Venley

Sentencia N.º 00762

Sentencia
N.º 00762
Fecha
17/05/2007
Sala
Político Administrativa
Expediente
1999-16366
Ponente
Yolanda Jaimes Guerrero
Procedimiento
Declinatoria de competencia

ACCIDENTAL

MAGISTRADA PONENTE: YOLANDA JAIMES GUERRERO

EXP. Nº 1999-16366

 

El Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil y Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, mediante Oficio Nro. 212-99 de fecha 2 de agosto de 1999, remitió a esta Sala expediente contentivo de la “solicitud de arbitraje”, interpuesta por el abogado Santiago José Barazarte Uzcategui, inscrito en el INPREABOGADO bajo el N° 35.489, actuando en su carácter de apoderado judicial de la sociedad mercantil COTECNICA CENTRO OCCIDENTAL C.A., inscrita por ante la oficina de Registro Mercantil del Estado Lara, el día 4 de agosto de 1989, bajo el Nro. 15, Tomo 5-A, contra el INSTITUTO MUNICIPAL DE ASEO URBANO DE BARQUISIMETO, creado por Ordenanza Municipal Nro. 545 de fecha 29 de diciembre de 1988. Dicha remisión fue efectuada por cuanto el mencionado tribunal, se declaró incompetente para conocer del presente asunto con base en lo previsto en el ordinal 14 del artículo 42 de la hoy derogada Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia.

En fecha 10 de agosto de 1999, se dio cuenta en Sala y se designó Ponente al Magistrado Hermes Harting a los fines de decidir la declinatoria de competencia.

El 18 de enero de 2000, se dejó constancia que en fecha 27 de diciembre de 1999, tomaron posesión de sus cargos como integrantes de esta Sala, los Magistrados Carlos Escarrá Malavé, José Rafael Tinoco y Levis Ignacio Zerpa. Se reasignó la ponencia al Magistrado Carlos Escarrá Malavé.

Mediante diligencia suscrita el 1° de agosto de 2000, el Magistrado Levis Ignacio Zerpa, manifestó su voluntad de inhibirse de seguir conociendo del caso y en tal sentido expuso:

“(…) El fundamento de la presente inhibición está dado por la circunstancia de haber sido apoderado judicial de la parte demandada en el juicio distinguido con el N° 13.062, el Instituto Municipal de Aseo Urbano y Domiciliario del Distrito Iribarren del Estado Lara (…) Igualmente señalo a los mismos fines que tanto mi cónyuge como mi hija son apoderadas de IMAUBAR en el juicio contenido en el Expediente N° 009, también cursante en esta Sala (…)”.

A través de decisión dictada el 3 de agosto de 2000, el para entonces Presidente de la Sala, Magistrado Carlos Escarrá Malavé, declaró procedente la inhibición del Magistrado Levis Ignacio Zerpa. Posteriormente y mediante oficio Nro. 2716 de fecha 4 de diciembre de 2000, se convocó a la Dra. Luisa Elena Flores Petit en su condición de Primer Suplente para constituir la Sala Accidental.

Por auto dictado el 24 de enero de 2001, se acordó dejar sin efecto la convocatoria efectuada el 4 de diciembre de 2000 y realizar una nueva designación por el tiempo transcurrido sin que se hubiere constituido la Sala Accidental. En tal sentido se libró oficio al Dr. Humberto Briceño León, en su condición de Primer Suplente.

En fecha 1° de febrero de 2001, se dejó constancia que el 27 de diciembre de 2000, se incorporaron a esta Sala la Magistrada Yolanda Jaimes Guerrero y el Magistrado Hadel Mostafá Paolini y fue ratificado el Magistrado Levis Ignacio Zerpa, quienes se juramentaron en fecha 26 de diciembre de 2000 ante la Asamblea Nacional. Igualmente se dejó constancia de la instalación de la Sala, quedando integrada de esta forma: Presidente, Magistrado Levis Ignacio Zerpa, Vicepresidente Magistrado Hadel Mostafá Paolini y Magistrada Yolanda Jaimes Guerrero.

Mediante diligencia de fecha 30 de enero de 2001, el Alguacil dejó constancia de haber notificado al Dr. Humberto Briceño León, de la convocatoria que a su nombre fue efectuada en su condición de Primer Suplente de la Sala, la cual no aceptó conforme se evidencia de comunicación de fecha el 13 de febrero de 2001.

En fecha 13 de marzo de 2001, vista la inhibición del Magistrado Levis Ignacio Zerpa, así como la excusa manifestada por el Dr. Humberto Briceño León, a los fines de constituir la Sala Accidental, se convocó al Dr. Alfredo Enrique Morles Hernández en su carácter de Primer Conjuez a nombre de quien se libró Oficio Nro. 0224. Posteriormente, el 15 del mismo mes y año, el Alguacil dejó constancia de haber practicado la notificación de este último, quien aceptó cubrir la falta para la cual fue convocado.

Por auto de fecha 17 de abril de 2001, se constituyó la Sala Accidental, quedando integrada de la siguiente forma: Presidente Magistrado Hadel Mostafá Paolini, Vicepresidenta Magistrada Yolanda Jaimes Guerrero y Magistrado Conjuez Alfredo Enrique Morles Hernández.

El 16 de junio de 2003, se libró Oficio Nro. 1150 a nombre del Dr. Ricardo Henríquez La Roche en su condición de Segundo Suplente, en atención a la renuncia del Primer Conjuez Alfredo Morles Hernández.

En fecha 25 de junio de 2003, el Alguacil dejó constancia de haber notificado al Dr. Ricardo Henríquez La Roche, quien aceptó la convocatoria efectuada a su nombre.

Mediante auto de fecha 26 de junio de 2003 se dejó constancia de la constitución de la Sala Accidental quedando integrada de la siguiente forma: Presidente Magistrado Hadel Mostafá Paolini, Vicepresidenta, Magistrada Yolanda Jaimes Guerrero y Magistrado Suplente Ricardo Henríquez La Roche.

En fecha 5 de noviembre de 2003 el apoderado judicial de la demandante, solicitó el “avocamiento de la presente causa de conformidad con lo establecido en nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela”.

Por auto dictado el 7 de junio de 2006, se dejó constancia de que en fecha 17 de enero de 2005, se incorporaron a esta Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, los Magistrados Emiro García Rosas y Evelyn Marrero Ortíz, designados por la Asamblea Nacional el 13 de diciembre de 2004, quedando integrada por cinco Magistrados, conforme a lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley Orgánica del Tribunal  Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela. Posteriormente, en fecha 02 de febrero de 2005, fue elegida la Junta Directiva del Tribunal Supremo de Justicia, quedando conformada esta Sala de la siguiente forma: Presidenta, Magistrada Evelyn Marrero Ortíz; Vicepresidenta, Magistrada Yolanda Jaimes Guerrero; y Magistrados Levis Ignacio Zerpa, Hadel Mostafá Paolini y Emiro García Rosas. En la misma fecha y en atención a que el Dr. Rodolfo Antonio Luzardo Baptista, fue designado como Primer Suplente, se libró Oficio Nro. 3179 a su nombre, a fin de convocarlo para suplir la falta causada por la inhibición del Magistrado Levis Ignacio Zerpa.

Por diligencia de fecha 13 de junio de 2006 el Alguacil de la Sala dejó constancia de haber notificado al Dr. Rodolfo Antonio Luzardo Baptista de la convocatoria hecha a su nombre, la cual aceptó conforme se evidencia de comunicación recibida el 28 del mismo mes y año.

Mediante auto dictado el 29 de noviembre de 2006 se dejó constancia de la constitución de la Sala Accidental la cual quedó integrada de la forma siguiente: Presidenta Magistrada Evelyn Marrero Ortiz, Vicepresidenta Magistrada Yolanda Jaimes Guerrero, Magistrados: Hadel Mostafá Paolini, Emiro García Rosas, Magistrado Suplente Rodolfo Antonio Luzardo Baptista, Secretaria Sofía Yamile Guzmán y Alguacil Rolando José Guevara. Se reasignó la ponencia a la Magistrada Yolanda Jaimes Guerrero.

I

ANTECEDENTES

 

En fecha 24 de octubre de 1997, la parte actora presentó ante el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Lara “solicitud de arbitraje” contra el Instituto Municipal de Aseo Urbano de Barquisimeto.

Mediante sentencia dictada el 2 de octubre de 1998, el referido juzgado indicó:

“(…) De autos se infiere un Contrato de Servicio entre IMAUBAR y COTECNICA ZULIA C.A., acompañado al libelo de demanda (…) y constata la demostración de la precisión en los contratos que la rige, de resolver las discrepancias a través de la negociación directa, investigando los hechos y conciliando los intereses y de no ser posible, utilizar el arbitraje previsto en el Código de Procedimiento Civil, por lo que igualmente no resulta comprobado de autos la existencia de algún acuerdo satisfactorio a la resolución del conflicto, hecho éste que lleva a esta juzgadora a apreciar la necesidad del arbitraje a fin de dirimir la presente contienda (…)”.

Por diligencia de fecha 14 de diciembre de 1998, el apoderado judicial de la demanda apeló de la decisión antes referida. Posteriormente y una vez cumplido el trámite de las notificaciones ordenadas en la decisión objeto de impugnación, el juzgado de la causa oyó en ambos efectos la apelación planteada y mediante Oficio Nro. 0900-950.11682 de fecha 3 de mayo de 1999, remitió el expediente al Juzgado Superior distribuidor de turno.

Mediante sentencia de fecha 29 de julio de 1999, el Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil y Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, al que le correspondió el conocimiento del asunto previa su distribución, con base en lo previsto en el ordinal 14 del artículo 42 de la hoy derogada Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, declinó la competencia para conocer de este asunto en la Sala Político-Administrativa.

II

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN

 

En el presente caso, el Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil y Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, remitió el expediente a esta Sala, con base en las razones expuestas en el fallo dictado en fecha 29 de julio de 1999, en el que indicó:

“(…) De acuerdo al contenido del contrato que sirvió de instrumento fundamental de la acción, podríamos considerar que estamos en presencia de un CONTRATO ADMINISTRATIVO (…) Significa que nuestro legislador estableció una especie de PRIVILEGIO JURISDICCIONAL atribuido sólo a la República, los Estados y los MUNICIPIOS respecto a los hechos de CUALQUIER NATURALEZA que se susciten con motivo de la interpretación, cumplimiento, resolución, caducidad o validez de los CONTRATOS ADMINISTRATIVOS (…) Establecido el primer punto referente a la NATURALEZA JURÍDICA DEL CONTRATO, es menester precisar el segundo elemento establecido expresamente en el ordinal catorce (14) del artículo 42 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, que alude a la necesidad de que sea parte la República, los Estados o los Municipios. (…) En el caso bajo estudio, estamos frente a un Instituto Autónomo totalmente propiedad Municipal, a quién el Municipio le concedió la prestación de este servicio público como ente público descentralizado funcionalmente (…)”.

 

            Visto que el argumento central que sustenta la decisión antes transcrita, responde a la naturaleza del contrato al que hace referencia la demandante, la Sala estima pertinente hacer algunas observaciones en relación a dicha circunstancia lo que a su vez permitirá determinar el tribunal competente para conocer del caso. 

En el libelo de demanda se lee:

“(…) Es el caso ciudadano Juez que nuestra representada en fecha 06 de Noviembre de 1989 firmó por ante la Notaría Pública Segunda de Barquisimeto, un Contrato de Servicio entre el Instituto Municipal de Aseo Urbano de Barquisimeto (…) y por la otra parte la Sociedad Mercantil COTECNICA ZULIA C.A. (…) En virtud de ello, y de conformidad con la Cláusula No. 4 de dicho contrato, la empresa constituyó y estableció en esta Ciudad (…) una filial COTECNICA CENTRO OCCIDENTAL C.A., debidamente inscrita (…) En fecha 08 de Junio de 1994 en aras de buscarle una solución definitiva a los constantes incumplimientos por parte del IMAUBAR en reconocerle a la empresa COTECNICA CENTRO OCCIDENTAL C.A. un justo precio de la tonelada de basura recolectada que permita amortizar el déficit financiero de la empresa para poder mejorar el servicio; por dicha razón se firmó un contrato compromiso que puso fin al juicio arbitral que corría (sic) por el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil del Estado Lara (…)” (Destacado de la Sala).

 

            Conforme se aprecia, la actora hace referencia a dos relaciones contractuales y muy especialmente con base en la suscrita en el año 1994, plantea la “solicitud de arbitraje”. De un examen de esta última convención se observa que en ella se dispuso:

           

“(…) Las partes de común acuerdo establecen como estructura definitiva del costo de la tonelada, los rubros o items que lo conforman y se indica en el anexo “A” de este documento, y que para cualquier cambio, la parte interesada en modificar dicha estructura de costos, deberá presentar justificación razonada y motivada con sus respectivos soportes para cada componente de la estructura de costos. En todo caso para que IMAUBAR reconozca aumento (s) en algún rubro o items será necesario que exista la disponibilidad presupuestaria y financiera. (…) Vencido este período y en caso de desacuerdo se aplicará el procedimiento previsto en la cláusula 23 literal ‘D’ del contrato suscrito entre las partes en el año de 1989. En caso de que IMAUBAR no diere respuesta afirmativa o negativa razonada y justificada dentro del lapso de quince (15) días antes señalado, LA CONTRATISTA no será responsable por los perjuicios que se pudieran ocasionar en la prestación del servicio de la recolección de basura”.  (Destacado de la Sala).

           

Por su parte en la cláusula 23 literal ‘D’ del contrato suscrito entre las partes en el año de 1989, se indicó:

                  “(…) D) Las partes convienen en considerar anualmente ajustes a los precios que aparecen en la Tabla indicadora de Costos Unitarios, estos ajustes se llevarán a cabo si ha habido una variación demostrada en los costos de los insumos que sirvieron de base a la elaboración de la referida tabla. Si ocurren circunstancias que lo exigen y justifiquen, se podrá realizar las revisiones en lapsos menores de tiempo (…) El monto del ajuste fijado por lo menos por dos de los tres expertos será definitivo y vinculante para ambas partes y el mismo estará fundamentado en lo alegado y probado por las partes. En caso de desacuerdo de los tres expertos las partes utilizarán el arbitraje privado en la forma como se estipula en la Cláusula 35 de este contrato (…)”.

           

A su vez la citada cláusula 35 dispone:

“(…) Las discrepancias que puedan surgir entre las partes durante la vigencia de este contrato, deberán en lo posible ser resueltas a través de la negociación directa, investigando los hechos y conciliando intereses; si no fuera posible el arreglo en la forma indicada, se utilizará el arbitraje previsto en el Código de Procedimiento Civil, vigente; cuyo resultado será vinculante para las partes.”

           

Ahora bien, la actividad que constituye el objeto del contrato celebrado entre el Instituto Municipal de Aseo Urbano y Domiciliario de Barquisimeto y la demandante, está constituida por la prestación de un servicio por parte de esta última, consistente en la recolección y transporte de basura. Siendo así resulta innegable el carácter público que reviste el mencionado servicio, dado el requerimiento de satisfacer una necesidad de interés general: a saber la recolección y disposición final de desechos sólidos generados en el Municipio Iribarren del Estado Lara.

Se trata entonces de una actividad cuyo ejercicio no puede dejar el Estado a la libre iniciativa de los particulares, pues tal como lo prevé el artículo 178 de nuestra Carta Magna, su competencia está atribuida a los Municipios por estar dirigida al mejoramiento de las condiciones de vida de sus habitantes; por tanto, son éstos los entes a los cuales corresponderá la creación de los órganos que deberán ejecutarla o ejercer el control de su ejecución. 

En este orden de ideas se aprecia que la naturaleza del contrato que sustenta la demanda planteada por el actor es la de un contrato administrativo, toda vez que una de las partes es un ente público, tiene por objeto la recolección y transporte de desechos sólidos producidos en el Municipio Iribarren del Estado Lara hasta el sitio de disposición final, de donde se colige la finalidad de utilidad o interés público del contrato y conforme se evidencia de su texto se establecieron ciertas prerrogativas a favor del ente contratante, de lo cual se infiere la existencia de cláusulas que pueden ser consideradas como exorbitantes. En efecto en relación a este último aspecto se observa que en la cláusula treinta (30) se dispuso: “El presente contrato se extinguirá. (…) por voluntad de Imaubar, cuando esta manifieste por escrito su deseo de rescindirlo, pudiendo realizar dicha manifestación en cualquier momento (…)”.

Ahora bien, habiéndose determinado previamente la naturaleza del contrato celebrado y al ser una de las partes una persona pública perteneciente a la Administración Pública Descentralizada Regional y visto que su objeto como fue señalado, está constituido por la prestación de un servicio público, a los fines de determinar el tribunal competente y en atención a la fecha de interposición de la demanda, corresponde verificar lo previsto en el numeral 14 del artículo 42 de la hoy derogada Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, aplicable ratione temporis, que dispone:

             

              “Artículo 42: Es de la competencia de la Corte como más Alto Tribunal de la República (…) 14.- Conocer de las cuestiones de cualquier naturaleza que se susciten con motivo de la interpretación, cumplimiento, caducidad, nulidad, validez o resolución de los contratos administrativos en los cuales sea parte la República, los Estados o las Municipalidades”.

 

En relación a la interpretación de la norma anteriormente transcrita y al examen detenido de los principios consagrados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, particularmente, del mandato relacionado con la descentralización del Poder Judicial como mecanismo que coadyuve a la prestación de servicio de una administración de justicia accesible, expedita y eficaz, la Sala estableció que sólo es competente para conocer de la causas que versen sobre contratos administrativos celebrados por las unidades político territoriales señaladas expresamente en el referido numeral del artículo citado, esto es, la República, los Estados o las Municipalidades (Vid. sentencia Nro. 01-0728 del 11 de diciembre de 2001). No obstante ello, el criterio vigente para el momento en que se dio por recibido el expediente y se designó ponente para decidir sobre la declinatoria de competencia (10 de agosto de 1999), era el que proponía que el mencionado numeral debía ser interpretado en forma amplia, es decir que aun y cuando el contrato administrativo hubiere sido celebrado por un ente administrativo distinto a las unidades políticos territoriales indicadas en la norma. En este orden de ideas al no resultar aplicable retroactivamente un criterio que no estaba vigente para el momento en que se dio por recibido el expediente para decidir sobre la declinatoria de competencia, y teniendo en cuenta el tiempo transcurrido desde esa oportunidad y la presente fecha, esta Sala Político-Administrativa acepta la competencia para conocer de este caso. Así se decide.

 

Por otra parte, a juicio de la Sala, son pertinentes las siguientes consideraciones:

Ha sido pacífico y reiterado el criterio conforme al cual la perención de la instancia constituye un medio de terminación procesal que opera por la no realización, en un período mayor de un (1) año, de actos de procedimiento destinados a mantener en curso el proceso, tal como lo preveía el artículo 86 de la derogada Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia y ahora, el artículo 19 aparte 15, de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, o cuando se verifica alguna de las situaciones previstas en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, que consagra las llamadas “perenciones breves” para específicos supuestos en los que la inactividad de las partes interesadas se produce en lapsos sensiblemente inferiores al de un año.

En este contexto, el instituto de la perención se constituye como un mecanismo de ley diseñado con el propósito de evitar que por la desidia de las partes, los procesos se perpetúen y los órganos de Administración de Justicia se encuentren en la obligación de procurar la composición de causas en las cuales no existe interés de las partes en controversia.

Ahora bien, del estudio de las actas que conforman el expediente constata la Sala que los actos de procedimiento en ellas contenidos, así como el lapso de paralización descrito en la ley, a los efectos de declarar perimida la instancia, se produjeron bajo el rigor de la entonces vigente Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, lo cual, a pesar de la entrada en vigencia de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, hace del mencionado cuerpo normativo el marco jurídico aplicable al caso de autos ratione temporis, de conformidad con lo establecido en el artículo 9 del Código de Procedimiento Civil, según el cual “La ley procesal se aplicará desde que entre en vigencia, aun en los procesos que se hallaren en curso; pero en este caso, los actos y hechos ya cumplidos y sus efectos procesales no verificados todavía, se regularán por la ley anterior” (Negrillas de la Sala).

En tal virtud, a los efectos de emitir un pronunciamiento respecto a la señalada paralización de la causa y las eventuales consecuencias procesales derivadas de ello, como quiera que la perención de la instancia opera de pleno derecho, es preciso destacar que el artículo 86 de la derogada Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, disponía que la instancia se extinguía de pleno derecho en las causas que hubieran estado paralizadas por más de un año, a partir del último acto de procedimiento, por lo que, en tal caso, este Tribunal Supremo sin más trámites debía declarar la perención, de oficio o a instancia de parte.

En el presente caso, examinadas las actas procesales que componen el expediente, se constata que entre el 17 de abril de 2001, fecha en la cual se dejó constancia de la nueva constitución de la Sala Accidental y el 16 de junio de 2003, oportunidad en la que se libró Oficio Nro. 1.150 a nombre del Dr. Ricardo Henríquez La Roche en su condición de Segundo Suplente para integrar la mencionada Sala Accidental, transcurrieron más de dos (2) años, sin que se hubiere realizado acto alguno de procedimiento por las partes ni por el Tribunal, resultando de ello evidente que transcurrió con creces el lapso de un (1) año previsto en el artículo 86 de la entonces vigente Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, aplicable ratione temporis, para establecer que en el caso ocurrió la perención.

Por otra parte observa esta Sala que desde el 5 de noviembre de 2003, oportunidad en que el apoderado de la parte actora solicitó se decida la declinatoria de competencia y el 7 de junio de 2006, fecha en la cual se dejó constancia de la incorporación a esta Sala de los Magistrados Emiro García Rosas y Evelyn Marrero Ortíz, igualmente transcurrieron más de dos (2) años sin que se hubiere realizado acto alguno de procedimiento por las partes ni por el Tribunal, es decir que incluso bajo la vigente Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela y muy especialmente de la interpretación que de la norma que en ella regula la perención hizo la Sala Constitucional de este Máximo Tribunal (Vid. sentencia Nro. 853 del 5 de mayo de 2006), habría lugar a declarar ésta.

 En conclusión y con base en las consideraciones que anteceden, debe esta Sala declarar consumada la perención y, por ende, extinguida la instancia en este caso. Así se decide.

III

DECISIÓN

 

Atendiendo a los razonamientos expresados, esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara:

 

PRIMERO: ACEPTA la competencia que le fuera declinada por el Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil y Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Lara a los fines de conocer en “primera y única instancia” de la “solicitud de arbitraje”, interpuesta por la sociedad mercantil COTECNICA CENTRO OCCIDENTAL C.A., contra el INSTITUTO MUNICIPAL DE ASEO URBANO DE BARQUISIMETO.

SEGUNDO: CONSUMADA LA PERENCIÓN y en consecuencia, EXTINGUIDA LA INSTANCIA en la “solicitud de arbitraje” interpuesta.

 

Publíquese, regístrese y comuníquese.  Remítase copia certificada de esta decisión al tribunal de origen. Archívese el expediente. Cúmplase lo ordenado.

 

Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los dieciséis (16) días del mes de mayo del año dos mil siete (2007). Años 197º de la Independencia y 148º de la Federación.

 

La Presidenta

EVELYN MARRERO ORTÍZ

La Vicepresidenta - Ponente

YOLANDA JAIMES GUERRERO

 

Los Magistrados,

HADEL MOSTAFÁ PAOLINI

 

 

EMIRO GARCÍA ROSAS

 

RODOLFO ANTONIO LUZARDO BAPTISTA

 

 

La Secretaria,

SOFÍA YAMILE GUZMÁN

En diecisiete (17) de mayo del año dos mil siete, se publicó y registró la anterior sentencia bajo el Nº 00762, la cual no está firmada por el Magistrado Suplente Rodolfo Antonio Luzardo Baptista, por no estar presente en la discusión por motivos justificados.

 

 

La Secretaria,

SOFÍA YAMILE GUZMÁN

 

 

 

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