Sentencia N.º 00667
- Sentencia
- N.º 00667
- Fecha
- 12/06/2013
- Sala
- Político Administrativa
- Expediente
- 2013-0307
- Ponente
- Evelyn Margarita Marrero Ortiz
- Procedimiento
- Consulta de jurisdicción
- Enlace fuente oficial
- Ver en sitio web oficial del TSJ
MAGISTRADA PONENTE: EVELYN MARRERO ORTÍZ
EXP. Nº 2013-0307
El Juzgado Vigésimo Cuarto de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Circuito Judicial del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, mediante oficio Nº 2224/2013 del 5 de febrero de 2013, remitió a esta Sala el expediente contentivo de la solicitud de calificación de despido, reenganche y pago de salarios caídos, interpuesta por la ciudadana SORGALIM NAIYIBITH VALDERRAMA, titular de la cédula de identidad N° 15.106.628, contra la FUNDACIÓN IMPRENTA DE LA CULTURA, cuyos datos de registro cursan del folio 45 al 53 del expediente.
La remisión se efectuó a los fines de que esta Máxima Instancia se pronuncie acerca de la consulta de jurisdicción planteada por el referido Juzgado, conforme a lo previsto en los artículos 59 y 62 del Código de Procedimiento Civil, de la decisión dictada el 25 de enero de 2013 mediante la cual declaró la falta de jurisdicción del Poder Judicial frente a la Administración Pública para conocer el caso de autos.
El 20 de febrero de 2013 se dio cuenta en Sala y, por auto de igual fecha, se designó ponente a la Magistrada Evelyn Marrero Ortíz a los fines de pronunciarse sobre la referida consulta.
En fecha 8 de mayo de 2013 fue elegida la nueva Junta Directiva del Tribunal Supremo de Justicia y quedó conformada esta Sala Político-Administrativa de la siguiente manera: Presidente, Magistrado Emiro García Rosas; Vicepresidenta, Magistrada Evelyn Marrero Ortíz; las Magistradas Trina Omaira Zurita y Mónica Misticchio Tortorella y el Magistrado Emilio Ramos González. Asimismo, se ratificó Ponente a la Magistrada Evelyn Marrero Ortíz.
El 5 de junio de 2013 se incorporó a esta Sala, previa convocatoria, la Tercera Suplente Magistrada María Carolina Ameliach Villarroel, en sustitución temporal de la Magistrada Trina Omaira Zurita.
Realizado el estudio del expediente, pasa la Sala a decidir previo a lo cual formula las siguientes consideraciones:
I
ANTECEDENTES
El 16 de mayo de 2012 la ciudadana antes identificada, presentó ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos del Circuito Judicial del Trabajo del Área Metropolitana de Caracas, solicitud de calificación de su despido, el reenganche y el pago de los salarios caídos, con fundamento en el artículo 187 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo contra la Fundación Imprenta de la Cultura, en los siguientes términos:
Que el 8 de marzo de 2010 comenzó a prestar servicios en la prenombrada Fundación, desempeñando el cargo de COORDINADOR ESTRATÉGICO hasta el 15 de mayo de 2012, fecha en la cual fue despedida.
Aduce que su despido fue injustificado, pues no incurrió en alguna de las faltas previstas en la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras; razón por la cual solicita se califique su despido injustificado, se ordene el reenganche a su puesto de trabajo, así como el pago de los salarios dejados de percibir.
Distribuida la causa correspondió su conocimiento al Juzgado Vigésimo Cuarto de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Circuito Judicial del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, el cual mediante decisión de fecha 25 de enero de 2013 declaró la falta de jurisdicción del Poder Judicial respecto a la Administración Pública, por órgano de la Inspectoría del Trabajo respectiva, por encontrarse la solicitante presuntamente amparada por la inamovilidad laboral contenida en el Decreto Presidencial N° 8.732 de fecha 24 de diciembre de 2011, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.828 del 26 de ese mismo mes y año.
II
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
Corresponde a esta Sala Político-Administrativa emitir un pronunciamiento con relación a la consulta de jurisdicción planteada, de acuerdo a la competencia que le ha sido atribuida en los artículos 23 numeral 20 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa; 26 numeral 20 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, y 59 y 62 del Código de Procedimiento Civil, para lo cual observa:
De la lectura de las actas del expediente se aprecia que la parte demandada es una fundación, adscrita al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, creada mediante Decreto N° 5.061 de fecha 18 de diciembre de 2006, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.587 del 19 del mismo mes y año.
En este sentido, estima la Sala oportuno hacer referencia al criterio establecido por la Sala Constitucional por Sentencia N° 1171 de fecha 14 de julio de 2008, ratificado por la Sala Plena de este Alto Tribunal mediante fallo N° 56 publicado el 23 de octubre de 2012, según el cual las relaciones entre las fundaciones del Estado y sus empleados se rigen por las normas de la Ley Orgánica Laboral y, conforme a ello, los órganos jurisdiccionales competentes para conocer las demandas o reclamaciones derivadas de la aplicación de ese régimen legal, son los órganos que integran una jurisdicción especial denominada jurisdicción laboral, salvo que en el acta constitutiva o en los estatutos sociales de determinada fundación se le otorguen expresamente a sus empleados el carácter de funcionarios públicos.
En este orden de ideas, resulta necesario señalar que en la Cláusula Vigésima Cuarta de los Estatutos Sociales de la Fundación Imprenta de la Cultura, se señala que los trabajadores y trabajadoras de la referida Fundación estarán sujetos a la Ley Orgánica del Trabajo y a la norma laboral. (Folios 45 al 53 del expediente).
Bajo estas premisas, resulta claro que en el caso en análisis, la relación laboral que existió entre la Fundación Imprenta de la Cultura y la ciudadana Sorgalim Naiyibith Valderrama, se encontraba regulada por las disposiciones contenidas en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, aplicable ratione temporis. Así, observa la Sala que para el momento del despido (15 de mayo de 2012), se encontraba vigente el Decreto N° 8.732 de fecha 24 de diciembre de 2011, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 39.828 del 26 de diciembre de 2011.
Cabe destacar que en el mencionado Decreto Presidencial, el Ejecutivo Nacional estableció la inamovilidad laboral especial a favor de los trabajadores y las trabajadoras del sector privado y del sector público protegidos (as) por la Ley Orgánica del Trabajo, vigente para la fecha, quienes no podrán ser despedidos, desmejorados ni trasladados a menos que exista una causa justificada debidamente comprobada por la Inspectoría del Trabajo, conforme al procedimiento previsto en el artículo 422 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras.
De acuerdo al prenombrado Decreto esa inamovilidad laboral especial es independiente del salario devengado y protege a: a) Las trabajadoras y los trabajadores a tiempo indeterminado a partir de los tres (3) meses al servicio de una patrona o patrono; b) Las trabajadoras y los trabajadores contratados por tiempo determinado mientras no haya vencido el término establecido en el contrato; c) Las trabajadoras y los trabajadores contratados para una labor u obra determinada mientras no haya concluido la totalidad o la parte de la misma que constituya su obligación.
Asimismo, en el aludido Decreto se establece que no estarán protegidos por dicha inamovilidad laboral, las trabajadoras y los trabajadores que ejerzan cargos de dirección o de confianza (esta última categoría de cargo fue suprimida en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras), los temporeros, ocasionales o eventuales.
Ahora bien, del análisis de los alegatos expuestos por la parte actora en su solicitud, esta Sala constata lo siguiente: 1) que en fecha 8 de marzo del 2010 la accionante comenzó a prestar sus servicios en la Fundación Imprenta de la Cultura, siendo despedida el 15 de mayo de 2012 con lo cual acumuló más de tres (3) meses de antigüedad; y 2) que se desempeñaba como COORDINADOR ESTRATÉGICO, sin que se evidencie de las actas que conforman el expediente que tuviese atribuidas funciones de dirección, ni que fuese una trabajadora temporera, ocasional o eventual; por lo que no le es aplicable la excepción a la cual se hizo alusión en líneas anteriores.
Por tales razones, considera la Sala que para el momento del despido la solicitante se encontraba presuntamente amparada por la inamovilidad laboral prevista en el precitado Decreto Presidencial N° 8.732 del 24 de diciembre de 2011, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 39.828 de fecha 26 de diciembre de 2011, aplicable ratione temporis; en razón de lo cual debe esta Sala declarar que el Poder Judicial no tiene jurisdicción para conocer la solicitud planteada, por corresponder su conocimiento a la Administración Pública por órgano de la Inspectoría del Trabajo y, en consecuencia, confirmar el fallo consultado dictado el 25 de enero de 2013 por el Juzgado remitente. Así se declara.
III
DECISIÓN
Sobre la base de los razonamientos antes señalados, esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara que el PODER JUDICIAL NO TIENE JURISDICCIÓN para conocer y decidir la solicitud de calificación de despido, reenganche y pago de salarios caídos, interpuesta por la ciudadana SORGALIM NAIYIBITH VALDERRAMA, contra la FUNDACIÓN IMPRENTA DE LA CULTURA.
En consecuencia, se CONFIRMA la sentencia consultada de fecha 25 de enero de 2013, dictada por el Juzgado Vigésimo Cuarto de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Circuito Judicial del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.
Publíquese, regístrese y comuníquese. Devuélvase el expediente al Juzgado de origen. Cúmplase lo ordenado.
Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los once (11) días del mes de junio del año dos mil trece (2013). Años 203º de la Independencia y 154º de la Federación.
El Presidente EMIRO GARCÍA ROSAS
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La Vicepresidenta - Ponente EVELYN MARRERO ORTÍZ
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La Magistrada MÓNICA MISTICCHIO TORTORELLA
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El Magistrado EMILIO RAMOS GONZÁLEZ
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La Magistrada MARÍA CAROLINA AMELIACH VILLARROEL
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La Secretaria, SOFÍA YAMILE GUZMÁN
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En doce (12) de junio del año dos mil trece, se publicó y registró la anterior sentencia bajo el Nº 00667.
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La Secretaria, SOFÍA YAMILE GUZMÁN
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