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MAGISTRADO PONENTE: CARLOS ESCARRÁ MALAVÉ
Mediante escrito de fecha 26 de septiembre de 1991, presentado ante el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil y Contencioso Administrativo de la Región Nor-Oriental los abogados José Angel Marcano L., Jesús Salvador Sucre Rodríguez y Ana M. Mago de Marcano, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Nos. 26.821, 40.462 y 41.310, respectivamente, actuando en su carácter de apoderados judiciales del ciudadano PEDRO VITALE, titular de la cédula de identidad Nº E-239.953, interpusieron demanda de nulidad contra el acto dictado por el CONCEJO MUNICIPAL DEL DISTRITO SUCRE DEL ESTADO SUCRE, en fecha 20 de junio de 1991, por la cual se declaró la nulidad de la venta que esa Cámara Edilicia le hiciera al demandante, de un terreno de noventa y siete metros cuadrados con setenta centímetros (97,70 M2), que forma parte de una mayor extensión de forma trapezoidal, ubicado en la Fundación Mendoza, Cuarta Transversal, Municipio Valentín Valiente de la ciudad de Cumaná, Distrito Sucre del Estado Sucre, alegando que:
esta Entidad no tiene COMPETENCIA NI FACULTAD LEGAL para declarar la nulidad de convenciones de carácter netamente civil, cuya competencia le corresponde a los Órganos Jurisdiccionales a tenor de lo dispuesto en el Artículo 1 del Código de Procedimiento Civil vigente el cual reza (
). Sin embargo debe notarse que, sabiamente, se dejan a salvo disposiciones especiales, es decir, las llamadas Jurisdiccionales especiales como Menores, Fiscal, Mercantil, Trabajo (
); pero nunca ninguna Ley le otorgará facultades Jurisdiccionales a ningún Concejo Municipal, esto en concordancia con lo establecido en los artículos 204 y 205 de la Constitución Nacional donde se establece la Autonomía del Poder Judicial con respecto a los demás órganos del Poder Público; de éstos artículos se puede deducir que el Concejo Municipal del Distrito Sucre del Estado Sucre está tomándose atribuciones que le corresponden al Poder Judicial, y por lo tanto violando su autonomía
Mediante decisión interlocutoria de fecha 20 de noviembre de 1991, el Juez a quo declinó la competencia de conocer el presente caso ante esta Sala y ordenó la remisión de los autos a la misma, expresando que:
Trátase pues, evidentemente, de un rescate unilateral por parte de la administración del mencionado Municipio- de un terreno de origen ejidal, a través de una declaratoria de nulidad de un contrato administrativo, conforme a doctrina pacífica de la Sala Político-Administrativa de la Corte Suprema de Justicia. De ahí que, le sea aplicable al caso de especie, las previsiones del numeral 14 del artículo 42 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia
Por oficio Nº 00-406 de fecha 26 de noviembre de 1991, el Juzgado de la causa remitió el expediente a esta Sala, dando cumplimiento a la decisión antes mencionada.
El 12 de diciembre de 1991 se dio cuenta en Sala y por auto de la misma fecha designó Ponente a la Magistrada Cecilia Sosa Gómez, a los fines de decidir la cuestión de competencia planteada.
Por decisión de fecha 7 de octubre de 1993, esta Sala aceptó la competencia para conocer el presente caso y, como consecuencia, ordenó la remisión del expediente al Juzgado de Sustanciación, para que revisara y decidiera sobre cualquier otro extremo de admisibilidad, y si ello resultare procedente, sustanciare el juicio por los trámites procesales pertinentes.
Por auto de fecha 2 de noviembre de 1993, el Juzgado de Sustanciación, vista la decisión dictada por la Sala, admitió la demanda interpuesta y ordenó las actuaciones correspondientes.
El 19 de enero del 2.000 el Juzgado de Sustanciación, al advertir que la presente causa se encontraba paralizada, ordenó pasar el expediente a la Sala, a los fines de decidir acerca de la perención.
El 27 de enero del 2.000 se dio cuenta en Sala y por auto de la misma fecha se designó Ponente al Magistrado Carlos Escarrá Malavé, a los fines de decidir la perención.
Mediante auto de fecha 27 de enero del 2.000, la Sala deja constancia de que, por cuanto la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, publicada en Gaceta Oficial en fecha 30 de diciembre de 1999, estableció un cambio en la estructura y denominación de este Máximo Tribunal y por cuanto en Sesión de fecha veintisiete de diciembre de 1999, previa juramentación, tomaron posesión de sus cargos como integrantes de la Sala Político-Administrativa, los Magistrados Carlos Escarrá Malavé (Presidente); José Rafael Tinoco (Vicepresidente) y Magistrado Levis Ignacio Zerpa, quienes designaron a su vez a la Dra. Anaís Mejía Calzadilla en su condición de Secretaria y al Ciudadano Rolando José Guevara en su carácter de Alguacil y se ordenó la continuación de la causa en el estado en que se encontraba.
Para decidir, la Sala observa:
De conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, la instancia se extingue de pleno derecho en las causas que hayan estado paralizadas por más de un año a partir del último acto de procedimiento, por lo que, en tal caso, este Tribunal sin más trámites debe declarar la perención, de oficio o a instancia de parte.
Al respecto, examinadas las actas procesales que componen el presente expediente, se constata que la causa ha estado paralizada desde el 2 de noviembre de 1993, fecha en la cual el Juzgado de Sustanciación admitió la presente demanda y ordenó las actuaciones correspondientes, hasta el 19 de enero del 2.000, fecha en la cual el mismo Juzgado de Sustanciación advirtió la paralización de la presente causa y ordenó pasar el expediente a esta Sala, a los fines de decidir acerca de la perención, sin que en ese lapso se hubiese realizado acto alguno de procedimiento por las partes ni por este Supremo Tribunal.
Por tanto, resulta evidente que habiendo transcurrido con creces el lapso previsto en el indicado artículo 86 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, se ha consumado la perención. Así se declara.
En virtud de lo anterior, esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA CONSUMADA LA PERENCION, y en consecuencia, EXTINGUIDA LA INSTANCIA en la presente causa.
Publíquese, regístrese y comuníquese. Archívese el expediente.
Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los seis (6) días del mes de abril del dos mil.- Años: 189º de la Independencia y 141º de la Federación.
El Presidente-Ponente,
CARLOS ESCARRÁ MALAVÉ
El Vicepresidente,
JOSÉ RAFAEL TINOCO
LEVIS IGNACIO ZERPA
Magistrado
La Secretaria,
ANAÍS MEJÍA CALZADILLA
EXP. NRO. 8.513
CEM/hra.-
Sent. 00769