Venley

Sentencia N.º 00833

Sentencia
N.º 00833
Fecha
31/05/2007
Sala
Político Administrativa
Expediente
2007-0213
Ponente
Yolanda Jaimes Guerrero
Procedimiento
Declinatoria de competencia

  MAGISTRADA PONENTE: YOLANDA JAIMES GUERRERO

Exp. N° 2007-0213

           

La Sala de Casación Social de este Máximo Tribunal, mediante Oficio Nº 442 de fecha 21 de febrero de 2007, remitió a esta Sala Político-Administrativa, el expediente contentivo de la solicitud de avocamiento formulada por la abogada AURA de las MERCEDES PACHECO BRICEÑO, inscrita en el INPREABOGADO bajo el N° 76.624, actuando en nombre propio, al conocimiento de la causa signada con el N° 9136, que cursa ante el Juzgado Superior Tercero en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, contentiva de la solicitud incoada por la mencionada abogada, referida a que se le declare “única beneficiaria de prestaciones de antigüedad y otros emolumentos laborales”, con motivo del fallecimiento de su hija, quien laboraba en el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas. 

Dicha remisión fue efectuada en virtud de que la referida Sala, mediante decisión de fecha 15 de diciembre de 2006, declinó la competencia para conocer del presente asunto en esta Sala Político-Administrativa.

            En fecha 1° de marzo de 2007, se dio cuenta en Sala y por auto de la misma fecha, se designó ponente a la Magistrada YOLANDA JAIMES GUERRERO, a los fines de decidir la “declinatoria de competencia”.

 

I

DE LA SOLICITUD DE AVOCAMIENTO

Por escrito de fecha 1° de febrero de 2006, presentado ante la Sala de Casación Social de este Máximo Tribunal, la abogada Aura de las Mercedes Pacheco Briceño, ya identificada, solicitó el avocamiento de la causa contenida en el expediente N° 9136, de la nomenclatura del Juzgado Superior Tercero en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, contentiva de la solicitud incoada por la mencionada abogada, referida a que se le declare “única beneficiaria de prestaciones de antigüedad y otros emolumentos laborales”.

En el referido escrito, la abogada antes mencionada señaló “Conforme a los numerales 43 y 48 del Artículo 5 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia vigente, mediante el presente libelo, interpongo demanda de avocamiento, contra el ciudadano Juez, Titular del Juzgado Superior Tercero en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, Dr. ALEXIS JOSÉ CABRERA ESPINOZA, a los fines de que el Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Social por ser la competente en materia laboral, se avoque al conocimiento de la apelación interpuesta por mi persona, contenida en el Expediente N° 9136 (…)” (sic).

            Adujo que solicitó al Tribunal de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, se le declarara “única beneficiaria de prestaciones de antigüedad y otros emolumentos laborales, en virtud de que soy la única ascendiente que estaba a cargo de mi hija para la época de su muerte, de nombre MARÍA BERENICE RODRÍGUEZ PACHECO, titular de la Cédula de Identidad N° 12.041.224, quien en fecha veintiuno (21) de abril del año dos mil tres (2003), sin haber concebido hijos, falleció en accidente vial en el que también falleció su esposo”  (sic).

            Señaló que “no estaba solicitando derechos patrimoniales de [su] difunta hija, sino que solamente estaba alegando [su] derecho a percibir la prestación de antigüedad y demás emolumentos laborales conforme a derecho”. Que comprobó fehacientemente al tribunal “la circunstancia de que [era] la única ascendiente que estaba a cargo de [su] hija para la época de su muerte”, pero que el tribunal dictó una decisión contraria a derecho, por cuanto “violó normativa legal del derecho sustantivo y también violó normativa legal de derecho adjetivo vigentes”. 

            En cuanto a la violación de normas de derecho sustantivo, señaló “El Tribunal A Quo, dicta decisión ignorando que las disposiciones de la Ley Orgánica del Trabajo son de orden público (Art. 10 LOT.), e ignorando que el Código Civil establece que las disposiciones contenidas en los Códigos y leyes especiales, se aplicarán con preferencia a las del Código Civil en las materias que constituyan la especialidad (Art. 14 CC.). En consecuencia de estas violaciones, se violó normativa, de la Ley Orgánica del Trabajo, específicamente el parágrafo TERCERO y SEXTO del Artículo 108, en conexión con el Artículo 568 en su literal “c”. De tal manera que la decisión esta viciada de nulidad” (sic).

            Con respecto a la violación de las normas de derecho adjetivo, adujo que el tribunal no sólo omitió lo establecido en las normas sustantivas que le favorecen, “sino que también ignoró la normativa adjetiva de cumplimiento indispensable en el dictamen de una decisión, tal como lo exige el Artículo 243 del Código de Procedimiento Civil; pues sin explicación ni fundamentación alguna, ni de hecho ni de derecho, sólo se limitó a negar mi solicitud”.

            Que la interposición del recurso de apelación “ha sido vano”, dado que habiéndose realizado la presentación de informes en fecha 29 de octubre de 2004, ha pasado más de un año y tres meses sin que el tribunal superior dicte sentencia.

            Fundamentó su solicitud de avocamiento en los apartes 11, 12, 13 y 14 del artículo 18 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, en virtud de que “esta conducta irresponsable del Juez Ad Quem, constituye grave violación al ordenamiento jurídico procesal, en perjuicio de [sus] derechos legales y constitucionales”.

            Finalmente, solicitó que el “presente recurso de avocamiento sea admitido, tramitado y sustanciado conforme a derecho, se declare con lugar en la definitiva con todos los demás pronunciamientos de ley, y en consecuencia ORDENE al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, Institución en la que trabajó [su] hija desde el año 1998 hasta el momento de su fallecimiento, [le] haga entrega de la prestación de antigüedad y demás emolumentos laborales que le adeude a [su] fallecida hija”.

II

DE LA COMPETENCIA DE ESTA SALA

Debe esta Sala en primer lugar pronunciarse acerca de su competencia para conocer de la solicitud de avocamiento formulada por la abogada Aura de Las Mercedes Pacheco Briceño, quien actúa en su propio nombre y a tal efecto observa:

El artículo 18, aparte 10, de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, establece que:

“Cualquiera de las Salas del Tribunal Supremo de Justicia en las materias de su respectiva competencia, de oficio o a instancia de parte, con conocimiento sumario de la situación, podrá recabar de cualquier tribunal de instancia, en el estado en que se encuentre, cualquier expediente o causa, para resolver si se avoca, y directamente asume el conocimiento del asunto, o, en su defecto lo asigna a otro tribunal”. (Resaltado de la Sala).

La normativa anteriormente transcrita, atribuye a cada una de las Salas de este Máximo Tribunal, la competencia para conocer de las solicitudes de avocamiento, ello supeditado a que la causa cuyo conocimiento se requiera esté relacionada con la materia afín atribuida a cada una de ellas.

En el presente caso, la Sala de Casación Social de este Máximo Tribunal mediante sentencia de fecha 15 de diciembre de 2006, declinó su competencia para conocer de la anterior solicitud, con base en los fundamentos siguientes:

“En efecto, ello pareciera suficiente para afirmar la competencia de esta Sala para conocer del asunto, por tratarse de derechos de naturaleza laboral; sin embargo, la hija de la solicitante estaba adscrita, para la fecha de su muerte, al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas. En este sentido, constan en autos copia de dos comunicaciones, emanadas del Asesor Jurídico Nacional y de la Coordinación Nacional de Recursos Humanos del mencionado órgano de seguridad del Estado, en los cuales se califica a la ciudadana María Berenice Rodríguez Pacheco como funcionaria, especificándose que ocupaba el cargo de Inspector.

Conteste con los párrafos anteriores, la pretensión de la hoy solicitante tiene una naturaleza laboral derivada de la relación de empleo público que existía entre su hija y la Administración Pública Nacional, toda vez que el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas es, de conformidad con el artículo 31 de la ley que lo regula, un órgano integrado al Ministerio del Interior y Justicia, del cual depende administrativamente.

Por lo tanto, esta Sala debe reiterar que en los casos de cobros de conceptos laborales derivados de una función pública, corresponde conocer  a los órganos jurisdiccionales con competencia en materia contencioso administrativo –sin que sea competencia de esta Sala determinar a cuál de ellos en particular-.

En consecuencia, visto que el proceso de avocamiento no es afín con la competencia atribuida a esta Sala de Casación Social, puesto que versa sobre los derechos laborales derivados de una relación de empleo público que existía frente a la Administración Pública Nacional, se concluye que no es esta Sala la llamada a conocer de la solicitud presentada por la ciudadana Aura de las Mercedes Pacheco Briceño, por lo que no le está dado examinar si se encuentran satisfechos sus requisitos de procedencia (…)”.

 

De acuerdo con lo establecido por la Sala remitente, la pretensión de la solicitante está dirigida a obtener “el cobro de conceptos laborales derivados de una función pública”, sin embargo, esta Sala, a los fines de determinar su competencia para conocer del presente asunto, pasa a realizar las siguientes consideraciones:

La abogada Aura de las Mercedes Pacheco Rodríguez, actuando en nombre propio, solicitó el avocamiento de la causa signada con el Nº 9136 que cursa ante el Juzgado Superior Tercero en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, contentiva de la solicitud  incoada por la mencionada abogada, referida a que se le declare “única beneficiaria de prestaciones de antigüedad y otros emolumentos laborales”, con motivo del fallecimiento de su hija, quien laboraba en el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas.

Así, de la revisión de los recaudos consignados por la parte solicitante se evidencia:

- Mediante escrito de fecha 25 de marzo de 2004, la abogada Aura de las Mercedes Pacheco Rodríguez, actuando en nombre propio, solicitó al Tribunal de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, se le declare “única ascendiente beneficiaria de las prestaciones sociales y demás emolumentos laborales a que hubiese tenido derecho [su] fallecida hija”.

- El 30 de marzo de 2004, la mencionada abogada consignó reforma del libelo, denominándolo “solicitud de título supletorio”. En esa misma fecha requirió al tribunal fijara oportunidad para que tuvieran lugar las deposiciones de los testigos señalados.

- Comunicación suscrita por el asesor Jurídico Nacional del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, mediante la cual señala que “todo trámite que tenga que realizar la ciudadana AURA DE LAS MERCEDES RODRÍGUEZ DE PACHECO, en la Coordinación Nacional de Recursos Humanos, debe ir acompañada por Título Supletorio o Declaración de Únicos y Universales Herederos”.

- Auto de fecha 26 de julio de 2004, a través del cual el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas fijó oportunidad a fin de que los ciudadanos Rosa Lima Cisco, Elías Ramón Ortega, Nelly Magdalena García Jordán y María Isidra Rodríguez Villarreal, rindieran sus declaraciones.

- Actas de fecha 29 de julio de 2004, contentivas de las declaraciones rendidas por los testigos antes mencionados. De acuerdo a las deposiciones ofrecidas, éstos contestaron que conocían a la ciudadana María Berenice Rodríguez Pacheco, quien falleció el 21 de abril de 2003, “que la única pariente que estaba a su cargo era su madre de nombre Aura de las Mercedes Pacheco de Rodríguez” y que de su padre no saben nada porque no lo conocieron “y a la difunta no le gustaba hablar de él”.

- Auto de fecha 16 de septiembre de 2004, mediante el cual el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas señaló: “Vista la anterior solicitud y la justificación promovida y evacuada al efecto, y de la revisión que conforman las actas de la referida solicitud, observa que existe otra persona como heredera de la ciudadana MARIA BERENICE RODRIGUEZ PACHECO, (Difunta), es por lo que este Tribunal NIEGA la solicitud hecha por la ciudadana AURA DE LAS MERCEDES PACHECO DE RODRIGUEZ” (sic).

- Diligencia de fecha 23 de septiembre de 2004, a través de la cual la parte solicitante ejerce recurso de apelación contra la anterior actuación.

- Auto de fecha 27 de septiembre de 2004, mediante el cual el tribunal de la causa oyó el recurso de apelación interpuesto en ambos efectos.

- Auto del 14 de octubre de 2004, mediante el cual el Juzgado Superior Tercero en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas dio por recibido el expediente y fijó el décimo (10°) día de despacho siguiente a esa fecha a fin de que tuviera lugar el acto de informes.

- Escrito de Informes consignado el 29 de octubre de 2004, por la abogada solicitante.

- Auto de fecha 11 de noviembre de 2004, mediante el cual el Juzgado Superior Tercero en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas dijo “Vistos”.

- Comunicación emitida por la Consultoría Jurídica de la Coordinación Nacional de Recursos Humanos del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, mediante la cual señaló:

“ (…) Ahora bien, el artículo 569 establece que ninguna de las personas indicadas en el artículo 568 tienen derecho preferente y que en caso de que la indemnización sea solicitada simultáneamente o sucesivamente por dos (2) o más personas, la indemnización se distribuirá entre todos por partes iguales, siendo oportuno señalarle que para otorgarle la referida indemnización en su totalidad es esencial la Declaración de Únicos y Universales Herederos emanada de un Tribunal competente para que éste sea quien determine si en su caso se dio la condición establecida en el artículo 568 literal “c”.

Es importante señalar que estamos prestos para ayudarle en la agilización del proceso relativo a las indemnizaciones que le correspondan a su hija, pero es necesario que se cumplan los parámetros antes exigidos”.

 

Con vista en lo antes expuesto, es evidente que la parte solicitante pretende se le declare “única beneficiaria de los emolumentos laborales”, correspondientes a su hija, mediante una justificación para perpetua memoria, ello con el fin de hacer efectiva la indemnización que aduce le corresponde, ante el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas.

Es de señalar que conforme lo prevén los artículos 936 y 937 del Código de Procedimiento Civil, la competencia para instruir las justificaciones para perpetua memoria, corresponden al Juez Civil del lugar donde se encuentren los bienes de que se trate. En ese sentido, la normativa antes señalada dispone:

“Artículo 936. Cualquier Juez Civil es competente para instruir las justificaciones y diligencias dirigidas a la comprobación de algún hecho o algún derecho propio del interesado en ellas. El procedimiento se reducirá a acordar, el mismo día en que se promuevan, lo necesario para practicarlas: concluidas, se entregarán al solicitante sin decreto alguno”.

“Artículo 937. Si se pidiere que tales justificaciones o diligencias se declaren bastante para asegurar la posesión o algún derecho, mientras no haya oposición, el Juez decretará lo que juzgue conforme a la ley, antes de entregarla al solicitante, o dentro del tercer día, si esta petición se hubiere hecho posteriormente a la primera diligencia: quedando en todo caso a salvo los derechos de terceros.

El competente para hacer la declaración de que habla este artículo es el Juez de Primera Instancia del lugar donde se encuentran los bienes de que se trate”.

 

Establecido lo anterior, se advierte que la presente causa está referida a una solicitud prevista en los artículos antes citados, es decir, que corresponde a la jurisdicción voluntaria y no a una demanda por cobro de conceptos laborales derivado de una función pública, por lo cual considera la Sala que el conocimiento del asunto planteado corresponde a la Sala de Casación Civil de este Tribunal Supremo de Justicia, por estar relacionado con la materia afín atribuida a la referida Sala. Así se decide.

Por cuanto en el presente caso la Sala de Casación Social de este Supremo Tribunal se declaró previamente incompetente para conocer del asunto de autos y al no aceptar esta Sala Político-Administrativa la competencia que le fuese declinada por aquélla, se ha generado un conflicto negativo de competencia entre ambas Salas.

En consecuencia, conforme a lo establecido en el ordinal 3 del artículo 5 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, se ordena remitir el expediente a la Sala Constitucional de este Máximo Tribunal, a los fines de que determine la competencia para conocer de la solicitud planteada. Así se declara.

 

 

 

III

DECISIÓN

 Por las consideraciones anteriormente expuestas, esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, se declara INCOMPETENTE para conocer de la solicitud de avocamiento presentada por la abogada Aura de las Mercedes Pacheco Briceño, de la causa signada con el N° 9136, de la nomenclatura del Juzgado Superior Tercero en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.

Se ordena la remisión del expediente a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, a los fines de que regule la competencia.

Publíquese, regístrese y notifíquese. Cúmplase lo ordenado.

Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los treinta (30) días del mes de mayo del año dos mil siete (2007). Años 197º de la Independencia y 148º de la Federación.

 

La Presidenta

EVELYN MARRERO ORTÍZ

La Vicepresidenta - Ponente

YOLANDA JAIMES GUERRERO

 

Los Magistrados,

LEVIS IGNACIO ZERPA

 

HADEL MOSTAFÁ PAOLINI

 

EMIRO GARCÍA ROSAS

 

La Secretaria,

SOFÍA YAMILE GUZMÁN

En treinta y uno (31) de mayo del año dos mil siete, se publicó y registró la anterior sentencia bajo el Nº 00833.

 

 

La Secretaria,

SOFÍA YAMILE GUZMÁN

 

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