Sentencia N.º 00841
- Sentencia
- N.º 00841
- Fecha
- 18/06/2002
- Sala
- Político Administrativa
- Expediente
- 15634
- Ponente
- Hadel Mostafá Paolini
- Procedimiento
- Demanda de nulidad
- Enlace fuente oficial
- Ver en sitio web oficial del TSJ
Magistrado Ponente HADEL MOSTAFÁ PAOLINI
Exp. No. 15634
El 30 de abril de 2002, el abogado Jesús Rangel Rachadell, inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 26.906, actuando con el carácter de apoderado judicial de la sociedad mercantil FLOTA CUMANÁ C.A., inscrita en el Registro Mercantil Primero del Primer Circuito Judicial de la Circunscripción Judicial del Estado Sucre, bajo el Nº 58 de fecha 4 de agosto de 1989, Tomo I, folios 174 al 178; sociedad mercantil PESCA VENJA C.A., inscrita en el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda en fecha 11 de noviembre de 1980, bajo el Nº 109, tomo 226-A y posteriormente inscrita en el Registro Mercantil Primero del Primer Circuito Judicial de la Circunscripción Judicial del Estado Sucre, bajo el Nº 5 de fecha 9 de enero de 1981, folios 76 al 78, Tomo I; y sociedad mercantil NATO C.A., inscrita en el Registro Mercantil Primero del Primer Circuito Judicial del Estado Sucre en fecha 1º de febrero de 1974, bajo el Nº 23, folios 41 al 44; ocurrió por ante esta Sala a los fines de solicitar aclaratoria de la sentencia dictada el 12 de marzo de 2002, que declaró inadmisible la demanda interpuesta por las mencionadas sociedades mercantiles contra el contrato de compra-venta celebrado entre la CORPORACIÓN DE DESARROLLO DE LA REGIÓN NOR ORIENTAL (CORPORIENTE), Instituto Autónomo creado por Ley de fecha 8 de septiembre de 1970, publicada en la Gaceta Oficial Nº 29.313, y la sociedad mercantil CONSTRUCTORA ELIVE, C.A.
El 7 de mayo de 2002, se dio cuenta en esta Sala y se ordenó agregar el escrito respectivo a los autos.
El 9 de mayo de 2002 el abogado Rodrigo Pérez Bravo, inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 9.277, actuando con el carácter de apoderado judicial de la sociedad mercantil co-demandada Constructora Elive C.A., solicitó se declare extemporánea la aclaratoria formulada por la parte actora, por cuanto la sentencia fue dictada el 12 de marzo de 2002, y la solicitud se formuló el 30 de abril del mismo año.
I
DE LA SENTENCIA CUYA ACLARATORIA SE SOLICITA
La sentencia de fecha 12 de marzo de 2002, dictada por esta Sala, cuya aclaratoria se solicita, declaró inadmisible la demanda de nulidad de un contrato de compra-venta celebrado entre la CORPORACIÓN DE DESARROLLO DE LA REGIÓN NOR ORIENTAL (CORPORIENTE) y la sociedad mercantil CONSTRUCTORA ELIVE, C.A., interpuesta por los abogados Manuel Rachadell, Jesús Rangel Rachadell y Genaro Ibarreto Barrios, actuando con el carácter de apoderados judiciales de la sociedad mercantil FLOTA CUMANÁ C.A., la sociedad mercantil PESCA VENJA C.A., y sociedad mercantil NATO C.A. En efecto, la referida sentencia declaró inadmisible la demanda, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia por cuanto la parte recurrente, no precisó las razones de derecho en que fundamenta su acción, por lo que la solicitud formulada resulta indeterminada, no pudiendo esta Sala subsanar tal vicio, pues estaría supliendo los alegatos que las partes deben aportar para la resolución de la causa, lo cual sería contrario al principio de transparencia que debe regir en la correcta administración de justicia.
II
DE LA SOLICITUD DE ACLARATORIA
De la solicitud de aclaratoria planteada por el apoderado judicial de las sociedades mercantiles demandantes, se extraen los siguientes planteamientos:
Que la sentencia objeto de aclaratoria, aplicó como causal de inadmisibilidad de la demanda, el artículo 113 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, el cual está referido al procedimiento de nulidad de los actos de efectos generales, aún cuando la pretensión de autos se refería a la nulidad de un contrato de compra-venta, que se tramita por el procedimiento ordinario.
Explica que las causales de inadmisibilidad son de derecho expreso, por lo que si se aplica por analogía el referido artículo 113, se podrá aplicar cualquier otra contenida en la misma Ley o en otras leyes, con lo que se produce una restricción al acceso de la justicia por cuanto las prohibiciones deben estar expresamente consagradas y las mismas no pueden derivar de una interpretación extensiva.
Concluye señalando que la aplicación del artículo 113 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia genera duda sobre las consecuencias del mismo por lo que solicita se aclare: Si las causales de inadmisibilidad previstas para cualquier procedimiento regulado por la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia son aplicables para cualquier otro procedimiento que regule esa misma Ley.
III
MOTIVACIÓN PARA DECIDIR
Corresponde a esta Sala, pronunciarse acerca de la solicitud de aclaratoria del fallo de fecha 12 de marzo de 2002, presentada por el abogado Jesús Rangel Rachadell, actuando con el carácter de apoderado judicial de las sociedades mercantiles Flota Cumaná C.A., Pesca Venja C.A. y Nato C.A.
A tal efecto, la norma prevista en el artículo 252 del Código de Procedimiento Civil establece la procedencia de la citada figura, dispositivo que es del tenor siguiente:
Artículo 252.- Después de pronunciada la sentencia definitiva o la interlocutoria sujeta a apelación, no podrá revocarla ni reformarla el Tribunal que la haya pronunciado.
Sin embargo, el tribunal podrá, a solicitud de parte, aclarar los puntos dudosos, salvar las omisiones y rectificar los errores de copia, de referencias o de cálculos numéricos, que aparecieren de manifiesto en la misma sentencia, o dictar ampliaciones, dentro de los tres días, después de dictada la sentencia, con tal que dichas aclaraciones y ampliaciones las solicite alguna de las partes en el día de la publicación o en el siguiente.
Sobre el alcance de la norma precedentemente transcrita, la jurisprudencia de esta Sala ha establecido que alude a la posibilidad jurídica de hacer correcciones a las sentencias por medios específicos, siendo tales medios de corrección: las aclaratorias, las salvaturas, las rectificaciones y las ampliaciones; teniendo cada uno de ellos finalidades distintas conforme a las deficiencias que pudieran presentar las sentencias. (Decisión dictada en fecha 17 de febrero de 2000, número 00186. Caso: Jorge Chávez).
En tal sentido, cada uno de los medios de corrección de la sentencia, presenta su propia especificidad procesal, a pesar de que frecuentemente se les trate uniformemente, creándose así confusiones que pueden impedir el cabal conocimiento y decisión de la solicitud.
Con base en lo anterior, se hace preciso insistir en que el mecanismo contemplado en la norma procesal supra citada, de manera alguna está dirigida a impugnar o contradecir los efectos de lo decidido en el fallo, ya que sólo se trata de un medio destinado a solventar los defectos o deficiencias que esta pudiera contener sobre puntos dudosos, omisiones, rectificaciones de errores de copia, de referencias o de cálculos numéricos que aparecieren de manifiesto en la sentencia, así como aquellas ampliaciones a que haya lugar.
Precisado lo anterior, pasa esta Sala a resolver la presente solicitud de aclaratoria en los siguientes términos:
En primer lugar, debe establecerse la temporalidad de la solicitud de aclaratoria y, al respecto observa, que con relación al lapso procesal del cual disponen las partes para solicitar las aclaratorias y ampliaciones del fallo, contemplado en el texto del artículo anteriormente transcrito, esta Sala se ha pronunciado en otras oportunidades en el sentido de que los referidos lapsos deben preservar el derecho al debido proceso y a una justicia transparente, consagrados en la vigente Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y no constituir, por su extrema brevedad, un menoscabo al ejercicio de dichos derechos.
En efecto, mediante sentencia Nº 00124 del 13 de febrero de 2001, caso: Olimpia Tours and Travel C.A., se estableció:
...Examinada la norma bajo análisis se observa que en un sistema fundamentalmente escrito como el nuestro, y limitadas las presentes consideraciones a los procesos seguidos ante esta Sala, y a los supuestos contenidos en la norma considerada, la misma carece de racionalidad en virtud de que no encontramos elemento de tal naturaleza que justificando la extrema brevedad del lapso, no implique un menoscabo del contenido esencial a solicitar el derecho a una justicia transparente, en comparación con supuestos de gravedad similares como es el caso de la apelación y, siendo así esta Sala, en el presente caso, considera necesario aplicar con preferencia la vigencia de las normas constitucionales sobre el debido proceso relativas a la razonabilidad de los lapsos con relación a la norma del artículo 252 del Código de Procedimiento Civil y, en ejecución de lo dispuesto en el artículo 334 de la Constitución, dispone en forma conducente, con efectos ex nunc, que el lapso para oír la solicitud de aclaratoria formulada es igual al lapso de apelación del artículo 298 del Código de Procedimiento Civil, salvo que la ley establezca un lapso especial para la misma en los supuestos de los actos a que se refiere el artículo 252 eiusdem
Ahora bien, en el presente caso, la sentencia objeto de aclaratoria fue dictada en fecha 12 de marzo de 2002, y contrariamente a lo señalado por el apoderado de la sociedad mercantil Constructora Elive, C.A., co-demanda en este proceso, siendo la referida sentencia dictada fuera del lapso legal para pronunciarla, la oportunidad para interponer la aludida solicitud de conformidad con el artículo 298 del Código de Procedimiento Civil, debe empezar a computarse a partir de la notificación de las partes.
Así pues, al haberse notificado a la parte recurrente de dicha decisión el 30 de abril de 2002, oportunidad en la cual compareció ante esta Sala y formuló la solicitud de aclaratoria, la misma fue interpuesta tempestivamente. Así se declara.
Dilucidado lo anterior, esta Sala pasa a revisar los planteamientos descritos anteriormente objeto de la presente solicitud de aclaratoria y a tal efecto observa lo siguiente:
La parte solicitante expone que, en el presente caso, la sentencia objeto de aclaratoria aplicó el artículo 113 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, el cual está referido al procedimiento de nulidad de los actos de efectos generales, aún cuando la pretensión de autos se refería a la nulidad de un contrato de compra-venta, que se tramita por el procedimiento ordinario, por lo que solicita se aclare si las causales de inadmisibilidad previstas para cualquier procedimiento regulado por la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia son aplicables para cualquier otro procedimiento que regule esa misma Ley.,
Sobre el anterior particular, debe señalar esta Sala que el artículo 81 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, contenido en el Título V relativo a los Procedimientos, Capítulo I de las Disposiciones Generales, establece:
Artículo 81. Las acciones o recursos de que conozca la Corte, se tramitarán de acuerdo con los procedimientos establecidos en los Códigos y Leyes nacionales, a menos que en la presente Ley o en su Reglamento Interno, se señale un procedimiento especial. (Resaltado de la Sala).
Del mismo modo el artículo 103 eiusdem, contenido en el Capítulo II, del mismo Título, establece:
Artículo 103. Las causas en que sea parte la República se sustanciarán y decidirán con arreglo a las normas del procedimiento ordinario, salvo lo establecido en esta Ley. (Resaltado de la Sala).
Según lo expuesto en las referidas normas, resulta evidente que los juicios que se tramitan ante esta Sala, -aún cuando se sustancien por el procedimiento ordinario-, deben atender al contenido de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, específicamente a las formalidades esenciales que ella establece.
De tal manera que, en cualquier acción que se interponga ante esta Sala, deben alegarse expresamente los vicios que la parte interesada considera que afectan la legalidad de la actuación de la Administración , específicamente en este caso, los vicios que afectaron, a su parecer, la celebración de un contrato de compra-venta, toda vez que no puede el juzgador suplir las defensas de las partes.
Conforme a las consideraciones expuestas, esta Sala debe declarar improcedente la presente solicitud. Así se declara.
IV
DECISIÓN
Por las razones anteriormente expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Político-Administrativa, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara IMPROCEDENTE la solicitud de aclaratoria de la sentencia dictada por esta Sala el 12 de marzo de 2002, que declaró inadmisible la demanda interpuesta por los apoderados judiciales de las sociedades mercantiles Flota Cumaná C.A., Pesca Venja C.A., y Nato C.A., contra el contrato de compra-venta celebrado entre la CORPORACIÓN DE DESARROLLO DE LA REGIÓN NOR ORIENTAL (CORPORIENTE), y la sociedad mercantil CONSTRUCTORA ELIVE, C.A.
Publíquese, regístrese y comuníquese. Cúmplase lo ordenado.
Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los catorce (14) días del mes de junio de dos mil dos (2002). Años: 192º de la Independencia y 143º de la Federación.
El Presidente,
LEVIS IGNACIO ZERPA
El Vicepresidente-Ponente,
HADEL MOSTAFÁ PAOLINI
Magistrada,
YOLANDA JAIMES GUERRERO
La Secretaria,
ANAÍS MEJÍA CALZADILLA
Exp. Nº 15634
En dieciocho (18) de junio del año dos mil dos, se publicó y registró la anterior sentencia bajo el Nº 00841.
Busca más sentencias en Venley
Búsqueda avanzada, colecciones personalizadas y consultas a Kelsen.
Buscar sentencias