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Sentencia N.º 0082

Sentencia
N.º 0082
Fecha
15/02/2012
Sala
Casación Social
Expediente
11-1476
Ponente
Omar Alfredo Mora Díaz
Procedimiento
Recurso de control de la legalidad

TRIBUNAL   SUPREMO   DE   JUSTICIA.   SALA   DE   CASACIÓN   SOCIAL.-

Caracas, catorce (14) de febrero de 2012. Años: 201º y 152º.-

 

                  En el juicio que por cobro de prestaciones sociales, sigue el ciudadano JOSÉ DEL CARMEN CASTELLANO RODRÍGUEZ, representado judicialmente por los abogados Juan Alfonso Viloria Montilla, Aura Rosa Román Briceño, Johan Alberto Castro y Douglas Eduardo Barreto Perdomo, contra la GOBERNACIÓN DEL ESTADO TRUJILLO, representada judicialmente por los abogados Sara Beatriz Bastidas Castellanos, Luz Marina Cabrera Paredes, Luis Edgardo Godoy Bolívar, Analí del Valle Uzcátegui Torres, Silvana Romina Godoy Marrone, Ana Julia Padilla Morales, Silvia Rosmary Natera Torres, Adriana Méndez Medicci, Ana Beatriz Materán Rangel, Virginia Rojas Contreras, Diana Faria Pacheco, Karly Daniela Gómez Torrealba, Giuseppe Angrisano Carrizo, Joan Ginette Testa Calderón y Samantha Elena Polanco Áñez ; el Juzgado Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Trujillo, mediante decisión de fecha 13 de julio de 2011, declaró sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la representación judicial de la parte demandada, confirmando de esta manera el fallo proferido en fecha 4 de mayo de 2011, por el Juzgado Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Trujillo, el cual declaró con lugar la demanda.

 

                  Contra la decisión emitida por la Alzada, en fecha 13 de octubre de 2011, la representación judicial de la parte demandada interpuso recurso de control de la legalidad, siendo remitido el expediente a esta Sala de Casación Social.

 

                  En fecha 22 de noviembre de 2011, se dio cuenta en Sala designándose ponente al Magistrado Omar Alfredo Mora Díaz.

 

                  Siendo la oportunidad procesal, se pasa a decidir el presente recurso bajo la ponencia del Magistrado que con tal carácter la suscribe, conforme las consideraciones siguientes:

Ú N I C O

De conformidad con lo establecido en el artículo 178 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, es potestad de esta Sala de Casación Social revisar por vía de control de la legalidad, aquellas decisiones proferidas por Juzgados Superiores del Trabajo, que no siendo recurribles en casación, violenten o amenacen con violentar normas de estricto orden público laboral.

 

Ahora bien, dada la naturaleza extraordinaria del recurso, corresponde a esta Sala de Casación Social restringir, atendiendo a la potestad discrecional conferida por el artículo 178 eiusdem, la admisibilidad del mismo, especialmente, para aquellas circunstancias donde se hallen violentadas o amenazadas disposiciones de orden público laboral.

 

En tal sentido, debe entenderse que tales quebrantamientos o amenazas, irrumpen las instituciones fundamentales del derecho sustantivo del trabajo, derechos indisponibles o reglas adjetivas que menoscaban el debido proceso y el derecho a la defensa.

 

En el caso bajo estudio, alega la parte demandada recurrente, que la Alzada incurrió en errónea interpretación de la cláusula 1 del Contrato Colectivo suscrito entre el Sindicato Único de Obreros Dependientes del Estado Trujillo (SUODE) y el Ejecutivo del Estado, en contravención a lo dispuesto en los artículos 507 de la Ley Orgánica del Trabajo y 12 del Código de Procedimiento Civil, por cuanto -a su decir-, el accionante prestó sus servicios como obrero no permanente en la Dirección de Infraestructura, siéndole aplicable la Ley Orgánica del Trabajo y no el contrato colectivo antes mencionado.

 

Explica que cuando la Gobernación del Estado estableció la nueva organización administrativa, los trabajadores adscritos a la Dirección de Obras Públicas, pasaron a formar parte del recurso humano adscrito a la referida Dirección de Infraestructura, por lo que los trabajadores que prestan servicio para la misma, no les es aplicable el contrato colectivo de trabajo por disposición expresa contractual contenida en la cláusula 1 de la señalada Convención.

 

Por otra parte, denuncia la infracción del artículo 506 del Código de Procedimiento Civil, al señalar que las pruebas documentales que promovieron y que luego fueron evacuadas, tenían por objeto demostrar que las prestaciones sociales y demás beneficios laborales que fueron recibidos por el accionante, al término de cada una de las obras ejecutadas y calculados conforme a la legislación laboral vigente, y sobre la base del salario integral devengado mensualmente por el accionante, lo cual a su decir, no fue tomado en cuenta por la Sentenciadora de Alzada.

 

Finalmente, señala quien recurre que la Jueza de la recurrida no analizó el acervo probatorio cursante en autos, que evidenciaban, conforme al principio de la comunidad de la prueba y el principio iura novit curia, que la pretensión de la parte actora no tenía fundamento legal, puesto que de haber analizado tales circunstancias, habría concluido que al actor no le es aplicable el contrato colectivo del SUODE y, que le habrían cancelado oportuna y debidamente sus prestaciones sociales al término de cada una de las obras realizadas por él.

 

Ahora bien y en atención a lo antes expuesto, efectuado el análisis del fallo impugnado, así como de las actas que conforman el expediente, considera esta Sala de Casación Social que la sentencia recurrida se encuentra ajustada a derecho, pues no vulnera normas de orden público laboral, por lo que resulta innecesario desplegar la actividad jurisdiccional para el conocimiento del presente recurso de control de la legalidad, al no ajustarse la pretensión a los fines de este medio excepcional de impugnación.

 

En consecuencia, resulta inadmisible el presente recurso de control de la legalidad propuesto. Así se resuelve.

 

D E C I S I Ó N

 

                  Por las razones antes expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Social, administrando justicia, en nombre de la República, y por autoridad de la Ley, declara INADMISIBLE el recurso de control de la legalidad intentado por la parte demandada, contra la sentencia de fecha 13 de julio de 2011, emanada Juzgado Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Trujillo.

 

                  No hay expresa condenatoria en costas del proceso, dada la naturaleza de la presente decisión.

 

                  Publíquese, regístrese y remítase el expediente a la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos de la Circunscripción Judicial arriba identificada. Particípese de esta remisión al Juzgado Superior de origen antes mencionado, en conformidad con lo establecido en el artículo 176 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.

 

El Presidente de la Sala y Ponente,

 

____________________________

OMAR ALFREDO MORA DÍAZ

 

El Vicepresidente,                                                  Magistrado,

 

______________________________                    ________________________

LUIS E. FRANCESCHI GUTIÉRREZ                   JUAN RAFAEL PERDOMO

 

Magistrado,                                                          Magistrada,

 

______________________________        ________________________________

ALFONSO VALBUENA CORDERO        CARMEN ELVIGIA PORRAS DE ROA

 

El Secretario,

 

___________________________

MARCOS ENRIQUE PAREDES

 

 

C.L. N° AA60-S-2011-001476

Nota: Publicada en su fecha a

 

 

El Secretario,

 

 

 

 

 

 

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