Venley

Sentencia N.º 00719

Sentencia
N.º 00719
Fecha
27/05/2009
Sala
Político Administrativa
Expediente
2009-0220
Ponente
Levis Ignacio Zerpa
Procedimiento
Consulta de jurisdicción

MAGISTRADO PONENTE: LEVIS IGNACIO ZERPA

Exp. Nº 2009-0220

 

Adjunto a Oficio N° 0810-313 de fecha 12 de marzo de 2009, el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Bancario, Agrario y del Tránsito del Primer Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, remitió a esta Sala el expediente contentivo de la demanda  por demolición de inmueble e indemnización de daños y perjuicios interpuesta por la abogada Matilde Palazzi de Guevara, inscrita en el INPREABOGADO bajo el N° 92.655, en su carácter de apoderada judicial de la sociedad mercantil INVERSIONES E INMOBILIARIA TIUNA, C.A., inscrita en el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, en el Libro de Registro de Comercio N° 62, Tomo 14-A Sgdo, en fecha 26 de agosto de 2006, contra los ciudadanos GHAZZY NASSER SALHEN y YASER NASSER NASIR, titulares de las cédulas de identidad números 10.048.519 y 11.172.446, respectivamente.

Dicha remisión fue efectuada a los fines de decidir la consulta prevista en el artículo 62 del Código de Procedimiento Civil, por haber declarado el referido Juzgado su falta de jurisdicción para conocer y decidir el presente asunto.

El 24 de marzo de 2009, se dio cuenta en Sala y se designó ponente al  Magistrado Levis Ignacio Zerpa, a los fines de decidir la consulta. 

I

ANTECEDENTES

En su demanda la apoderada judicial de la sociedad mercantil accionante alegó:

Que su representada es propietaria de un inmueble ubicado en la Avenida Táchira N° 30, Parroquia Catedral, Zona Urbana de Ciudad Bolívar, Municipio Heres del Estado Bolívar.

Que en los linderos Norte y Oeste el inmueble de su representada colinda con el inmueble ocupado por el ciudadano Ghazzy Nasser Salhen, el cual es propiedad del ciudadano Yaser Nasser Nasir.

Que el referido ciudadano Ghazzy Nasser Salhen se encuentra ejecutando una construcción en perjuicio del inmueble de su representada, pues entre otros aspectos obstaculiza su flujo de ventilación.

Que en el mes de marzo de 2007 su representada agotó la vía amistosa con el ocupante del inmueble, quien le manifestó que no se preocupara, “SI USTEDES NO ME DAN EL PERMISO NO CONTINÚO CONSTRUYENDO”.

Que no sólo agotó la vía amistosa, sin obtener resultados, sino que acudió a la vía administrativa denunciando al ocupante del inmueble a través de la “acción de paralización y destrucción de la obra” y el 26 de abril de 2007 lo demandó por “QUERELLA DE INTERDICTO DE OBRA NUEVA”; mediante sentencia de fecha 24 de mayo de 2007, el Juzgado Tercero del Municipio Heres de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar ordenó la paralización de la obra y “remitió” “la destrucción de la obra a la vía administrativa (Oficina de Dirección de Desarrollo Urbano) (…); siendo así que la paralización de la obra ordenada por el Juzgado de Municipio nunca fue acatada (…) y por ende mucho menos la destrucción”.

Que “En cuanto que el procedimiento a seguir por la oficina de la “Dirección de Desarrollo Urbano” a cargo de la arquitecto (…) desde la fecha de la DENUNCIA (Vía Administrativa) el día 12 del mes de abril de 2007 a la fecha 30 de noviembre de 2007, cuando emitió el Ente competente (Alcaldía) el pronunciamiento del Recurso Jerárquico interpuesto por mi representada en virtud de la ineficacia de este procedimiento administrativo, ha ido en menoscabo de la tutela administrativa (…) en virtud de que nunca se ordenó aún existiendo una orden de un tribunal a través de una sentencia, PARALIZAR LA OBRA  cayendo así en desacato. Es decir que el Ente administrativo “competente” NO ACATO la decisión de un Tribunal, trayendo como consecuencia que en cumplimiento de los derechos que me asisten ejercí todos los recursos que por vía administrativa me permite la Ley  como lo es el de “NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO” haciendo la debida aclaratoria ciudadano Juez que del cual DESIST͔. (Sic)

Que el presente procedimiento no es reiterativo sino una nueva acción, y por ello demanda a los ciudadanos antes identificados por el hecho ilícito  que perjudica a su representada, así como solicita se ordene la demolición de la obra y se le indemnice con la cantidad de cien mil bolívares (Bs. 100.000,oo).

De esta solicitud le correspondió conocer por distribución al Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario y del Tránsito del Primer Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, el cual admitió la acción el 31 de julio de 2008.

Luego, en fecha 11 de febrero de 2009, el abogado Simón Andarcia Febres, inscrito en el INPREABOGADO bajo el N° 49.865, en su carácter de apoderado judicial de los demandados, entre otras cuestiones previas opuso la falta de jurisdicción.

En fecha 27 de febrero de 2009, la parte accionante manifestó en relación a la cuestión previa opuesta, lo siguiente: “En lo referente a la falta de jurisdicción de este Juzgado para conocer de la presente causa (…) la misma no tiene fundamento alguno, en virtud de que tal como se explanó en el libelo de la demanda, con antelación a ésta acción y sobre la base de lo dispuesto en el artículo 102 de la Ley Orgánica de Ordenación Urbanística, se interpuso la correspondiente querella que cursó por ante el Juzgado Tercero del Municipio Heres (…) En tal virtud, mal puede alegar la parte demandada, que no se dio cabal y oportuno cumplimiento a la normativa de la Ley Orgánica  de Ordenación Urbanística (…)”.   (Sic)

El Juzgado remitente por auto de fecha 02 de marzo de 2009, declaró con lugar la cuestión previa de falta de jurisdicción opuesta, en los términos siguientes:

“(…) Aplicando los criterios doctrinales y jurisprudenciales antes expuestos al caso que nos ocupa, tenemos que la demandante pidió la demolición de la obra (…) pedimento que permite a este Juez arribar a la conclusión de que la obra en cuestión ya esta terminada, del mismo modo se observa que fundamento la demanda en conformidad a lo previsto en el artículo 103 de la Ley Orgánica de Ordenación Urbanística, es por lo que considera quien suscribe el presente fallo que este tribunal no tiene jurisdicción (…) por cuanto la demolición de inmuebles ilegalmente construidos le corresponde su tramitación  y conocimiento a la Administración Pública Nacional o Local, según sea el caso, en el asunto bajo estudio le corresponde a la Administración pública Municipal del Municipio Heres (…) por mandato expreso de la Ley Orgánica de Ordenación Urbanística. (…)”  (Sic)

II

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN

Corresponde a esta Sala pronunciarse acerca de la consulta planteada por el a quo, en virtud de la sentencia que dictara en fecha 02 de marzo de 2009, mediante la cual declaró su falta de jurisdicción respecto a la Administración Pública.

Así, se advierte que la parte demandante solicitó:

1. Que se acuerde  la demolición de la obra construida por el ciudadano Ghazzy Nasser Salhen, alegando que ya previamente un Juzgado de Municipio había ordenando la paralización de la obra y la parte accionada hizo caso omiso a la sentencia dictada a su favor.

2. Que se indemnice a su representada por los daños y perjuicios sufridos como consecuencia de la construcción ilegal.

Ahora bien, visto que en el libelo la parte demandante planteó dos pretensiones, la Sala debe examinar por separado cada una de ellas para determinar si el Poder Judicial tiene jurisdicción para conocerlas.

 En tal sentido, se observa respecto a la solicitud de demolición que  como decidió el a quo, conforme lo dispuesto en el artículo 69 de la Ley Orgánica de Ordenación Urbanística, el que debe decidir acerca de la solicitud de demolición de la obra es el organismo local o la autoridad urbanística nacional, únicos autorizados para  ordenar la demolición de las construcciones ilegales ya concluidas. (Ver sentencia de esta Sala N° 2.343 de fecha 25 de octubre de 2006)

En efecto, en el referido fallo la Sala determinó:

“(…) En el caso de autos la demandante pidió conforme a lo dispuesto en el artículo 69 de la Ley Orgánica de Ordenación Urbanística, la demolición de las obras construidas por la demandada en su vivienda signada con el Nº 66, ubicada dentro del Conjunto Residencial de Educadores Villa Dorada, en el Municipio San Cristóbal, Estado Táchira, debido a la presunta ilegalidad de éstas, pedimento que permite a este Máximo Tribunal arribar a la conclusión de que la obra en cuestión ya estaba terminada. Solicitó además que la demanda se ventilara por el procedimiento previsto en los artículos 102 y 103 eiusdem.

Las citadas normas de la Ley Orgánica de Ordenación Urbanística disponen:

Artículo 69.- “Las zonas de parques y recreación no podrán ser destinadas a ningún otro uso; las destinadas a servicios comunales o de infraestructura, sólo podrán afectarse a otro uso cuando fueren sustituidas por otras de igual uso y, por lo menos, igual dimensión y similares características. Cualquier otro uso o acto contrario será nulo de nulidad absoluta y el organismo competente, local o nacional, podrá ordenar, por cuenta del infractor, la demolición de las construcciones o instalaciones realizadas en contravención de lo dispuesto en el presente artículo. Las áreas verdes de protección podrán servir para la prestación de determinados servicios o vías conforme lo establezca el Reglamento.”

Artículo 102.- “Si un inmueble se destinare presuntamente a un uso contrario al que le corresponda conforme al plan o a la ordenanza de zonificación o si en dicho inmueble se realizaren construcciones ilegales, la Asociación de Vecinos o cualquier persona con interés legítimo, personal y directo podrá solicitar de un Juez de Distrito, Departamento o de equivalente jerarquía, según el caso, de la respectiva Circunscripción Judicial la paralización de las actividades y el cierre o clausura del establecimiento.

El interesado motivará suficientemente su solicitud y acompañará las evidencias que fueren pertinentes al caso. La Fiscalía General de la República podrá intervenir en el procedimiento a solicitud de la Asociación de Vecinos afectada.”

Artículo 103.- “Recibida la solicitud a que se refiere el artículo anterior, el Juez citará al ocupante del inmueble a objeto de que éste presente, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes, original o copia certificada de los documentos o actas que evidencien la legalidad del uso dado al inmueble.

Si no se evidenciare dicha legalidad y el Juez considerase que el destino dado al inmueble es contrario al plan o a la ordenanza de zonificación, deberá ordenar la paralización de las actividades o el cierre o clausura del establecimiento. De esta decisión podrá apelarse libremente ante el Juez de Primera Instancia en lo Civil quien deberá resolver en un plazo de diez (10) días hábiles.

El Juez revocará la medida dictada cuando el interesado presentare original o copia certificada del documento o acto que evidencie la legalidad del uso dado al inmueble, sin perjuicio de los recursos administrativos o contencioso administrativos que puedan interponerse contra los actos relativos al caso.” (Resaltado de la Sala).

El artículo 69 del mencionado texto legal establece a cargo de las autoridades administrativas, la facultad de ordenar -por cuenta del infractor- la demolición de las construcciones o instalaciones realizadas en contravención a lo dispuesto en ese mismo artículo. Dicha norma faculta expresamente a las autoridades administrativas locales o nacionales para ordenar la demolición de las obras realizadas en contravención a los usos establecidos para las zonas de parques o recreación, así como de infraestructura. 

Por su parte, el artículo 102 eiusdem prevé dos supuestos, el primero se refiere a los inmuebles que se destinen a un uso contrario al que les corresponde de acuerdo al plan o a la ordenanza de zonificación, y el segundo cuando en un inmueble se están realizando construcciones ilegales. En cualquiera de estas dos circunstancias, el Juez de Municipio de la Circunscripción Judicial correspondiente a la ubicación del inmueble, puede, a petición de parte interesada, ordenar:

·     la paralización de las actividades, o

·     la clausura del establecimiento.

Como puede observarse, los artículos 69 y 102 de la Ley Orgánica de Ordenación Urbanística, estando dirigido el primero a la autoridad administrativa y el segundo a la jurisdiccional, prevén supuestos de hecho distintos, que producen consecuencias jurídicas también diferentes.

El supuesto de hecho del artículo 102 consiste en que las obras estén en proceso de construcción, único caso en el cual el Juez podría ordenar “la paralización de las actividades”, previo cumplimiento del procedimiento previsto en el artículo 103 eiusdem.

 En el caso de autos, la demandante pidió la demolición del techo construido por la accionada, alegando que ya estaba terminado, basando su pretensión en lo previsto en el artículo 69 de la Ley Orgánica de Ordenación Urbanística, cuyo supuesto corresponde al hecho de que las obras estén concluidas y deba decidir el organismo local o la autoridad urbanística nacional, únicos autorizados para  ordenar la demolición de las construcciones ilegales ya concluidas. En consecuencia, esta Sala concluye que en esta etapa de la controversia el Poder Judicial no tiene jurisdicción para conocer y decidir la solicitud planteada por la parte actora, la cual puede requerir a la autoridad local competente la demolición de la obra de acuerdo con lo dispuesto en el citado artículo 69 eiusdem, y en caso de inconformidad con la decisión administrativa, podrá entonces acudir a la jurisdicción contencioso-administrativa, tal como lo prevé el artículo 103 in fine. Así se declara”.

En consecuencia, se concluye que el Poder Judicial, en efecto, no tiene jurisdicción para conocer y decidir la solicitud de demolición nuevamente planteada por la parte actora, la cual, se insiste, debe ser conocida por la autoridad local competente, de acuerdo con lo dispuesto en el citado artículo 69 eiusdem. Así se declara.

Expuesto lo anterior, cabe destacar lo siguiente:

1. Según se evidencia del expediente, como afirmó la parte demandante en su libelo, mediante auto de fecha 24 de mayo de 2007, el Juzgado Tercero del Municipio Heres del Primer Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, al pronunciarse acerca de la solicitud de paralización de la obra ejercida por la sociedad mercantil Inversiones e Inmobiliaria Tiuna, C.A., también se pronunció acerca de la “pretensión de destrucción de la obra”, indicando al respecto que “este Juzgador observa que el procedimiento previsto en el artículo 102 y siguientes de la citada ley, solo permite al Juez la “paralización” de las actividades realizadas en el inmueble, mas no la destrucción de las obras realizadas, por lo que para tal efecto debe acudir ante la autoridad municipal correspondiente, que es el ente competente para aplicar la sanción, conforme lo permite el artículo 109, ordinal 2 de la Ley”. (Sic)

2. Consta en autos (Folio 112) escrito de fecha 12 de abril de 2007 dirigido a la Dirección de Desarrollo Urbanístico de la Alcaldía del Municipio Heres de Ciudad Bolívar, en el cual el abogado León A. Guevara, inscrito en el INPREABOGADO bajo el N° 3.604, en su carácter Presidente de la sociedad mercantil Inversiones e Inmobiliaria Tiuna, C.A, le manifestó lo siguiente:

“me dirijo a Ud. A los efectos de participarle que en el inmueble ubicado en la Avenida Táchira N° 30 de esta ciudad y el cual pertenece a mi representada, específicamente en los linderos NORTE Y OESTE que colindan con otro inmueble donde en los actuales momentos se esta levantando una construcción al margen de la ley y en contravención de las Ordenanzas Municipales establecidas en las disposiciones expresas urbanísticas contempladas tanto en “Código Civil” vigente como en las leyes atinentes de la materia.

En virtud de esta denuncia aquí realizada es por lo que solicito de este Organismo a su digno cargo, se practique una Inspección en el referido inmueble de mi representada anteriormente identificada, con la finalidad de dejar constancia de lo aquí solicitado para que se tomen las medidas necesarias para obtener dentro de la legalidad la PARALIZACIÓ N Y DESTRUCCIÓN  de la construcción ilegitima aquí denunciada”. (Sic)

3. Según expuso la apoderada judicial de la sociedad mercantil accionante en el libelo, su representada instó a la vía administrativa solicitando la demolición de la obra en cuestión, desistiendo posteriormente del procedimiento, y acudiendo ahora nuevamente a la vía judicial a solicitar se ordene la demolición en cuestión y le indemnicen los daños y perjuicios causados.

Visto lo anterior, advierte la Sala que la parte accionante según sus propios alegatos, presuntamente, ya había acudido a la vía administrativa, solicitando la demolición de la obra en cuestión, pues específicamente indicó en el escrito de la demanda: “En cuanto que el procedimiento a seguir por la oficina de la “Dirección de Desarrollo Urbano” a cargo de la arquitecto (…) desde la fecha de la DENUNCIA (Vía Administrativa) el día 12 del mes de abril de 2007 a la fecha 30 de noviembre de 2007, cuando emitió el Ente competente (Alcaldía) el pronunciamiento del Recurso Jerárquico interpuesto por mi representada en virtud de la ineficacia de este procedimiento administrativo, ha ido en menoscabo de la tutela administrativa (…) en virtud de que nunca se ordenó aún existiendo una orden de un tribunal a través de una sentencia, PARALIZAR LA OBRA  cayendo así en desacato. Es decir que el Ente administrativo “competente” NO ACATO la decisión de un Tribunal, trayendo como consecuencia que en cumplimiento de los derechos que me asisten ejercí todos los recursos que por vía administrativa me permite la Ley  como lo es el de “NULIDAD DEL ACTO ADMINOSTRATIVO” haciendo la debida aclaratoria ciudadano Juez que del cual DESIST͔.  (Sic) (Negrillas de la Sala).

En atención a lo expuesto, se advierte que al haber sido dictado un acto en vía administrativa acerca de la solicitud de demolición de la obra, lo procedente era impugnar dicho pronunciamiento, bien ejerciendo los recursos administrativos o intentando el recurso contencioso administrativo previsto en la ley.

De otra parte, demandó la parte accionante la indemnización de daños y perjuicios producidos en “virtud de la conducta y comportamiento antijurídico de GHAZY NASSER SALHAN EL DINE, actuando con evidente ABUSO DE DERECHO y haciendo obviamente mal uso de su derecho al construir en la propiedad por el OCUPADA y excediéndose en ese derecho traspasó e invadió derechos que el ordenamiento jurídico legal le confiere a mi representada”. (Sic)

Observa la Sala que dicha pretensión consiste en indemnizar a la parte demandante por los daños presuntamente ocasionados como consecuencia de la construcción ilegal realizada, los cuales fueron estimados en   la  cantidad  de  Cien Mil Bolívares (Bs. 100.000,oo).

 En este sentido, el artículo 1.185 del Código Civil establece lo siguiente:

“El que  con intención, o por negligencia, o por imprudencia, ha causado un daño a otro, esta obligado a repararlo.

Debe igualmente reparación quien  haya causado un daño a otro, excediendo, en el ejercicio de su derecho, los límites fijados por la buena fe o por el objeto en vista del cual la ha sido concedido ese derecho.”

 Por tanto, es evidentemente, que el Poder Judicial sí tiene jurisdicción, a través de los Tribunales Civiles de Primera Instancia para conocer dicha petición,  correspondiéndole por ende determinar al  a quo si podía ser ejercida conjuntamente con la solicitud de demolición o si por el contrario, dichas pretensiones así acumuladas resultaban incompatibles. Así se declara.

III

DECISIÓN

Atendiendo a los razonamientos antes señalados, esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara:

1.- Que el PODER JUDICIAL NO TIENE JURISDICCIÓN para conocer y decidir sobre la solicitud de demolición intentada por la sociedad mercantil INVERSIONES E INMOBILIARIA TIUNA, C.A., contra los ciudadanos GHAZZY NASSER SALHEN y YASER NASSER NASIR.

2.- Que el PODER JUDICIAL SÍ TIENE JURISDICCIÓN para conocer de la solicitud de indemnización de daños y perjuicios interpuesta.

En consecuencia, se confirma parcialmente  la decisión consultada y se ordena al  a quo pronunciarse acerca de la pretensión indemnizatoria en los términos de la motiva del presente fallo.

            Publíquese, regístrese y comuníquese. Devuélvase el expediente al Juzgado de origen a los fines consiguientes. Cúmplase lo ordenado.

Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los veintiséis (26) días del mes de mayo del año dos mil nueve (2009).  Años 199º de la Independencia y 150º de la Federación.

           

          La Presidenta

EVELYN MARRERO ORTÍZ

                       La Vicepresidenta

                    YOLANDA JAIMES GUERRERO

 

Los Magistrados,

LEVIS IGNACIO ZERPA

                Ponente

                       HADEL MOSTAFÁ PAOLINI

 

EMIRO GARCÍA ROSAS

 

La Secretaria,

SOFÍA YAMILE GUZMÁN

 

En veintisiete (27) de mayo del año dos mil nueve, se publicó y registró la anterior sentencia bajo el Nº 00719.

 

La Secretaria,

SOFÍA YAMILE GUZMÁN

 

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