal del año 1989. Ello así, resultaba improcedente el reparo formulado a la contribuyente por tal concepto. Así se declara.(Destacados del presente fallo).
En atención a lo precedentemente expuesto, esta Alzada considera que las ganancias obtenidas por la contribuyente en el caso bajo análisis, tienen un carácter eventual al no ser el producto de la actividad que representa su giro industrial o comercial en el Municipio.
Por el contrario, dichas operaciones equivalen a rentas pasivas, obtenidas como consecuencia de las políticas monetarias y financieras del Estado Venezolano sin voluntariedad o intervención de la contribuyente, razón por la cual, aun cuando constituyeron un ingreso para la sociedad mercantil Corporación Inlaca, C.A., deben ser excluidas de la base de cálculo del impuesto sobre patente de industria y comercio.
Aunado a lo anterior, se constata que dichos proventos obtenidos por diferencias cambiarias no pueden ser catalogados como ingresos generados por una actividad industrial ni comercial, en virtud de no ser el resultado de la transformación de un bien en otro o de la intermediación entre el productor y comerciante o entre comerciantes y consumidores, ni la prestación de un servicio.
En definitiva, en atención a que la sociedad mercantil Corporación Inlaca, C.A., se dedica a la actividad de cultivo, cosecha e industrialización de frutas, especialmente cítricas, la fabricación de jarabes y concentrados de dichas frutas y otros productos y subproductos del mismo tipo, así en general podrá ejercer cualquier otra actividad comercial que directa o indirectamente se relacione con su objetivo principal, y debido a que sus ganancias generadas por diferencias en cambio no encuadran dentro de la explotación autorizada por el Municipio en y desde su jurisdicción territorial, por lo que no existe la relación directa y necesaria que se debe materializar entre hecho y base imponible (Vid. sentencia N° 01579 del 20 de septiembre de 2007), se concluye que son frutos civiles no sujetos a imposición por el impuesto sobre patente de industria y comercio.
En razón de lo anterior, esta Alzada declara procedente la denuncia efectuada por el apoderado judicial de la contribuyente y revoca el pronunciamiento emitido por el Tribunal a quo respecto a este particular. En consecuencia, se declara la nulidad del reparo formulado sobre los ingresos obtenidos por la empresa recurrente producto del diferencial cambiario, así como la multa impuesta por dicho concepto. Así se decide.
Por último, es preciso advertir que lo decidido por el a quo respecto a la procedencia de los intereses moratorios queda firme al no haber sido controvertido en la presente apelación. Así se declara.
Con fundamento en lo antes expresado, esta Sala debe declarar parcialmente con lugar el recurso de apelación ejercido por el apoderado judicial de la sociedad mercantil Corporación Inlaca, C.A. y, por lo tanto, se revoca de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de lo Contencioso Tributario de la Región Central en fecha 12 de abril de 2007, el pronunciamiento relativo a la procedencia del reparo por concepto de ganancias generadas por diferencial cambiario; confirmándose la procedencia de los reparos formulados por omisión de ingresos respecto a lo siguiente: i) ventas de leche cruda y ( ) ganancia en insumos agrícolas y venta de diversos materiales de publicidad y propaganda identificados como BOUTIQUE y, ii) comercialización de productos en la Isla de Margarita, Estado Nueva Esparta. Por último, quedan firmes los intereses moratorios. Así se declara.
V
DECISIÓN
En virtud de las consideraciones precedentemente expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia en Sala Político-Administrativa, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara:
1.- PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el apoderado judicial de la sociedad mercantil CORPORACIÓN INLACA, C.A., contra la sentencia No. 0370 de fecha 12 de abril de 2007, dictada por el Tribunal Superior de lo Contencioso Tributario de la Región Central . En consecuencia:
a) REVOCA el pronunciamiento relativo a la procedencia del reparo por concepto de ganancias generadas por diferencial cambiario.
b) CONFIRMA la procedencia de los reparos formulados por omisión de ingresos respecto a lo siguiente: i) ventas de leche cruda y ( ) ganancia en insumos agrícolas y venta de diversos materiales de publicidad y propaganda identificados como BOUTIQUE y, ii) comercialización de productos en la Isla de Margarita, Estado Nueva Esparta.|
c) FIRMES los intereses moratorios por no haber sido objeto de la presente apelación.
2) PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso contencioso tributario ejercido por la aludida contribuyente contra la Resolución No. DA/1762/05 de fecha 11 de julio de 2005, por lo que resultan:
a) NULOS: i) el reparo por la omisión de los ingresos obtenidos de las ganancias por diferencial cambiario; y ii) la multa por tal concepto.
b) FIRMES los reparos formulados por la omisión de los ingresos siguientes: i) ventas de leche cruda y ( ) ganancia en insumos agrícolas y venta de diversos materiales de publicidad y propaganda identificados como BOUTIQUE; ii) comercialización de los productos pasteurizados y lácteos en la Isla de Margarita, Estado Nueva Esparta, iii) las multas respectivas y iv) los intereses moratorios generados.
Se ORDENA a la Dirección de Hacienda del Municipio Valencia del Estado Carabobo expedir las planillas de liquidación sustitutivas, ajustándose a los términos del presente fallo.
Publíquese, regístrese y notifíquese. Devuélvase el expediente al Tribunal de origen. Cúmplase lo ordenado.
Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los diecinueve (19) días del mes de mayo del año dos mil nueve (2009). Años 199º de la Independencia y 150º de la Federación.
La Presidenta
EVELYN MARRERO ORTÍZ
La Vicepresidenta
YOLANDA JAIMES GUERRERO
Los Magistrados,
LEVIS IGNACIO ZERPA
HADEL MOSTAFÁ PAOLINI
Ponente
EMIRO GARCÍA ROSAS
La Secretaria,
SOFÍA YAMILE GUZMÁN
En veinte (20) de mayo del año dos mil nueve, se publicó y registró la anterior sentencia bajo el Nº 00649.
La Secretaria,
SOFÍA YAMILE GUZMÁN
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