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Buscar sentenciasMagistrado Ponente: TRINA OMAIRA ZURITA
Exp. Nº 2011-0324
Por Oficio N° 4100/2011 del 14 de marzo de 2011, recibido el día 22 de ese mismo mes y año, el Juzgado Décimo Segundo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo del Área Metropolitana de Caracas, remitió el expediente contentivo de la demanda por COBRO DE INDEMNIZACIONES POR ENFERMEDAD OCUPACIONAL, INCAPACIDAD FÍSICA LABORAL ABSOLUTA Y PERMANENTE, DAÑO MORAL Y PSICOLÓGICO, DAÑO MATERIAL (LUCRO CESANTE), PRESTACIONES SOCIALES y otros conceptos laborales y civiles e indemnizaciones incoada por el ciudadano LUIS DEL VALLE SALAZAR, titular de la Cédula de Identidad N° 9.935.310, asistido por el abogado Pedro José Vilela Campos, inscrito en el INPREABOGADO bajo el N° 119.708, contra la sociedad mercantil BIMBO DE VENEZUELA, C.A., inscrita en el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda el 20 de abril de 1999, bajo el N° 51, Tomo 121-A-Sgdo.
La remisión se efectuó para que esta Sala se pronuncie sobre la consulta de jurisdicción planteada, de conformidad con los artículos 59 y 62 del Código de Procedimiento Civil, por cuanto el Juzgado remitente, mediante fallo dictado el 23 de febrero de 2011, declaró la falta de jurisdicción del Poder Judicial frente a la Administración Pública.
El 23 de marzo de 2011, se dio cuenta en Sala y se designó ponente a la Magistrada TRINA OMAIRA ZURITA a los fines de decidir la consulta.
I
ANTECEDENTES
Mediante escrito presentado en fecha 8 de febrero de 2011, ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos del Circuito Judicial del Trabajo del Área Metropolitana de Caracas, el ciudadano Luis del Valle Salazar, asistido por el abogado Pedro José Vilela Campos, previamente identificados, interpuso demanda por COBRO DE INDEMNIZACIONES POR ENFERMEDAD OCUPACIONAL, INCAPACIDAD FÍSICA LABORAL ABSOLUTA Y PERMANENTE, DAÑO MORAL Y PSICOLÓGICO, DAÑO MATERIAL (LUCRO CESANTE), PRESTACIONES SOCIALES y otros conceptos laborales y civiles e indemnizaciones, contra la sociedad mercantil Bimbo de Venezuela, C.A., alegando lo siguiente:
Que comenzó a prestar servicios para la demandada el día 21 de septiembre de 1995, ocupando el cargo de Masero, devengando un salario básico de ochenta y cuatro bolívares con 12/100 cts. (Bs. 84.12) diarios es decir, dos mil quinientos veintitrés bolívares con seis céntimos (Bs. 2.523,06) mensuales, hasta el día 21 de enero de 2011, cuando fue despedido de forma injustificada.
Indicó que su labor consistía en preparar la masa para hacer el Pan, ( ) estando expuesto a golpes y aprisionamientos, ruidos y vibración y a temperaturas extremas, debiendo cargar los realizar (sic) movimientos repetitivos y en posiciones no adecuadas, labor ésta que [le] ocasionó un Dolor Lumbar severo, ( ) por lo que acud[ió] al especialista ( ) y luego de la R.M.N. se evidenció una Discopatía L4-L5, L5-S1, planteando un resolución quirúrgica, en definitiva una Hernia Discal L4-L5, que fueron operadas en el mes de julio del año 2009, reiniciándose los dolores a partir del año 2010.
Denunció que es objeto de una terrible Enfermedad Ocupacional, producida a causa del fiel cumplimiento de los oficios encomendados por [su] patrono sin ninguna norma e instrumento de prevención y seguridad en el desempeño de los mismos.
En razón a lo anterior estimó la demanda en la cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO BOLÍVARES CON 32/100 (Bs. 452.975.32).
Distribuida la causa, correspondió su conocimiento al Juzgado Décimo Segundo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo del Área Metropolitana de Caracas, el cual mediante auto dictado el 10 de febrero de 2011, admitió la demanda ejercida, ordenó el emplazamiento de la parte demandada y fijó la oportunidad para que tuviera lugar la audiencia preliminar.
Mediante escrito presentado el día 18 de febrero de 2011, el abogado Jonathan Varela Aguilar, inscrito en el INPREABOGADO bajo el N° 118.054, actuando con el carácter de apoderado judicial de la sociedad mercantil Bimbo de Venezuela, C.A., celebró con la parte actora Transacción en los términos del artículo 3°, Parágrafo Único de la Ley Orgánica del Trabajo y 1.713 y siguientes del Código Civil.
Luego, por decisión dictada el 23 de febrero de 2011, el Juzgado Décimo Segundo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo del Área Metropolitana de Caracas declaró la falta de jurisdicción del Poder Judicial frente a la Administración Pública por órgano de la Inspectoría del Trabajo, con fundamento en lo siguiente:
El artículo 9 del Reglamento Parcial de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo ( ) establece:
( omissis )
De la letra del artículo antes trascrito se evidencia que es competencia del Inspector la homologación en materia de accidente de trabajo y enfermedades ocupacionales, por lo que si los interesados pretenden realizar transacción en esta materia deben efectuarla ante ese órgano administrativo y cumplir con los requisitos previstos en la referida disposición reglamentaria
Asimismo la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia Nro. 1032 de fecha 20 de octubre de 2010, en el juicio por enfermedad profesional incoado ( ) declaró que el PODER JUDICIAL NO TIENE JURISDICCIÓN para conocer y decidir la solicitud de homologación de la transacción laboral celebrada entre las partes y CONFIRMÓ la decisión consultada de fecha 30 de junio de 2010, mediante la cual el Tribunal Tercero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, declaró la falta de jurisdicción respecto de la Administración Pública.
La Sala Político estableció en la referida decisión lo siguiente:
( omissis )
Por todos los razonamientos antes expuestos, este Juzgado Décimo Segundo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo del Área Metropolitana de Caracas, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley declara: FALTA DE JURISDICCIÓN para homologar la transacción por enfermedad ocupacional que han suscrito las partes LUIS SALAZAR contra BIMBO DE VENEZUELA C.A; con respecto a la Administración Pública: (Inspectoría del trabajo en el Esta del Área Metropolitana de Caracas) . (Sic).
Por diligencia presentada el 24 de febrero de 2011, el apoderado judicial de la sociedad mercantil Bimbo de Venezuela, C.A., expuso:
Apelo de la Sentencia dictada en el día 23/02/2011, que negó la homologación de la transacción introducida en el Expediente ( ) por declarar FALTA DE JURISDICCIÓN, Es todo (sic).
El 14 de marzo de 2011, el referido Juzgado negó la apelación por cuanto no es el recurso idóneo contra esta decisión y ordenó remitir en consulta el expediente a esta Sala.
II
DE LA COMPETENCIA DE LA SALA
A los fines de determinar la competencia para conocer de las consultas de sentencias que emitan pronunciamientos sobre jurisdicción, resulta pertinente referirse a las disposiciones previstas tanto en la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, como en lo dispuesto en la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia.
En tal sentido, se observa que el artículo 23, numeral 20 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa dispone:
Artículo 23. La Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia es competente para conocer de:
(Omissis)
20. Las consultas y recursos de regulación de jurisdicción .
Asimismo, el artículo 26, numeral 20 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia establece:
Competencias de la Sala Político Administrativa
Artículo 26. Son competencias de la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia:
(Omissis)
20. Las consultas y recursos de regulación de jurisdicción .
En aplicación de las normas parcialmente transcritas, es claro que en el presente caso resulta competente esta Sala para emitir pronunciamiento. Así se declara.
III
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
Previo al pronunciamiento correspondiente, esta Sala observa que la parte demandada el 24 de febrero de 2011 apeló de la sentencia objeto de análisis en la presente causa, lo cual fue negado por el Juzgado Décimo Segundo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo del Área Metropolitana de Caracas, por no ser el recurso idóneo para su impugnación.
Efectivamente, si bien el recurso de apelación no es el medio de impugnación establecido en los artículos 62 y 66 del Código de Procedimiento Civil, esta Sala ha entendido que cuando se ejerce dicho medio de impugnación contra una decisión relativa a la jurisdicción, debe considerarse como una solicitud de regulación de jurisdicción.
Así, mediante sentencia N° 1036 del 21 de octubre de 2010, en un caso similar al de autos, señaló:
Al respecto, la Sala se percata que mediante auto dictado el 11 de agosto de 2010, el referido juzgado acordó no tramitar el Recurso de Apelación interpuesto, por cuanto no es el procedimiento idóneo y por auto separado de igual fecha acordó elevar la consulta ante la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia.
Efectivamente, la apelación ejercida contra la decisión consultada, debe entenderse como una solicitud de regulación de jurisdicción, y aun cuando el a quo se abstuvo de oír la apelación y remitió el expediente erróneamente en consulta obligatoria, debió asumir que se trataba del medio de impugnación aludido y enviar los autos a este Máximo Tribunal, por lo que debe esta Sala entrar a decidir sobre el recurso de regulación de jurisdicción interpuesto por la representación judicial de la parte demandante. Así se establece
Delimitado lo anterior, se constata que en fecha 20 de enero de 2011 el Juzgado Décimo Segundo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo del Área Metropolitana de Caracas, declaró la falta de jurisdicción del Poder Judicial frente a la Administración Pública, por considerar que corresponde a la Inspectoría del Trabajo respectiva homologar la transacción celebrada entre el ciudadano Luis del Valle Salazar y la sociedad mercantil Bimbo de Venezuela, C.A., por contener situaciones referidas a la Prevención, Condiciones y Medio Ambiente del Trabajo. Decisión esta que fue impugnada en fecha 24 de febrero de 2011, por la representación judicial de la parte demandada, remitiendo a esta Sala las actuaciones respectivas.
Ahora bien, esta Sala observa que en la referida transacción, las partes llegaron a los siguientes acuerdos:
CLAUSULA SEGUNDA: EXPOSICIÓN DEL TRABAJADOR:
a. EL TRABAJADOR, manifiesta que prestó sus servicios en forma ininterrumpida para BIMBO desde el día 21 de septiembre de 1995 y que el día 21 de enero de 2011, fue informado del cese de la relación laboral con el ofrecimiento de un pago como indemnización por mis años de servicio, sin que mediara justificación alguna para dicho cese, violentando de tal manera los sagrados postulados de normas constitucionales, legales y contractuales, además de que había sufrido de una Discopatía en los anillos discales L4-L5, L5-S1, que fueron operadas en el mes de julio del año 2009, reiniciándose los dolores a partir del año 2010. ( omissis ) Razones éstas por las cuales acudí a la vía jurisdiccional y demandé el pago de los siguientes conceptos:
1. La cantidad de TREINTA MIL SEISCIENTOS BOLIVARES (Bs. 30.600.00) por concepto de las indemnizaciones derivadas de la Enfermedad Profesional de acuerdo a lo establecido en el artículo 130 de la Ley Orgánica de Prevención Condiciones y Medio Ambiente del Trabajo, tal como fue señalado en el Capítulo Segundo de este escrito;
2. La cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA MIL BOLIVARES CON 00/100 (Bs. 240.000.00), por concepto de la sumatoria de Daño Moral, Daño Material, Daño Corporal o Físico, Enfermedad Ocupacional;
3. La cantidad de CIENTO CUARENTA y OCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA y CINCO BOLÍVARES CON 72/100 (Bs. 148.585.72) por todo aquello que se refiere al cálculo de los conceptos por Prestaciones Sociales;
4. La cantidad de TREINTA y TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA y NUEVE BOLÍVARES CON 60/100 (Bs. 33.789.60), por todo lo correspondiente al Despido Injustificado que no me fueron pagadas en su oportunidad, determinados en los Capítulos anteriores y los cuales damos aquí por reproducidos;
5. La Indexación y Corrección Monetaria, los intereses de mora y las costas y costos del juicio.
( omissis )
CLÁUSULA TERCERA: Por su parte BIMBO, considera que ( ) no tiene responsabilidad alguna en el accidente ocupacional sufrido por el trabajador y niega cualquier actividad negligente alegada por el trabajador ( ) sin embargo de manera transaccional, con el fin de terminar el presente juicio, finalizar la relación laboral ( ) ofrece pagarle a El Trabajador, una suma única y total de trescientos sesenta mil bolívares con 00/100 (Bs. 360.000,00) para cancelar y finiquitar ( ) lo que pudiera adeudarle a este último por los conceptos, tanto de carácter salarial como no salarial ( ) relacionado o conexo con la relación laboral que lo unió a BIMBO
( omissis )
CLÁUSULA QUINTA: Ambas partes declaran de manera expresa que, con los diversos pagos efectuados por BIMBO a EL TRABAJADOR ( ) quedan satisfechas todas y cada una de las obligaciones derivadas del Contrato Individual de Trabajo que los uniera, bien sea por vía convencional o en cumplimiento de las disposiciones legales previstas en la Ley Orgánica del Trabajo ( ) y su Reglamento, la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente del Trabajo y de las demás disposiciones legales de carácter social vigente en la República Bolivariana de Venezuela
( omissis )
CLAUSULA SEXTA: MANIFESTACIÓN DE VOLUNTAD DE EL TRABAJADOR: Visto el acuerdo expresado detalladamente en las Cláusulas anteriores, EL TRABAJADOR, reconoce y acepta, la suma convenida y transigida, en este mismo acto, poniéndole fin en forma definitiva a cualquier diferencia que hubiese podido existir entre ambas, relacionada con la relación laboral que los unió a BIMBO y con los conceptos antes señalados, puesto que comprende recíprocas concesiones establecidas con el propósito de precaver eventuales litigios y dar por terminados otros litigios ya existentes. En consecuencia, EL TRABAJADOR, reitera su voluntad de convenir y aceptar transaccionalmente las condiciones acordadas, en virtud de lo cual, en este acto, recibe la suma acordada y otorgan a BIMBO, su más amplio y absoluto finiquito y declara:
1°.- Que manifiesta su conformidad y aceptación con el pago efectuado por BIMBO de la cantidad de trescientos sesenta mil bolívares (Bs. 360.000.00), en los términos expuestos en este mismo documento;
2°.- Que con las cantidades recibidas y con las que recibe de acuerdo a la presente transacción, nada quedará a deberle BIMBO por los conceptos enumerados en la Cláusula Segunda de este mismo documento, los cuales se dan por reproducidos en este parágrafo, ni como consecuencia de este juicio, ni por ningún otro concepto, diferencia o complemento, que tenga como causa la relación laboral y/o el Accidente Laboral que lo ha vinculado con BIMBO.
4°.- Que como consecuencia de lo anteriormente declarado, desiste de cualquier procedimiento que hubiere incoado en contra de BIMBO, por ante cualquier Inspectoría o Tribunal de la República Bolivariana de Venezuela, así como también desiste en forma expresa e inequívoca al ejercicio de cualquier acción de naturaleza laboral, civil, mercantil, administrativa y/o penal contra BIMBO o cualquiera de sus Representantes de hecho o de Derecho, con motivo del Accidente Laboral y de la relación laboral tantas veces citada, que concluyó en esta misma fecha (sic).
De lo expuesto en la transcripción anterior, se evidencia que se sometieron al tribunal para su homologación en un solo documento el pago de los conceptos laborales derivados de la relación de empleo (prestaciones sociales, vacaciones, antigüedad, etc.) en virtud de su culminación y el reclamo de INDEMNIZACIONES POR ENFERMEDAD OCUPACIONAL, INCAPACIDAD FÍSICA LABORAL ABSOLUTA Y PERMANENTE, concepto este que la empresa rechaza, pero ofreció pagarle como suma única y total para cancelar y finiquitar ( ) lo que pudiera adeudarle, la cantidad de trescientos sesenta mil bolívares (Bs. 360.000,00).
Del documento transaccional se desprende que hay dos cuestiones sometidas al tribunal para su homologación: 1.- Las prestaciones sociales y demás conceptos laborales en virtud de la culminación de la relación laboral, y 2.- El reclamo de indemnización por enfermedad profesional de trabajo.
Ello así, debe esta Sala analizar las cuestiones contenidas en la transacción sobre la que se pronunció el a quo declarando falta de jurisdicción en el siguiente orden:
1) En primer lugar, respecto del tema de la enfermedad ocupacional, el artículo 9 del Reglamento Parcial de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente del Trabajo (publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 38.596 del 3 de enero de 2007) establece:
Artículo 9º. Sólo es posible la transacción en materia de salud, seguridad, condiciones y medio ambiente siempre que:
1. Cumpla con lo previsto en el ordenamiento jurídico.
2. Verse sobre las condiciones y oportunidad para el pago de los derechos litigiosos o discutidos.
3. El monto estipulado para pagar al trabajador o a la trabajadora sea, como mínimo, el fijado por el Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales en un informe pericial realizado al efecto.
4. Conste por escrito.
5. Contenga una relación circunstanciada de los hechos que la motive y de los derechos en ella comprendidos.
El Inspector o la Inspectora del Trabajo competente podrá homologar las propuestas de transacción que cumplan todos los requisitos exigidos en el presente artículo, para lo cual deberá cerciorarse que el trabajador o la trabajadora actúa libre de constreñimiento alguno y, deberá solicitar y recibir el informe pericial correspondiente del Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales.
El Inspector o la Inspectora del Trabajo procederá a homologar o rechazar la propuesta de transacción que le fuere presentada, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al recibo del informe pericial del Instituto. En el supuesto que el Inspector o la Inspectora del Trabajo niegue la homologación, deberá indicar los motivos de la decisión y, si fuere el caso, precisar los errores u omisiones en que hubieren incurrido los interesados, brindándoles a éstos el lapso de subsanación a que se refiere el artículo 50 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. Esta decisión podrá ser recurrida ante los Tribunales Superiores con competencia en materia del Trabajo.
Sólo la transacción en materia de salud, seguridad, condiciones y medio ambiente de trabajo, debidamente homologada de conformidad con este artículo, tendrá efecto de cosa juzgada, a tenor de lo previsto en el numeral 2 del artículo del artículo 89 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con el artículo 3 de la Ley Orgánica del Trabajo.
No será estimada como transacción laboral aquellas que no cumplan con los requisitos exigidos en el presente artículo, aun cuando el trabajador o la trabajadora hubiere declarado su conformidad con lo pactado. En este supuesto, el trabajador o la trabajadora conservará íntegramente las acciones para exigir el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la relación de trabajo (sic).
De la norma citada se desprende que corresponde a la Administración Pública, a través de la Inspectoría del Trabajo, conocer las solicitudes de homologación de las transacciones que se convengan entre patronos y trabajadores en materia de salud, seguridad, condiciones y medio ambiente de trabajo, siempre y cuando dichas solicitudes cumplan los requisitos arriba transcritos. (Vid. entre otras, Sentencias de esta Sala Nros. 381 y 240 del 5 de mayo de 2010 y 17 de febrero de 2011, respectivamente).
La decisión del Inspector o Inspectora del Trabajo podrá ser recurrida ante el órgano jurisdiccional competente, el cual deberá verificar el cumplimiento de los requisitos del citado Reglamento -concurrentes e inmodificables- condición necesaria y fundamental para que la transacción suscrita pueda alcanzar el efecto de cosa juzgada.
Por imperio de esa disposición, cualquier arreglo transaccional laboral en la materia que rige dicho Reglamento, corresponde -exclusiva y excluyentemente- al conocimiento de la Inspectoría del Trabajo, no al Poder Judicial. Es decir, que en virtud de esa normativa el Poder Judicial no tiene jurisdicción sino después que el asunto ha sido decidido por la Administración Pública. Luego de tal pronunciamiento en sede administrativa, será cuando las partes puedan someterlo a la sede jurisdiccional. Así se determina.
2°) En segundo lugar, la Sala pasa a estudiar el otro punto, que se refiere a las prestaciones sociales y otros conceptos laborales con ocasión a la culminación de la relación laboral. Con ese fin, seguidamente se analizan las normas legales aplicables, las cuales son los artículos 29 y 187 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, que disponen:
Artículo 29. Los Tribunales del Trabajo son competentes para sustanciar y decidir:
1. Los asuntos contenciosos del trabajo, que no correspondan a la conciliación ni al arbitraje;
2. Las solicitudes de calificación de despido o de reenganche, formuladas con base en la estabilidad laboral consagrada en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en la legislación laboral;
3. Las solicitudes de amparo por violación o amenaza de violación de los derechos y garantías constitucionales establecidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela;
4. Los asuntos de carácter contencioso que se susciten con ocasión de las relaciones laborales como hecho social, de las estipulaciones del contrato de trabajo y de la seguridad social; y
5. Los asuntos contenciosos del trabajo relacionados con los intereses colectivos o difusos
Artículo 187.- Cuando el patrono despida a uno o más trabajadores deberá participarlo al Juez de Sustanciación, Mediación y Ejecución de su jurisdicción, indicando las causas que justifiquen el despido, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes, de no hacerlo se le tendrá por confeso, en el reconocimiento que el despido lo hizo sin justa causa.
Asimismo, el trabajador podrá ocurrir ante el Juez de Sustanciación, Mediación y Ejecución, cuando no estuviere de acuerdo con la procedencia de la causa alegada para despedirlo, a fin de que el Juez de Juicio la califique y ordene su reenganche y pago de los salarios caídos, si el despido no se fundamenta en justa causa, de conformidad con la ley. Si el trabajador dejare transcurrir el lapso de cinco (5) días hábiles sin solicitar la calificación del despido, perderá el derecho al reenganche, pero no así los demás que le corresponden en su condición de trabajador, los cuales podrá demandar ante el Tribunal del Trabajo competente.
Las normas precedentemente transcritas atribuyen al Juez laboral la competencia para conocer y decidir las peticiones sobre salarios y prestaciones sociales.
Así las cosas, tenemos que de los asuntos concernientes a, la materia de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente del Trabajo debe conocer el Inspector del Trabajo de la jurisdicción de la cual se trate, en tanto que aquellos que versen sobre la materia contenciosa del trabajo, que no correspondan a la conciliación, ni al arbitraje, será competente el Juez laboral.
Hecha la precisión anterior, en el caso bajo examen se observa que en la misma concurren la sede administrativa con la jurisdiccional, por lo que la Sala observa que si decidiese separar ambos asuntos para que uno se resolviese en sede administrativa y otro en sede jurisdiccional, podrían producirse decisiones contrapuestas, y aun en el supuesto de que no fuere así, la división de la causa violaría principios tales como celeridad, acceso a la justicia, derecho a la defensa, unicidad, etc. Adicionalmente, se desprende de los autos que el trabajador recibió el pago convenido por la cantidad de trescientos sesenta mil bolívares (Bs. 360.000,00) a través de cheque librado contra el Banco Mercantil de fecha 3 de febrero de 2011, lo cual hace inferir que el trabajador no sería perjudicado si este asunto se remitiese íntegramente al conocimiento previo de la Administración, por lo contrario, podrían resultar mejor protegidos sus derechos, si de ser el caso, el organismo competente en materia de prevención y medio ambiente del trabajo determina que deba recibir atención médica, medicamentos y/o eventuales pagos adicionales.
Visto que en la presente concurrencia de competencias el tema de la salud, por su naturaleza misma, tiene para la Sala mayor trascendencia que el de las prestaciones sociales, en razón de que requerirá de evaluaciones médicas de la institución pública llamada legalmente a hacerlas, a lo cual se adiciona el reclamo de indemnización de daños formulado por el trabajador, la Sala, al verificar que la cuestión preeminente de la salud del trabajador debe ser conocido exclusiva y excluyentemente en sede administrativa, determina que todo el asunto sea sometido al conocimiento (en primer grado) de la Inspectoría del Trabajo, preservando de esta manera el principio de unicidad procedimental, evitando asimismo, la división de continencia de la causa entre lo administrativo y lo jurisdiccional.
La ratio de esta determinación es que la transacción en materia de salud, seguridad y medio ambiente de trabajo, sólo puede ser homologada por la Inspectoría del Trabajo, requisito necesario para que pueda alcanzar' la autoridad de cosa decidida en lo administrativo.
Se advierte que la Inspectoría del Trabajo deberá cumplir los lapsos y requisitos legales y sublegales, pronunciándose dentro de los tres (3) días que establece el citado artículo 9, segundo aparte, del Reglamento Parcial de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo.
Finalmente, se precisa que luego de resuelto por el órgano administrativo el asunto que se le somete, las partes podrán acudir a la jurisdicción, para que decida en definitiva, quedando a salvo las demás acciones que consideren le corresponde a cada quién. Así se determina. (Vid. Sentencia N° 00334 publicada el 16 de marzo de 2011).
Por las razones expuestas, debe la Sala declarar que en el caso de autos, en esta etapa del procedimiento, el Poder Judicial no tiene jurisdicción para conocer de la presente solicitud, de conformidad con lo establecido en el artículo 9 del Reglamento Parcial de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo, correspondiéndole su conocimiento a la Inspectoría del Trabajo respectiva. Así se declara.
En consecuencia, se declara sin lugar el recurso de regulación interpuesto por la representación judicial de la sociedad mercantil Bimbo de Venezuela, C.A.; y por lo tanto, se confirma, en los términos expuestos, la sentencia de fecha 23 de febrero de 2011 dictada por el Juzgado Décimo Segundo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo del Área Metropolitana de Caracas, mediante la cual declaró la falta de jurisdicción del Poder Judicial para conocer del caso. Así se decide.
IV
DECISIÓN
Con fundamento en los razonamientos expuestos, esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara:
1.- SIN LUGAR el recurso de regulación de jurisdicción interpuesto por el apoderado judicial de la sociedad mercantil BIMBO DE VENEZUELA, C.A., contra la decisión dictada por el Juzgado Décimo Segundo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo del Área Metropolitana de Caracas en fecha 23 de febrero de 2011, que declaró la falta de jurisdicción del Poder Judicial frente a la Administración Pública.
2.- Que el PODER JUDICIAL NO TIENE JURISDICCIÓN para HOMOLOGAR LA TRANSACCIÓN celebrada entre la sociedad mercantil BIMBO DE VENEZUELA, C.A. y el ciudadano LUIS DEL VALLE SALAZAR, en la demanda por COBRO DE INDEMNIZACIONES POR ENFERMEDAD OCUPACIONAL, INCAPACIDAD FÍSICA LABORAL ABSOLUTA Y PERMANENTE, DAÑO MORAL Y PSICOLÓGICO, DAÑO MATERIAL (LUCRO CESANTE), PRESTACIONES SOCIALES y otros conceptos laborales y civiles e indemnizaciones incoada por el prenombrado ciudadano.
3.- Se CONFIRMA, en los términos expuestos, la decisión dictada el 23 de febrero de 2011, por el Juzgado Décimo Segundo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo del Área Metropolitana de Caracas, que declaró la falta de jurisdicción del Poder Judicial frente a la Administración Pública.
SE CONDENA EN COSTAS a la sociedad mercantil Bimbo de Venezuela, C.A., de conformidad con los artículos 274 y 276 del Código de Procedimiento Civil.
Publíquese, regístrese y comuníquese. Devuélvase el expediente al Juzgado de origen. Cúmplase lo ordenado.
Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los veinticuatro (24) días del mes de mayo del año dos mil once (2011). Años 201º de la Independencia y 152º de la Federación.
La Presidenta
EVELYN MARRERO ORTÍZ
La Vicepresidenta
YOLANDA JAIMES GUERRERO
Los Magistrados,
LEVIS IGNACIO ZERPA
EMIRO GARCÍA ROSAS
TRINA OMAIRA ZURITA
Ponente
La Secretaria,
SOFÍA YAMILE GUZMÁN
En veinticinco (25) de mayo del año dos mil once, se publicó y registró la anterior sentencia bajo el Nº 00706
La Secretaria,
SOFÍA YAMILE GUZMÁN