Sentencia N.º 00845
- Sentencia
- N.º 00845
- Fecha
- 13/04/2000
- Sala
- Político Administrativa
- Expediente
- 16665
- Ponente
- Carlos Escarrá Malavé
- Procedimiento
- Regulación de jurisdicción
- Enlace fuente oficial
- Ver en sitio web oficial del TSJ
MAGISTRADO PONENTE: CARLOS ESCARRÁ MALAVÉ
Exp Nº 16.665.
Adjunto a oficio Nº 2660-1859 de fecha 17 de noviembre de 1999, el Juzgado Primero de los Municipios Palavecino y Simón Planas de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, remitió a esta Sala el expediente contentivo del juicio que, por desalojo, incoara el ciudadano JORGE SOTO DELGADO, contra la ciudadana CARMEN CASTILLO, a fin de que la Sala se pronuncie acerca de la regulación de jurisdicción interpuesta.
En fecha 30 de noviembre de 1999 se dio cuenta en Sala y por auto de la misma fecha se designó Ponente al Magistrado Héctor Paradisi León.
Por cuanto la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, publicada en Gaceta Oficial Nº 36.680, de fecha 30 de diciembre de 1999, estableció un cambio en la estructura y denominación de este Máximo Tribunal y por cuanto mediante Decreto de fecha 22 de diciembre de 1999, la Asamblea Nacional Constituyente designó a los Magistrados de este Tribunal Supremo de Justicia, y visto que en sesión de fecha 10 de enero de 2000 se constituyó la Sala Político Administrativa, ésta ordenó la continuación de la presente causa, designándose ponente al Magistrado CARLOS ESCARRA MALAVE.
I
ANTECEDENTES
Mediante escrito de fecha 17 de junio de 1999, presentado ante el Juzgado de los Municipios Palavecino y Simón Planas de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, el abogado Djamil Kahale, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 62.971, actuando en su carácter de apoderado judicial del ciudadano JORGE SOTO DELGADO, titular de la cédula de identidad Nº 4.383.885, interpuso demanda por desalojo, contra la ciudadana CARMEN CASTILLO, titular de la cédula de identidad Nº 4.816.374.
Por auto de fecha 30 de junio de 1999, el a-quo admitió cuanto ha lugar en derecho la demanda y emplazó a la parte demandada, a fin de que compareciera ante el Tribunal, a dar contestación a la demanda.
Luego de cumplidos los trámites procesales pertinentes, y llegada la oportunidad de la contestación de la demanda, en fecha 3 de noviembre de 1999, compareció la abogada Karinna Barrios Urbina, actuando en su condición de apoderada judicial de la parte demandada, oponiendo la cuestión previa establecida en el ordinal 1º del artículo 346, del Código de Procedimiento Civil, referente a la falta de jurisdicción del juez.
En decisión de fecha 8 de noviembre de 1999, el Juzgado Primero de los Municipios Palavecino y Simón Planas de la Circunscripción Judicial del Estado Lara declaró SIN LUGAR la cuestión previa de la falta de jurisdicción opuesta, contenida en el ordinal 1º del artículo 346, del Código de Procedimiento Civil y asimismo confirmó su jurisdicción.
Mediante diligencia de fecha 21 de junio de 1999, compareció la abogada Karinna Barrios Urbina, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 55.245, en su condición de apoderada judicial de la parte demandada, para impugnar la sentencia dictada el día 8 de noviembre de 1999, mediante el recurso de REGULACIÓN DE LA JURISDICCIÓN.
Para decidir, la Sala observa:
II
ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN
Esta Sala ha establecido, en reiterada jurisprudencia, el criterio de que corresponde al Poder Judicial, a través de los Tribunales de Justicia, el conocimiento y decisión de las acciones de desalojo, independientemente de su naturaleza y de que la consecuencia de la misma sea la entrega del bien inmueble objeto del contrato, por cuanto la atribución conferida en materia inquilinaria a la Dirección de Inquilinato, dependiente del Ministerio de Infraestructura o de las Alcaldías Municipales, actuando en materia inquilinaria, según sea el caso, está dirigida únicamente a tramitar las solicitudes de fijación de cánones de arrendamiento, de los inmuebles sujetos a regulación, de conformidad con el artículo 2º de la nueva Ley de Arrendamientos Inmobiliarios, vigente a partir del 1º de enero del año 2000.
Del análisis del libelo de la demanda resulta evidente que la acción ejercida es de desalojo de un inmueble, por la supuesta falta de pago del canon original, acción ésta de derecho común prevista en el artículo 1.167 del Código Civil, cuyo conocimiento y decisión única y exclusivamente corresponde a los órganos jurisdiccionales, según lo dispuesto en el antes mencionado artículo, en el 1º del Código de Procedimiento Civil y en el artículo 33 de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios. Así se declara.
III
DECISIÓN
Por las razones antes expuestas, esta Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia, en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara que el Poder Judicial SI TIENE JURISDICCION para conocer y decidir la acción intentada por el ciudadano JORGE SOTO DELGADO contra la ciudadana CARMEN CASTILLO.
Queda así confirmada la decisión impugnada, emitida por el a-quo en fecha 8 de noviembre de 1999.
Asimismo, de conformidad con el artículo 76 del Código de Procedimiento Civil, se impone multa a la parte demandada, por el monto de CINCO MIL BOLIVARES (Bs. 5.000,oo), en razón de haber interpuesto una solicitud de regulación de jurisdicción manifiestamente infundada, comisionándose para su ejecución al tribunal de la causa.
Igualmente, la Sala considera que en el presente caso existen fundados indicios que el abogado de la parte demandada ha incurrido en faltas a los deberes procesales de lealtad y probidad, al interponer tanto la falta de jurisdicción, como la regulación de jurisdicción, con manifiesta ausencia de fundamento jurídico, obstaculizando de manera ostensible y reiterada el desenvolvimiento normal del proceso, conductas previstas y sancionadas en los artículos 17 y 170 del Código de Procedimiento Civil, en consecuencia, se ordena expedir por Secretaría, copia certificada del presente fallo para ser remitido al Tribunal Disciplinario del Colegio de Abogados del Estado Lara, a fin de que esta institución gremial provea lo que juzgue conducente, con relación a la responsabilidad ética y disciplinaria de la abogada Karinna Barrios Urbina, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 55.245, debiendo informar a esta Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia.
Publíquese, regístrese y comuníquese. Remítase el expediente al tribunal de origen. Cúmplase lo ordenado.
Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia a los trece días del mes de abril de dos mil (2000). Años 189º de la Independencia y 141º de la Federación.
El Presidente- Ponente,
CARLOS ESCARRÁ MALAVÉ
El Vicepresidente,
JOSÉ RAFAEL TINOCO
LEVIS IGNACIO ZERPA
Magistrado
La Secretaria,
ANAÍS MEJÍA CALZADILLA
Fecha: 13-04-00
Nº Sent: 00845
Exp. 16.665.
CEM/db.
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