Sentencia N.º 00808
- Sentencia
- N.º 00808
- Fecha
- 30/05/2007
- Sala
- Político Administrativa
- Expediente
- 2006-1934
- Ponente
- Emiro García Rosas
- Procedimiento
- Recurso de Nulidad
- Enlace fuente oficial
- Ver en sitio web oficial del TSJ
MAGISTRADO PONENTE: EMIRO GARCÍA ROSAS
EXP. Nº 2006-1934
AA40-X-2007-000018
El Juzgado de Sustanciación de esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, adjunto a oficio Nº 328 del 6 de marzo de 2007, remitió a esta Sala el cuaderno separado abierto con motivo de la solicitud de medida cautelar innominada incoada por la abogada María Evelia Espinoza Méndez, inscrita en el INPREABOGADO bajo el número 89.703, actuando con el carácter de apoderada judicial de la ciudadana MIGDALIA ANDRADE FREITES, titular de la cédula de identidad N° 3.820.596, en el recurso de nulidad interpuesto en fecha 19 de diciembre de 2006, contra la Resolución N° 01-00-000154 del 2 de mayo de 2006, dictada por el CONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA, que declaró sin lugar el recurso de reconsideración y confirmó su Resolución N° 01-00-000016 del 9 de enero de 2006, a través de la cual le impuso a la recurrente la sanción de suspensión, sin goce de sueldo, del ejercicio del cargo de Administradora IV de la Dirección Regional de Salud del Estado Guárico, por un período de seis (06) meses , en virtud de la entidad del ilícito por el cual le fue declarada su responsabilidad administrativa e impuesta una multa por parte de la Auditora Interna del Ministerio de Salud y Desarrollo Social (hoy Ministerio del Poder Popular Para la Salud).
En fecha 14 de marzo de 2007 se dio cuenta en Sala y se designó ponente al Magistrado Emiro García Rosas, a los fines de decidir sobre la solicitud de pronunciamiento previo referido a la suspensión de efectos del acto impugnado.
El 15 de marzo de 2007 los abogados Inés del Valle Marcano Velásquez, Angélica Rocío Ramírez Sánchez y Paulo Enrique Zárraga Flores, inscritos en el INPREABOGADO bajo los Nros. 24.744, 62.956 y 49.685, respectivamente, actuando en su carácter de representantes de la Contraloría General de la República, consignaron escrito de oposición a la solicitud de suspensión de efectos.
I
ANTECEDENTES
En fecha 31 de agosto de 2004 la Auditora Interna del Ministerio de Salud y Desarrollo Social, resolvió declarar la responsabilidad administrativa de la recurrente e imponerle una multa por la cantidad de cuatrocientos ochenta y siete mil doscientos bolívares (Bs. 487.200,oo), en virtud de que en el año 2000 en su condición de administradora de la Dirección Regional del Sistema Nacional de Salud del Estado Guárico autorizó la contratación irregular de los Servicios de Mantenimiento con la empresa INVERSIONES LUGANO, C.A., a través de Órdenes de Servicio que ascienden en su conjunto a la cantidad de Cuarenta y Dos Millones Seiscientos Cincuenta y Seis Mil Bolívares Exactos (Bs. 42.656.000,00) ( ). Igualmente, por haber cancelado los servicios contratados antes referidos sin revisar el informe o acta de culminación de los trabajos realizados debidamente firmada por el Director, Jefe de Mantenimiento y Jefe de Servicio. La referida contratación se realizó con prescindencia o inobservancia total de los procedimientos previstos en la Ley de Licitaciones vigente para la época, incurriéndose con dicha conducta en el Numeral 1 del Artículo 113 de la Derogada Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, conducta ésta que persiste en la vigente Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal en su artículo 91 numeral 1 (sic).
El 9 de enero de 2006, mediante la Resolución N° 01-00000016, el CONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA resolvió imponer a la recurrente la sanción de suspensión, sin goce de sueldo, del ejercicio del cargo de Administradora IV de la Dirección Regional de Salud del Estado Guárico, por un período de seis (06) meses , en virtud de la entidad del ilícito cometido por el cual le fue declarada su responsabilidad administrativa.
En fecha 2 de mayo de 2006, a través de la Resolución N° 01-00000154, el CONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA declaró sin lugar el recurso de reconsideración interpuesto por la recurrente en fecha 2 de marzo del referido año, confirmando en consecuencia la sanción de suspensión del ejercicio del cargo.
II
FUNDAMENTOS DEL RECURSO
La apoderada judicial de la recurrente señaló en su recurso lo siguiente:
Que el Contralor General de la República cuando impuso la sanción de suspensión del ejercicio del cargo no pasó a considerar los hechos contenidos en el procedimiento administrativo investigativo y administrativo realizado por el órgano de control fiscal de menor jerarquía, al menos para tutelar el hecho de que las actuaciones contenidas en dicho proceso se hubieren llevado a cabo con adecuación a los preceptos y principios constitucionales , lo cual -en su opinión- vició de nulidad absoluta el acto impugnado por cuanto violó la supremacía constitucional, (articulo 7), respeto a los derechos humanos por parte de los órganos del Estado, (articulo 19), el principio de responsabilidad de los entes del Estado y Poderes Públicos por violación o menoscabo de los derechos constitucionales (Articulo 25), con adecuación a la garantía de tutela judicial efectiva (Articulo 26) y a la garantía del debido proceso (articulo 49, ordinales 1, 2, 3 y 5), el derecho a la protección de mi reputación por parte del Estado, (articulo 60); además de lo consagrado en el articulo 2 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, Párrafo 2 y los artículos 77 y 93 de esta misma Ley (sic).
Que corresponde al Contralor como órgano rector del Sistema Nacional de Control Fiscal, el velar porque los demás órganos que integran el Sistema Nacional de Control Fiscal, lleven a cabo los procedimientos establecidos en la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, incluyendo los de determinación de responsabilidades, apegados a los principios constitucionales de derechos humanos y garantías dentro del estado democrático y social, de derecho y de justicia en el que se ha comprometido el Estado venezolano (sic).
Que el Contralor General de la República erró al considerar que el acto administrativo dictado por la Auditora Interna del Ministerio de Salud y Desarrollo Social (que declaró la responsabilidad administrativa de su representada y le impuso una multa) había quedado firme al no haber sido interpuesto en su contra el recurso de reconsideración, ya que -en opinión de la recurrente- este último acto era violatorio de los artículos 7, 26 y 49 en sus numerales 1, 2, 3 y 5 de la Carta Magna.
Que la sanción impuesta por el Contralor General de la República es nula por cuanto se fundamentó en la decisión dictada por la Auditora Interna del Ministerio de Salud y Desarrollo Social, la cual -en su criterio- es violatoria de los principios procesales y constitucionales .
Que la resolución impugnada que declaró sin lugar el recurso de reconsideración y confirmó la sanción de suspensión del ejercicio del cargo de su representada, al no haber revisado la legalidad del acto dictado por el órgano de control interno del Ministerio de Salud y Desarrollo Social, violó la supremacía constitucional, (articulo 7), respeto a los derechos humanos por parte de los órganos del Estado, (articulo 19), el principio de responsabilidad de los entes del Estado y Poderes Públicos por violación o menoscabo de los derechos constitucionales (Articulo 25), con adecuación a la garantía de tutela judicial efectiva (Articulo 26) y a la garantía del debido proceso (articulo 49, ordinales 1, 2, 3 y 5), el derecho a la protección de mi reputación por parte del Estado, (articulo 60); además de lo consagrado en el articulo 2 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, Párrafo 2 y los artículos 77 y 93 de esta misma Ley (sic).
Que el Contralor General de la República fundamentó su decisión sancionatoria en un falso supuesto de hecho, por cuanto la interpretación dada por el Órgano Contralor [del Ministerio de Salud y Desarrollo Social], según la cual las ordenes Nros. 0652, 0655, 0656 y 0653 fueron cancelados por la administración, ( ) es falso de toda falsedad, ( ) ya que estas ordenes fueron adjudicadas, pero jamás fueron canceladas, así lo demuestra el contenido del Expediente Administrativo y lo reza la misma Decisión Administrativa, al referirse al Escrito de Descargo, lo cual fue desatendido, tanto por el órgano de control fiscal al determinar mi responsabilidad administrativa, como por el Contralor General de la República, al imponer la sanción correspondiente (sic).
Que la decisión dictada por la Auditora Interna del Ministerio de Salud y Desarrollo Social no estimó supuestamente el contenido de todos los folios del expediente administrativo donde constaban sus argumentos de defensa. Asimismo agregó que dicho ente administrativo le tomó declaraciones sin advertirme del derecho que me brindaba el texto constitucional de estar asistido por un abogado, y además, formulando el Abogado sustanciados, preguntas por demás capciosas y en contravención a lo establecido en los ordinales 1, 2, 3 y 5 del mismo articulo 49 Constitucional (sic).
En cuanto a la medida cautelar innominada de suspensión de los efectos del acto impugnado solicitada con fundamento en el articulo 19, párrafo 11 de la Ley del Tribunal Supremo de Justicia (sic), la apoderada judicial de la recurrente señaló lo siguiente:
Que En atención a los requisitos de procedencia de estas medidas, respecto al fumus bonis iuris del que depende la procedencia de la medida cautelar solicitada ( ) en el presente caso, este deriva eminentemente de los propios actos que se han impugnado, que constan en expediente respectivo, de las decisiones en ellos contenidas y de las acciones que han sido ejecutadas por el órgano administrativo, ya que desde la fecha 15 de octubre de 2006 fui separada de las labores que venia realizando y desde fecha no he percibido remuneración alguna. En particular, a los efectos de la procedencia de la medida solicitada, señalé como violados mis derechos constitucionales de respeto a los derechos humanos por parte del Estado, (artículo 19), de garantía a la tutela judicial efectiva (artículo 26), del debido proceso (artículo 49, ordinales 1, 2, 3 y 5), y por consiguiente el principio de responsabilidad de los entes del Estado y Poderes Públicos por violación o menoscabo de los derechos constitucionales (artículo 25) y el derecho a la protección de mi reputación por parte del Estado, (artículo 60) (sic) (Negrillas de la cita).
Que el periculum in mora, por su parte, resulta de que el tiempo necesario para la resolución de la presente causa es susceptible de privar mi reputación ante mis companeros, ante mi familia y mis colegas; de privar el goce de mi sueldo como mujer trabajadora que soy, y de privar la continuidad en mi cargo como parte integrante de mis derechos laborales. ( omissis ) en temor al daño de mi condición de mujer y madre trabajadora, divorciada, por lo que soy cabeza de familia y madre de 1 hijo, de 24 anos que estudia contaduría y finanzas, debiendo correr con la manutención de estos estudios, ya que no poseo ningún ingreso distinto al que obtenía por mi trabajo, ni bienes representativos que pudiera vender, debiendo sobrevivir en estos últimos meses a través de los pocos ahorros que tenia. Para ello consignare en el momento de presentación de los mismos, Partida de nacimiento de mis hijos, Acta de divorcio, constancia de estudios de cada uno de mis hijos y certificación de ingresos, y posterior al momento de audiencia presentare balance emitido por un Contador Publico donde se verifique la existencia de mis activos y pasivos (sic).
III
OPOSICIÓN DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
Mediante escrito de oposición a la solicitud de suspensión de efectos, consignado el 15 de marzo de 2007, los representantes del máximo ente contralor señalaron lo siguiente:
Que contrariamente a lo afirmado por la ciudadana Migdalia Andrade Freites, no se cumplen los extremos exigidos a los fines de otorgar la medida requerida ( omissis ) [ya que] no existen en el presente caso, elementos que demuestren suficientemente la presunción grave de violación de los derechos constitucionales invocados, por lo que determinada la inexistencia del fumus boni iuris, se hace nugatoria la configuración del requisito concerniente al periculum in mora, en virtud de la ausencia, en el presente caso de una presunción grave de violación de derechos de rango constitucional (Negrillas de la cita).
Que la solicitud de la medida bajo estudio, se caracteriza por ser genérica, ambigua e imprecisa y no, como debería ser, una argumentación fáctico-jurídica consistente. En efecto las simples afirmaciones de violación de derechos constitucionales no constituyen elementos de convicción capaces de demostrar cuál sería el daño jurídico posible, inminente e inmediato de difícil o imposible reparación por la sentencia de mérito que pudiera producir la ejecución de acto impugnado ( ) la parte actora no demuestra cuál es el daño temido, ni cuáles serían las lesiones graves que ocasionaría la ejecución de la Resolución dictada por el Organismo Contralor en su esfera jurídica, por el contrario afirma que puede sobrevivir los últimos cuatro (4) meses que falta para que cese la sanción de suspensión con sus ahorros (sic) (Negrillas de la cita).
IV
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
Corresponde a la Sala pronunciarse sobre la medida cautelar innominada de suspensión de efectos del acto impugnado, incoada por la apoderada judicial de la recurrente con fundamento en el articulo 19, párrafo 11 de la Ley del Tribunal Supremo de Justicia (sic); para lo cual previamente debe señalarse que la norma jurídica que faculta a este Alto Tribunal a determinar la procedencia de la suspensión de efectos de los actos administrativos de efectos particulares cuya nulidad haya sido solicitada, como ocurre en el caso de autos, es la prevista en el aparte 21 del artículo 21 de la ley que rige las funciones de este Máximo Tribunal, la cual será tomada en consideración a los fines de examinar la presente solicitud.
Precisado lo anterior, ha sido criterio reiterado de esta Sala Político-Administrativa que la suspensión de efectos de los actos administrativos, establecida en el aparte 21 del artículo 21 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, constituye una medida preventiva establecida por nuestro ordenamiento jurídico, mediante la cual, haciendo excepción al principio de ejecutoriedad del acto administrativo, consecuencia de la presunción de legalidad, se procura evitar lesiones irreparables o de difícil reparación, al ejecutarse una eventual decisión anulatoria del acto, porque ello podría constituir un atentado a la garantía del derecho fundamental de acceso a la justicia y al debido proceso.
El Juez debe velar porque su decisión se fundamente no sólo en un simple alegato de perjuicio, sino en argumentos y hechos concretos de los cuales nazca la convicción de un posible perjuicio real y procesal para el recurrente.
Al respecto, la norma prevista en el aparte 21 del artículo 21 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, dispone:
El Tribunal Supremo de Justicia podrá suspender los efectos de un acto administrativo de efectos particulares, cuya nulidad haya sido solicitada, a instancia de parte, cuando así lo permita la ley o la suspensión sea indispensable para evitar perjuicios irreparables o de difícil reparación por la definitiva, teniendo en cuenta las circunstancias del caso. A tal efecto, se deberá exigir al solicitante preste caución suficiente para garantizar las resultas del juicio.
Por lo tanto, la medida preventiva de suspensión de efectos procede sólo cuando se verifiquen concurrentemente los supuestos que la justifican, esto es, que la medida sea necesaria a los fines de evitar perjuicios irreparables o de difícil reparación por la definitiva, y además que de la pretensión procesal se colija que pudiera resultar favorable al recurrente; por lo que deben comprobarse los requisitos de procedencia de toda medida cautelar, cuales son: la presunción grave del derecho que se reclama y el riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución del fallo.
En efecto, el correcto análisis acerca de la procedencia de la medida cautelar solicitada requiere además de la determinación del fumus boni iuris, la verificación del periculum in mora, pues mientras éste es exigido como supuesto de procedencia en el caso concreto, la presunción grave de buen derecho es el fundamento de la protección cautelar, dado que en definitiva, sólo a la parte que posee la razón en juicio puede causársele perjuicios irreparables que deben ser evitados, bien que emanen de la contraparte o sean efecto de la tardanza del proceso. Consecuentemente, el referido principio se encuentra necesariamente comprendido en las exigencias del aparte 21, del artículo 21 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela para acordar la suspensión de efectos, cuando alude la norma en referencia a que la medida será acordada teniendo en cuenta las circunstancias del caso.
Establecidos los anteriores lineamientos, pasa la Sala a verificar en primer lugar el cumplimiento del requisito del fumus boni iuris, y a tal efecto se observa que la apoderada judicial de la recurrente en su solicitud de suspensión de efectos de la resolución impugnada indicó que a los efectos de la procedencia de la medida solicitada, señalé como violados mis derechos constitucionales de respeto a los derechos humanos por parte del Estado, (artículo 19), de garantía a la tutela judicial efectiva (artículo 26), del debido proceso (artículo 49, ordinales 1, 2, 3 y 5), y por consiguiente el principio de responsabilidad de los entes del Estado y Poderes Públicos por violación o menoscabo de los derechos constitucionales (artículo 25) y el derecho a la protección de mi reputación por parte del Estado, (artículo 60).
Respecto a la presunta infracción por parte de la resolución impugnada de lo previsto en los numerales 1, 2, 3 y 5 del artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, se señala que dicha norma consagra el derecho al debido proceso, específicamente el derecho a la defensa, a la presunción de inocencia, a ser oída y no ser obligada a confesarse culpable. En este sentido la Sala ha dejado sentado como criterio jurisprudencial pacífico que el contenido esencial de dicha garantía (debido proceso), entraña la necesidad de que todo procedimiento administrativo o jurisdiccional cumpla diversas exigencias tendentes a mantener al particular en el ejercicio más amplio de los mecanismos y herramientas jurídicas a su alcance con el fin de defenderse debidamente contra aquello que se le imputa.
En efecto, dichas condiciones y exigencias comportan, pero no se agotan, en la necesidad de notificar al interesado del inicio de un procedimiento en su contra; de ofrecerle oportunidad de acceso al expediente; de permitirle hacerse parte para alegar y argumentar aquello que considere en beneficio de sus intereses; de estar asistido legalmente en el procedimiento; así como de promover, controlar e impugnar elementos probatorios en el procedimiento; a ser oído (audiencia del interesado) y a obtener una decisión motivada. Asimismo, comporta el derecho del interesado a ser informado de los recursos pertinentes para el ejercicio de la defensa y a ofrecerle la oportunidad de ejercerlos en las condiciones más idóneas (Vid. sentencias de esta Sala Nros. 2.425 del 30 de octubre de 2001, 514 del 20 de mayo de 2004, 2.785 del 7 de diciembre de 2006 y 53 del 18 de enero de 2007).
Asimismo el derecho al debido proceso, conforme lo prevé el numeral 2 del artículo 49 de la Carta Magna, implica además el derecho que tiene toda persona a ser considerada inocente mientras no se pruebe lo contrario, cuya importancia trasciende en aquellos procedimientos administrativos que aluden a un régimen sancionatorio, concretizado en la necesaria existencia de un procedimiento previo a la imposición de la sanción, que ofrezca las garantías mínimas al sujeto investigado y permita, sobre todo, comprobar su culpabilidad (Vid. sentencias de esta Sala Nros. 1.027 del 6 de agosto de 2002 y 1.102 del 3 de mayo de 2006).
En el caso de autos esta Sala observa, sin prejuzgar sobre la definitiva, que la parte actora en su recurso de nulidad no precisó de qué manera la resolución impugnada le infringió sus derechos al debido proceso, relativos a su derecho a la defensa, a su presunción de inocencia, a ser oída y a no ser obligada a declarar en su contra, limitándose solamente a mencionar las normas de la Carta Magna que contienen tales derechos, sin expresar las razones de hecho en que se sustentaban dichas infracciones, razón por la cual esta denuncia se considera preliminarmente improcedente. Así se decide.
Respecto a la presunta infracción de lo previsto en el artículo 26 de la Carta Magna, se señala que dicha norma consagra el derecho a una tutela judicial efectiva, la cual comprende conforme lo indica dicho artículo el derecho de acceso a los órganos de administración de justicia para hacer valer sus derechos e intereses, a su tutela efectiva y a obtener con prontitud la decisión correspondiente, así como al deber del Estado de garantizar una justicia gratuita, accesible, imparcial, idónea, transparente, autónoma, independiente, responsable, equitativa y expedita, sin dilaciones indebidas ni formalismos o reposiciones inútiles.
En el caso que nos ocupa se deduce que la parte actora alegó la presunta infracción de su derecho a una tutela judicial efectiva debido a que el Contralor General de la República cuando le impuso la sanción de suspensión del ejercicio de su cargo por un período de seis (6) meses no pasó a revisar previamente la legalidad del procedimiento administrativo seguido por el órgano de control interno del Ministerio de Salud y Desarrollo Social (hoy Ministerio del Poder Popular para la Salud), a través del cual le fue declarada la responsabilidad administrativa.
Al respecto, esta Sala considera pertinente reproducir lo dispuesto sobre la referida denuncia al momento de pronunciarse sobre la procedencia del amparo constitucional (Vid. sentencia N° 217 del 7 de febrero de 2007), en el que se señaló lo siguiente:
En el caso que nos ocupa, este Alto Tribunal considera oportuno atender a lo dispuesto en el artículo 105 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 37.347 del 17 de diciembre de 2001, el cual sirvió de fundamento al Máximo Ente Contralor (en concordancia con el artículo 122 de la derogada Ley Orgánica de la Contraloría General de la República de 1995) para dictar el acto recurrido. Dicha norma establece lo siguiente:
( Omissis )
De la norma transcrita se desprende que las sanciones disciplinarias de suspensión, destitución e inhabilitación aplicables de manera exclusiva y excluyente por el Contralor General de la República sin que medie ningún otro procedimiento, derivan de la entidad o gravedad de la irregularidad cometida que ocasionó la declaratoria de responsabilidad administrativa, erigiéndose en tal sentido dichas sanciones como consecuencias jurídicas de carácter accesorio que resultan de la determinación de la responsabilidad administrativa (Vid. sentencia de esta Sala N° 868 del 21 de julio de 2004).
Asimismo resulta conveniente indicar lo dispuesto en los artículos 103, 106, 107 y 108 eiusdem, en los que se establece lo siguiente:
( Omissis )
De los citados artículos se puede inferir que los actos administrativos dictados por los órganos de control fiscal donde se formule el reparo, declare la responsabilidad administrativa, imponga la multa o absuelva de dichas responsabilidades, serán impugnables en vía administrativa a través del recurso de reconsideración, intentado ante la misma autoridad que dictó el acto; o en la jurisdicción contencioso administrativa a través del recurso de nulidad, interpuesto ante el Tribunal Supremo de Justicia en Sala Político-Administrativa si la decisión emanó del Contralor General de la República o de sus delegatarios, o ante las Cortes de lo Contencioso Administrativo si la decisión provino de los demás órganos de control fiscal.
Conforme a lo expuesto esta Sala aprecia de manera preliminar que la actuación realizada por el Contralor General de la República no configura en principio el desconocimiento de los derechos constitucionales denunciados por la recurrente, pues no le impidió el derecho a obtener una justicia imparcial, idónea, transparente, responsable y equitativa, ni de solicitar del Estado el restablecimiento de la situación jurídica infringida, como en efecto los ejerce ante este Alto Tribunal, ya que como lo indican las normas anteriormente citadas, si la recurrente pretendía impugnar la legalidad de la declaratoria de su responsabilidad administrativa por parte de la Auditora Interna del Ministerio de Salud y Desarrollo Social, debió en vía administrativa haber ejercido en forma oportuna su recurso de reconsideración ante la misma autoridad que dictó el acto, como lo dispone el artículo 107 eiusdem, o haber acudido a la jurisdicción contencioso administrativa, específicamente a las Cortes de lo Contencioso Administrativo, para interponer su recurso de nulidad de acuerdo a lo establecido en el artículo 108 eiusdem, siendo que en el presente caso la accionante no ejerció ninguno de estos recursos, razón por la cual adquirió firmeza dicha declaratoria de responsabilidad, conforme se desprende de las actas procesales.
Del mismo modo, esta Sala aprecia que la imposición de la referida sanción de suspensión del ejercicio del cargo de la recurrente por parte del Contralor General de la República, no puede considerarse parcializada, injusta o irresponsable por cuanto la misma obedece a una consecuencia jurídica establecida en la Ley, la cual debe ser aplicada -como antes se indicó- por dicho órgano de manera exclusiva y excluyente sin que medie ningún otro tipo de procedimiento, en virtud de la entidad del ilícito cometido que ocasionó la declaratoria de responsabilidad administrativa, tomándose en consideración además que en el presente caso dicha declaratoria de responsabilidad fue dictada por un órgano de control fiscal diferente del Contralor General de la República. Así se declara (Negrillas del presente fallo).
De allí que al circunscribirse la presente denuncia en iguales términos a como fue planteada en el amparo constitucional, esta Sala considera necesario ratificar el razonamiento antes expuesto, en donde se señaló que el derecho de la recurrente a una tutela judicial efectiva (artículo 26 de la Carta Magna) no se considera en principio lesionado por el Contralor General de la República al imponerle la sanción de suspensión del ejercicio del cargo por un período de seis (6) meses, ya que, en primer lugar, si la recurrente pretendía impugnar la legalidad de la declaratoria de su responsabilidad administrativa dictada por la Auditora Interna del Ministerio de Salud y Desarrollo Social, debió en vía administrativa haber ejercido en forma oportuna su recurso de reconsideración ante dicha autoridad, de acuerdo a lo previsto en el artículo 107 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, o haber acudido a la jurisdicción contencioso administrativa, específicamente a las Cortes de lo Contencioso Administrativo, para interponer su recurso de nulidad, conforme a lo establecido en el artículo 108 eiusdem, siendo que en el presente caso la accionante no ejerció ninguno de estos recursos, razón por la cual adquirió firmeza dicha declaratoria de responsabilidad, conforme se desprende de las actas procesales.
En segundo lugar, por cuanto la imposición de la referida sanción por parte del Contralor General de la República no puede apreciarse como parcializada, injusta o irresponsable, ya que obedece a una consecuencia jurídica establecida en la Ley, que debe ser aplicada por dicho órgano de manera exclusiva y excluyente, sin que medie ningún otro procedimiento ( ) en atención a la entidad del ilícito cometido que ocasionó la declaratoria de responsabilidad administrativa (artículo 105 eiusdem), la cual en el presente caso además, fue dictada por un órgano de control fiscal diferente del Contralor General de la República. En virtud de los argumentos antes expuestos esta Sala, preliminarmente, declara improcedente la denuncia sobre la violación del derecho a una tutela judicial efectiva de la recurrente. Así se declara.
En cuanto a la presunta transgresión de lo previsto en el artículo 60 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, se señala que dicha norma consagra el derecho al honor, a la vida privada, a la intimidad, a la propia imagen, a la confidencialidad y reputación de las personas. En el caso de autos se deduce que la parte actora denunció la presunta infracción de dicho derecho por parte de la resolución impugnada, al considerar que la sanción allí impuesta afecta su reputación.
Al respecto esta Sala señala que el sólo hecho de que el acto administrativo impugnado le haya impuesto a la recurrente la sanción de suspensión del ejercicio de su cargo, no debe ser considerado per se y de forma automática, que ello afecta o vulnera los derechos constitucionales antes enunciados, ya que la referida sanción -como antes se indicó- obedece a una consecuencia jurídica establecida en la Ley, la cual debe ser aplicada por el máximo órgano contralor en virtud de la entidad del ilícito cometido que ocasionó la declaratoria de la responsabilidad administrativa.
No obstante lo anterior, esta Sala señala de modo preliminar que del texto del propio acto impugnado no se observa calificativo o expresión alguna que pueda considerarse como una afrenta o atentado contra la reputación de la accionante, por lo que en tal sentido se considera improcedente la presente denuncia. Así se declara.
La parte actora señaló como infringidos por parte de la resolución impugnada los artículos 19 y 25 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, los cuales están referidos al deber del Estado de garantizar a toda persona el goce y ejercicio de los derechos humanos, y la nulidad de todo acto dictado en ejercicio del Poder Público que viole los derechos garantizados en la Constitución y la Ley.
Conforme a lo antes expuesto y al no evidenciarse en esta fase del proceso violación alguna por parte de la resolución recurrida de los derechos constitucionales de la recurrente antes analizados, referidos al debido proceso, a la tutela judicial efectiva y a la reputación, esta Sala, en consecuencia aprecia preliminarmente que en el caso de autos no se inobservó lo previsto en los referidos artículos, los cuales están dirigidos a atribuir al Estado el deber de garantizarle a los particulares el goce y ejercicio de sus derechos humanos (artículo 19 eiusdem) y de afectar de nulidad absoluta cualquier acto del Poder Público que viole o menoscabe los derechos consagrados en la Constitución o en la Ley, sin perjuicio de las responsabilidades que puedan ser impuestas a los funcionario públicos (artículo 25 eiusdem). Así se decide.
Finalmente la parte accionante indicó en su recurso la presunta violación de los artículos 7, 26 y 49 en sus numerales 1, 2, 3 y 5 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (que establecen que la norma constitucional es la norma suprema del ordenamiento jurídico al que deben sujetarse las personas y el Poder Público, el derecho a la tutela judicial efectiva, y el derecho al debido proceso -derecho a la defensa, presunción de inocencia, a ser oído y a no declarar en su contra-), por parte del acto administrativo dictado por la Auditora Interna del Ministerio de Salud y Desarrollo Social a través del cual le fue declarada la responsabilidad administrativa e impuesta una multa. Al respecto esta Sala señala, sin prejuzgar sobre la definitiva, que al estar dirigida la presente denuncia contra un acto administrativo distinto del aquí sometido a control jurisdiccional por parte de este Alto Tribunal, el cual se encuentra firme, en consecuencia debe ser desechada. Así declara.
En consecuencia, examinados los elementos presentes en el caso concreto, juzga la Sala que las razones invocadas por la accionante son insuficientes para demostrar la existencia del fumus boni iuris, motivo por el cual debe desestimarse la solicitud de suspensión de efectos del acto impugnado, siendo inoficioso el análisis y pronunciamiento respecto del otro supuesto de procedencia, como lo es el periculum in mora, pues su cumplimiento debe ser concurrente. Así se declara.
V
DECISIÓN
Por las razones precedentemente expuestas, esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara IMPROCEDENTE la medida de suspensión de efectos solicitada por la ciudadana MIGDALIA ANDRADE FREITES, contra la Resolución N° 01-00-000154 del 2 de mayo de 2006, dictada por el CONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA.
Publíquese, regístrese y comuníquese. Archívese el presente cuaderno de medidas y agréguese copia certificada de la presente decisión a la pieza principal. Cúmplase lo ordenado.
Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los veintinueve (29) días del mes de mayo del año dos mil siete (2007). Años 197º de la Independencia y 148º de la Federación.
La Presidenta
EVELYN MARRERO ORTÍZ
La Vicepresidenta
YOLANDA JAIMES GUERRERO
Los Magistrados,
LEVIS IGNACIO ZERPA
HADEL MOSTAFÁ PAOLINI
EMIRO GARCÍA ROSAS
Ponente
La Secretaria,
SOFÍA YAMILE GUZMÁN
En treinta (30) de mayo del año dos mil siete, se publicó y registró la anterior sentencia bajo el Nº 00808.
La Secretaria,
SOFÍA YAMILE GUZMÁN
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