Sentencia N.º 00783
- Sentencia
- N.º 00783
- Fecha
- 23/05/2007
- Sala
- Político Administrativa
- Expediente
- 2007-0338
- Ponente
- Emiro García Rosas
- Procedimiento
- Regulación de jurisdicción
- Enlace fuente oficial
- Ver en sitio web oficial del TSJ
MAGISTRADO PONENTE: EMIRO GARCÍA ROSAS
EXP. Nº 2007-0338
Mediante oficio N° 4SME/060-2007 del 15 de marzo de 2007, el Juzgado Cuarto de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, Extensión Territorial Puerto Ordaz, recibido en esta Sala el 28 de ese mes y año, remitió el expediente contentivo de la demanda que por desaplicación de varias cláusulas y la errónea aplicación de otras, contenidas en la Convención Colectiva 1997-2000 y su prórroga vigente, incoaran los abogados José de Jesús Díaz y Freddlyn Morales, inscritos en el INPREABOGADO bajo los números 49.544 y 108.483, respectivamente, actuando con el carácter de apoderados judiciales de los ciudadanos que se identifican con sus respectivos números de cédulas al lado del nombre y entre paréntesis: ANTONIO GONZÁLEZ (4.508.997), RICHARD ANTONIO RAMÍREZ SALAZAR (11.514.307), ALEXIS EMENEGILDO DÍAZ ROJAS (5.884.252), EDWARD TORRES (11.496.829), JOSÉ RAFAEL ALFONZO (10.387.783), ISAIC BERNARDI LÓPEZ (13.336.002), VILYEC JOSÉ MOSQUEDA (14.114.038), CIRILO GOITÍA (3.014.209), HÉCTOR QUIÑONES (15.033.863), ÁNGEL ANTONIO FAJARDO RUIZ (8.527.931), REINALDO ABRAHAN VÉLIZ ALBARRÁN (13.483.020), RAÚL ENRIQUE ROJAS (11.515.490), JUAN JOSÉ RODRÍGUEZ FIGUERA (5.906.137), HERIBERTO MANUEL MORENO (4.515.079), ULICE JOSÉ FIGUEROA RODRÍGUEZ (5.696.439), DANIEL MARCELO FAJARDO PÉREZ (10.392.244), MARCELA YANETTE ZAMBRANO DE SANDOVAL (81.634.421) y ANDRÉS SANTOS (81.161.769), contra la sociedad mercantil SURAL, C.A., inscrita en el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, con sede en Puerto Ordaz, en fecha 20 de noviembre de 1997, bajo el N° 41, Tomo A-61.
La remisión se efectuó en virtud de que esta Sala se pronuncie acerca de la regulación de jurisdicción formulada por el apoderado judicial de la parte accionada en fecha 12 de marzo de 2007.
El 29 de marzo de 2007 se dio cuenta en Sala, y se designó ponente al Magistrado Emiro García Rosas, a los fines de decidir la regulación de jurisdicción.
Al respecto, la Sala observa:
I
ANTECEDENTES
Mediante escrito presentado en fecha 08 de enero de 2007, ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos del Circuito Judicial Laboral de Puerto Ordaz, los abogados José de Jesús Díaz y Freddlyn Morales, actuando con el carácter de apoderados judiciales de los ciudadanos ANTONIO GONZÁLEZ, RICHARD ANTONIO RAMÍREZ SALAZAR, ALEXIS EMENEGILDO DÍAZ ROJAS, EDWARD TORRES, JOSÉ RAFAEL ALFONZO, ISAIC BERNARDI LÓPEZ, VILYEC JOSÉ MOSQUEDA, CIRILO GOITÍA, HÉCTOR QUIÑONES, ÁNGEL ANTONIO FAJARDO RUIZ, REINALDO ABRAHAN VÉLIZ ALBARRÁN, RAÚL ENRIQUE ROJAS, JUAN JOSÉ RODRÍGUEZ FIGUERA, HERIBERTO MANUEL MORENO, ULICE JOSÉ FIGUEROA RODRÍGUEZ, DANIEL MARCELO FAJARDO PÉREZ, MARCELA YANETTE ZAMBRANO DE SANDOVAL y ANDRÉS SANTOS, todos previamente identificados, interpusieron demanda por desaplicación de varias cláusulas y la errónea aplicación de otras, contenidas en la Convención Colectiva 1997-2000 y su prórroga vigente contra la sociedad mercantil SURAL, C.A., señalando:
Que la empresa Sural C.A., ha venido calculando erróneamente una serie de conceptos relativos al Salario de sus trabajadores, en tanto que, las horas extra, nocturnas y extras nocturnas, se calculan muy por debajo de lo establecido en la Contratación Colectiva del año 1997 e incluso contraviniendo la Ley Orgánica del Trabajo, la empresa realiza el cálculo de las horas extras y nocturnas en base a salario básico, las horas extras nocturnas, solo les hace el recargo del porcentaje nocturno, sin tomar en cuenta que aquellas horas que son extras, se les aplica el porcentaje como extra y si además son nocturnas, se le aplica el incremento porcentual como extra, más el incremento como nocturnas. (sic).
Que lo Relativo al Tiempo de Viaje, la Convención Colectiva del año 1997, Cláusula N° 17, establece el pago de Transporte y Tiempo de Viaje, la empresa solo ha cancelado desde la vigencia del prenombrado contrato, el concepto Transporte, adeudando el Tiempo de Viaje, que se establece de manera tal que, aquellas personas que están domiciliadas en San Félix, se les pague el salario correspondiente a una hora efectiva de trabajo y aquellos residenciados en Puerto Ordaz, el equivalente a cuarenta (40) minutos de salario efectivo trabajado, cláusula que ha venido incumpliéndose de manera total (sic).
Que Indudablemente, el monto a que ascienden los conceptos anteriormente descritos, inciden directamente en el cálculo de Vacaciones, Bono Vacacional y Utilidades, por lo tanto, también ha sido erróneamente calculado los referidos conceptos por cuanto no se ha valorado la diferencia de horas extras, nocturnas, extras nocturnas y tiempo de viaje para su pago, generando un diferencial adicional.
Que En consecuencia, el hecho que los trabajadores no hayan percibido de manera efectiva los montos adeudados y tratándose de sumas de dinero, es preciso aplicar la tasa de interés por cada mes de cada año, que la empresa ha dejado de pagar las obligaciones legales y contractuales, sin embargo, el aplicar el 15% como tasa promedio, no afecta de manera considerable el cálculo puesto que ha fluctuado en rangos de entre 12% y 18% desde el año 1998, hasta el corriente.
Que Visto lo anteriormente planteado y agotada la vía administrativa con el objeto de resolver el conflicto planteado por vía conciliatoria por ante la Inspectoría del Trabajo de esta Jurisdicción donde la empresa se negara a reconocer los conceptos reclamados en su oportunidad y los cuales son motivo de esta demanda, es por lo que procedemos a presentar formal demanda, ( ), con el objeto que la misma pague voluntariamente a cada uno de nuestros mandantes la cantidad de DIECIOCHO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA MIL TRESCIENTOS DIEZ BOLÍVARES CON SESENTA Y DOS CÉNTIMOS (Bs. 18.650.310,62), para cada uno de nuestros mandantes, por la desaplicación y/o erróneo cómputo de las Cláusulas del Contrato Colectivo Vigente, correspondientes a horas extra, horas nocturnas, horas extra nocturnas, tiempo de viaje, feriados y domingos laborales, días de descanso trabajados y la incidencia de los anteriores conceptos en el cómputo de vacaciones, bono vacacional y utilidades desde el año 1998 hasta la fecha en que sea asumido el pago de la referida deuda por parte de la empresa o sea condenada por un tribunal de juicio.
Por los argumentos que anteceden, estimaron la demanda en la cantidad de trescientos setenta y tres millones seis mil doscientos doce bolívares con cuatro céntimos (Bs. 373.006.212,04) como resultado de la cantidad adeudada y descrita tanto en el capítulo de los hechos como el de la pretensión, más lo que pudiera establecerse en la experticia complementaria del fallo.
Como sustento legal de la demanda, los accionantes señalaron lo previsto en los artículos 89, 90, 91 y 92 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; 60, 153, 154, 155, 156, 157, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 216, 217, 218 y 219 de la Ley Orgánica del Trabajo; 93 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo; 249 del Código de Procedimiento Civil; y Cláusulas 2, 11, 12, 13, 17, 21, 23 y 24 de la Convención Colectiva 1997.
Por auto de fecha 23 de enero de 2007, el Juzgado Octavo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, Extensión Territorial Puerto Ordaz, que por distribución le correspondió conocer la causa, admitió la demanda interpuesta, ordenó la notificación de la parte demandada, y fijó la oportunidad para que tuviese lugar la audiencia preliminar.
En virtud del sorteo efectuado el 27 de febrero de 2007 para la celebración de la audiencia preliminar, correspondió el asunto al Juzgado Cuarto de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, Extensión Territorial Puerto Ordaz.
El 27 de febrero de 2007, se efectuó la audiencia preliminar, dejándose constancia de la comparecencia de las partes y la prolongación de dicha audiencia, de conformidad con lo previsto en el artículo 132 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.
En fecha 27 de febrero de 2007, los abogados Teodoro Rodríguez Morales, Theo Rodríguez Bermúdez y Félix Rodríguez Bermúdez, inscritos en el INPREABOGADO bajo los números 93.382, 103.652 y 103.651, respectivamente, actuando con el carácter de apoderados judiciales de la demandada consignaron escrito de oposición de Incompetencia del Tribunal por Falta de Jurisdicción.
Mediante auto de fecha 07 de marzo 2007, el Juzgado Cuarto de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, Extensión Territorial Puerto Ordaz ratifica su competencia para conocer de la presente causa, en los siguientes términos:
De acuerdo al artículo 29 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo y 655 de la Ley Orgánica del Trabajo se desprende de la interpretación de los artículos precitados que los asuntos contenciosos de evidente naturaleza laboral serán sustanciados y decididos por los Juzgados del Trabajo, igualmente las controversias que se presenten con ocasión de la aplicación o no de las convenciones colectivas de trabajo como lo es el caso de marras, deben ser sustanciadas y decididas por los Tribunales [de] Trabajo; siguiendo así, la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo de Justicia de la Sala Constitucional en decisión de fecha 06/12/05, del Sindicato Nacional Único de Trabajadores y Trabajadoras de PDVSA, Gas S.A., en nulidad; ratificado por la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia en decisión de fecha 11/10/05, del Sindicato de Trabajadores de la Empresa Productos de Vidrio, S.A. (PRODUVISA) en nulidad, por tanto este Juzgado Cuarto de Sustanciación Mediación y Ejecución del Trabajo ratifica su competencia para conocer de la presente causa. ASÍ SE DECIDE.
En fecha 12 de marzo de 2007, el apoderado judicial de la empresa accionada solicitó la regulación de jurisdicción y la remisión del expediente a la Sala Político-Administrativa, conforme a lo previsto en los artículos 59 y 62 del Código de Procedimiento Civil.
Por auto de fecha 15 de marzo de 2007, el Juzgado Cuarto de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, Extensión Territorial Puerto Ordaz ordenó remitir los autos a esta Sala.
II
MOTIVACIÓN PARA DECIDIR
Corresponde a esta Sala pronunciarse sobre la regulación de jurisdicción sometida a su conocimiento, y en tal sentido se observa que en fecha 07 de marzo 2007, el Juzgado Cuarto de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, Extensión Territorial Puerto Ordaz, ratifica su competencia para conocer de la presente causa, conforme a lo previsto en los artículos 29 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo y 655 de la Ley Orgánica del Trabajo, por considerar que le corresponde sustanciar y decidir los asuntos contenciosos de evidente naturaleza laboral.
Al respecto, de la revisión de las actas procesales se evidencia que los apoderados judiciales de los demandantes lo que pretenden con la interposición de la demanda es el pago de una suma de dinero adeudada por la desaplicación de varias cláusulas y la errónea aplicación de otras, contenidas en la Convención Colectiva 1997-2000, por parte de la sociedad mercantil SURAL, C.A.
La Sala observa que la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 37.504 de fecha 13 de agosto de 2002, que entró en vigencia el 13 de agosto de 2003, atribuye en su artículo 29, competencia a los órganos jurisdiccionales y, en concreto a los Tribunales del Trabajo, para conocer de diversos asuntos tales como:
"Artículo 29. Los Tribunales del Trabajo son competentes para sustanciar y decidir:
1. Los asuntos contenciosos del trabajo, que no correspondan a la conciliación ni al arbitraje;
4. Los asuntos de carácter contencioso que se susciten con ocasión de las relaciones laborales como hecho social, de las estipulaciones del contrato de trabajo y de la seguridad social;. (Resaltado de la Sala).
De la norma parcialmente transcrita se aprecia la competencia de los Tribunales de la jurisdicción laboral para conocer aquellos asuntos que se susciten con ocasión de las relaciones laborales, y tratándose el caso bajo análisis de una demanda de cantidades de dinero derivadas de diferencias en el cálculo efectuado por concepto de horas extras y de beneficios derivados de las estipulaciones de la Convención Colectiva del Trabajo de 1997-2000, motivo por el cual queda de manifiesto, de conformidad con lo establecido en el artículo 29 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, que los Tribunales del Trabajo sí tienen jurisdicción para conocer de la presente causa, cuyo objeto es una reclamación laboral de carácter pecuniario.
Este Máximo Tribunal, en virtud de lo expuesto, debe declarar que el Poder Judicial sí tiene jurisdicción para conocer y decidir la demanda interpuesta. Así se declara.
III
DECISIÓN
En virtud de lo expuesto, esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara:
1.- IMPROCEDENTE la solicitud de regulación de jurisdicción formulada por el apoderado judicial de la demandada.
2.- Que el PODER JUDICIAL SÍ TIENE JURISDICCIÓN para conocer de la presente demanda.
En consecuencia, se confirma en los términos expuestos en el presente fallo la decisión de fecha 07 de marzo de 2007, dictada por el Juzgado Cuarto de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, Extensión Territorial Puerto Ordaz.
Asimismo, de conformidad con las disposiciones contenidas en los artículos 274 y 276 del Código de Procedimiento Civil, SE CONDENA EN COSTAS a la parte demandada por haber resultado vencida en la presente regulación de jurisdicción.
Publíquese, regístrese y comuníquese. Remítase el expediente al Juzgado de origen. Cúmplase lo ordenado.
Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los veintidós (22) días del mes de mayo del año dos mil siete (2007). Años 197º de la Independencia y 148º de la Federación.
La Presidenta
EVELYN MARRERO ORTÍZ
La Vicepresidenta
YOLANDA JAIMES GUERRERO
Los Magistrados,
LEVIS IGNACIO ZERPA
HADEL MOSTAFÁ PAOLINI
EMIRO GARCÍA ROSAS
Ponente
La Secretaria,
SOFÍA YAMILE GUZMÁN
En veintitrés (23) de mayo del año dos mil siete, se publicó y registró la anterior sentencia bajo el Nº 00783.
La Secretaria,
SOFÍA YAMILE GUZMÁN
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