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Buscar sentenciasTRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA. SALA DE CASACIÓN SOCIAL
Caracas, tres (3) de febrero de 2011. Años: 200° y 151°.
En el juicio que por diferencia de acreencias laborales, tiene incoado el ciudadano RICARDO ANTONIO FARÍAS, asistido en juicio por el abogado Martín Félix Malaver, contra la sociedad mercantil PROMOCIONES CURAGUA, C.A., patrocinada judicialmente por los profesionales del derecho Honey Pérez, Pedro Barbella y Mirorland Lárez; el Juzgado Superior Primero del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Nueva Esparta, con sede en La Asunción, en fecha 22 de junio de 2010 dictó sentencia en la cual declaró sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, confirmando el auto dictado en fecha 26 de mayo de 2010 por el Juzgado Primero de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la referida Circunscripción Judicial, el cual había decretado medida preventiva de embargo sobre los bienes propiedad de la empresa demandada.
Contra la decisión de alzada, la representación judicial de la demandada ejerció el recurso extraordinario de control de la legalidad en fecha 1° de julio de 2010, siendo remitido el expediente a esta Sala de Casación Social.
En fecha 20 de julio de 2010, se dio cuenta en Sala, designándose ponente al Magistrado Luis Eduardo Franceschi Gutiérrez.
Así, estando dentro de la oportunidad procesal para decidir sobre la admisibilidad del presente recurso, lo hace esta Sala en los términos siguientes:
ÚNICO
El artículo 178 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo establece el control de la legalidad, como la vía recursiva para impugnar ante la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, aquellas decisiones emanadas de los Tribunales Superiores del Trabajo que no sean recurribles en casación y que violenten o amenacen con violentar normas de orden público; ello, a fin de restablecer el orden jurídico infringido. Asimismo, se encuentra limitada la oportunidad para interponer el referido recurso, a un lapso preclusivo de cinco (5) días hábiles, los cuales de conformidad con el artículo 165 eiusdem y según criterio plasmado en sentencia N° 569, emanada de esta Sala en fecha 29 de abril de 2008, caso: Maritza Margarita Antequera Nelo contra Promotora Millenium, C.A., comenzarán a transcurrir una vez vencido el lapso que la ley otorga para publicar la sentencia, y a través de escrito, el cual no podrá exceder de tres (3) folios útiles y sus vueltos, pues tal inobservancia acarrearía la inadmisibilidad de éste.
Denuncia la impugnante que:
( ) la recurrida ha incurrido en el vicio de motivación acogida al no señalar sus propias razones de hecho y de derecho que motivaron a confirmar la sentencia del tribunal a quo. En consecuencia se delata que el fallo impugnado fue proferido sin efectuar análisis alguno de las probanzas cursantes en autos que, según la Alzada, demostraban que en el caso sub iudice estaban dados los extremos de procedibilidad de la medida de embargo acordada ( ).
En efecto la sentencia recurrida, a pesar de que el tribunal ad quem expuso su criterio jurídico con respecto al contenido y alcance del artículo 137 ibídem, no analizó probanza alguna que justificara la medida.
( ) se infiere que la recurrida acogió los elementos de convicción que tuvo el tribunal a quo para considerar que estaba dada la presunción de buen derecho ( ) para decretar la medida ( ).
Por otra parte, aduce la recurrente que:
( ) incurre en el vicio de petición de principio catalogado por la doctrina como una forma de inmotivación al dar por probado lo que es precisamente objeto de prueba ( ) bajo ningún concepto la recurrida puede tomar como elementos de convicción los dichos en la audiencia preliminar ( ).
Me pregunto ¿cuál elemento probatorio acogió el tribunal para dar por probado la presunción de buen derecho? Ninguno. La recurrida no hace mención a prueba alguna dentro de su silogismo, lo cual la hace completamente inmotivada ( ) (Omissis) La recurrida incurre en vicio de inmotivación por silencio total de pruebas.
Igualmente expone:
Se denuncia errónea interpretación en el contenido y alcance del artículo 137 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, por considerar el tribunal ad quem que para dictar medidas cautelares no se necesita probar el periculum in mora: asimismo se denuncia la violación del artículo 585 del Código de Procedimiento Civil ( ) por falta de aplicación al caso concreto, lo cual viola la tutela judicial eficaz y atenta contra el derecho de propiedad de mi representada ( ).
( ) es preciso señalar que el poder cautelar del juez no puede aplicarse en forma discrecional con visos de arbitrariedad, sino que debe ser una discrecionalidad dirigida, reglada, que esté sometida al cumplimiento de los requisitos de la ley ( ).
Ahora bien, del análisis del hilo argumental expuesto por la recurrente, así como de la sentencia impugnada y las restantes actas que conforman el expediente, se colige que la decisión sujeta a revisión se encuentra ajustada a derecho, sin denotarse violación alguna de normas regidas por el orden público; en consecuencia, visto que el alcance del control de la legalidad ejercido no se ajusta a los fines del recurso, debe necesariamente declararse su inadmisibilidad. Así se resuelve.
DECISIÓN
En mérito a las precedentes conclusiones, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Social, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara INADMISIBLE el recurso de control de la legalidad interpuesto por la demandada, contra la sentencia de fecha 22 de junio de 2010, dictada por el Juzgado Superior Primero del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Nueva Esparta, con sede en La Asunción.
No hay condenatoria en costas del recurso, dada la naturaleza de la actual decisión.
Publíquese, regístrese y remítase el expediente a la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos de la Circunscripción Judicial supra indicada. Particípese de la presente decisión al Juzgado Superior de origen antes mencionado, de conformidad con lo establecido en el artículo 176 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.
El Presidente de la Sala,
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OMAR ALFREDO MORA DÍAZ
El Vicepresidente, Magistrado,
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JUAN RAFAEL PERDOMO ALFONSO VALBUENA CORDERO
Magistrado y Ponente, Magistrada,
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LUIS E. FRANCESCHI GUTIÉRREZ CARMEN ELVIGIA PORRAS DE ROA
El Secretario Temporal,
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MARCOS PAREDES
C.L. AA60-S-2010-000991
Nota: Publicada en su fecha a El Secretario,