Sentencia N.º 00858
- Sentencia
- N.º 00858
- Fecha
- 13/04/2000
- Sala
- Político Administrativa
- Expediente
- 9251
- Ponente
- José Rafael Tinoco
- Procedimiento
- Exequátur
- Enlace fuente oficial
- Ver en sitio web oficial del TSJ
Magistrado Ponente: JOSE RAFAEL TINOCO
I
Mediante Oficio Nº 2135 de fecha 22 de octubre de 1992, fue remitido de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, a la Sala Político-Administrativa, el expediente Nº 5935 de Regulación de Competencia, en relación con el juicio que por solicitud de Exequatur de divorcio sigue OMAR CARREÑO RODRIGUEZ contra MARIE CECILE LAPIERRE.
En fecha 5 de noviembre de 1992 se dio cuenta en Sala. En esta misma fecha se designa ponente al Magistrado LUIS FARIAS MATA a los fines de decidir la Declinatoria de Competencia.
En fecha 15 de abril de 1994, se procedió a la reconstitución de esta Sala quedando integrada de la siguiente manera: Presidenta : CECILIA SOSA GOMEZ ; Vicepresidente : ALFREDO DUCHARNE ALONZO; Magistrados: JOSEFINA CALCAÑO DE TEMELTAS; HILDEGARD RONDON DE SANSO y HUMBERTO J. LA ROCHE. En esta misma fecha se reasigna la ponencia al Magistrado HUMBERTO LA ROCHE.
En fecha 16 de marzo de 1995, se dictó sentencia y hubo anuncio de voto salvado de la Magistrada CECILIA SOSA GOMEZ.
En Fecha 30 de marzo de 1995, a solicitud de la Magistrada disidente se concedió prórroga de cinco (5) días de Despacho para la consignación del voto salvado.
En fecha 10 de mayo de 1995 esta Sala remite a las Fiscales del Ministerio Público ante esta Sala, abogadas VELMA SOTERO DE RUAN y LUISA ELENA FLORES, copia certificada de la decisión dictada en el caso de autos.
En fecha 28 de marzo de 1996 la abogada OMAIRA CASTROGARCIA, inscrita en el Inpreabogado bajo el Nº 911, consignó poder que acreditó su representación y la de la abogada LESBIA ACOSTA RAMOS, inscrita en el Inpreabogado bajo el Nº 910 en el caso de autos.
En fecha de marzo de 1996 la apoderada judicial de la parte actora consigna escrito.
En fecha 15 de octubre de 1996 la abogada VELMA SOTERO DE RUAN, en su carácter de Fiscal del Ministerio Público consignó escrito en el caso de autos.
En fecha 15 de julio de 1997, la apoderada judicial de la parte actora consignó copias certificadas de Certificado de Derecho Consuetudinario.
En fecha 3 de julio de 1997 la apoderada judicial de la parte actora solicita Copia Certificada de la prueba de reciprocidad contenida en el expediente Nº 6172.
En fecha 8 de julio de 1997, se acordó la solicitud anterior.
En fecha 6 de octubre de 1998, solicitó la apoderada judicial de la parte actora a esta Sala la continuación de este juicio y su sentencia declarando procedente el Exequatur solicitado.
Considerando la entrada en vigencia de la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela, la cual estableció un cambio en la estructura y denominación de este máximo Tribunal y por cuanto la Asamblea Nacional Constituyente, mediante Decreto de fecha 22 de diciembre de 1999, designó los Magistrados de este Supremo Tribunal de Justicia, quienes se juramentaron el 27 del mismo mes y año y, visto que en Sesión de fecha 10 de enero de 2000 se constituyo la Sala Político- Administrativa, la cual quedó integrada por los Magistrados CARLOS ESCARRA MALAVE, JOSÉ RAFAEL TINOCO Y LEVIS IGNACIO ZERPA, se designó Ponente al Magistrado JOSÉ RAFAEL TINOCO.
II
ANTECEDENTES
Mediante escrito ante el Juzgado Superior Primero en lo Civil de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y del Estado Miranda la abogada LESBIA ACOSTA RAMOS, inscrita en el Inpreabogado bajo el Nº 910, actuando en este acto con el carácter de apoderado judicial del ciudadano OMAR CARREÑO RODRIGUEZ, venezolano, titular de la cédula de identidad Nº 870.861, mayor de edad, de este domicilio, para solicitar, de acuerdo a lo previsto en el Libro Cuarto, Título X, artículos 850 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, el Exequatur de Ley, sobre la sentencia de divorcio que dictó el Tribunal de Gran Instancia del Departamento del Sena, sesionando en el Palacio de Justicia de París, el 23 de junio de 1959, Cuarta Sala contra el ciudadano OMAR CARREÑO RODRIGUEZ, quien contrajo matrimonio en la ciudad de Caracas el 23 de diciembre de 1955 con la ciudadana MARIE CECILE LAPIERRE, y fijaron su domicilio en Francia.
En fecha 12 de noviembre de 1958, la ciudadana MARIE CECILE LAPIERRE, introdujo contra su esposo OMAR CARREÑO RODRIGUEZ, solicitud de divorcio y el ciudadano OMAR CARREÑO RODRIGUEZ, introdujo demanda reconvencional a los mismos fines, pronunciándose el divorcio con culpa recíproca de los esposos.
El Juzgado Superior en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial el Distrito Federal y del Estado Miranda, en fecha 7 de julio de 1988 dio por introducida la presente solicitud de Exequatur; por cuanto se desconocía el último domicilio de la ciudadana MARIE CECILE LAPIERRE, ofició a la Dirección de Identificación y Extranjería para que informara sobre el movimiento migratorio de la ciudadana MARIE CECILE LAPIERRE, en vista que se desconocía su último domicilio.
Procediendo de acuerdo a lo previsto en el artículo 224 del Código de Procedimiento Civil se ordeno la citación de la ciudadana MARIE CECILE LAPIERRE, en la cual se cumplieron las formalidades de ley.
No habiendo comparecido la ciudadana MARIE CECILE LAPIERRE en el lapso concedido en los carteles publicados y consignados, se le nombro Defensor Ad-Litem en la persona de la abogada ANA GRACIELA CABELLO VELASQUEZ, inscrita en el Inpreabogado bajo el Nº 35455, aceptando el nombramiento.
En vista de la imposibilidad de comunicarse con su defendida la Defensora Ad-Litem, solicito que el caso de autos se decidiera de mero derecho.
El Juzgado Superior Octavo en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda a los 20 días del mes de marzo de 1991 se DECLARA INCOMPETENTE para decidir ordena remitir el expediente a la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, órgano competente para dictar la ejecutoria requerida, de conformidad con lo previsto en el artículo 850 del Código de Procedimiento Civil.
Mediante oficio Nº 91-105 de fecha 6 de junio de 1991 se remite el expediente contentivo de la solicitud de Exequatur de divorcio formulada por OMAR CARREÑO RODRIGUEZ contra MARIE CECILE LAPIERRE.
El día 19 de junio de 1991, se dio cuenta en Sala y se designó ponente al Magistrado RENE PLAZ BRUZUAL.
En fecha 18 de mayo de 1992, se asigna la ponencia de este juicio al Magistrado ALIRIO ABREU BURELLI.
En fecha 16 de octubre de 1992 el Magistrado ponente acuerda remitir este expediente a la Sala Político Administrativa a los efectos de que se pronuncie sobre la competencia del presente asunto.
En fecha 16 de marzo de 1995 el Magistrado ponente HUMBERTO J. LA ROCHE, dicta decisión en el caso de autos, al respecto observa que no se notificó al Ministerio Público, a fin de que interviniera en el presente proceso relativo a la ejecución de un acto de autoridad extranjera, de conformidad con lo dispuesto en el ordinal 3º del artículo 40 de la Ley Orgánica del Ministerio Público. Razón por la cual se ORDENA NOTIFICAR al Fiscal del Ministerio Público para actuar ante esta Sala, a fin de que consigne informe contentivo de su opinión sobre el presente asunto. Por otra parte, de los autos se acredita que la declaración de los abogados Jean Lisbonne y Claude Picard Garsón- mediante la cual se expresa que en Francia se le concede fuerza ejecutoria a las sentencias firmes dictadas por Tribunales venezolanos, sin previa revisión del fondo- es de fecha 25.01.74. Considera esta Corte que la prueba de la reciprocidad debe ser reciente, a fin de poderse acreditar que actualmente se concede, en el citado país, la expresada fuerza ejecutoria sin previa revisión del fondo.
En mérito de lo anteriormente expuesto esta Sala ordenó la notificación del Fiscal del Ministerio Público designado para actuar ante esta Sala, a fin de que emita su opinión en el presente asunto. Asimismo, concede un plazo de treinta (30) días continuos, contados a partir de la fecha de la presente decisión, para que el solicitante produzca la prueba de la reciprocidad correspondiente.
En cuanto al voto salvado de la Magistrada CECILIA SOSA GOMEZ, sostiene que al aceptar esta Sala la declinatoria que le hiciera el Superior para declarar la ejecutoria de la sentencia en cuestión, de conformidad con lo previsto en los artículos 42, ordinal 25 y 43 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, debe pasar los autos al Juzgado de Sustanciación de la Sala para que este se pronuncie acerca de los otros requisitos de admisibilidad de la solicitud, a tenor de lo previsto en el artículo 84 ejusdem.
Además la decisión de la cual se disiente, ordena continúe el procedimiento en el estado en el cual se encuentra, es decir, en la fase destinada a decidir el fondo del asunto, obviando, de esta manera, otros trámites procesales como lo son la relación de la causa y el acto de informes.
Dando cumplimiento con lo ordenado en a decisión "supra", la parte actora consignó y "ante la imposibilidad a pesar de los trámites realizados para consignar una nueva sentencia y siguiendo la orden de prelación establecida en el artículo 8 del Código de Procedimientos Civil, observamos que los tratados Internacionales ratificados por Venezuela sobre la materia son escasos. Es por esto que debemos entrar a analizar otras fuentes, como lo es la jurisprudencia. Al efecto, establece la Corte Federal y de Casación en fecha 5 de mayo, siendo ponente el Dr. Rafael Angel Camejo, el siguiente precedente, el cual dispone con relación a la demostración de la reciprocidad para sentencia de divorcio lo siguiente: "tal prueba puede resultar de la presentación conjuntamente con la solicitud de Exequatur de la publicación oficial en el país de origen que contenga el texto de la ley respectiva, debidamente certificado en cuanto a su vigencia actual para el momento de la sentencia o con posterioridad a ella y legalizada por el funcionario nacional competente; o bien de la certificación legalizada que del contexto y vigencia de ley extranjera hiciera un funcionario competente en el orden civil, diplomático o consular del país de cuya legislación se trate, o de nuestro país, en los caso permitidos por la ley; o finalmente de la declaración jurada de abogados o jursiconsultos que estén en ejercicio en el país cuya legislación determine la proveniencia del texto."
Igualmente aduce la parte actora el artículo 409 del Código de Derecho Internacional Privado, el cual establece textualmente: La parte que invoque la aplicación del derecho de cualquier Estado contratante en uno de los otros, o disienta de ella, podrá justificar su texto, vigencia y sentido, mediante certificación de dos abogados en ejercicio en el país cuya legislación se trate, que deberá presentarse debidamente legalizada.
La jurisprudencia se ha considerado uniforme en permitir valerse del artículo 409 del Código de Derecho Internacional Privado en relación con la prueba de reciprocidad exigida por el artículo 850 del Código de Procedimiento Civil.
En tal sentido cabe alegar que a las sentencias firmes de divorcios venezolanos se les concede ejecución en Francia sin previa revisión del fondo, lo cual se evidencia de sentencia dictada por esta misma Sala en fecha 19 de noviembre de 1992 con ponencia del Magistrado Dr. Alfredo Ducharme Alonzo, en el juicio de Hermance Suzanne Alix y Roger Lassagne, en la cual la sentencia cuyo exequátur se solicitó, es un fallo definitivamente firme, dictada por la Segunda Cámara Civil del Tribunal Civil de Primera Instancia de Toulouse, república de Francia, el 28 de enero de 1957.
Nuestra jurisprudencia ha sido unánime y constante en reconocer la aplicación del principio de reciprocidad por parte de ese país o decisiones emanadas de tribunales venezolanos, habiéndose basado para ello en la declaración por parte de abogados franceses del reconocimiento en Francia de la sentencia de divorcio dictada por nuestros juzgados.
Igualmente, la representación judicial del Ministerio Público ante esta Sala, consignó escrito en el cual afirma estima el Ministerio Público que la sentencia que nos ocupa, reúne todos los requisitos exigidos por nuestro ordenamiento jurídico, razón por la cual procede el exequátur solicitado.
III
DE LA SOLICITUD INTERPUESTA
La parte actora a través de su apoderado judicial ya identificado en autos, solicitó se declare el Exequatur de Ley, la ejecutoria de la sentencia firme dictada por el Tribunal de Gran Instancia del Departamento del Sena de París, el día 23 de junio de 1959, declarando el divorcio de su representado y de la ciudadana MARIE CECILE LAPIERRE, con todos los pronunciamientos de Ley. Anexando copia certificada de la sentencia de divorcio del Tribunal de París, su traducción al idioma Castellano y el documento de reciprocidad entre Venezuela y Francia.
IV
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
Admitida la competencia del esta Sala, para conocer de la presente solicitud de exequátur, de conformidad con lo previsto en el artículo 42, numeral 25 de la Corte Suprema de Justicia, el cual establece:
Es de la competencia de esta Corte como más Alto tribunal de la República: numeral 23 Declarar la fuerza ejecutoria de las sentencias extranjeras de acuerdo con lo previsto en los Tratados Internacionales o en la Ley.
Esta Sala debe citar en el caso de autos, la sentencia de fecha 19 de noviembre de 1992, en el juicio de HERMANCE SUZANNE ALIX y JEAN ROGER LASSAGNE, en la cual se reiteró la reciprocidad existente en materia de Exequátur entre el estado venezolano y el estado francés.
Siendo la reciprocidad condición sine qua non para la procedencia del exequátur, tal como lo prevé el artículo 859 del Código de Procedimiento Civil, el cual establece:
...solo las sentencias dictadas en países donde se conceda ejecución de las sentencias firmes producidas por tribunales venezolanos, sin previa revisión en el fondo, podrán declararse ejecutorias en la República. Tal circunstancia deberá probarse con instrumento fehaciente.
Y observando esta Sala que en el caso de autos se cumplen los demás requisitos que a tal efecto establece el artículo 851 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el artículo 5 de la Ley de Derecho Internacional Privado, en cuanto a la eficacia de las sentencias extranjeras en nuestro país, los cuales establecen:
Artículo 851: Para que a la sentencia extranjera pueda fuerza ejecutoria en Venezuela, se requiere que reúna los siguientes requisitos:
1º) Que no se haya arrebatado a Venezuela la jurisdicción que le correspondiere para conocer del negocio, según los principios generales de la competencia procesal internacional previstos en este Código.
2º) Que tenga fuerza de cosa juzgada de acuerdo con la ley del Estado en el cual ha sido pronunciada.
3º) Que haya sido dictada en materia civil o mercantil o, en general, en materia de relaciones jurídicas privadas.
4º) Que el demandado haya sido debidamente citado conforme a las disposiciones legales del Estado donde se haya seguido el juicio y de aquel donde se haya efectuado la citación, con tiempo bastante para comparecer y que se le hayan otorgado las garantías procésales que aseguren una razonable posibilidad de defensa.
5º) Que no choque contra sentencia firme dictada por los Tribunales Venezolanos.
6º) Que la sentencia no contenga declaraciones ni disposiciones contrarias al orden público o al derecho público interior de la República.
Artículo 53: Las sentencias extranjeras tendrán efecto en Venezuela siempre que reúnan los siguientes requisitos:
- Que hayan sido dictadas en materia civil o mercantil o, en general, en materia de relaciones jurídicas privadas.
- Que tengan fuerza de forma juzgada de acuerdo con la ley del Estado en el cual han sido pronunciadas;
- Que no versen sobre derechos reales respecto a bienes inmuebles situados en la República o que no se haya arrebatado a Venezuela la jurisdicción exclusiva que le correspondiere para conocer del negocio,
- Que los tribunales del Estado sentenciados tengan jurisdicción para conocer la causa de acuerdo con los principios generales de jurisdicción consagrados en el Capítulo IX de esta Ley.
- Que el demandado haya sido debidamente citado, con tiempo suficiente para comparecer, y que se le hayan otorgado en general, las garantías procesales que aseguren una razonable posibilidad de defensa.
- Que no sean incompatibles con sentencia anterior que tenga autoridad de cosa juzgada; y que no se encuentre pendiente, ante los tribunales venezolanos, un juicio objeto y entre las mismas partes, iniciado antes de que se hubiere dictado la sentencia extranjera.
En virtud de que se han cumplido los requisitos exigidos en el ordenamiento jurídico venezolano vigente, este Alto tribunal concede el exequátur solicitado.
V
DECISIÓN
Por las razones precedentemente expuestas, esta Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara procedente la solicitud de exequátur, introducida por la apoderada judicial del ciudadano OMAR CARREÑO RODRÍGUEZ, de la sentencia dictada por el tribunal de Gran Instancia del Departamento del Sena en París que disolvió el vínculo matrimonial que existía entre los cónyuges OMAR CARREÑO RODRÍGUEZ y MARIE CECILE LAPIERRE.
Publíquese, regístrese y notifíquese. Cúmplase lo ordenado
Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas a los 13 días del mes de abril de 2000. Años 189° de la Independencia y 140° de la Federación.
El Presidente,
CARLOS ESCARRA MALAVE
El Vicepresidente-Ponente
JOSE RAFAEL TINOCO
Magistrado
LEVIS IGNACIO ZERPA
La Secretaria
ANAIS MEJIAS CALZADILLA
Exp. N° 9.251
JRT/cs.-
Sent. 00858
En trece de abril del año dos mil, siendo las once y cuarenta y dos de la mañana, se publicó y registró la anterior sentencia bajo el Nº 00858.
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