Venley

Sentencia N.º 0073

Sentencia
N.º 0073
Fecha
08/02/2001
Sala
Casación Penal
Expediente
C00-1527
Ponente
Blanca Rosa Mármol de León
Procedimiento
Recurso de Casación


 


Ponencia de la Magistrada Blanca Rosa Mármol de León.

 

Los hechos en la presente causa son los siguientes:

 

En fecha doce de junio de 2000, siendo aproximadamente la una  y treinta de la tarde, tres ciudadanos irrumpieron en el bar “La Guajira”, ubicado en la esquina de La Gorda, en la Avenida Baralt, y portando arma de fuego, sometieron al dueño del establecimiento y a otras dos personas, despojándolas, tanto de sus pertenencias, así como del dinero producto de la venta, siendo detenidos posteriormente en las inmediaciones del lugar donde ocurrieron los hechos.

De esos hechos fueron acusados los ciudadanos LUIS ALBERTO VELASQUEZ FERNANDEZ, EDISON ENRIQUE ASTUDILLO SUAREZ y JOSE GREGORIO PALMA BLANCO.

Llevado a cabo como fue el proceso en contra del   ciudadano JOSE GREGORIO PALMA BLANCO, se dictó sentencia condenatoria, la cual fue apelada, declarándose posteriormente inadmisible por la Sala 4 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial del Area Metropolitana de Caracas,   y contra la cual fue interpuesto Recurso de Casación.

 

Remitido el expediente a este Alto Tribunal, a los fines de resolver el Recurso de Casación, se dio cuenta en Sala, correspondiéndole la ponencia a la Magistrada que con tal carácter suscribe la presente decisión, y por cuya razón, seguidamente pasa a resolverlo en los términos siguientes:

 

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 458 y 459 del Código Orgánico Procesal Penal, corresponde a este Tribunal Supremo de Justicia pronunciarse sobre la desestimación o no del recurso de casación interpuesto en fecha  28 de noviembre de 2000, por el ciudadano ANDRES ALFREDO PUGA ZABALETA, inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 18.404, en su carácter de Defensor del ciudadano JOSE GREGORIO PALMA BLANCO,  en contra de la sentencia de fecha 03 de noviembre de 2000,  dictada por la Sala 4 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Area Metropolitana de Caracas, que DECLARO INADMISIBLE el recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia dictada por el Juzgado Décimo en Funciones de Juicio del mismo Circuito Judicial Penal, de fecha 02 de octubre de 2000, mediante la cual CONDENO a JOSE GREGORIO PALMA BLANCO, a cumplir la pena de OCHO AÑOS, DIECISEIS DIAS y DIECISEIS HORAS DE PRESIDIO, al encontrarlo responsable en la comisión de los delitos de ROBO AGRAVADO y PORTE ILICITO DE ARMA DE FUEGO, previstos y sancionados en los artículo 460 y 278 del Código Penal, delitos por los cuales el Representante del Ministerio Público les formuló acusación.

 

PUNTO PREVIO

A los imputados en el presente caso se les dictó medida privativa de libertad, previa audiencia de calificación de  flagrancia, ordenando seguidamente el Juez Trigésimo Octavo en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Area Metropolitana de Caracas, la remisión de las actas a un Tribunal en Funciones de Juicio para que se siguiera el procedimiento abreviado, previsto en el artículo 374 del Código Orgánico Procesal Penal.

Encontrándose la causa en el Juzgado Décimo en Funciones de Juicio del mismo Circuito Judicial Penal, éste fijó, tal como lo establece la ley, la audiencia oral y pública la cual debía llevarse a cabo el día 04 de julio de 2000.

En fecha 31 de Junio de 2000, el Fiscal Trigésimo Cuarto del Ministerio Público encargado del caso, mediante diligencia que suscribió por ante el Juzgado Décimo en Funciones de Juicio, solicitó la revisión de la medida privativa de libertad  dictada en contra de los imputados LUIS ALBERTO VELASQUEZ FERNANDEZ y EDISON ENRIQUE ASTUDILLO SUAREZ, para que en su lugar, les fuese concedida una medida cautelar sustitutiva de las contempladas en los ordinales 3° y 8° del artículo 265 del Código Orgánico Procesal Penal, puesto que, con fundamento en el resultado del Reconocimiento en Rueda de Individuos, los testigos manifestaron no tener certeza de la participación de los referidos ciudadanos en los hechos investigados, y además, que   hasta esa fecha, no había logrado obtener elementos de convicción de la participación de los mencionados ciudadanos.

En fecha 30 de Junio de 2000, los Defensores de los ciudadanos antes mencionados, solicitaron mandamiento de Habeas Corpus, el cual les fue otorgado por el Juzgado Duodécimo en Funciones de Control, ordenándose la inmediata libertad de dichos imputados.

En fechas posteriores, el Juzgado Décimo en Funciones de Juicio, fijó la audiencia oral pública para que se llevara a cabo el debate en el proceso, debiendo diferirlas por cuanto los imputados LUIS ALBERTO VELASQUEZ y EDISON ENRIQUE ASTUDILLO SUAREZ, no asistieron a las mismas, razón por la cual, dictó auto en el que acordó la separación de las causas, para continuar con el proceso, en beneficio del imputado JOSE GREGORIO PALMA BLANCO, el cual estaba detenido como consecuencia de la medida de privación de libertad que le dictara el Juez Trigésimo Octavo en Funciones de Control, llevándose a cabo la audiencia oral y pública respecto a este imputado en fecha 21 de septiembre de 2000.

En virtud de lo anteriormente narrado, esta Sala de Casación Penal, conocerá solamente en cuanto al recurso planteado por la defensa de JOSE GREGORIO PALMA BLANCO, puesto que, los otros dos encausados, se encuentran  en libertad, y no asistieron al llamado del Tribunal en las distintas oportunidades en que se les libró Boleta de Citación, para que se llevara a cabo la audiencia oral y pública.

 

PLANTEAMIENTO DEL RECURSO

 

 El recurrente en su escrito de interposición, luego de identificarse, hace cuatro denuncias fundamentándolas de la siguiente manera:

Primera: con fundamento en el artículo 451 del Código Orgánico Procesal Penal, expresa el recurrente, el porque puede interponer recurso de casación en contra de la sentencia recurrida, y, continua su exposición, manifestando que lo procedente era decretar el sobreseimiento de la causa en razón de que el Ministerio Público no consignó en la audiencia oral la respectiva acusación penal conforme al artículo 374 ejusdem, por lo cual, según su criterio, no podía realizarse ningún juicio penal.

Segunda: con fundamento en el artículo 452 ibidem,  denuncia el recurrente, que la Corte de Apelaciones incurrió  en inobservancia de un precepto constitucional como lo es el debido proceso, cuando el Ministerio Público no presentó el día de la audiencia oral la acusación correspondiente, incurriendo por consiguiente el Juez de Juicio en violación del debido proceso al continuar la celebración  de un juicio sin acusación, a lo cual se opuso, sin obtener ningún resultado.

Tercera: sin mencionar la base para su fundamentación, alega el recurrente, que en su escrito de apelación solicitó el sobreseimiento, lo que conllevó a que la recurrida declarase inadmisible la solicitud, continuando su exposición en un análisis sobre el contenido de las normas previstas tanto en  la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, como en el Código Orgánico Procesal Penal, como son los artículos 257, 443 y 374, respectivamente.

Cuarta: refiere el recurrente en la presente denuncia, que existe violación a la ley por parte del Ministerio Público y por el Juez Décimo de Juicio, por cuanto realizaron actos que la ley prohíbe, y finaliza esta denuncia manifestando que “la inadmisibilidad decretada por la Corte Cuarta de Apelaciones, causa gravamen  irreparable tanto al derecho procesal, como a la gran obra que ha venido realizando el Tribunal Supremo de Justicia.

 

Esta Sala, para decidir, observa:

 

Del escrito de interposición del Recurso de Casación, se desprende que el recurrente, si bien separa lo que él considera  como denuncias, no es menos cierto, que al hacer un análisis de las mismas, en ningún momento señala en sus cuatro denuncias, los motivos que hacen procedente su recurso de casación, mezclando así normas de orden procedimental como de rango constitucional; y además de ello, en sus denuncias,  le atribuye indistintamente, tanto a la decisión de Primera Instancia como a la decisión de la Corte de Apelaciones, los mismos vicios, sin indicar de manera precisa a qué fallo se refiere en cada caso, lo cual hace confuso y poco claro el escrito de interposición del recurso de casación.

Ha dicho esta Sala, respecto a ello, en anteriores oportunidades, que la correcta fundamentación del recurso de casación es indispensable para poder determinar el vicio atribuido a la sentencia y el alcance de su eventual nulidad, así como los efectos que tendrá la decisión pronunciada por este Tribunal Supremo.

De manera pues, que el recurrente, en su escrito de interposición del recurso de casación, incumplió con los requisitos del artículo 455 del Código Orgánico Procesal Penal, por carecer el mismo de la debida concisión y claridad  que le exige la referida norma, razones estas que conllevan a la desestimación del recurso por estar manifiestamente infundado según lo establece el artículo 458 ejusdem. Así se declara.

 

A pesar de que, conforme a la Ley, se desestima por manifiestamente infundado el recurso interpuesto, esta Sala revisó la sentencia impugnada constatándose que su contenido coincide con la realización de la justicia por sobre formalidades superfluas, y que, por otra parte, satisface la aplicación del derecho en el establecimiento de un fallo justo, todo de conformidad con los artículos 257 de la Constitución de la República y 13 del Código Orgánico Procesal Penal.

 

DECISION

 

            Por las razones antes expuestas este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Penal, Administrando Justicia en nombre de la República y por Autoridad de la Ley DESESTIMA POR MANIFIESTAMENTE INFUNDADO el  recurso de casación interpuesto en fecha 28 de noviembre de 2000, por el Defensor del ciudadano JOSE GREGORIO PALMA BLANCO, contra sentencia dictada el 03 de diciembre de 2000   por la Sala 4  de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Area Metropolitana de Caracas, de conformidad con lo pautado en el artículo 458 del  Código Orgánico Procesal Penal.

            Publíquese, regístrese y bájese el expediente.

            Dada, firmada y sellada en el Salón de Audiencias del Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Penal, en Caracas a los OCHO días del mes de FEBRERO de dos mil uno.  Años: 190° de la Independencia y 141° de la Federación.

 

El Presidente de la Sala,

 

Rafael Pérez Perdomo

El Vicepresidente,                       

 

Alejandro Angulo Fontiveros       

Magistrada Ponente,

 

Blanca Rosa Mármol de León

La Secretaria,

 

Linda Monroy de Díaz

BRMdL/gmg.-

Exp. N° R. C. 00-1527

 

 

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